Jorge Luis Gonzalez Aranda

Expediente 1076/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1076/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Luis Gonzalez Aranda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Eduardo Rivera Ortiz, en nombre y representación de Jorge Luis González Aranda, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo". En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con relación al periodo de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid19, del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Así, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, sin que lo haya hecho, no obstante de encontrarse notificada y requerida para ello, como se obtiene de la constancia de notificación que obra agregada en autos, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Vista la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, quien ahora provee considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. En tales condiciones, visto el escrito de cuenta, signado vía electrónica por Eduardo Rivera Ortiz, en su carácter de defensor particular de Jorge Luis González Aranda; atento a su contenido, se provee: con fundamento en el artículo 221 del citado ordenamiento legal, supletorio a la ley en la materia, glósese para que obre como corresponda, pues el promovente no desahoga cabalmente la prevención de proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, toda vez que los puntos de la materia a aclarar, son los siguientes: «[.] 1. Aclare el acto que por esta vía reclama de cada autoridad que señala como responsable, en atención a que si bien señala la calidad de éstas (ordenadoras o ejecutoras), con distinta residencia; sin embargo, no especifica qué actos en concreto reclama dada su jurisdicción, pues reclama en forma indistinta las órdenes de presentación, comparecencia, citación y/o aprehensión, así como la transgresión a su garantía de audiencia respecto de actos de investigación y su ejecución entre otros, pues no se observa su participación en concreto respecto de dichos actos, lo que crea incertidumbre para este juzgador el señalamiento de autoridades con competencia en dichas demarcaciones. Prevención que se formula con el objetivo de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad proveer sobre la admisión de la demanda de amparo interpuesta. 2. En concordancia con el punto del requerimiento que anteceden y vía ampliación de los antecedentes del acto reclamado, indique la forma de intervención de todas y cada una de las autoridades, puesto que el señalamiento de un sin número de éstas, con distinta residencia, como las que señala el quejoso, son las que hayan ordenado y/o ejecutado los actos que reclama por esta vía. [.] Máxime que como acontece en el caso concreto, cuando en una demanda de amparo se señalen diversas autoridades indistintamente, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Puesto que el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio que impida en forma absoluta y general, el señalamiento de un número de autoridades como responsables en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, puesto que no es posible que tantas autoridades, como las que señala el quejoso, hayan ordenado ese sólo acto de molestia, por lo que el carácter excepcional de una promoción con ese grado de universalidad únicamente es permitida con el sustento, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de las autoridades que teme el particular y que señala en esta instancia. Por tanto, el señalamiento indistinto de autoridades responsables (ordenadoras), sin precisar en forma concreta cuál de éstas emitió el acto de molestia, sustentado solamente en una exposición de hechos aducidos por la promovente, es claro que no cumple con el requisito previsto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia. 3. Acredite la personalidad con la que se ostenta en representación de Jorge Luis González Aranda, con documento fehaciente, en razón que con la simple manifestación de tener dicho carácter, es insuficiente para demostrar tal extremo, siendo necesario que justifique tal circunstancia, en esta instancia constitucional. 4. En correlación a los puntos de la prevención que anteceden, refiera bajo protesta de decir verdad, dónde tiene ejecución los actos que por esta instancia combate [.]» Pues el promovente, si bien desahoga los puntos de la prevención marcados con los números 1 y 3, relativos a que aclarara el acto que por esta instancia combate, al referir que se trata de una orden de aprehensión y acreditar la personería con la que se ostenta a favor de Jorge Luis González Aranda; también es que, concerniente al ordinal 2, relativo a que, vía ampliación de los antecedentes del acto reclamado, indicara la forma de intervención de todas y cada una de las autoridades, pues el señalamiento de un sin número de éstas, con distinta residencia, como las que señaló en su escrito de demanda, son las que hayan ordenado y/o ejecutado los actos que reclama por esta vía, pues respecto a este punto, se limita a manifestar que ante la incertidumbre en la ejecución de la orden de captura, insiste en señalar a todas y cada una de las autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda, lo que hace deficiente su promoción, pues asevera en su escrito de desahogo, que el acto de molestia deriva de la causa penal 1983/2019, del índice administrativo del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, de esta entidad federativa; de ahí que deba especificar tal circunstancia, con relación al señalamiento en concreto de las autoridades responsables que emitieron el acto de molestia reclama en esa instancia. De igual forma, tocante al punto de la prevención identificada con el número 4, concerniente a que refiriera bajo protesta de decir verdad, dónde tiene ejecución los actos que por esta instancia combate, se limita a señalar que los hechos que refirió acontecieron en las instalaciones que conforman el Centro Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, sin que tal circunstancia tenga por satisfecho dicho requerimiento, pues es omiso en señalar en qué lugar o demarcación se ejecutará el acto reclamado y manifestarlo así, bajo protesta de decir verdad, lo que hace deficiente su promoción. Hágase del conocimiento a la parte quejosa, que se encuentra en aptitud de desahogar cabalmente la prevención decretada en autos, sobre los puntos descritos en líneas que anteceden; por consiguiente dígase que el plazo de cinco días otorgado en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se encuentra transcurriendo, así como el apercibimiento ahí decretado, pues dado el tiempo que ha transcurrido de la fecha en que se notificó de la prevención decretada, a la fecha en que la pretende desahogar, cuenta con un plazo de cinco días, contado a partir de siguiente al en que sea notificado de esta determinación, para que desahogue cabalmente el requerimiento señalado en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 2ª/J.106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 133, Tomo XVII, Noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUÉL TÉRMINO».

