Jorge Luis Bolaños Morales y Otros.

Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
240/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Bolaños Morales y Otros.
  • Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social
  • Jorge Luis Bolaños Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio de amparo, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; no obstante estar debidamente notificadas para ello. Por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que NO existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el numeral 17, fracción III, inciso a) del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que se negó el amparo de la Justicia Federal; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a su transferencia para la CONSERVACIÓN del presente expediente de amparo, en términos del primer párrafo del referido precepto 17 del Acuerdo General antes citado. Asimismo, devuélvase el tomo de prueba remitido por la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", ya que no existe trámite pendiente por acordar y por ende, carece de objeto su permanencia en este juzgado. Sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 240/2023 y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el trece de marzo de dos mil veintitrés, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y, en esa misma data por este órgano Jurisdiccional, Jesús Orlando Arriaga López, en representación de los directos quejosos Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz y Julio César Ríos Roque, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridades que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. El quejoso narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Mediante proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número 240/2023; y el dieciséis siguiente, ante la ratificación de la demanda por los directos agraviados se admitió a trámite; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 88); y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Expediente electrónico. En certificación previa, el Secretario Judicial encargado del trámite de este expediente hizo constar que verificó que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado y que coincide con el expediente impreso, en términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración u trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que los actos reclamados tendrían ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA": Los malos tratos, incomunicación y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deben presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado, máxime que en el caso al tratarse los actos reclamados de los malos tratos, incomunicación y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refirió la parte quejosa sufrió, dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz; las autoridades responsables tienen la obligación de acreditar su afirmación, por ello se considera que en términos generales es insuficiente que dichas responsables a quien se imputa dicha violación nieguen los hechos para tenerlos por no acreditados, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a éstas para demostrar su constitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. No obstante lo anterior, toda vez que la existencia o no de la tortura es justamente la materia del fondo del asunto, el análisis correspondiente se realizará más adelante. Sirve de apoyo, por igualdad de razón, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.". QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, y este órgano constitucional no advierte que se actualice alguna de oficio. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se le dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Análisis del acto reclamado. En relación al acto reclamado consistente en los malos tratos y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa afirma les han realizado autoridades responsables en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con motivo del traslado a diverso centro penitenciario. En ese sentido, debe dejarse asentado que los quejosos tienen reconocido a su favor el derecho fundamental de que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos como medios para lograr la reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, mismo que se encuentra protegido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXCII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." Por ello, es oportuno citar los artículos 1o. y 18 constitucionales, que establecen: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto (...)" Por su parte, el artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en sus artículos 7 y 10, que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), prevé en su artículo primero que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. También, cabe citar el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que establece: "5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas". De conformidad con los artículos transcritos, toda