Jorge Luis Espinosa Guillen
Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/07/2022
Partes del expediente
- Jorge Luis Espinosa Guillen
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta y anexos, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 71/2022, orden 262/2022 del índice de este juzgado, mismo que se envió para notificar a la parte quejosa Jorge Luis Espinoza Guillen. Al efecto, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas de este Juzgado Federal, el exhorto de referencia, como debidamente diligenciado, para fines de estadística. Ahora, toda vez que en acuerdo de seis de julio de este año, se ordenó al archivo el presente juicio de amparo, agréguese sin mayor proveído el referido oficio y anexos.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual en cumplimiento al diverso 17926, del índice de este Juzgado de Distrito, acusa de recibo del mismo por el cual se remitió original del juicio de amparo 627/2022, de su índice y anexos; asimismo, informa que no insiste en declinar la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; tómese nota de lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Toda vez que no hay más trámite por desahogar en el presente expediente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el referido artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso j), del artículo 21, inciso j, capitulo octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de una incompetencia. Como lo disponen los artículos 20, capítulo octavo, 29, del capítulo Décimo y 35, del capítulo Décimo Tercero, todos del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Como lo dispone el capítulo décimo tercero, artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, que contiene el proveído de diez de junio del año en curso, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo 627/2022, por las razones ahí expuestas, al que adjunta original del citado juicio de amparo que contiene la demanda promovida por Jorge Luis Espinoza Guillen, contra actos del Titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, 67 legajos de copias simples del escrito de demanda y 64 legajos de copias simples del escrito de dos de junio de dos mil veintidós. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el consecutivo 845/2022-I. Ahora, toda vez que la citada autoridad oficiante previo desahogo de prevención se determinó declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda de amparo, toda vez que a su juicio el domicilio en donde se va a ejecutar los actos corresponde a la jurisdicción de este juzgado. Al respecto, no se acepta la competencia legal planteada por los siguientes motivos: Los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los preceptos transcritos se advierte que existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a lo anterior, para fijar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, en principio, es necesario atender a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, a fin de determinar si requieren o no de ejecución material y, en consecuencia, fincarla en función del lugar donde dicha ejecución deba darse, trate de realizar o se haya verificado, o bien, conforme a la elección del quejoso. En la inteligencia que la ejecución material, como criterio para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito, atañe a la relación de acciones que producen un cambio material en el mundo fáctico, de modo tal que no se circunscribe a que el acto establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo. Y que si bien el arábigo 37 de la Ley de Amparo establece que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, no implica que en todos los casos deba considerarse el aspecto normativo para determinar ese lugar de ejecución, sino que debe también atenderse a lo manifestado por el quejoso, pues la determinación de la certeza el acto atañe al fondo del negocio, por lo que si en los autos aún no existe información suficiente para determinar el lugar en el que tendrá ejecución el acto reclamado, se debe ponderar lo que señaló el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad. También, se debe precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa reclama: I.- De las autoridades ordenadoras: la indebida, ilegal, inconstitucional, arbitraria orden de aprehensión, presentación, arraigo y orden de cateo y proceso ilegal, inconstitucional y arbitrario, incoado en contra del suscrito, sin existir procedimiento penal alguno que funde y motive el proceder de dichas autoridades y que pretende privarme de mi libertad. II.- De las autoridades ejecutoras: la ejecución que pretenden hacer, por demás arbitraria, ilegal e inconstitucional orden de aprehensión, presentación, arraigo y orden de cateo que quieren ejecutar en contra del suscrito, sin existir procedimiento penal alguno que funde y motive dicho proceder y que pretende privarme de mi libertad" Asimismo, refiere que se enteró que afuera de su domicilio ubicado en Comitán de Domínguez, Chiapas, había varios sujetos armados haciendo guardia o vigilancia y que tienen órdenes de detenerlo, de igual forma aduce que, sus actividades económicas pernocta tanto en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas como en la localidad de Comitán de Domínguez, Chiapas, y en ambos lugares tiene domicilios. Y si bien señaló que el domicilio en donde pretenden ejecutar la orden de aprehensión, presentación, arraigo y orden de cateo, lo es en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; lo cierto es que, es evidente que tiene domicilio particular tanto en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas como en Comitán de Domínguez, Chiapas, por ser donde residen sus actividades económicas; de ahí que, es claro que en esos dos lugares se pueden ejecutar los actos reclamados y no solo en el de Comitán de Domínguez, Chiapas, como lo señaló el juzgado que declinó la competencia. Ante esto, se considera que este Juzgado de Distrito no comparte la declinación de competencia legal para conocer de la mencionada demanda, como lo pretende el juzgado oficiante, toda vez que es impreciso determinar el domicilio particular del quejoso, puesto que sus actividades económicas las realiza tanto en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas como en Comitán de Domínguez, Chiapas y señaló que en esas dos ciudades tiene su domicilio particular; por tanto, es evidente que los citados lugares, tendrán potencialmente ejecución material y definitiva el acto o actos reclamados (orden de aprehensión, presentación, arraigo y orden de cateo, y su ejecución). Por lo expuesto con antelación, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, devuélvase al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, el original del expediente 627/2022 de su estadística, asi como 67 legajos de copias simples del escrito de demanda y 64 legajos de copias simples del escrito de dos de junio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando el acuse de recibo que tenga a bien expedir. Tomando en consideración que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el calle Perla, Manzana 1, Lote 10 del Fraccionamiento Perla, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27, fracción II de la Ley de Amparo vigente, gírese atento exhorto vía SISE, al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto del Actuario Judicial de su adscripción; le notifique personalmente el presente proveído, y le requiera para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días al en que quede debidamente notificado de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista. Hecho lo anterior, remita las constancias que así lo acrediten. Se tiene como autorizados a las personas que cita para los efectos ahí precisados por así haberlo solicitado en su escrito de demanda.
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