  4. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., en nombre y representación de ---, contra actos del Juez de Control de Distrito Judicial de Texcoco Morelos, Estado de México y otras autoridades, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1076/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane la irregularidad contenida en su escrito de demanda; esto, bajo protesta de decir verdad: 1. Aclare el acto que por esta vía reclama de cada autoridad que señala como responsable, en atención a que si bien señala la calidad de éstas (ordenadoras o ejecutoras), con distinta residencia; sin embargo, no especifica qué actos en concreto reclama dada su jurisdicción, pues reclama en forma indistinta las órdenes de presentación, comparecencia, citación y/o aprehensión, así como la transgresión a su garantía de audiencia respecto de actos de investigación y su ejecución entre otros, pues no se observa su participación en concreto respecto de dichos actos, lo que crea incertidumbre para este juzgador el señalamiento de autoridades con competencia en dichas demarcaciones. Prevención que se formula con el objetivo de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad proveer sobre la admisión de la demanda de amparo interpuesta. 2. En concordancia con el punto del requerimiento que anteceden y vía ampliación de los antecedentes del acto reclamado, indique la forma de intervención de todas y cada una de las autoridades, puesto que el señalamiento de un sin número de éstas, con distinta residencia, como las que señala el quejoso, son las que hayan ordenado y/o ejecutado los actos que reclama por esta vía. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1079, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA». Máxime que como acontece en el caso concreto, cuando en una demanda de amparo se señalen diversas autoridades indistintamente, el Juez de Distrito, bajo el principio de instancia de parte agraviada, debe analizar si resulta lógico y pertinente emplazar a todas esas autoridades al juicio, atento a los conceptos de violación, acto reclamado y a los antecedentes del caso, para desprender su participación o no, con lo que se evita emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tendrían ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas. Puesto que el ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio que impida en forma absoluta y general, el señalamiento de un número de autoridades como responsables en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, puesto que no es posible que tantas autoridades, como las que señala el quejoso, hayan ordenado ese sólo acto de molestia, por lo que el carácter excepcional de una promoción con ese grado de universalidad únicamente es permitida con el sustento, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la intervención de las autoridades que teme el particular y que señala en esta instancia. Por tanto, el señalamiento indistinto de autoridades responsables (ordenadoras), sin precisar en forma concreta cuál de éstas emitió el acto de molestia, sustentado solamente en una exposición de hechos aducidos por la promovente, es claro que no cumple con el requisito previsto en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia. 3. Acredite la personalidad con la que se ostenta en representación de Jorge Luis González Aranda, con documento fehaciente, en razón que con la simple manifestación de tener dicho carácter, es insuficiente para demostrar tal extremo, siendo necesario que justifique tal circunstancia, en esta instancia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 47, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO». 4. En correlación a los puntos de la prevención que anteceden, refiera bajo protesta de decir verdad, dónde tiene ejecución los actos que por esta instancia combate. Hágase del conocimiento al impetrante que queda apercibido que de afirmar una falsedad o negar la verdad en todo o en parte respecto a la prevención decretada en líneas que anteceden, se dará vista al Ministerio Público de la adscripción por la posible constitución del delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, de conformidad con el numeral 247, fracción V, del Código Penal Federal. Su aclaración deben presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». Por otra parte, tocante a la dirección de correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. Por otra parte, en razón de que se solicita el acceso al expediente electrónico relativo a este sumario, se ordena que las determinaciones emitidas en el presente asunto, sean de su conocimiento a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona; ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional y proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva. En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo.

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