persona tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. Esto, puesto que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona, y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 37/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Décima Época, que señala: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada". Al respecto, importa precisar que en cuanto al tema de tortura, es pertinente invocar lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6724/2016, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el cual, si bien no constituye obligatoriedad, en lo que nos interesa, consideró: ( La tortura, constituye una categoría de especial relevancia en razón de su gravedad, ya que su actualización no sólo implica una vulneración al derecho humano de integridad personal, sino que también es empleada como medio para la obtención de pruebas que permitan someter a una persona a cualquier tipo de procedimiento, aunque en la mayoría de los casos se presenta en aquellos asuntos de naturaleza penal. ( Atento a lo anterior, las consecuencias y efectos de la tortura impactan en dos vertientes: a) como violación de derechos humanos en el debido proceso y, b) como delito. ( La presunta víctima de tortura, en múltiples ocasiones conlleva la afectación de otros derechos humanos, como la libertad o la defensa adecuada, entre otros. ( Que el núcleo objetivo y fin último de la prohibición de la tortura y otro tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, es la tutela de un derecho fundamental de mayor espectro: la integridad personal (física, psíquica y moral), derivado de la dignidad humana, ya que los derechos fundamentales son reconocidos a todas las personas por el simple hecho de serlo. ( En tales condiciones, la obligación de la autoridad que conozca del asunto de iniciar una investigación en casos de tortura, se actualiza ante la denuncia y/o existencia de indicios de ésta, ya sea en el contexto genérico de delito o cometida contra persona sujeta a cualquier tipo de procedimiento penal por atribuírsele que cometió un delito. ( Dicha obligación, recae tanto en autoridades administrativas (agentes de cuerpos de seguridad pública y el Ministerio Público) como en autoridades judiciales de primera y segunda instancia, que durante la tramitación de un proceso penal tengan conocimiento de una denuncia o adviertan la existencia de evidencia razonable o tengan razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura contra el inculpado, y también recae a los órganos de control constitucional, en el ámbito de sus competencias, al conocer de un juicio de amparo indirecto o directo cuando tengan información sobre la comisión de un hecho de tortura. Así entonces, cuando una autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente con la finalidad de procesar a las personas responsables derivado de la afectación a la integridad personal de la víctima. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXII/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Así como la diversa tesis CCVI/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 562, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma. En ese tenor, los órganos jurisdiccionales de amparo, en cumplimiento a sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos y garantías de los gobernados, se encuentran obligados a investigar dichas violaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la tortura; en ese sentido, el asunto debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el quejoso reclama, esencialmente malos tratos y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afirman les han realizado autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dentro de las instalaciones de dicho centro de reclusión, donde se encontraban recluidos, Al respecto, debe precisarse que los referidos actos son una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad. Ahora, de los informes rendidos por las autoridades responsables, como las pruebas recabadas por este órgano jurisdiccional, se considera no existe base razonable para tener por acreditados los actos de malos tratos y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los quejosos afirman le han realizado autoridades responsables, con motivo del traslado a diverso centro penitenciario; ello, únicamente por cuanto hace al presente juicio de amparo. Es así, porque de las documentales en copia certificada que anexó la autoridad responsable Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" a sus informes correspondientes que obran glosadas en autos (fojas 68 a 80, 106 a 132 y 139 a 149), así como las recibidas en auto de diecisiete de abril del año en curso (fojas 94 a 96), que obran en un tomo de pruebas por separado, y la certificación levantada por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, las que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Se desprende: 1. El memorándum número CFRS13/DG/DJ/2187/2023, suscrito por el Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación social Número Trece "CPS-OAXACA, dirigido al encargado de la dirección Técnica, Coordinador Médico y Encargado de la Dirección de Seguridad (foja 118), por el cual instruye a esta a que se abstengan de llevar a cabo en contra de los quejosos actos de tortura física y psicológica, malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, intimidación, así como de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. 