Jorge Luis Candia Aguilar y Otros.
Expediente 1211/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Luis Candia Aguilar y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contado a partir de la presente determinación, será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Subinspectora de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Chilpancingo de Los Bravo; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, de la autoridad oficiante, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Con fundamento en el artículo 119 del Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda firmado Jorge Luis Candía Aguilar, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza y otra autoridad. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1211/2023-D que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad de las personas juzgadoras para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontraren algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. Por su parte, lo indudable se traduce en que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la persona juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el peticionario del amparo aduce como tal lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, LLAMADA JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL, EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE MORELOS, LA MONTAÑA Y ZARAGOZA, reclamo la ilegal e inconstitucional retención que se está ejerciendo en mi agravio, en razón de que hasta la fecha que se suscribe la presente, existen constancias legales que ya rebasó el término legal de dos años, tiempo que se me fijo la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADO EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA FAMILIAR, en la audiencia inicial de formulación de imputación, y que actualmente me encuentro sujeto bajo dicha medida en el CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, con domicilio en calle Xochicalli S/N, del Poblado de Atlamajac, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. C.P 41304. 2.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLES EJECUTORA, le reclamo la ilegal e inconstitucional retención hacia mi persona ya que feneció el término legal que se me impuso en la medida cautelar de prisión preventiva, y que hasta en la fecha me tiene retenido, en dicho CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL." Así, tenemos que este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la obligación de la parte quejosa de agotar el principio de definitividad previo a ocurrir en vía de amparo a impugnar el acto que considera le causa perjuicio, es decir, previamente debió agotar el medio ordinario de defensa de revisión de medida cautelar previsto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los numerales en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Artículo 161. Revisión de la medida. - - - Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." De lo anterior se obtiene que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte solicitante previamente debe acudir ante el juez que conoce de su proceso para solicitar la revisión de la medida cautelar reclamada, para establecer en su caso si procede el cese o su prolongación, por lo al no haber agotado dicha instancia, el juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2024608: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. - - - Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. - - -Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable." Asimismo, la tesis aislada III.3o.P.17 P(11a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro digital 2026291: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. CONTRA SU PROLONGACIÓN POR MÁS DE DOS AÑOS DEBE AGOTARSE EL CONTROL JUDICIAL ORDINARIO EN AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Personas sujetas a prisión preventiva oficiosa por más de dos años, sin solicitar previamente al Juez de Control que conoce de su proceso la revisión de esa medida cautelar, para establecer su cese o prolongación por haber transcurrido su plazo máximo, promovieron juicio de amparo indirecto para que se les pusiera en inmediata libertad. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, por desatención al principio de definitividad. No obstante, los recurrentes en sus agravios alegan que dicha causal no se acredita, al actualizarse una excepción al indicado principio -la del inciso b) del referido precepto-, por reclamarse un acto que afecta su libertad personal. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, al exceder del plazo máximo de dos años establecido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es revisable ante el Juez del proceso en audiencia cuyo control debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en atención al principio de definitividas.-Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 315/2021, del que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), estableció que procede la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, una vez que transcurrió su plazo máximo, y para esos efectos se formulará petición al Juez de Control, quien resolverá en audiencia sobre esa prolongación de la medida cautelar y dicha decisión estará sujeta a un escrutinio estricto de justificación, a partir de los elementos relativos a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, donde de no justificarse esa prolongación, dará lugar a su cese y el debate sobre la imposición de otras medidas que lleven a la comparecencia del imputado al proceso, así como a proteger el desarrollo de la investigación, a la víctima y a los testigos. Así, dicho mecanismo de revisión puede estimarse como un medio ordinario de defensa al alcance de los imputados o acusados, por virtud del cual puede revocarse, modificarse o nulificarse el acto reclamado. Entonces, si bien la medida cautelar en comento es restrictiva de la libertad, la protección de ésta en el juicio constitucional no es absoluta y, por tanto, no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, al ser dictado el acto por una autoridad judicial, sobre el que procede un mecanismo procedimental que implica su revisión y puede tener los mismos efectos que se pretenden en el juicio de amparo. Por ello, debe agotarse ese medio de defensa ordinario, previamente a instar el juicio constitucional, en acatamiento al principio de definitividad que lo rige". En esas condiciones, al no observarse el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta se aprecia que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y solo para imponerse de los autos y recibir notificaciones a ********************y********************por no estar registrados en el aludido sistema. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. JUICIO EN LÍNEA. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
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