Jorge Luis Caguana Cali

Expediente 1089/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1089/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Caguana Cali

Actuaciones

  1. Principal

    En veinte de septiembre de dos mil veintidós, certifico: que, en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este Juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir los autos de treinta de agosto (Jorge Luis Caguana Cali y Franchesco David Papa Rojas), y dos de septiembre (Mayra Alejandra Pérez Alava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez), ambos del presente año, por los que se tuvieron por no presentada la demanda de amparo, respectivamente. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los promoventes recurrieran los proveídos de referencia, transcurrieron del dos al ocho, así como del siete al trece, todos del presente mes y año; Así como la circunstancia de que dichos quejosos no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Con la anterior certificación, se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. . Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que no se recurrió, en queja, los autos por los que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. De la certificación de cuenta se advierte que la promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    En dos de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al juez con el estado de autos y, CERTIFICA: que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se ordenó requerir a ******************** para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor, mismo que transcurrió de la siguiente manera: FECHA DE NOTIFICACIÓN COMENZÓ CONCLUYÓ Veintisiete de agosto de dos mil veintidós Treinta de agosto de dos mil veintidós Uno de septiembre de dos mil veintidós El suscrito Secretario precisa que hasta el día de hoy, no se ratificó la demanda presentada. Además, con lo precedente y con el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1089/2022, el suscrito Secretario doy cuenta al Juez. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a Mayra Alejandra Pérez Alava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para que ratifican la demanda de amparo promovida a su favor, feneció sin que hubiere dado cumplimiento a la ratificación de demanda. En razón de lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto antes indicado y con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo respecto a Mayra Alejandra Pérez Alava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas a las nueve horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, público en la lista que se fija en este órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy FE.

  3. Principal

    En treinta de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con una razón actuarial, así como con los oficios de registro 15958 y 15974. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de veintisiete de agosto del presente año, mediante el cual el Actuario Judicial hace del conocimiento que Jorge Luis Caguana Cali y Franchesco David Papa Rojas, no ratificaron la demanda de amparo, promovida a su favor por Evelyn Ayon Bustamante, en razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, respecto a Jorge Luis Caguana Cali y Franchesco David Papa Rojas. En relación a la ratificación de demanda de los quejosos Mayra Alejandra Pérez Alava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, se acordara lo conducente una vez que fenezca el plazo de tres días otorgado en auto de veintiséis de agosto del presente año. Finalmente, vistos los oficios suscritos por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, mediante los cuales, rinde informes en relación a la suspensión de plano, decretada a favor de los quejosos; agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, y téngasele informando lo anterior. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas a las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, público en la lista que se fija en este órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy FE.