2. Informes psicológicos practicados por el psicólogo penitenciario a los ahora quejosos Jorge Luis Bolaños Morales, Erick Alarcón y Julio Cesar Ríos Roque (fojas 140 a 148), en los que se asentó en lo conducente que: - Respecto de Jorge Luis Bolaños Morales: "Sujeto que al momento de la valoración se encontró con estado de ánimo eutimico, enfocando principalmente su discurso al tratamiento indicad por el psiquiatra, exponiendo relación negativa a uno de los medicamentos indicado por dicho especialista, no obstante, expone, hace uso de medios que le han permitido canalizar situaciones de ansiedad, recurriendo a actividades físicas y ocupacionales, así mismo aludió contar con redes de apoyo que coadyuvan a su estabilidad." En relación con el diverso quejoso Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz: "(.) se informa que a la citada persona se le proporcionó valoración psicológica el día 13 de abril de la presente anualidad, encontrándose lucido a nivel conciencia orientado adecuadamente en las esferas cognitivas de tiempo, persona, espacio y circunstancia; observándose anímicamente estable." Por lo que hace al quejoso Julio Cesar Ríos Roque: "Sujeto quien se identificó verbalmente como Ríos Roque Julio Cesar, quien refirió ser originario de Veracruz, a quien se percibió en estado de ánimo eutímico, afecto normal". Finalmente por lo que hace al quejoso Julián Morales Aguilar, indicó que dado que este se encontraba en egreso temporal, impidió remitir la valoración psicológica solicitada, no obstante ello, remitió copia de la lista de asistencia psicológica individual del quejoso en mención. 3. Expedientes clínicos de los quejosos Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz y Julio Cesar Ríos Roque, recibidos en auto de diecisiete de abril del año en curso -un tomo de pruebas por separado-. 4. Certificación de la integridad física de los agraviados Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz y Julio Cesar Ríos Roque, de catorce de marzo del año en curso, suscrita por la actuaria Judicial del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca (foja 20), de la que se advierte: "(.) procedo a certificar la integridad física de los quejosos Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y Julio Cesar Ríos Roque, por lo que la suscrita da fe del estado físico del quejoso (sic) que tengo a la vista, a simple vista se ve en buen estado físico, sin que presenten huellas de coacciones físicas en su cuerpo, que se puedan ver a simple vista de alguna lesión o maltrato físico, lo que doy fe para los efectos legales a que haya lugar, manifestándome los referidos quejosos que su maltrato es por encontrarse en una celda en donde les dejan prendidas las luces las 24 horas del día y no pueden dormir, debido a que se encontraban castigados por haber participado en una riña en el módulo en el que se encontraban (.). En ese orden de ideas, de las constancias de las que se allegó este órgano jurisdiccional no se desprende la existencia de los actos reclamados por dichos quejosos a las autoridades responsables; es decir, que estas hayan dictado u ordenado y en su caso, ejecutado, los actos consistentes en malos tratos y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que refiere el peticionario. Máxime, que en la demanda de amparo hacen referencia a dichos actos, ante el temor de sus familiares, respecto a las condiciones en las cuales éste se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA" a consecuencia de un aparente traslado de los directos quejosos a diverso centro penitenciario, y a partir de ello, generaron su temor de posibles malos tratos y cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, toda vez que de las pruebas que obran en los presentes autos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las recabadas por este órgano jurisdiccional, en este momento, no se advierte exista base razonable para tener por acreditados los actos reclamados, ello, únicamente por lo que hace al presente juicio de amparo; pues lo único que se tiene es el dicho, no corroborado, de los quejosos en ese sentido; en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones la tesis XXII.P.A.70 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1049, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Cuando las autoridades responsables en su informe justificado niegan la existencia del acto reclamado consistente en la tortura psicológica, no corresponde al quejoso interno en un centro penitenciario desvirtuar la negativa, sino que es a aquéllas a quienes incumbe acreditar su inexistencia. Lo anterior es así, porque se asume que la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el quejoso no