Jorge Luis Antonio Castillo

Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
26/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Antonio Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al juicio de amparo 281/2021, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo de la ejecutoria que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, dictada el pasado diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 380/2021, de los autos originales del juicio de amparo indirecto 281/2021 y dos tomos de pruebas; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria referida se advierte que el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida negando el amparo y protección de la Justicia Federal y declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Secretario de la Defensa Nacional; al efecto se provee: En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que fue confirmada por el tribunal de alzada; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.1. y 7.1.1." 1. relativo al tratamiento de los expedientes depurables del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, la resolución de alzada y este proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado. En otro aspecto, por lo que hace al cuaderno de pruebas exhibido por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, documentos considerados originales, con fundamento en lo dispuesto en el punto décimo primero, último párrafo del acuerdo de que se trata, notifíquese personalmente a la parte quejosa este auto para que acuda a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en días y horas hábiles, con identificación oficial, dentro de un plazo de noventa días, a recogerlos apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, en su oportunidad, los mismos podrán ser destruidos con las constancias relativas de este expediente, al momento de proceder a su depuración. NOTIFÍQUESE, y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En otro aspecto, se ordena a la analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico en que se actúa a efecto de que sea vinculado con el recurso de revisión 380/2021 del control del colegiado oficiante. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el ocurso de cuenta, por medio del cual, el licenciado Noel Carmona Rosales, autorizado del quejoso Jorge Luis Antonio Castillo, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, téngase a la parte quejosa interponiendo el medio de impugnación que hace valer, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las demás partes copia del escrito mediante el cual se interpone el medio de impugnación señalado y dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre el expediente remítase el original del escrito de expresión de agravios, una copia y este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 281/2021, promovido por ***, en contra de los actos que reclama al General Secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades. ANTECEDENTES Según lo manifestado por el quejoso, el cinco de noviembre de dos mil cuatro, causó alta en la Secretaría de la Defensa Nacional, con la matrícula C-8501305, por el término de tres años, cuando gozaba de plena salud. Durante la vigencia de dicho contrato, el quejoso sufrió diversos padecimientos permanentes e irreversibles en su salud, pues debido a diversos accidentes en el desempeño de sus funciones, fue diagnosticado con: a) síndrome del manguito rotador izquierdo/sx de roce de la banda iliotibial derecha crónica agudizada/lumbalgia pos-traumática; b) afección radicular subaguda a nivel de 14-15 de lado derecho con datos de degeneración axonal leve, irritación radicular motora s1 derecho, afección radicular sensorial a nivel de s1 bilateral; c) Trastornos funcionales de menos 20% para el servicio de las armas por presentar hombro doloroso izquierdo y lumbalgia crónica. d) Discopatía L3-L4 con abombamiento difuso del anillo fibroso sin compromiso radicular ni neuroforaminal, sinovitis facetaria bilateral, y discopatía L4-L5 con abombamiento difuso de anillo fibroso y contacto radicular bilateral, sinovitis facetaria bilateral. Que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, contestó el oficio SA-B154-1024, que se le notificó el seis de enero de esa anualidad, en el que se le hizo del conocimiento que se inició procedimiento para su baja, sin que hasta la fecha se le notificara resolución alguna. Que el trece de enero de dos mil veinte, el quejoso contestó el oficio SA-B154-404, en el que nuevamente se le hace saber que se inicia procedimiento administrativo para su baja, formulando las afectaciones de la pretensión de darlo de baja y aportó las pruebas que consideró pertinente. El veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, fue notificado del acuerdo de baja emitido por el Secretario de la Defensa Nacional, identificado con el número 17498, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y comunicación de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, contenida en el oficio SA-B154-3268, emitido en el expediente 1/4C.3/14, mesa SA-B154, emitido por el Director General de Infantería Administrativa, en el que afirma el quejoso se le da de baja por tiempo de servicio y por su estado de salud, sin que se le liquidara conforme a las prestaciones a que dice tener derecho. