Jorge Luis González Quintero
Expediente 682/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Luis González Quintero
- Xochiquetzal Grijalba Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista al quejoso el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Luis González Quintero, para el efecto siguiente: ".deje insubsistente la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 637/2020 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, analice la totalidad de los agravios y material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de los acreedores alimentarios, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (especialmente los menores de edad de que se tiene noticia) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Así, en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Mediante proveído de trece de abril siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1090 signado por el Juez décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso, de la cual se aprecia que el Juez responsable determinó regraduar el porcentaje de la pensión provisional decretada en autos del expediente 637/2020 de su índice. Lo anterior bajo los siguientes argumentos y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir en primer término dejó sin efectos la diversa resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, ordenado turnar los autos a efecto de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación materia de la Litis en el presente asunto. En tales condiciones el Juez Familiar bajo el estudio de los agravios vertidos por el aquí quejoso en su recurso de reclamación interpuesto en autos del juicio ordinario civil 637/2020, determinó resolver el medio de defensa planteado única y exclusivamente con los documentos aportados al promoverlo, así como con los medios de pruebas aportados hasta el momento procesal a estudio. En ese orden de ideas procedió a citar los agravios esgrimidos por el recurrente, consistentes en que la actora es trabajadora de la marina de profesión enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, así como el hecho de que cuenta diversos acreedores alimentarios derivado de la pensión concedida en autos del expediente 1170/2017 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, analizó la manifestación encaminada a que la actora no demostró con documento idóneo (certificado médico) que se encuentra impedida para trabajar, al ser una persona joven y con estudios profesionales, siendo enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca en Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, de lo cual percibe ingresos superiores al aquí quejoso, los cuales ascienden para éste último a la cantidad liquida de $451.23 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 23/100 M.N). Acto seguido el Juez responsable cito los medios de pruebas exhibidos por el aquí quejoso con los cuales consideró probar los agravios antes citados, pruebas a la cuales otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracción II, 261 fracción IV y VIII, 265, 266, 320, 327, 333, 334, y 337 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Veracruz, sin que pase inadvertido para el suscrito que la parte actora no desahogó la vista concedida con el escrito de reclamación mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Posteriormente, procedió al análisis de las necesidades de los acreedores alimentarios de forma particular, en primer grado el 20% (veinte por ciento) decretado de manera inicial a Xochiquetzal Grijalva Mendoza, bajo el argumento que la actora no necesita de pensión alimenticia, al desempeñarse como enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina; agravio que consideró procedente, toda vez que si bien el arábigo 233 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece que los cónyuges o concubinos deben darse a alimentos, no menos cierto es que tratándose de una mujer que percibe un ingreso por una actividad laboral fuera del domicilio conyugal, debe acreditarse, además de vínculo, el hecho de que lo que recibe como sueldo, no le es suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y que si esposo se encuentra en posibilidad de otorgarlo, lo que en dicho asunto no acontece. Igualmente reforzó lo anterior con el historial de trabajo de la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, del cual se apreció que en la fecha de la presentación de demanda de alimentos la citada actora se encontraba vigente, el contrato entre la aquí tercera y la Armada de México, con lo anterior acreditó la fuente de trabajo y el ingreso, sin que se deduzca del mismo a cuento ascienden sus ingresos, sin embargo con lo anterior el recurrente acreditó la capacidad económica de la actora declarando procedente su agravio, al quedar comprobado los ingresos de la actora para satisfacer sus necesidades alimentarias y si bien es cierto que no se advirtió a cuánto ascienden sus ingresos, también es cierto que la actora no acreditó que los ingresos que percibe le sean insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Seguidamente analizó el argumento dirigido al hecho de que cuenta con dos acreedores alimentarios, lo cual acreditó con las actas de nacimiento 01156 de registro veintidós de