probó plenamente su denuncia para descartarla. Por lo anterior, es desacertado que el Juez en la sentencia recurrida hubiera sostenido genéricamente que, por el hecho de que las responsables negaron el acto de tortura y el quejoso no desvirtuara esa negativa, procedía sobreseer en el juicio, en tanto que el resolutor debió hacer una distinción entre los actos reclamados a efecto de establecer correctamente las cargas probatorias, pues tratándose de la tortura psicológica alegada, correspondía a las responsables demostrar la inexistencia de ese acto. Máxime que la tortura puede ser utilizada en personas privadas de su libertad en los centros de reclusión como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros, y podría resultar extremadamente complejo para una persona en esas circunstancias evidenciar la existencia de los actos de tortura alegados. En este sentido, en relación con la tortura psicológica reclamada, el juzgador está obligado a revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tenerla por acreditada, lo que implica pronunciarse en cuanto al fondo de la cuestión planteada. Ahora, por lo que hace al diverso acto consistente en incomunicación, también debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por los quejosos, por las siguientes consideraciones. La incomunicación debe entenderse como la prohibición absoluta de las autoridades para que una persona se comunique con terceras personas. Lo que en el particular no aconteció. Esto porque acorde a las constancias que remitieron las responsables se desprende que los impetrantes de amparo tuvieron comunicación con terceras personas, además, han participado en diversas actividades dentro del citado centro de reclusión, como se advierte a continuación: 1. Bitácoras de llamadas relativas a los quejosos (fojas 106 a 117), de la cual se desprende: Respecto del quejoso Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz, realizó diversas llamadas telefónicas, entre las que destacan: Fecha Tipo Teléfono contacto Realizó llamada 2023-04-28 ordinaria 0459241329102 Mireya del Carmen Alarcón Muaoz si 2023-04-20 ordinaria 0459511194365 David Alarcón Rodriguez si 2023-04-12 ordinaria 0459241329102 Mireya del Carmen Alarcón Muaoz si 2023-04-04 ordinaria 0459511194365 David Alarcón Rodriguez si 2023-03-27 ordinaria 0459241329102 Yadira Alarcón si 2023-03-19 ordinaria 0459511194365 David Alarcón Rodriguez si 2023-03-11 ordinaria 0459241329102 Mireya del Carmen Alarcón Muaoz si 2023-03-11 extraordinaria 0454531097424 María Ignacia Alarcón Higuera si 2023-03-03 ordinaria 0459241329102 Mireya del Carmen Alarcón Muaoz si En relación al diverso quejoso Julio Cesar Ríos Roque, se advierte practicó diversas llamadas telefónicas, a saber: Fecha Tipo Teléfono contacto Realizó llamada 2023-05-01 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-04-23 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-04-15 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-04-07 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-03-30 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-03-22 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-03-19 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si 2023-03-03 ordinaria 0452297796850 Amparo Roque Escobar si El quejoso Jorge Luis Bolaños Morales efectuó las llamadas telefónicas que a continuación se detalla: Fecha Tipo Teléfono contacto Realizó llamada 2023-05-01 ordinaria 018343101131 Antonia Morales Salazar si 2023-04-23 ordinaria 0458689046276 María del Rosario Aguillón de la Paz si 2023-04-15 ordinaria 018343101131 Imelda bolaños Morales si 2023-04-07 ordinaria 0458681010480 Mauricio Bolaños Morales si 2023-03-30 ordinaria 018343101131 Antonia Morales Salazar si 2023-03-22 ordinaria 5626368092 Magdalena Servín Segura si 2023-03-19 ordinaria 0458681010480 Mauricio Bolaños Morales si 2023-03-03 ordinaria 018343101131 Antonia Morales Salazar si Por lo que respecta al quejoso Julián Morales Aguilar realizo, en lo que interesa, las llamadas telefónicas que a continuación se precisan: Fecha Tipo Teléfono contacto Realizó llamada 2023-04-12 ordinaria 0457571377251 María Guadalupe Rodriguez Verdis si 2023-04-04 ordinaria 0013475461294 Pedro Calleja Alvarado si 2023-03-27 ordinaria 0013475461294 Pedro Calleja Alvarado si 2023-03-19 ordinaria 0013475461294 Pedro Calleja Alvarado si 2023-02-20 ordinaria 0457571097970 Dolores Verdiz Guzmán si 2023-02-12 ordinaria 0457571377251 María Guadalupe Rodriguez Verdis si 2023-01-27 ordinaria 0457571377251 María Guadalupe Rodriguez Verdis si 2023-01-19 ordinaria 0457571377251 María Guadalupe Rodriguez Verdis si 2. Formatos de registro de asistencia y participación de la persona privada de la libertad, correspondientes a los aquí quejosos, de las que se desprenden: En relación al quejoso Jorge Luis Bolaños Morales, se advierte, en lo que interesa que el siete de febrero y cuatro de abril del año en curso, participó en las actividades de futbol y basquetbol respectivamente (foja 121), así como en las salas de lectura: la pintura como medio de comunicación