Jorge Luis Escalante Soberanes
Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Luis Escalante Soberanes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído en que se tuvo no presentada su demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días concedido al quejoso en proveído de veintiuno de septiembre de este año, para que cumpliera con la prevención ahí formulada, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda de amparo promovida.
- Principal
CON FUNDAMENT0 EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 3 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE A LA LETRA DICE "...Visto el estado que guarda el expediente, se aprecia que el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio -en estricto sentido- y reclama lo actuado en el juicio hipotecario C-706/2017 del Juzgado Tercero Civil de Partido en esta ciudad, en especial, la orden de rematar la casa habitación ubicada en calle Camino Real, noventa, fraccionamiento Camino Real, en esta ciudad. El juicio de amparo es improcedente, porque, a pesar del requerimiento que este juzgado formuló, el quejoso omitió señalar como responsable al tribunal de apelación que confirmó la orden de rematar el inmueble que defiende. De modo que no es posible estudiar el fondo del asunto, ya que hacerlo dejaría inaudita a tal autoridad, por no haber sido incorporada al proceso de amparo en que se cuestiona la regularidad del acto en que intervino. Para mejor comprensión del asunto, se narran brevemente algunos antecedentes relevantes: ( El seis de noviembre de dos mil diecisiete, Banco Santander (México) sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Santander México, a través de sus apoderados, en la vía especial sumaria hipotecaria, demandó a Brenda Carolina Chávez Barajas, el pago de $2,339,956.52 (dos millones trescientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos), por concepto del adeudo derivado del crédito simple con interés que dicho banco le había otorgado en términos del contrato que celebraron el veinticinco de junio de dos mil quince. La actora también solicitó que se rematara el inmueble ubicado en calle Camino Real, noventa, fraccionamiento Camino Real, en esta ciudad, sobre el cual la deudora había constituido hipoteca para garantizar el pago del crédito. ( Del asunto conoció el Juez Tercero Civil de Partido en esta ciudad, quien ordenó formar expediente y registrarlo con el número 706/2017. Asimismo, en lo que interesa, admitió la demanda y ordenó emplazar a la reo. ( Seguido el trámite del proceso, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el juez dictó sentencia en que condenó a la reo a pagar casi todas las prestaciones que la actora le había demandado [sólo la absolvió de pagar una prima de seguro y el impuesto al valor agregado que se siguiera generando sobre una parte del crédito]. Asimismo, ordenó rematar el inmueble hipotecado para el caso de que la demandada no pagara el adeudo. ( El mandatario judicial de la reo apeló el fallo. Del recurso conoció el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 433/2018. Ahí emitió la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en que confirmó la sentencia apelada. ( El dieciocho de marzo de dos mil veinte, el juez civil tuvo apersonados a los apoderados de Banco Monex, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Monex Grupo Financiero, quienes manifestaron que su representada era la cesionaria de los derechos litigiosos. ( El cuatro de septiembre de dos mil veinte, el juez programó el cinco de octubre de ese año para rematar, en primera almoneda, el inmueble hipotecado, con base en una postura legal de $2,800,000.00 (dos millones ochocientos mil pesos). Ahora bien, de una interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza en los casos expresamente previstos, sino también cuando el quejoso incumple con alguno de los presupuestos legales necesarios para estudiar la constitucionalidad del acto que combata. Uno de ellos es que en la demanda de amparo señale como responsables a las autoridades que tuvieron injerencia en el acto reclamado. La omisión de ese requisito vuelve improcedente el juicio de amparo, porque no es posible elucidar la constitucionalidad del acto atribuido a una autoridad a la que no se le dio oportunidad de ser oída, alegar lo que estimara pertinente ni allegar las pruebas encaminadas a sostener la corrección de su proceder. Por lo anterior, en proveído de once de junio de este año se previno al quejoso para que en quince días manifestara si era su deseo señalar como responsable a una autoridad con injerencia en los actos reclamados, es decir, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado rematar el inmueble hipotecado, para el caso de que la parte demandada no cubriera el adeudo a cuyo pago fue condenada. No obstante, el quejoso omitió cumplir con la prevención dentro del plazo que se le otorgó; por lo cual, el doce de julio de dos mil veintiuno se declaró precluido su derecho para hacerlo. Por tanto, no es factible jurídicamente que un eventual fallo amparador deje insubsistente lo actuado en el proceso de origen, sin permitir que la autoridad que confirmó la orden de rematar el inmueble hipotecado tenga oportunidad de defender la constitucionalidad de su actuación y, en su caso, aportar las constancias conducentes para ello. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II y 108, fracción III, del mismo ordenamiento; por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Es verdad que esta determinación se emite fuera de la audiencia constitucional. Sin embargo, ello obedece a que en esta última no podría asumirse una decisión distinta, dado que sólo se enjuiciaría la actuación de la autoridad que el quejoso sí señaló como responsable en la demanda de amparo, pero no la de aquella que omitió designar. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas del seis de agosto de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente..." Y "......agréguese el escrito signado por el quejoso. En atención a su contenido, se provee: Se tiene al quejoso manifestando que la notificación que se le practicó en relación con el auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, fue incorrecta, pues como se advierte del escrito recibido señaló como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; por lo que dicha notificación se debió practicar en este último. Por tanto, se regulariza el procedimiento y se deja sin efectos la notificación que realizó al promovente del auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, en vía de consecuencia, todo lo actuado en el presente juicio a partir de dicha diligencia, comisiónese al actuario judicial de esta adscripción para que se constituya en el domicilio procesal vigente del quejoso y el auto para los efectos legales que haya lugar.."
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