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Jorge Luis Antonio Castillo, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos del General Secretario de la Defensa Nacional; General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Director General de Infantería Administrativa; y Teniente Coronel Diplomado del Estado Mayor, Comandante de la 23 Compañía de Infantería No Encuadrada. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 281/2021; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de grado, materia y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona un acto de autoridades administrativas y cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la demarcación donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: El acuerdo 17498 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, dentro del procedimiento administrativo instruido contra el quejoso y por virtud del cual se determinó su baja a partir del primero de marzo de dos mil veintiuno, de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada (Huajuapan de León, Oaxaca) y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y alta en la reserva, así como su ejecución. Este órgano jurisdiccional no soslaya que la parte quejosa, señaló como actos reclamados los oficios: SA-B154-3268 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual se comunica la baja del justiciable y el cumplimiento que dio el Teniente Coronel, Comandante de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, en Huajuapan de León, Oaxaca, el veintisiete de febrero del año en curso, actos mediante los cuales se ejecutó el acuerdo 17498; sin embargo, tales actos quedan comprendidos dentro del que fue fijado como acto destacado y precisamente, tienen que ver con la ejecución del mismo. Máxime que de las constancias que obran en autos se advierte que los conceptos de violación del peticionario de amparo se encuentran dirigidos a combatir el acuerdo en el que se ordenó su baja del ejército y dicho acto es el que ciertamente, afecta su esfera jurídica, pues, es el que pone fin a las actividades que desempeñaba dentro de la Vigésima Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada, Huajuapan de León, Oaxaca, en tanto, que las comunicaciones aludidas por el justiciable solo tuvieron por efecto comunicar el acuerdo de baja. Por tanto, dicho acuerdo será materia de estudio en el presente juicio de amparo. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Son ciertos los actos reclamados del General Secretario de la Defensa Nacional, pues, así lo aceptó al rendir su informe justificado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. En el caso es ilustrativa, la jurisprudencia 749, registro 1002815, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal aspecto se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Documental que merece valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, pues fue expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Con base en lo anterior, de las constancias de autos se advierte que las autoridades responsables plantearon las causas de improcedencia siguientes: [1] La referente a que los actos reclamados derivan de actos consentidos, en términos del artículo 61, fracción XIII de la ley de la materia, bajo el argumento de que el gobernado sabía que, desde su contratación a través de los contratos de enganche y reenganche, causaría baja en el ejército en términos del ordinal 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. [2] La prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico de la parte quejosa, en razón de que el peticionario de amparo no justificó ser titular de un derecho subjetivo del cual se le hubiera privado. [3] La contenida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que alegan que el justiciable no formuló conceptos de violación relacionados con los actos reclamados. Las citadas causas de improcedencia, resultan infundadas, por las razones que a continuación se expondrán. Inicialmente, las causas de improcedencias sintetizadas en los puntos [1], [2] y [3], se encuentran vinculadas al fondo del asunto. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Soporta la consideración anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, registro 187973 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Con el objeto de explicar claramente lo anterior, es necesario puntualizar que el peticionario de amparo, al promover el juicio constitucional, pretende que se analice la legalidad o no del acuerdo 17498 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, dentro del procedimiento administrativo instruido en su contra y por virtud del cual se determinó su baja a partir del primero de marzo de dos mil veintiuno, de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su alta en la reserva, y su ejecución. Así, este órgano jurisdiccional no podría analizar dicho acto, en el caso de considerar que para poder instar la acción constitucional se requiere que se encuentre como miembro activo del ejército, como lo pretende la responsable, ya que precisamente, lo que será materia de fondo es determinar si la baja reclamada por el justiciable, atendió a una disposición expresa en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aspecto que desde luego se encuentra vinculado con el fondo del asunto. De ahí que se declare infundada, la causa improcedencia contenida en el punto [1], referente a que el acto reclamado deriva de actos consentidos, en términos del artículo 61, fracción XIII de la ley de la materia, bajo