agosto de dos mil doce, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales J.M.G.A. y acta 4188 de registro nueve de julio de dos mil diecinueve, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales Y.G.G. documentales exhibidas en su escrito de reclamación y a las cuales concedió pleno valor probatorio en términos de los numerales 261 fracción IV y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con lo anterior acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, así como el hecho de la existencia del diverso Juicio Ordinario Civil 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; con lo anterior el Juez Familiar consideró procedente los argumentos del reclamante a efecto de regraduar el porcentaje figado a la actora en el expediente materia de estudio. Es así que determinó regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, siendo del 20% (veinte por ciento) para su fijarlo en un 5% (cinco por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. Por otra parte analizó la parte concedida a la menor de iniciales I.G.G. primeramente quedó demostrado los elementos de la acción por lo que respecta a la infante de referencia, al obrar en autos el acta de nacimiento de la menor expedida por el Director General del Registro Civil de Veracruz, a la cual concedió valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código sustantivo Civil ambos del Estado de Veracruz; con lo cual quedó demostrado el vínculo de filiación entre el deudor y la acreedora alimentaria. Igualmente, analizó la capacidad económica del deudor alimentario, la cual acreditó con la manifestación expresa ante dicho Juzgado responsable en el escrito de reclamación, en el cual refiere ser empleado de la Secretaría Marina, así como con el recibo de nómina exhibido en el recurso de mérito. Asimismo, analizó el agravio encaminado a los depósitos de transferencias bancarias a la cuenta personal de la actora, exhibiendo once comprobantes de transferencia, cada uno por la suma de quinientos pesos en diversas fechas de los periodos entre el trece de marzo al cuatro de agosto de dos mil veinte, lo cual el Juez Familiar consideró improcedente para regraduar el porcentaje de la pensión provisional. En otro aspecto al tomar en consideración lo manifestado respecto a que cuenta con dos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, así como las deducciones que se realizan a su salario y demás prestaciones y del cual se puede apreciar que se le realiza el descuento de dos pensiones alimenticias; considerando, procedente los argumentos del reclamante para regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., asimismo, manifestó el Juez responsable que la citada menor de iniciales I.G.G., se encuentra bajo el cuidado de su madre tal y como se advierte de los hechos de la demanda, por tanto la actora le brinda los cuidados y atención indispensable; primordialmente atendiendo a la edad que representa la citada infante, toda vez que requiere de cuidados esenciales de su progenitora. Con lo anterior, el Juez responsable consideró regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., consistente en el 20% (veinte por ciento) para en su lugar dejarlo en el 15% (quince por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. En ese orden de ideas, el Juez responsable finalizó que al haberse demostrado que la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, trabaja y obtiene ingresos económicos que contribuyen de manera directa con los gastos del hogar y de alimentación de su menor hija al tenerla incorporada a su domicilio; que le brinda a la menor habitación y servicio médico; que el deudor alimentario cuanta con otras cargas alimentarias, sus hijos de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G., que tiene que erogar los gastos propios para su subsistencia y desempeño de su trabajo; por lo que resultó procedente la reclamación planteada y, por consecuencia, ajustado a derecho considera regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, del 40% (cuarenta por ciento) regraduando al 20% (veinte por ciento) de los cuales 5% (cinco por ciento) para la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, y el 15% (quince por ciento) para la menor de iniciales iniciales I.G.G., del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso Jorge Luis González Quintero. En tales condiciones, el Juez de lo Familiar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, y resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, tomando en consideración los agravios manifestados por el recurrente, es decir, atendió la capacidad económica de deudor alimentario, así como el hecho de la existencia de diversos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, la suscrita estima innecesaria que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Luis González Quintero, para el efecto siguiente: ".deje insubsistente la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 637/2020 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, analice la totalidad de los agravios y material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de los acreedores alimentarios, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (especialmente los menores de edad de que