Jorge Luis Carvallo Grajales
Expediente 1082/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Luis Carvallo Grajales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1082/2023-II, promovido por Jorge Luis Carvallo Grajales, contra actos de la 1. Secretaría de Energía con sede en Ciudad de México y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado (cuaderno físico y versión electrónica) y separado el incidente de suspensión. INFORMES PREVIOS. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, pídanse los informes previos que deberán rendir las autoridades responsables dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia autorizada de la demanda, escrito aclaratorio y anexos. Se les apercibe que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado. Además, las hace incurrir en una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente, impuesta en términos del artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del trece de diciembre dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, la cual se fija atendiendo a la carga de trabajo, la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado para tal efecto. Y la residencia foránea de algunas de las autoridades responsables. SUSPENSIÓN PROVISIONAL De los antecedentes del escrito de demanda y aclaratorio se advierte: - El veintitrés de enero del dos mil catorce la Comisión Reguladora de Energía otorgó el "Título de permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica de Veracruz" a la sociedad Anónima de Capital Variable "Gas Natural del Noroeste" en términos de la resolución número RES/017/2014 de la misma fecha. - El veintiuno de julio de dos mil veintitrés por comunicado del Director de Gobernación del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, informó a los vecinos de la calzada Juan Pablo II, que a partir del uno de agosto último, iniciarían trabajos de drenaje sanitario, red de agua potable, guarniciones y banquetas, pavimentación con concreto hidráulico y señalización. - Con el avance de las obras se percataron que la empresa señalada como tercera interesada inició la instalación de tubos de transporte de gas en las mismas perforaciones que se estaban realizando en los trabajos descritos en el inciso anterior. Esto sin una consulta previa a los vecinos y sin proporcionarles información clara y concisa sobre los trabajos del gasoducto. De acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se requiere la solicitud de la parte quejosa y que no se contravengan disposiciones de orden público, ni exista perjuicio al interés social. En relación con los conceptos de orden público e interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, en principio, esa función le corresponde al legislador al dictar una ley o emitir actos generales en ejercicio de sus funciones para atender necesidades de la población. El juzgador, deberá apreciar la existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo para calificar si encuadran o no en esos conceptos. Lo que revela se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Corrobora lo anterior la Jurisprudencia 8, visible en la página 44, Informes. Informe 1973, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805484), emitida por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la suspensión se decretará siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Debe tomarse en cuenta en términos del artículo 107, fracción X, Constitucional los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley Reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita, a efecto de determinar si se concede o niega la medida cautelar. Lo anterior, tomando en consideración que la colectividad también tiene interés en que no se cometan actos de arbitrariedad en contra de los gobernados. Por lo que debe analizarse cada caso en concreto y determinar cómo se estaría afectando a la colectividad de manera específica con la concesión de la medida cautelar solicitada y no basarse para su negativa únicamente en determinar que el acto tiene un carácter de orden público. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional. Lo pretendido por la parte quejosa es que las autoridades responsables suspendan lo que considera el promovente se trata de la instalación de un gasoducto en la Calzada Juan Pablo II en Boca del Río, Veracruz. No es factible proceder como lo pide. Porque el propio quejoso refiere se están ejecutando trabajos de drenaje, red de agua pluvial, guarniciones, banquetas y pavimentación, todo lo cual les fue informado. Obras evidentemente de interés social y que benefician a la población en general y a los vecinos en particular, con independencia de las afectaciones temporales que durante su desarrollo puedan ocasionarles. Dichos trabajos debe entenderse son en beneficio de la colectividad. Ordenar suspenderlos les privaría de un beneficio de interés social, que será el resultado de la ejecución de esas mejoras en el ordenamiento urbano, en pro de la calidad de vida de los habitantes de ese sitio. Considerando aquí que la paralización de dicha obra se seguiría perjuicio al interés social. Además en este momento no existen indicios de algún peligro inminente que atente en contra de la integridad del hoy accionante constitucional. Incluso si se estuviera efectuando la instalación de tubería o ciertos ductos a los que hace mención, se trataría de obras de ingeniería que no implican durante su desarrollo un peligro diverso al atinente a los trabajos de construcción. Sin que existan medios de convicción idóneos para acreditar que las autoridades responsables estén actuando al margen de la ley o reglamentos específicos. En conclusión, no es viable otorgar la suspensión para impedir a las autoridades continuar realizando la obra de construcción en la calzada Juan Pablo II de la que refiere ser vecino el aquí solicitante de amparo. Porque proceder de esa manera afectaría el interés social y orden público inherente a la realización de trabajo de mejoramiento urbano en beneficio de la colectividad. PRUEBAS. Como medios de convicción de la parte quejosa, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, las documentales que anexó a su ocurso constitucional y escritos aclaratorios, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. ASPECTOS PROCESALES. Respecto del domicilio, autorizada, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uso de medios electrónicos, expedición de copias, Unidad de Medida y Actualización, habilitación de días y horas inhábiles, así como utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo, resulta ocioso pronunciarse. En el auto de radicación se acordó al respecto. