Jorge Luis Arredondo Sanchéz

Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
510/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Arredondo Sanchéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En el entendido que únicamente se tomó en consideración el plazo de la parte quejosa por ser la única legitimada para recurrir la resolución señalada, pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, por lo que sólo están legitimadas a recurrir las determinaciones que les son adversas, lo que en la especie no aconteció ya que en este asunto se determinó sobreseer en el juicio de amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales., publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Cuaderno principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, ... hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. ...

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin mayor proveído el oficio que remite la autoridad responsable Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, toda vez que el pasado uno de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amaro.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Se hace efectivo percibimiento. Vista la constancia de notificación de once de julio del año en curso, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que informara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló en la demanda de amparo como: "Comandante de la Seguridad Interior del Centro de Reinserción Social denominado La Mesa" con residencia en esta ciudad"; sin que lo hubiera hecho, no obstante de estar debidamente notificada para ello; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de cinco de julio del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por inexistente a dicha autoridad, para los efectos del presente juicio de amparo. Análisis de constancias. Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejoso. Jorge Luis Arredondo Sánchez (SÍ RATIFICÓ); Autoridades responsables. Sub-Secretario del Sistema Estatal Penitenciario, con domicilio en Mexicali. Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana denominado "La Mesa", con domicilio en esta ciudad. Comandante de la Seguridad Interior del Centro de Reinserción Social Denominado "La Mesa", con domicilio en esta ciudad. Acto(s) reclamado(s). La incomunicación y presunción de probables actos de tortura o tormento; tortura equiparada, tratos crueles e inhumanos, vejatorios y de lesa humanidad del quejoso Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, visto el informe rendido por la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana denominado "La Mesa", con domicilio en esta ciudad, se advierte que además de negar el acto reclamado, manifiesta que el aquí quejoso ********************fue trasladado su homólogo en el Hongo, el pasado diecinueve de junio de dos mil veintitrés. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si el quejoso en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la incomunicación y presunción de probables actos de tortura, a la autoridad responsables, y del oficio que envía de informe justificado remitio la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana denominado "La Mesa", con domicilio en esta ciudad, se desprende que el referido quejoso ya no se encuentra en las instalaciones del centro penitenciario responsable; debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dicha persona -quejosos- fue trasladado al centro penitenciario "El Hongo" en Tecate, Baja California. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto al quejoso ********************de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que el directo quejoso ********************fue trasladado al Centro Penitenciario "El Hongo" en Tecate, Baja California, notifíquese personalmente el presente proveído en el mencionado centro. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese; y personalmente al quejoso ********************en el Centro Penitenciario "El Hongo" en Tecate, Baja California.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio del Director del Centro Penitenciario Tijuana; en atención al contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas la documental que anexa, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.

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