se tiene noticia) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Así, en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Mediante proveído de trece de abril siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1090 signado por el Juez décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso, de la cual se aprecia que el Juez responsable determinó regraduar el porcentaje de la pensión provisional decretada en autos del expediente 637/2020 de su índice. Lo anterior bajo los siguientes argumentos y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir en primer término dejó sin efectos la diversa resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, ordenado turnar los autos a efecto de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación materia de la Litis en el presente asunto. En tales condiciones el Juez Familiar bajo el estudio de los agravios vertidos por el aquí quejoso en su recurso de reclamación interpuesto en autos del juicio ordinario civil 637/2020, determinó resolver el medio de defensa planteado única y exclusivamente con los documentos aportados al promoverlo, así como con los medios de pruebas aportados hasta el momento procesal a estudio. En ese orden de ideas procedió a citar los agravios esgrimidos por el recurrente, consistentes en que la actora es trabajadora de la marina de profesión enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, así como el hecho de que cuenta diversos acreedores alimentarios derivado de la pensión concedida en autos del expediente 1170/2017 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, analizó la manifestación encaminada a que la actora no demostró con documento idóneo (certificado médico) que se encuentra impedida para trabajar, al ser una persona joven y con estudios profesionales, siendo enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca en Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, de lo cual percibe ingresos superiores al aquí quejoso, los cuales ascienden para éste último a la cantidad liquida de $451.23 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 23/100 M.N). Acto seguido el Juez responsable cito los medios de pruebas exhibidos por el aquí quejoso con los cuales consideró probar los agravios antes citados, pruebas a la cuales otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracción II, 261 fracción IV y VIII, 265, 266, 320, 327, 333, 334, y 337 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Veracruz, sin que pase inadvertido para el suscrito que la parte actora no desahogó la vista concedida con el escrito de reclamación mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Posteriormente, procedió al análisis de las necesidades de los acreedores alimentarios de forma particular, en primer grado el 20% (veinte por ciento) decretado de manera inicial a Xochiquetzal Grijalva Mendoza, bajo el argumento que la actora no necesita de pensión alimenticia, al desempeñarse como enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina; agravio que consideró procedente, toda vez que si bien el arábigo 233 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece que los cónyuges o concubinos deben darse a alimentos, no menos cierto es que tratándose de una mujer que percibe un ingreso por una actividad laboral fuera del domicilio conyugal, debe acreditarse, además de vínculo, el hecho de que lo que recibe como sueldo, no le es suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y que si esposo se encuentra en posibilidad de otorgarlo, lo que en dicho asunto no acontece. Igualmente reforzó lo anterior con el historial de trabajo de la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, del cual se apreció que en la fecha de la presentación de demanda de alimentos la citada actora se encontraba vigente, el contrato entre la aquí tercera y la Armada de México, con lo anterior acreditó la fuente de trabajo y el ingreso, sin que se deduzca del mismo a cuento ascienden sus ingresos, sin embargo con lo anterior el recurrente acreditó la capacidad económica de la actora declarando procedente su agravio, al quedar comprobado los ingresos de la actora para satisfacer sus necesidades alimentarias y si bien es cierto que no se advirtió a cuánto ascienden sus ingresos, también es cierto que la actora no acreditó que los ingresos que percibe le sean insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Seguidamente analizó el argumento dirigido al hecho de que cuenta con dos acreedores alimentarios, lo cual acreditó con las actas de nacimiento 01156 de registro veintidós de agosto de dos mil doce, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales J.M.G.A. y acta 4188 de registro nueve de julio de dos mil diecinueve, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales Y.G.G. documentales exhibidas en su escrito de reclamación y a las cuales concedió pleno valor probatorio en términos de los numerales 261 fracción IV y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con lo anterior acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, así como el hecho de la existencia del diverso Juicio Ordinario Civil 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; con lo anterior el Juez Familiar consideró procedente los argumentos