el argumento de que el gobernado sabía que, desde su contratación a través de los contratos de enganche y reenganche, causaría baja en el ejército en términos del ordinal 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que será materia de fondo determinar si el peticionario se ubicó en el supuesto previsto en el numeral 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para causar baja del ejercito derivado de la contratación a través de los contratos de enganche y reenganche y por haber excedido el tiempo máximo permitido por la citada norma. Misma suerte -infundada- corresponde a la causa de improcedencia sintetizada en el punto [2] relacionada con la falta de interés jurídico del quejoso por ya no ser titular de un derecho subjetivo del cual se le hubiera privado, dado que ya había causado baja del ejército, pues contrario a lo sostenido por la responsable, el acuerdo 17498, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, dentro del procedimiento administrativo instruido contra el quejoso y por virtud del cual se determinó su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como su alta en la reserva, si constituye una determinación que afecta la esfera jurídica del quejoso, pues, como consecuencia de ello, el peticionario de amparo dejó de percibir sus salarios y sus prestaciones de seguridad social, aspecto que incide en derechos de naturaleza sustantiva, ya que también, se concluyó, la relación administrativa que lo unía con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. La causa de improcedencia contenida en el punto [3] sustentada en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en donde se alega que el justiciable no formuló conceptos de violación relacionados con el acto reclamado, también es infundada, puesto que sí se formularon argumentos tendentes a controvertir el acuerdo de baja, mismos que serán analizados al resolver el fondo de la cuestión planteada. Una vez que fueron desestimadas las causas de improcedencia alegadas por la responsable ordenadora, sin que haya diversas que analizar de oficio, toca ahora hacerse cargo del análisis de la procedencia del Juicio de Amparo Indirecto, por lo que este resolutor estima que el juicio de amparo es procedente contra el acto destacado en esta sentencia. VII. ESTUDIO DE FONDO Ahora que quedó superada la procedencia de esta vía, lo conducente es examinar la constitucionalidad de los actos a la luz de los conceptos de violación que están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este resolutor. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa son inoperantes, en una parte e infundados en otra. Se puntualiza que los motivos de disenso planteados por el peticionario de amparo serán analizados bajo el principio de estricto derecho, pues el acto reclamado es de naturaleza administrativa, donde no es dable suplir la queja deficiente y de forma distinta a la propuesta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Así, en una parte de sus conceptos de violación el justiciable sostiene que: Con la determinación impugnada se vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, puesto que la responsable no respetó sus derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación y las formalidades esenciales del procedimiento. Que la responsable, sin fundamento ni motivo, ni respetar las formalidades esenciales del procedimiento, ni los términos procesales, inició un procedimiento para darlo de baja, sin resolver el primero que había iniciado, da trámite a un segundo, por lo que considera que ha sido juzgado dos veces por la misma causa. Que en ambos procedimientos quedó demostrado que su estado de salud actual es imputable a la actividad que la Secretaría de la Defensa Nacional le encomendó, por lo que afirma que en su caso la baja es improcedente, pues sus padecimientos son consecuencia de la prestación del servicio, por lo que considera es responsabilidad de la Secretaría brindarle el apoyo necesario y suficiente para su recuperación, pues en lugar de la baja debió operar un cambio de arma o de servicio, o asignarlo a una unidad o servicio administrativo, ya que el quejoso es el único sustento de su familia y no fue liquidado ni tiene derecho a ser pensionado y a las demás prestaciones sociales. Que la indebida fundamentación del acuerdo reclamado es porque los artículos que se citan no son aplicables en la forma en que se hace, pues debió aplicar el principio pro persona, ya que en su contestación al procedimiento de baja ofreció las pruebas y alegaciones tendentes a justificar porque no se le debe dar de baja en relación a su estado de salud, las que a su consideración no fueron valoradas correctamente. Los motivos de disenso sintetizados previamente, son inoperantes porque parten de una premisa falsa. Se afirma lo anterior, en razón de que el peticionario de amparo, parte de la base de que el acuerdo 17498 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, dentro del procedimiento administrativo instruido en su contra y por el que se determinó su baja a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, del servicio activo en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, alta en la reserva y su ejecución, obedeció a sus condiciones de salud, pasando por alto que dichos padecimientos fueron adquiridos por motivos de prestación del servicio. Empero, dicha premisa resulta falsa, pues de la lectura del propio acuerdo 17498 de veinticuatro de febrero del año en curso, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, se advierte que la baja del quejoso atendió a que el mismo había excedido la temporalidad máxima de nueve años, establecida en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para los contratos de enganche (tres años) y reenganche (seis años), para los soldados de su clase -de Infantería-. Como se advierte de la transcripción siguiente: "[.] 