Jorge Luis Ayala Tarín
Expediente 656/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Luis Ayala Tarín
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Visto el estado de autos, en fecha diez de octubre la junta responsable remitió constancias, por las que informa sobre el cumplimiento dado al presente Juicio de Amparo, con lo cual se omite pedir el cumplimiento y, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con su contenido, para que dentro del plazo de 3 días contado a partir de su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio y anexo remitido por la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, agréguese a los autos y una vez que cause ejecutoria el presente Amparo se acordara lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 656/2023-I-B, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el treinta de junio de dos mil veintitrés y turnado a este juzgado ese mismo día, ********************, formuló juicio de amparo, contra el acto de la autoridad, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, a quien le reclamó la omisión de dictar la resolución incidental dentro del expediente laboral 85/2013, de su índice, en términos de los artículos 761 y 763 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Por auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 656/2023-I-B; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto omisivo atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La omisión de dictar la resolución incidental dentro del expediente laboral 85/2013, de su índice, en términos de los artículos 761 y 763 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí quejoso, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Tercero. La autoridad responsable, Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar la resolución incidental en el juicio laboral 85/2013, de su índice, desde el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, lo cual acreditó con una copia certificada de dicha determinación; pero que, sin embargo, dado el cúmulo de trabajo y la falta de personal con que cuenta, no había sido posible emitir la resolución interlocutoria correspondiente. Cuarto. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de los actos que son motivo de este reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este caso no se advierte una causal de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, por lo cual lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la presente vía. Quinto. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, resultan fundados y suficientes, para concederle la protección constitucional, por lo siguiente: Al analizar cabalmente la demanda, se desprende que la parte quejosa se duele de la dilación en la substanciación del proceso laboral, derecho fundamental tutelado por el diverso numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, se hará partiendo de este numeral; lo anterior con apoyo en el artículo 76 de la Ley de Amparo. La parte quejosa se duele que la Junta responsable ha sido omisa en emitir la resolución incidental en el juicio natural, pese a que ha transcurrido excesivamente el término legal, esto es, desde el veintidós de noviembre de dos mil veintidós a la fecha, puesto que en ese proveído, se declaró que no existían pruebas pendientes de desahogar, por lo que se dejaron los autos en estado para emitirse la interlocutoria de liquidación correspondiente. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política, que señala: "Artículo 17.-.Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Por otra parte, los artículos 761 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que se señalará día y hora, para la celebración de la audiencia incidental para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose con el procedimiento. De los numerales transcritos, se evidencia que efectivamente resulta vulnerado el derecho de acceso a la impartición de justicia, en los plazos y términos que la ley establece, en perjuicio del aquí quejoso ********************, pues han transcurrido más de once meses de que se declaró que no existían pruebas por desahogar, dejando el incidente en estado para emitirse la interlocutoria de liquidación correspondiente, desde el veintidós de noviembre de dos mil veintidós a la fecha, sin que hasta la presente fecha se haya dictado la interlocutoria de liquidación en el juicio natural. En consecuencia, lo procedente es otorgar a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, para los siguientes efectos: Para que la interlocutoria de liquidación correspondiente dentro del juicio laboral 85/2013, sea dictada de conformidad con los plazos que para ello establece la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 2ª C.V/2013 (10ª), de la Décima Época, con número de Registro 2005150, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, visible a página 732, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R e s u e l v e: Único. Para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra actos de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, precisados en el considerando segundo de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad, Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene por recibida la documental que la autoridad exhibe en calidad de medio probatorio para sostener lo dicho en su informe, la cual, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que se indican; y, como domicilio procesal el señalado para tal efecto. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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