Jorge Luis Argaez Ruz

Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
939/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Argaez Ruz
  • Jefa de Servicios de Asignacion de Derechos de la Subdireccion de Pensiones de la Direccion Normativa de Prestaciones Economicas, Sociales Y Culturales del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual solicita se habilite el expediente electrónico del presente asunto, a fin de estar en condiciones de consultar las actuaciones que lo integran; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos tomando conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que realice los ajustes necesarios para que haga disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto que el citado juzgado, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad de las constancias que integran el expediente digital relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido en exceso el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de uno de febrero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, en consecuencia, se tiene por consentido y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal del presente asunto, y la certificación que antecede y toda vez que ha trascurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Atento a lo Anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas a indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo en vigor a partir del dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la Ley que nos ocupa, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenara notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "[.] se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que los Magistrados Integrantes de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dejen insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en los autos del juicio contencioso 4178/20-17-09-2, y con libertad de jurisdicción emitan otra atendiendo a las consideraciones expuestas, con lo que quedará cumplida la presente sentencia." En ese orden de ideas, y con el fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a los MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA NOVENA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, para que en el término de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite ante este juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en el párrafo precedente. Apercibida la autoridad requerida, que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a cada una de las personas físicas que ostenten el cargo precisado, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la ley de amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su cargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

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