visual; los valores; el cuanto, la leyenda y la fábula; avances científicos del siglo XX, los días veintisiete y treinta y uno de marzo, tres y cuatro de abril del año en curso (foja 122), asimismo, en las actividades Los orígenes de México; N.G. el fin de las chinampas; Relatos e historias Cuba; Camada maldita, los días veintidós de enero, veintidós de febrero, diez y dieciséis de marzo del año en curso (foja 123). Respecto del quejoso Julián Morales Aguilar, se advierte, en lo que interesa que el siete de febrero y veintidós de marzo del año en curso, participó en las actividades de futbol y basquetbol respectivamente (foja 124), Escuadrón suicida 2 y Zumba, el veinticuatro y treinta de marzo del año en curso, respectivamente (foja 124 vuelta), asimismo, en las actividades Fast mag Lewis toma el mando, Vogue Pareja Ideal, Grazia Acapulco, los días diez y dieciséis de marzo, y tres de abril de dos mil veintitrés, respectivamente (foja 125). En relación al quejoso Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz, se desprende, en lo que interesa, el veintidós de febrero, diez y dieciséis de marzo, así como el tres de abril del año en curso, asistió a las actividades de N.G. ¿Hay vida en Saturno?, Robo report Experiencias alucinantes, Reyes del asfalto, Los mejores antivenenos del mundo son Mexicanos, respectivamente (foja 126), asimismo, en las actividades fútbol y basquetbol los días siete de febrero y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente (foja 127), así como en las diversas actividades Escuadrón suicida 2 y Zumba, el cuatro y treinta de marzo del año en curso (foja 127 vuelta). Por lo que hace al quejoso Julio Cesar Ríos Roque, se advierte, en lo que interesa que el siete de febrero y catorce de abril del año en curso, participó en las actividades de fútbol y basquetbol respectivamente (foja 128), así como Zumba el cinco de abril pasado (foja 128 vuelta), así como en las salas de lectura: la pintura como medio de comunicación visual; los valores; el cuento, la leyenda y la fábula; avances científicos del siglo XX, los días veintisiete y treinta y uno de marzo, tres y cuatro de abril del año en curso (foja 129), asimismo, en las actividades Muerte en el bosque, M.I. Historia secreta de México, Historia Sarah Jessica, los días veintidós de febrero, diez y dieciséis de marzo del año en curso (foja 130). Entonces, se colige que en el presente caso los quejosos Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz y Julio César Ríos Roque, no se encontraban incomunicados dentro del centro en el que guardan reclusión. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, sin que se hubiere advertido queja que suplir. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que derivan de la presente resolución. Por lo antes expuesto y fundado se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Luis Bolaños Morales, Julián Morales Aguilar, Erick Alarcón y/o Erick Alarcón Muñoz y Julio César Ríos Roque, respecto de los actos reclamados precisados en el considerado SEGUNDO, por los motivos expuestos en el ÚLTIMO CONSIDERANDO. Notifíquese, personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, con el que devuelve diligenciado la comunicación oficial 292/2023 de su índice, formado con motivo del diverso exhorto 54/2023 orden 158/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en mención y háganse la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, de autos se desprende que en proveído de veintiséis de junio del año en curso (foja 184) se ordenó reservar lo conducente respecto a tres razones actuariales; sin embargo en proveído de seis de junio del año en curso se proveyó al respecto de dicha razón actuarial (foja 163). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Roberto Carlos Ramos Aguilar, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, de acuerdo con el oficio CCJ/ST/4167/2023, de diez de julio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido por Medardo Gordillo Vargas, secretario de juzgado que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de nueve de junio del año en curso (foja 172 y 173), se giró exhorto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, correspondiendo conocer del mismo, por razón de turno al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordeno a quién corresponda, notifique personalmente al aquí quejoso ********************, en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Así mismo por auto de veintiséis de julio de la presente data se solicitó nuevamente al órgano exhortado en mención tuviera a bien devolver debidamente diligenciada la comunicación en cita, sin que a la fecha haya sido devuelto Ahora bien, solicítese atentamente al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, tenga a bien devolver debidamente diligenciado el exhorto origen 54/2023 número de orden 158/2023, del índice de este Juzgado Federal, o bien manifieste el impedimento legal que tuviere para ello. En tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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