Jorge Luis Bielma Perez

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Bielma Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a 08/05/24 11:01:11 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a 08/05/24 11:01:11 3 condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE INCIDENTE Respecto del cuaderno incidental, se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 171, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA 1 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuestos: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.10.8a 08/05/24 11:01:11 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En otro orden de ideas, toda vez que la Sala y Juzgado responsables, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitieron tomos de copias certificadas del toca civil 121-A-1P02/2022-JA, así como del expediente 199/2021 de su índice; atento a ello mediante oficio que al respecto se gire, devuélvanse las mismas. Solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/JVA/AAPM

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las once horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 377/2023, promovido por Jorge Luis Bielma Pérez, ante la presencia de Mario Francisco García Cancino, Secretario encargado del despacho por vacaciones de la titular, ante Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. A continuación, la Secretaria de cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: NO.CONSTANCIAS FOJAS 1Demanda de amparo.12-29 2Auto admisorio30-36 3Emplazamiento a las autoridades responsables. 37 4Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación37 5Emplazamiento al Fiscal del Ministerio Público Investigador 01, anteriormente 13 adscrito al Área de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 40-41 6 Emplazamiento al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 63 7 Emplazamiento al Ayuntamiento Municipal de Suchiate, Chiapas 83 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe con justificación: NO AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Juzgado de Control, Región 02 de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua Cierto 38-39 2 Tribunal de Alzada en Materia Penal, Región 02, con sede en esta ciudad Cierto 71-72 Al respecto el Secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: La secretaria hace constar que, la autoridad responsable ofreció los siguientes medios de convicción: NO PARTE PRUEBAS FOJA 1 Autoridad responsable Juzgado de Control, Región 02 de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua Documentales Cuaderno por separado 2 Autoridad responsable Tribunal de Alzada en Materia Penal, Región 02, con sede en esta ciudad Documentales Cuaderno por separado 3 Tercero Interesado Fiscal del Ministerio Público Investigador 01, anteriormente 13 adscrito al Área de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Documentales 42-61 Al respecto el Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El secretario encargado acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Posteriormente, ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, sin promoción pendiente de acuerdo, se pasan los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 377/2023. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad de la que correspondió conocer por razón de turno, a este juzgado Jorge Luis Bielma Pérez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el expediente 377/2023, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 publicados el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de ejecución en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Alzada en Materia Penal, Región 02 del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, mediante la cual se confirma el auto de apertura a juicio de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con sede en esta ciudad, en la carpeta administrativa penal 199/2021 de su índice, en el que se excluyeron los medios de prueba que refiere el quejoso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control, Región 02 de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, el Tribunal de Alzada en Materia Penal Región 02, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Además, porque su existencia aparece demostrada con la copia fotostática certificada de las diversas actuaciones que integran la causa penal 199/2021 y toca penal 121-A/IP02/2022 (cuadernos de pruebas), mismas que acompañó la autoridad judicial responsables como justificación de su informe, y que hace prueba plena por tratarse de una documental pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo , por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Ahora bien, el Secretario encargado del despacho advierte que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V de la Ley de Amparo, por lo tanto el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) En esas condiciones, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, que establece: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, en virtud de que el acto reclamado lo hace consistir en la resolución de diez de febrero de dos mil veintitrés dictada por el Tribunal de Alzada en Materia Penal, Región 02 del Tribunal Superior del Estado de Chiapas, mediante la cual se confirma el auto de apertura a juicio de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, pronunciado por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Dos de los Distritos Judiciales de Tapachula y Acapetahua, con sede en esta ciudad, en la carpeta administrativa penal 199/2021 de su índice, en el que se excluyeron los medios de prueba ofrecidos por el quejoso consistentes en la pericial contable a cargo del contador público Fredy Ortega González, así como las solventaciones de la auditoria 060/2018 correspondiente al ejercicio 2017, respecto de las observaciones R09-OBS001, R17-OBS001, R19-OSB001 y R21-OS002, actos que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso. Encuentra sustento la anterior determinación, en la tesis PC.XVII. J/34 P, sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, visible en la página dos mil ciento catorce, Tomo II, mayo de mil veintiuno, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en relación con el artículo 107, fracción V, de la citada ley, puesto que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la aludida causa de improcedencia que se actualiza, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Jorge Luis Bielma Pérez, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, en el lapso comprendido del uno al quince de julio del año en curso, por vacaciones de la Jueza de Distrito, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley en cita; determinado en sesión celebrada el doce de junio del año en curso, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3269/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México, asistido deAlma Delia García Gutiérrez secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de junio de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a la parte tercera interesada en auto de doce de junio del año en curso, en el cual se dio vista con los informes justificados emitidos por las autoridades responsables, mismos que obran el presente sumario. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tal virtud, para dar oportunidad a las potestades responsables, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las once horas con treinta minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo ese acto procesal. 18/03/24 12:34:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 2 El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.

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