del reclamante a efecto de regraduar el porcentaje figado a la actora en el expediente materia de estudio. Es así que determinó regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, siendo del 20% (veinte por ciento) para su fijarlo en un 5% (cinco por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. Por otra parte analizó la parte concedida a la menor de iniciales I.G.G. primeramente quedó demostrado los elementos de la acción por lo que respecta a la infante de referencia, al obrar en autos el acta de nacimiento de la menor expedida por el Director General del Registro Civil de Veracruz, a la cual concedió valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código sustantivo Civil ambos del Estado de Veracruz; con lo cual quedó demostrado el vínculo de filiación entre el deudor y la acreedora alimentaria. Igualmente, analizó la capacidad económica del deudor alimentario, la cual acreditó con la manifestación expresa ante dicho Juzgado responsable en el escrito de reclamación, en el cual refiere ser empleado de la Secretaría Marina, así como con el recibo de nómina exhibido en el recurso de mérito. Asimismo, analizó el agravio encaminado a los depósitos de transferencias bancarias a la cuenta personal de la actora, exhibiendo once comprobantes de transferencia, cada uno por la suma de quinientos pesos en diversas fechas de los periodos entre el trece de marzo al cuatro de agosto de dos mil veinte, lo cual el Juez Familiar consideró improcedente para regraduar el porcentaje de la pensión provisional. En otro aspecto al tomar en consideración lo manifestado respecto a que cuenta con dos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, así como las deducciones que se realizan a su salario y demás prestaciones y del cual se puede apreciar que se le realiza el descuento de dos pensiones alimenticias; considerando, procedente los argumentos del reclamante para regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., asimismo, manifestó el Juez responsable que la citada menor de iniciales I.G.G., se encuentra bajo el cuidado de su madre tal y como se advierte de los hechos de la demanda, por tanto la actora le brinda los cuidados y atención indispensable; primordialmente atendiendo a la edad que representa la citada infante, toda vez que requiere de cuidados esenciales de su progenitora. Con lo anterior, el Juez responsable consideró regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., consistente en el 20% (veinte por ciento) para en su lugar dejarlo en el 15% (quince por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. En ese orden de ideas, el Juez responsable finalizó que al haberse demostrado que la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, trabaja y obtiene ingresos económicos que contribuyen de manera directa con los gastos del hogar y de alimentación de su menor hija al tenerla incorporada a su domicilio; que le brinda a la menor habitación y servicio médico; que el deudor alimentario cuanta con otras cargas alimentarias, sus hijos de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G., que tiene que erogar los gastos propios para su subsistencia y desempeño de su trabajo; por lo que resultó procedente la reclamación planteada y, por consecuencia, ajustado a derecho considera regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, del 40% (cuarenta por ciento) regraduando al 20% (veinte por ciento) de los cuales 5% (cinco por ciento) para la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, y el 15% (quince por ciento) para la menor de iniciales iniciales I.G.G., del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso Jorge Luis González Quintero. En tales condiciones, el Juez de lo Familiar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, y resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, tomando en consideración los agravios manifestados por el recurrente, es decir, atendió la capacidad económica de deudor alimentario, así como el hecho de la existencia de diversos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, la suscrita estima innecesaria que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que el juicio de Amparo682/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Luis González Quintero, para el efecto siguiente: ".deje insubsistente la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario civil 637/2020 y, en su lugar, emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, analice la totalidad de los agravios y material probatorio aportado por las partes (y en caso de estimarlo necesario recabe diverso medio de convicción que no requiera de una preparación y desahogo prolongado) a efecto de resolver sobre la necesidad de regraduar la pensión alimenticia provisional dictada en favor de los acreedores alimentarios, debiendo atender y explicar (tanto si la considera procedente o no) la proporcionalidad de la medida, para lo cual deberá realizar el adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, entre las necesidades de la totalidad de los acreedores (especialmente los menores de edad de que se tiene noticia) así como a las posibilidades del deudor, a fin de cumplir con el citado principio contenido en el artículo 242 del Código