Jorge Luis Cornejo Carnero
Expediente 600/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/07/2023
Partes del expediente
- Geiner Leopoldo Garrido Bustamante
- Jorge Luis Cornejo Carnero
- Monica Emperatriz Cavero Villegas
- Pamela Lesly Tello Fernández
- Sandra Yamileth Beltrán Murcia
- Mirna Dolores Murcia Alas
- Edwin Augusto Cavero Villegas
- Dayanna Milenka Saucedo Cavero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y, atento a su solicitud, comuníquesele que se encuentra habilitada la vinculación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que esté en aptitud de visualizar las constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d) del mismo ordenamiento legal, en contra del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria de la adscripción a fin de notificar a los quejosos Lidia Gloriana Fernández Ccallomamani, Pamela Lesly Tello Fernández, Geiner Leopoldo Garrido Bustamante, Jorge Luis Cornejo Carnero, Heber Jhonatan Córdova Zevallos, Sandra Yamileth Beltrán Murcia, Amanda Miguel Flores Junco, Ángela Lisbeth Bravo Cavero, Mónica Emperatriz Cavero Villegas, Dayanna Milenka Saucedo Cavero, Edwin Augusto Cavero Villegas, Luisa Naoko Ulloa Navarro y Claudia Sánchez Vázquez el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, se ordena notificarle por lista en los estrados de este Juzgado el proveído antes referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, con vista a las partes, para que obre como corresponda el oficio 1 y anexos de cuenta remitidos por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad, en alcance a su informe justiciado; por tanto, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el 1 Documental a la que se otorga valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30, tomo XXV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de marzo de 2007, Novena Época, registro 173071, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO."s momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora, de autos se obtiene que Eliseo López González promovió demanda de amparo en favor Lidia Gloriana Fernández Ccallomamani, Pamela Lesly Tello Fernández, Geiner Leopoldo Garrido Bustamante, Jorge Luis Cornejo Carnero, Heber Jhonatan Córdova Zevallos, Sandra Yamileth Beltrán Murcia, Amanda Miguel Flores Junco, Ángela Lisbeth Bravo Cavero, Mónica Emperatriz Cavero Villegas, Dayanna Milenka Saucedo Cavero, Edwin Augusto Cavero Villegas, Luisa Naoko Ulloa Navarro y Claudia Sánchez Vázquez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, de la que se desprende que se reclama -esencialmente- la detención fuera de procedimiento, su alojamiento en la estación migratoria y como consecuencia de lo anterior, su incomunicación y la posible deportación. Luego, de las constancias que obra en autos y las que hoy se atienden, consistentes en el "DOCUMENTO PROVISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN" emitido a favor de los aquí quejosos antes referidos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, el treinta de agosto y uno de septiembre de dos mil veintidós, esto es, posterior a la presentación de la demanda (veinte de agosto de dos mil veintidós), se giraron los oficios de salida definitiva de los aquí quejosos, concluyendo en esa fecha el alojamiento en la estancia migratoria. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización 2 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, los quejosos reclaman su detención fuera de procedimiento, su alojamiento en la estación correspondiente y como consecuencia de lo anterior, su incomunicación y la posible deportación. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el treinta de agosto y uno de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable giró los oficios de salida definitiva de los aquí quejosos, a través de los cuales y, en atención a la solicitud de los agraviados, se les otorgó el documento provisional de visitante por razones humanitarias, documento por el que se autorizó su salida de la estación migratoria. Por tanto, es dable advertir que, en atención a que los aquí quejosos solicitaron su orden de salida s del país, en términos del artículo 137, fracción III3 , de la Ley de Migración, se determinó emitir el oficio correspondiente de salida definitiva del País y, por ende, la salida de dichas instalaciones. En ese sentido, si -como se anticipó- el reclamo de los promoventes consiste en la detención, su alojamiento en la estación migratoria y como consecuencia de ello la incomunicación así como la posible orden de deportación y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria y del País, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a los quejosos abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
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