Jorge Luis Corella Miranda
Expediente 57/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2022
Partes del expediente
- Jorge Luis Corella Miranda
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Juicio de amparo 57/2022-III Oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía la presidencia de la Junta Laboral responsable, a través del cual remite diversas constancias en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el dieciocho de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las citadas documentales, dejándose a la vista de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Actualización de causal de improcedencia. Ahora, visto el contenido de las documentales que adjunta la Junta responsable a su informe justificado, así como al oficio de cuenta, se advierte que el once de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento a la parte demandada Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California al juicio laboral 651/2021-3F, de su estadística. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisión del acto reclamado. En el caso particular, el acto que motivó el juicio de amparo es la omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, de continuar la secuela procesal, en la etapa de emplazamiento a la parte demandada, en el juicio laboral 651/2021-3F de su índice. Ahora, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje precisadas en párrafos que anteceden, se advierte que el once de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento a la parte demandada Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California al juicio laboral 651/2021-3F, de su estadística. Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, esa decisión hizo que cesaran los efectos de la abstención que constituía el acto reclamado; por lo que en el juicio ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violación reclamada, de manera tal como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como la pretensión de la parte quejosa quedó colmada cuando la autoridad responsable el once de marzo de dos mil veintidós, emplazó a la parte demandada Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California al juicio laboral 651/2021-3F, de su estadística y, por ende, es evidente que el juicio resulta improcedente pues ante la existencia de la determinación mencionada, resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no existe la causa que la parte peticionaria del amparo consideró violatoria de sus derechos humanos. Dicho en otras palabras, la parte quejosa ya obtuvo lo que el amparo podría otorgarle; esto es, la emisión de la resolución que la autoridad responsable había omitido pronunciar; por ende, dejó de ser necesaria la protección de la Justicia Federal. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso Jorge Luis Corella Miranda, mediante el cual desahoga al requerimiento efectuado el once de febrero del año en curso. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Jorge Luis Corella Miranda, contra el acto y autoridad señaladas en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del uno de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. En el entendido de que la audiencia constitucional se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese a las autoridades responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se les reclama una omisión, para el caso de que se trate de una negativa expresa, requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados, se le impondrá a quien incumpla una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá a quien incumpla en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; tomando en consideración que los Acuerdos Generales 12/2020, 21/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, presentan un esquema de trabajo que exhorta al uso de las herramientas tecnológicas al alcance de las instituciones públicas, así como de los justiciables para eficientar la labor jurisdiccional, permitiendo entre otros, la utilización de servicios interconectados, además de oficios generados electrónicamente o digitalizados con firma electrónica y remitidos por correo electrónico institucional, sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíen físicamente a este juzgado. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este juzgado, bajo apercibimiento que de no comunicarlo a este órgano jurisdiccional, se le impondrá a la omisa una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su respectivo informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por los mismos quejosos o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a quien incumpla una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se autoriza al secretario del juzgado firme los oficios derivados de este asunto. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 57/2022- III. Prevención. Ahora, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinar el escrito de demanda en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con
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