Civil." Así, en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Mediante proveído de trece de abril siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez que obra en autos el oficio 1090 signado por el Juez décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de ocho de abril del año en curso, de la cual se aprecia que el Juez responsable determinó regraduar el porcentaje de la pensión provisional decretada en autos del expediente 637/2020 de su índice. Lo anterior bajo los siguientes argumentos y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es decir en primer término dejó sin efectos la diversa resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, ordenado turnar los autos a efecto de resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación materia de la Litis en el presente asunto. En tales condiciones el Juez Familiar bajo el estudio de los agravios vertidos por el aquí quejoso en su recurso de reclamación interpuesto en autos del juicio ordinario civil 637/2020, determinó resolver el medio de defensa planteado única y exclusivamente con los documentos aportados al promoverlo, así como con los medios de pruebas aportados hasta el momento procesal a estudio. En ese orden de ideas procedió a citar los agravios esgrimidos por el recurrente, consistentes en que la actora es trabajadora de la marina de profesión enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, así como el hecho de que cuenta diversos acreedores alimentarios derivado de la pensión concedida en autos del expediente 1170/2017 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Asimismo, analizó la manifestación encaminada a que la actora no demostró con documento idóneo (certificado médico) que se encuentra impedida para trabajar, al ser una persona joven y con estudios profesionales, siendo enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca en Tamaulipas, de la Secretaria de Marina, de lo cual percibe ingresos superiores al aquí quejoso, los cuales ascienden para éste último a la cantidad liquida de $451.23 (cuatrocientos cincuenta y un pesos 23/100 M.N). Acto seguido el Juez responsable cito los medios de pruebas exhibidos por el aquí quejoso con los cuales consideró probar los agravios antes citados, pruebas a la cuales otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracción II, 261 fracción IV y VIII, 265, 266, 320, 327, 333, 334, y 337 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Veracruz, sin que pase inadvertido para el suscrito que la parte actora no desahogó la vista concedida con el escrito de reclamación mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Posteriormente, procedió al análisis de las necesidades de los acreedores alimentarios de forma particular, en primer grado el 20% (veinte por ciento) decretado de manera inicial a Xochiquetzal Grijalva Mendoza, bajo el argumento que la actora no necesita de pensión alimenticia, al desempeñarse como enfermera titulada con matrícula M-64231, con el grado de segunda maestre del servicio de sanidad naval (HOSNA V-PES) en el Hospital Naval de la pesca Tamaulipas, de la Secretaria de Marina; agravio que consideró procedente, toda vez que si bien el arábigo 233 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece que los cónyuges o concubinos deben darse a alimentos, no menos cierto es que tratándose de una mujer que percibe un ingreso por una actividad laboral fuera del domicilio conyugal, debe acreditarse, además de vínculo, el hecho de que lo que recibe como sueldo, no le es suficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y que si esposo se encuentra en posibilidad de otorgarlo, lo que en dicho asunto no acontece. Igualmente reforzó lo anterior con el historial de trabajo de la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, del cual se apreció que en la fecha de la presentación de demanda de alimentos la citada actora se encontraba vigente, el contrato entre la aquí tercera y la Armada de México, con lo anterior acreditó la fuente de trabajo y el ingreso, sin que se deduzca del mismo a cuento ascienden sus ingresos, sin embargo con lo anterior el recurrente acreditó la capacidad económica de la actora declarando procedente su agravio, al quedar comprobado los ingresos de la actora para satisfacer sus necesidades alimentarias y si bien es cierto que no se advirtió a cuánto ascienden sus ingresos, también es cierto que la actora no acreditó que los ingresos que percibe le sean insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Seguidamente analizó el argumento dirigido al hecho de que cuenta con dos acreedores alimentarios, lo cual acreditó con las actas de nacimiento 01156 de registro veintidós de agosto de dos mil doce, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales J.M.G.A. y acta 4188 de registro nueve de julio de dos mil diecinueve, relativa al registro de nacimiento del menor de iniciales Y.G.G. documentales exhibidas en su escrito de reclamación y a las cuales concedió pleno valor probatorio en términos de los numerales 261 fracción IV y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con lo anterior acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, así como el hecho de la existencia del diverso Juicio Ordinario Civil 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; con