Jorge Luis García de León
Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Luis García de León
Actuaciones
- Principal
...se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...
- Principal
...agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe justificado de la Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje...
- Principal
El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 4), así como a las demás constancias de autos, y hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó, como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 12). Acto seguido, se abre y cierra el periodo probatorio, en virtud de que no existen pruebas por relacionar. Acto continuo, se abre y cierra la etapa de alegatos, toda vez que las partes no los hicieron valer. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 372/2022-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, ******************** promovió juicio de amparo contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el número 372/2022-1, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material y la demanda fue presentada en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. La Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante estar legalmente notificada del oficio por el que se le solicitó el informe de mérito, según se observa de la constancia que obra en autos (foja 12). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 206350) página 17, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA.- En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." No se analizará el fondo del asunto, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se estima esto, pues la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********************, no produce una afectación a los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en la medida de que no acreditó ser parte en el citado juicio de origen, pues no ofreció ninguna probanza para demostrar ese extremo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2006144), que marca: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.- La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En ese sentido, si la parte quejosa no aportó medio probatorio que justifique la existencia de un derecho para reclamar la omisión que alude, conlleva a determinar la no acreditación de sus intereses jurídicos o legítimos para enderezar la acción de amparo, no obstante que se haya tenido por cierta la existencia del acto reclamado, ya que una cosa es su emisión y otra jurídicamente diferente, que efectivamente cause una afectación a quien auténticamente la ley le reconoce tal prerrogativa. Es de aplicarse al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época (registro 187777), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.- La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Dadas las razones anotadas, al actualizarse en autos de manera plena el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, debe SOBRESEERSE en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 372/2022-1, promovido por ********************, respecto del acto reclamado, autoridad responsable y por los motivos anotados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Luis García de León; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 372/2022-1, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Jorge Luis García de León, contra actos de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con veinticinco minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél en que reciba la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a la autoridad responsable rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se reserva el emplazamiento de la parte tercero interesada hasta en tanto obren en autos las constancias del juicio de origen. En términos del dispositivo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental que exhibe con su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional de este asunto. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en San Luis Potosí 840 Colonia Rodríguez de esta ciudad, y como autorizados en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo, asimismo, téngasele señalando el correo electrónico mancilla.oficinadeabogados @gmail.com. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Asimismo, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.
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