Jorge Luis Fuentes Valdez
Expediente 897/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2022
Partes del expediente
- Jorge Luis Fuentes Valdez
- Recaudador de Rentas Municipal del Ayuntamiento de Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintidós de marzo de dos mil veinticinco. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable, al encuadrar en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el veintidós de marzo de dos mil veinticinco, debiéndose conservar únicamente la determinación por la cual se concedió la suspensión provisional. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en comento, por lo que se señala como fecha para tal efecto el dieciocho de julio de dos mil veintidós. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al artículo 18, fracción III, inciso c), párrafo segundo, del acuerdo en comento, se requiere al quejoso, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndole que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 897/2021, promovido por Jorge Luis Fuentes Valdez, contra actos del Director de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de otra autoridad; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 5º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO Primero. Por escrito depositado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Jorge Luis Fuentes Valdez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Recaudador de Rentas Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de otra autoridad, que hizo consistir en: "1. La orden de clausura dictada en resolución de fecha 15 de diciembre de 2021 [.] que suspende las actividades de la oficina del quejoso [.]. 2. La imposición de una multa [.]. [.] 1. La inminente ejecución de la orden reclamada a la autoridad señalada como responsable ordenadora y que, incluso respecto a la clausura ya se notificó en el inmueble que se ha citado." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 897/2021; mediante auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y,CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son la orden de clausura de la oficina en la que el quejoso aduce realiza sus actividades, su ejecución, la imposición de una multa, así como las consecuencias jurídicas que de ello emane. Tercero. Son ciertos los actos reclamados al Director de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, pues así lo reconoció en su informe con justificación; lo que además se corrobora con la constancia aportada a juicio por el quejoso, consistente en la orden de clausura emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Documental que goza de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual manera, se tiene por cierto el acto reclamado al Notificador-Ejecutor adscrito a la Dirección de Recaudación Municipal de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, pues no obstante la negativa depuesta en su informe justificado, al revestirle el carácter de autoridad ejecutora, ésta puede llevar a cabo los actos que la diversa ordenadora le indique en cualquier momento. Cuarto. En estricto acatamiento con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, lo aleguen o no las partes. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la primera parte de la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la ley de la materia, pues el quejoso no acredita afectación a su interés jurídico. Los preceptos invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]." En el caso a estudio, el solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional, ostentándose como propietario de la oficina localizada en calle German Gedovious número 10489, interior 201, Zona Urbana Río Tijuana, en esta ciudad, en reclamo de la orden de clausura y su ejecución, así como de la multa que por tal motivo se le imponga, pues aduce acreditar su interés jurídico y legítimo para instar el presente juicio de garantías con motivo de ejercer la profesión de abogado en dicho domicilio, y para ello adjuntó al escrito inicial de demanda: i) Información obtenida aparentemente del Registro Nacional de Profesionistas, de la que se desprende que el impetrante cuenta con cédula profesional que lo avala como licenciado en derecho; ii) Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, iii) La orden de clausura emitida por el Departamento de Inspecciones de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, tales documentales resultan insuficientes para sustente el interés jurídico del impetrante, ya que de las descritas en los incisos i) y ii), únicamente se pone en relieve que el quejoso es licenciado en derecho, que se encuentra registrado ante la autoridad fiscal bajo el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional bajo la actividad económica "Bufetes jurídicos", y que sus datos de ubicación corresponden a los de la oficina que aduce es de su propiedad. Por lo que respecta a la constancia identificada en el inciso iii), se colige que la orden de clausura se encuentra dirigida al "C. PROPIETARIO", del giro comercial identificado como "DESPACHO JURÍDICO FUENTES SANTILLÁN", por no contar con permiso de operación. En ese contexto, ya que el peticionario del amparo no acredita, ni de manera presuntiva, su interés jurídico para promover el juicio biinstancial, ya que si bien con los documentos que allegó con la demanda de derechos fundamentales demuestra la actividad a la que se dedica, empero, en modo alguno cuentan con la fuerza convictiva para tener por acreditado que goza -actualmente- de cierto derecho de explotación sobre determinado establecimiento, ni tampoco que esté autorizado para llevar a cabo las operaciones correspondientes a un despacho jurídico dentro de esta demarcación municipal, pues de su contenido no se desprende alguna referencia al respecto. En esa guisa, se considera que uno de los documentos idóneos para demostrar la existencia de un establecimiento destinado a realizar la actividad económica que refiere el peticionario del amparo, dentro de esta ciudad, es la licencia o permiso que otorga la autoridad municipal correspondiente para el funcionamiento de un giro determinado, misma que -hasta este momento- no exhibió. Lo anterior, pues tal documento acreditaría, al menos presuntivamente, que es una persona física que tiene un establecimiento que se encuentra autorizado para llevar a cabo, en este municipio, las actividades inherentes al giro respectivo -despacho jurídico-. En esas condiciones, ya que el agraviado no demostró fehacientemente su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la invocada legislación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, febrero de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XII, primera parte, en relación con el 5º, fracción I, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 897/2021, promovido por Jorge Luis Fuentes Valdez, contra los actos que reclamó del Director de Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguense los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se les tiene designando delegados. En tal contexto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jorge Luis Fuentes Valdez, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones destacadas en el diverso considerativo tercero. Notifíquese.
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