lo anterior el Juez Familiar consideró procedente los argumentos del reclamante a efecto de regraduar el porcentaje figado a la actora en el expediente materia de estudio. Es así que determinó regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, siendo del 20% (veinte por ciento) para su fijarlo en un 5% (cinco por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. Por otra parte analizó la parte concedida a la menor de iniciales I.G.G. primeramente quedó demostrado los elementos de la acción por lo que respecta a la infante de referencia, al obrar en autos el acta de nacimiento de la menor expedida por el Director General del Registro Civil de Veracruz, a la cual concedió valor probatorio en términos de los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código sustantivo Civil ambos del Estado de Veracruz; con lo cual quedó demostrado el vínculo de filiación entre el deudor y la acreedora alimentaria. Igualmente, analizó la capacidad económica del deudor alimentario, la cual acreditó con la manifestación expresa ante dicho Juzgado responsable en el escrito de reclamación, en el cual refiere ser empleado de la Secretaría Marina, así como con el recibo de nómina exhibido en el recurso de mérito. Asimismo, analizó el agravio encaminado a los depósitos de transferencias bancarias a la cuenta personal de la actora, exhibiendo once comprobantes de transferencia, cada uno por la suma de quinientos pesos en diversas fechas de los periodos entre el trece de marzo al cuatro de agosto de dos mil veinte, lo cual el Juez Familiar consideró improcedente para regraduar el porcentaje de la pensión provisional. En otro aspecto al tomar en consideración lo manifestado respecto a que cuenta con dos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, así como las deducciones que se realizan a su salario y demás prestaciones y del cual se puede apreciar que se le realiza el descuento de dos pensiones alimenticias; considerando, procedente los argumentos del reclamante para regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., asimismo, manifestó el Juez responsable que la citada menor de iniciales I.G.G., se encuentra bajo el cuidado de su madre tal y como se advierte de los hechos de la demanda, por tanto la actora le brinda los cuidados y atención indispensable; primordialmente atendiendo a la edad que representa la citada infante, toda vez que requiere de cuidados esenciales de su progenitora. Con lo anterior, el Juez responsable consideró regraduar el porcentaje fijado a favor de la menor de iniciales I.G.G., consistente en el 20% (veinte por ciento) para en su lugar dejarlo en el 15% (quince por ciento) del salario y prestaciones que percibe del aquí quejoso. En ese orden de ideas, el Juez responsable finalizó que al haberse demostrado que la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, trabaja y obtiene ingresos económicos que contribuyen de manera directa con los gastos del hogar y de alimentación de su menor hija al tenerla incorporada a su domicilio; que le brinda a la menor habitación y servicio médico; que el deudor alimentario cuanta con otras cargas alimentarias, sus hijos de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G., que tiene que erogar los gastos propios para su subsistencia y desempeño de su trabajo; por lo que resultó procedente la reclamación planteada y, por consecuencia, ajustado a derecho considera regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijada en auto de dos de septiembre de dos mil veinte, del 40% (cuarenta por ciento) regraduando al 20% (veinte por ciento) de los cuales 5% (cinco por ciento) para la actora Xochiquetzal Grijalva Mendoza, y el 15% (quince por ciento) para la menor de iniciales iniciales I.G.G., del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí quejoso Jorge Luis González Quintero. En tales condiciones, el Juez de lo Familiar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, y resolvió de nueva cuenta el recurso de reclamación interpuesto por el aquí quejoso, tomando en consideración los agravios manifestados por el recurrente, es decir, atendió la capacidad económica de deudor alimentario, así como el hecho de la existencia de diversos acreedores alimentarios de iniciales J.M.G.A. y Y.G.G. con lo cual acreditó la existencia de diversas cargas alimentarias, derivadas de la pensión alimenticia del expediente 1170/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, la suscrita estima innecesaria que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese a las partes en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 26, fracciones I, inciso k) y III de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercero interesado, así como por lista a las demás partes. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Jorge Luis Amador López1104/2014
- Jorge Luis Bonilla Romero1297/2014
- Jorge Luis Borja Tinoco603/2015
- Jorge Luis Borja Tinoco379/2016
- Jorge Luis Cruz Suárez710/2016
- Jorge Luis Farías Hernández289/2023
- Jorge Luis Guzman1284/2015
- Jorge Luis Lagunes Serrano753/2015
- Jorge Luis Mendiola Velázquez783/2018
- Jorge Luis Mendiola Velázquez671/2018
- Jorge Luis Santiago Barrientos1168/2015
- Jorge Luis Zapo Cobaxin773/2015