16, 17, 32 y 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que señalan que el Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá, el Secretario de la Defensa Nacional [.], se faculta al suscrito para acordar la baja de los soldados que hayan cumplido más de nueve años de servicios. [.] En oficio número SA-B154-404 de fecha 3 de enero de 2020, esa Dirección General de Infantería a su cargo, le notificó al Soldado Antonio Castillo que con fundamento en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se le iniciaba procedimiento administrativo para resolver sobre la procedencia o improcedencia de que cause baja del servicio activo del Instituto Armado y alta en la reserva correspondiente, por contar con más de 9 años de servicio, tiempo máximo de enganche y reenganche, que para permanecer en el activo los de su empleo, señala el invocado artículo 154; otorgándole el término de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha en que se le notificará, para que manifieste lo que a sus intereses conviniera y ofreciera las pruebas que considere necesarias, al término del cual, en caso de no hacer valer inconformidad alguna, se le tendría por conforme con el referido procedimiento y por ende, con su baja. Por escrito de fecha 13 de enero de 2020, el citado Soldado, dentro del término de los quince días que se le concedieron como garantía de audiencia, manifestó su inconformidad con el procedimiento de baja, argumentando en síntesis [.] Se observa que los argumentos del citado soldado resultan improcedentes e inoperantes, toda vez que no están encaminados a desvirtuar los fundamentos y motivos por los cuales se ubicó en la causa de baja prevista en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, esto es, por contar con más de 9 años de servicios, tiempo máximo de enganche y reenganche que para permanecer en el activo a los Soldados prevé el numeral en cita. Por el contario, de la lectura de sus argumentos marcados con el punto número 1, devienen inoperantes para los efectos de la presente Litis, toda vez que lo que señala en nada le beneficia, sino que por el contrario le perjudica, toda vez que de manera expresa señala que el 5 de noviembre de 2004, causó alta en esta Secretaría, por lo tanto, cuenta con más de 9 años de servicios, rebasando los 9 años de servicios, tiempo máximo de enganche y reenganche para permanecer en el activo, excediendo el tiempo de servicios que para los Soldados permite el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En cuanto a sus manifestaciones señaladas en los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12, resultan intrascendentes, toda vez que lo concerniente a su estado de salud no es materia de estudio en el presente procedimiento, en virtud de que éste versa sobre el hecho de que ha excedido el tiempo máximo de 9 años que la citada Ley le permite a los Soldados para permanecer en el servicio activo, aunado a que con dichos argumentos no combate por ningún medio dicho hecho [.] Por lo que respecta a sus señalamientos marcados con el número 9, son improcedentes, debido a que como el inconforme lo señala, mediante mensaje C.E.I. número SA-B154-3012 de 14 de febrero de 2019, la Dirección de Infantería le comunicó que quedaba suspendido el inicio del trámite administrativo para que causara baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, documento que fue acusado de recibido por el Soldado Antonio Castillo el 16 de febrero de 2019. Asimismo, no le asiste la razón y el derecho en cuanto a su manifestación de que se estaría violando la máxima del derecho "nom bis inidem", reconocida en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la garantía consagrada en el citado precepto Constitucional, se refiere a que una persona no puede ser sometida a proceso penal dos veces por los mismos hechos delictivos, es decir, trata de proteger a los gobernados para que éstos no sean sometidos a dos juicios por los mismos hechos; lo cual no sucede en el presente asunto, en virtud de que el presente procedimiento es de carácter meramente administrativo, sin que tenga relación con ningún procedimiento penal y en consecuencia no le corresponde conocer de hechos delictivos, ya que estos son competencia de los Tribunales, tal y como se desprende de lo estipulado en el artículo 21 de la referida Norma Fundamental, el cual señala que la imposición de las penas, su modificación y duración, son propias de la autoridad judicial; aunado a que no se ha aplicado ninguna Ley en su perjuicio y el procedimiento que se ha instaurado para que cause baja del Instituto Armado ha respetado y cumple con todas la prerrogativas legales que para el efecto establece la normatividad vigente; por lo tanto, se encuentra debidamente fundado y motivado y se está aplicando a todo Soldado que tenga en su empleo más de 9 años. En lo referente a su argumento señalado con el número 10, es intrascendente para los efectos de la presente Litis, toda vez que lo referente a las invitaciones o convocatorias para ingreso a la Guardia nacional no son materia del presente asunto, máxime que si el inconforme tuvo conocimiento de la supuesta convocatoria que refiere, y se encontraba interesado en ingresar a la citada institución, directamente bien pudo solicitar la información respectiva, sin esperar que esta le fuera notificada. En cuanto a sus señalamientos marcados con los números 13 y 14, devienen inoperantes, toda vez que como ya se indicó, el presente procedimiento no se encuentra relacionado con su estado de salud, sino que el mismo es a consecuencia de que se ubica en la hipótesis de baja establecida en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, esto es, por contar con más de 9 años de servicios, tiempo máximo de enganche y reenganche que para permanecer en el activo a los Soldados prevé el numeral en cita. Asimismo, respecto a su señalamiento de que por su padecimiento amerita un cambio de arma o servicio, o servicio administrativo, a una Unidad Administrativa, toda vez que al ubicarse en el supuesto de baja estipulado en el artículo 154 de la Ley en comento, en nada se modificaría su situación el hecho de que se reclasificara o cambiara de Unidad, pues aun así, en su calidad de Soldado, seguiría teniendo más de 9 años de servicios, que es el motivo por el cual se inició el presente procedimiento de baja. En tal virtud, resulta improcedente acceder a su solicitud para que no cause baja, debido a que los artículos 6/o. y 10 del Código Civil Federal, establece que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la Ley, ni alterarla o modificarla y contra la observancia de la misma, no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario; por lo que, al ubicarse en el supuesto de baja de referencia, su actualización no queda supeditada a la voluntad o intereses personales de las partes, pues considerarlo así, se contravendrían disposiciones de orden público, dado que la sociedad está interesada en el cabal cumplimiento del marco normativo en los diversos actos de la autoridad, los cuales tienden directa o indirectamente al debido desempeño de la función pública como actividad del Estado. Máxime que una vez que cause baja del Instituto Armado, en caso de considerarlo conveniente a sus intereses, tiene el derecho de solicitar se le continúe brindando la atención médica que requiere en instituciones públicas civiles. Resulta aplicable, la Tesis Aislada, Quinta Época, registro: 328949, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXV, Materia(s): Administrativa, página: 1757, de rubro y texto siguientes: ". BAJA EN EL EJÉRCITO, POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ENGANCHE. De lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército Nacional y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece que: "Los Soldados cumplidos podrán reengancharse voluntariamente, si el gobierno estima útiles sus servicios", se desprende que concluido el contrato de enganche, las autoridades respectivas están capacitadas para ordenar que los individuos de tropa, causen baja en el Ejército activo, sin tener la obligación de consultarles si desean seguir perteneciendo al Ejército, pues terminado el contrato de enganche es suficiente que no estimen útiles sus servicios, para que no estén en el caso de reengancharlos.". Finalmente, en cuanto a las pruebas que anexa a su escrito de inconformidad, se tiene por admitidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo, tales medios de convicción no resultan aptos, idóneos, ni adecuados, para desvirtuar el hecho de que el Soldado Antonio Castillo, se ubica en el supuesto de baja previsto en el invocado artículo 154 de la ley Orgánica en cita. Asimismo, se desechan las pruebas que ofrece consistentes en los informes que solicita rindan los Directores del Hospital Militar de Zona, ubicado en la 28/a. Zona Militar y Hospital Central Militar ubicado en la Ciudad de México, en los que requiere señalen cuáles fueron los motivos de salud que ocasionaron sus intervenciones, debiendo acreditar su dicho con la copia certificada de los expedientes clínicos y la de informes que solicita que rindan todas y cada una de las personas que menciona en los hechos de su escrito, para que informen si sufría alguna afectación de salud al momento de desempeñar sus funciones, acreditando su dicho con la copia debidamente certificada de los expedientes clínicos, debido a la falta de idoneidad y pertinencia de las mismas; lo anterior, en virtud de que con el resultado de dichos cuestionamientos y de los informes que solicita, en nada trascenderían respecto al hecho generador del presente procedimiento, que es por ubicarse en la causal de baja contemplada en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, es decir, por contar con más de 9 años de servicios, tiempo máximo de enganche y reenganche que para permanecer en el activo a los Soldados prevé dicho artículo. En mérito de lo expuesto y toda vez que los argumentos que esgrime el citado elemento de tropa, no desvirtúan los fundamentos y motivos por los cuales se le inició el presente procedimiento de baja de esta Institución, al contar con más de 9 años de servicios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 y 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se ordena que, con fecha primero de marzo de 2021 el C. Soldado de Infantería Jorge Luis Antonio Castillo (C-8501305), cause baja como tal, de la 23/a, