Jorge Luis Cerda Cabrera
Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1027/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Cerda Cabrera
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de septiembre del presente año e informa los datos de localización de Ma. Rosaura Loredo Loredo, Ex Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Cerro de San Pedro San Luis Potosí, a fin de que sea realizado el cobro de las multas impuestas a la misma. En consecuencia, gírese oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de San Luis Potosí "1", del Servicio de Administración Tributaria, para hacer de su conocimiento lo anterior, ello a fin de que este en aptitud de llevar a cabo lo relativo al cobro de la multa impuesta a dicha autoridad responsable, acompañándose al efecto copia autorizada del referido oficio y anexos relativos a la identificación de la citada ex funcionaria. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que presenta el Licenciado Rafael Sánchez Sifuentes, quien se ostenta como apoderado jurídico del directamente agraviado Jorge Luis Cerda Cabrera, personería que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con base en la copia autógrafa que acompaña; demanda a través de la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de actos realizados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y otra autoridad; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 1027/2021-III. Ahora bien, en el caso, se advierte que como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: a) El catorce de agosto de dos mil veinte, presentó demanda laboral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. b) El doce de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda respectiva. c) El diecisiete de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; reservando la autoridad señalada como responsable respecto de la admisión de pruebas, así como su desahogo. d) El veintisiete de agosto del presente año, la autoridad designada como responsable calificó las pruebas ofertadas por las partes y desechó algunas de ellas. Resolución esta última que constituye el acto que por esta vía se combate, en la medida en que la parte promovente del amparo, refiere que la autoridad designada como responsable fue omisa en proveer sobre la admisibilidad o no de diversos medios de prueba y desechó diversos medios de convicción ofertados por su parte. Pues bien, sentado lo anterior, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, como se ha dicho, el acto reclamado se hace consistir en la resolución por la cual se desecharon diversos medios de convicción y, a decir del promovente, no se proveyó respecto de diversos de ellos, por las autoridades señaladas como responsables, dentro del juicio laboral 7702/2020/2. Por tanto, se estima que la determinación reclamada no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la aquí parte promovente, en virtud de que son planteamientos meramente procesales que inciden en la correcta o incorrecta admisión y/o desechamiento de pruebas dentro del aludido asunto de origen. Cierto, pues la repercusión del acto impugnado, únicamente implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar al dictado del laudo correspondiente, en donde se apreciará la forma y grado en que se valoraron los citados medios de convicción; cuestión que, contrario a lo manifestado por el impetrante del amparo, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. En efecto, puesto que la consecuencia generada por el acto reclamado, en última instancia, se insiste, atañe a la correcta o incorrecta admisión y/o desechamiento de pruebas dentro del juicio natural; empero, no lo da por concluido, pues ello será propio del análisis del fondo de dicho asunto. En consecuencia, como ya quedó establecido que el acto reclamado estriba preponderantemente en violaciones al procedimiento, ello no afecta los derechos sustantivos del impetrante del amparo, consagrados por la Constitución; así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito el licenciado Rafael Sánchez Sifuentes, apoderado jurídico del directamente agraviado Jorge Luis Cerda Cabrera, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y otra autoridad; al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que señala para tal efecto.
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