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito del quejoso Jorge Luis Carvallo Grajales. Cumple con la prevención de diez de noviembre del dos mil veintitrés. En consecuencia se provee: -ADMISIÓN- Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. INCIDENTE. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo. En el entendido que el original será de carácter físico y el duplicado en versión electrónica, en términos del dispositivo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado en el punto tercero de su similar publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con apoyo en el artículo 115 de la ley citada, se señalan las once horas con diez minutos del diecisiete de enero de dos mil veinticuatro para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. Se fija atendiendo la carga de trabajo en la agenda de audiencias de este Juzgado de Distrito. El plazo de quince días otorgado para rendir informe justificado en términos del dispositivo 117 de la ley reglamentaria. Asimismo el emplazamiento de las partes y la vista que debe mediar entre su recepción y el desahogo. La residencia foránea de algunas de las autoridades responsables. Considerando además el próximo periodo vacacional de invierno correspondiente a la segunda quincena de diciembre de conformidad con los artículos 140, 141 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el dispositivo 117 del citado cuerpo de leyes, se piden informes justificados a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlos dentro del plazo de quince días. Dichos informes tendrán que ser rendidos con estricto apego a lo establecido por los ordinales 117, párrafo quinto; 63, fracciones IV y V; 64; y, 75, todos de la Ley de Amparo, debiendo remitir a este juzgado: 1) Copia certificada, legible y en orden de todas y cada una de las constancias necesarias para apoyar su respectivo informe, ello de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del precepto de referencia. 2) Asimismo, deberá exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe en los términos indicados, sin existir causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el arábigo 260, fracción II de la Ley reglamentaria, se impondrá a la omisa multa de cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 238 del texto normativo mencionado. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, las documentales que acompañó con su demanda de amparo, así como las que exhibe con el escrito aclaratorio que se provee. Sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Se pide a las partes que en caso de cambio de situación jurídica o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, en términos del precepto 64 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato a este juzgado. Apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 251 de la ley citada. TERCERO INTERESADO. La parte quejosa señala a Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable. Resérvese su llamamiento al presente asunto, hasta en tanto obren los informes justificados y estar en aptitud de analizar si le reviste dicho carácter. ASPECTOS PROCESALES. Respecto del domicilio, autorizada, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uso de medios electrónicos, expedición de copias, habilitación de horas y días inhábiles, Unidad de Medida y Actualización, así como utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo, resulta ocioso pronunciarse. En auto de radicación, se acordó al respecto. NOTIFICACIONES AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese únicamente la radicación del presente juicio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante oficio que al efecto se libre, atendiendo al contexto en que se tramita el presente asunto. Dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, acompáñesele copia de la demanda. Conforme a lo solicitado mediante oficio 406/2023, habilítese acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "EPULIDOG". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a las personas que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. c) De lo anterior, deberá quedar constancia en autos que deberá imprimir la persona encargada. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante oficios que al efecto se giren, notifíquese la radicación del presente juicio a las responsables en los domicilios de sus oficinas principales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I del cuerpo de leyes invocado. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ******************** presentado a efecto de acatar la prevención efectuada en proveído de diecisiete de octubre del año en curso. Ahora, impuesto del escrito aclaratorio (con anexos) y de la certificación secretarial de cuenta se advierte: - El promovente exhibe trece reproducciones de su escrito aclaratorio. Sin embargo, ahora anexó instrumento público (con dos reproducciones) que no coinciden con las pruebas exhibidas con el ocurso constitucional. Y las referidas reproducciones, resultan insuficientes para correr traslado a las partes. Lo cual impide a este órgano de control constitucional admitir la demanda en los términos pretendidos por el solicitante de derechos humanos. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se determina no tener por cumplida la prevención formulada en el citado proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Se hace necesario requerir a la parte quejosa para que aclare debidamente la prevención realizada. Deberá indicar por qué agregó nueva documental además de las ya exhibidas y presentar en su caso catorce tantos de ésta para poder correr traslado e integrar los cuadernos principal e incidental. Hágase saber a la impetrante que por única ocasión se le otorga un plazo de cinco días, el cual comenzará a correr al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído para cumplir con lo antes descrito. Con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con la prevención de mérito, se hará efectivo el decretado en el sumario y tendrá por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta se advierte la notificación personal al directo quejoso ********************, del proveído de seis de los actuales, el cual manifestó: ".que sí es su firma, por tanto sí la ratifica". Sin embargo, resérvese acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto fenezca el plazo concedido en dicho auto, al estar parcialmente atendido lo ahí asentado. Notifíquese.
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