Jorge Luis Becerra Ramírez

Expediente 1121/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1121/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luis Becerra Ramírez

Actuaciones

  1. Incidental

    Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense los informes previos rendidos por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil; y Coordinador de Actuarios para los Juzgados de Primera Instancia Civiles, Familiares, Especializados en Oralidad Mercantil y Especializados en Materia Laboral, todos con residencia en esta ciudad, en los que, el primero, reconoce parcialmente ciertos los actos reclamados y, los restantes, niegan su existencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, con esos informes dese cuenta y hágase relación en la audiencia incidental. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el contenido que refiere la certificación de cuenta se desprende que en veintiuno de los actuales se decretó la acumulación de plano, entre otros, del presente sumario al juicio de amparo 1100/2022 del índice de este Órgano Jurisdiccional; en tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en este expediente para las diez horas con dieciséis minutos de diecisiete de noviembre próximo. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Parte quejosa. Jorge Luis Becerra Ramírez. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese y emplácese al tercero interesado Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex.

  4. Incidental

    Culiacán, Sinaloa, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. I. Trámite Incidente. Como está ordenado en proveído de la propia fecha y con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, fórmese por separado y duplicado el presente incidente de suspensión. II. Habilitación de días y horas. De conformidad con el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente incidente. III. Audiencia incidental. Se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia incidental. [...] V. Negativa de la medida. La parte quejosa reclama como parte demanda en el juicio de origen la orden de lanzamiento, desalojo o desposesión del inmueble ubicado en Circuito Jardines número 2413 interior 38 Los Patios, de esta ciudad, esto en etapa de ejecución de sentencia dictada en el expediente ****del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil. Establecido lo anterior, es menester destacar los requisitos legales previstos en el numeral 128 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, los cuales son los siguientes: l) Que la solicite el quejoso; y ll) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pues bien, el primero de los requisitos consiste en que la solicitud de la providencia de la suspensión sea formulada por la parte a quien perjudica el acto de autoridad e irrumpe en su esfera jurídica. Por su parte, el requisito impuesto en la fracción II del arábigo 128 de la ley en comento, así como lo establecido por nuestro Máximo Tribunal, precisa que debe realizarse también un estudio simultáneo de la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado. En este contexto, se precisa que, para conceder la medida cautelar, la parte promovente debe acreditar el interés suspensional. En efecto, el interés suspensional consiste en el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. En ese orden de ideas, al proveer sobre la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, debe analizarse el perjuicio que pudiera ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la parte quejosa, por lo que se debe realizar un estudio la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, porque no es posible considerar si un acto puede tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Atento a lo anterior, se niega la suspensión provisional, ya que si bien se trata de actos positivos que por su naturaleza admiten suspensión, la parte promovente no acreditó, ni aun de manera indiciaria, interés suspensional que le permita impugnar el acto reclamado, ya que no allegó documento alguno con que acreditara que posee o tiene en propiedad el bien inmueble que en esta oportunidad procesal pretende defender. Tal circunstancia cobra relevancia, pues no existen bases para determinar que se actualiza la apariencia del buen derecho en la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; de ahí que se reitere que debe negarse la medida cautelar solicitada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. VI. Domicilio, autorizados y uso de instrumentos electrónicos. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que se señalan en la demanda de amparo, virtud que cuentan con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Igualmente, se autoriza el uso de los medios electrónicos propuestos para imponerse de acuerdos y resoluciones que se pronuncien en el presente expediente, cuando sean allegados a este tribunal para la realización de la reproducción solicitada, en el entendido de que únicamente podrá realizarse bajo la supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. [...] Notifíquese.

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