  4. Principal

    CUENTA. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de Juzgado, da cuenta con: La demanda de amparo promovida por Evelyn Ayón Bustamante, a favor de Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, registrada con el folio 15933. Con la circunstancia de que Sandro Alberto García Lara, con numero de cedula profesional 5880110, Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz con numero de cedula 4717538, tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Francisco Javier Aquino Balderas cédula profesional 6652952, Kristian Desiderio Cantú Hernández y Fernando Sánchez Barragán. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Evelyn Ayón Bustamante, a favor de Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, contra actos del Director y/o Titular de la Estación Migratoria en Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 11, 14, 16, 17, 18, 22 y 33, constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1089/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señaló como actos reclamados y autoridad responsable los siguientes: Autoridad responsable ordenadora y ejecutora: - Director y/o Titular de la Estación Migratoria en Zacatecas. Actos reclamados: La posible deportación y retorno asistido, de los hoy quejosos. La ilegal detención por más de 36 horas límite máximo de temporalidad para los arrestos o sanciones de carácter administrativo, de lo que se infiere claramente que cualquier norma secundaria que se encuentre en contravención a la voluntad del constituyente, plasmada en el artículo 21 constitucional, deviene violatoria de dicha garantía y/o prerrogativa fundamental. La Incomunicación, no permitiendo que el representante legal, tener contacto con los quejosos a fin de llevar el procedimiento de manera legal, en términos del artículo 228 del reglamento de la ley de migración. La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración. La exposición del extranjero en un ambiente propicio a la exposición del virus COVID 19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria poniendo en riesgo su vida. De conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas), en relación con la comisión de un delito, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante. Asimismo CAPÍTULO RELATIVO A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO, LA POSIBLE DEPORTACIÓN Y RETORNO ASISTIDO, ASÍ COMO LA ILEGAL DETENCIÓN POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Respecto a la libertad de los quejosos y diversos actos ya precisados de acuerdo a lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la privación ilegal de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN A LOS QUEJOSOS PARA QUE CESEN LOS ACTOS DE DEPORTACIÓN Y RETORNO ASISTIDO, contenidos en el artículo 22 de la Constitución Federal, así como que sean puestos en libertad, no obstante, se decreta en favor de los directos quejosos Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberán permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. No ausentarse del mismo sin previa autorización de este Juzgado Federal. c) Deberán presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, los días que ésta les fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica de los quejosos. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. 2 Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar. PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE., reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si los quejosos no cumplen con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. ASPECTO RELATIVO A LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ESTAN SUJETOS LOS QUEJOSOS, QUE SE ADVIERTE DE LA LECTURA INTEGRAL REALIZADA A LA DEMANDA DE AMPARO. En relación con el citado acto, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que cese de inmediato el acto de incomunicación del que puedan ser objeto los directos quejosos Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez. Debiendo la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, hacer del conocimiento de los directos quejosos el derecho que tienen de comunicarse de inmediato con quien estimen conveniente, para lo cual deberá permitir que utilicen el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos, asimismo, para que se les permita ver a su abogado o persona de confianza. ASPECTO RELATIVO A LA NEGATIVA DE PERTMITIR A LOS HOY QUEJOSOS LLEVAR SU PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LIBERTAD. En consecuencia, considerando que no se tiene información sobre la aplicación de alguna de las medidas a que hace referencia el artículo 101 de la Ley de Migración, ni que la autoridad migratoria haya excedido los plazos que menciona el artículo 111 de la ley relativa, pues el promovente refiere que los quejosos fueron detenidos y que a la fecha actual han transcurrido las treinta y seis horas que tenía la autoridad para definir si alojaba temporalmente al mismo; por tanto, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que las autoridades migratorias tengan conocimiento de la presente medida cautelar, emitan un proveído de conformidad con lo establecido por el artículo 102 de la Ley de Migración a través del cual, con libertad de jurisdicción determinen si resulta procedente permitir a los quejosos llevar su proceso administrativo en libertad. Asimismo, en términos de los artículos 14, 70 y 109 de la Ley de Migración, se concede la suspensión de plano a los quejosos, para el efecto de que no les sea coartado su derecho a ser asistido o representado legalmente durante el procedimiento administrativo atinente; para que tenga derecho a ofrecer pruebas, alegar y tener acceso al expediente que en su caso se integre acorde al marco legal regulatorio; asimismo, para que las responsables informen al impetrante de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano que pudiera beneficiarlo. Se cita por aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 80/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, publicada en el mes de diciembre de dos mil siete, materia administrativa, del rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo. EN LO RELATIVO A LA EXPOSICIÓN DE LOS QUEJOSOS AL VIRUS COVID 19. Atendiendo que los promoventes refieren estar expuestos al virus COVID 19, por estar en hacinamiento, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable tome las medidas de salubridad relacionadas con el virus covid-19 para proteger a las personas que se encuentran en la instalación migratoria en que se encuentran los quejosos, y les proporcionen cubre bocas autorizados por la Secretaría de Salud y gel antibacterial, como medida adoptada internacionalmente para evitar el contagio y propagación del virus mencionado. En concreto, la responsable bajo su más estricta responsabilidad, deberán proveer lo necesario para salvaguardar el derecho a la integridad física del impetrante en el ámbito de su esfera competencial y obligacional, así como el derecho a la salud del quejoso, tomando las medidas necesarias para prevenir el contagio del virus SARS COVID-19. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, tomando en consideración que Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, se encuentran en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, y que la petición de amparo no la formuló directamente la parte agraviada y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina al Delegado de dicha institución migratoria, para que de suceder esto, permita al fedatario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con los quejosos, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de ellos, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Para tal virtud el actuario Judicial deberá constituirse y realizar lo siguiente: 1. Requiera a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, para que permita el libre acceso al fedatario judicial con el fin de que pueda entrevistarse con Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez. 2. Vocear o llamar a Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez. 3. Notificarles el presente auto. 4. Requerir los quejosos Jorge Luis Caguana Cali, Franchesco David Papa Rojas, Mayra Alejandra Pérez Álava y Alexis Mauricio Naranjo Pérez, para que dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre al parecer por Evelyn Ayón Bustamante. 5. Dar fe del estado físico en el que se encuentran los agraviados. 6. Apercibir a los directos impetrantes que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 7. Notificarle a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados, suspensión concedida para el efecto de que cesen los citados actos, debiendo acatar ésta orden las autoridades responsables. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables para que de inmediato se abstengan de ejecutar cualquiera de los actos mencionados en contra del directo quejoso. 8. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados a Sandro Alberto García Lara, con número de cedula profesional 5880110, Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz con número de cédula 4717538, en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Francisco Javier Aquino Balderas cédula profesional 6652952, Kristian Desiderio Cantú Hernández y Fernando Sánchez Barragán, por no reunir el requisito señalado. De igual forma, se le tiene proporcionando el número telefónico y correo electrónico, que señala en su escrito de demanda, para entablar comunicaciones que no tengan el carácter de procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese personalmente a los directos quejosos en el lugar en el que se encuentran detenidos y por oficio a la autoridad responsable.

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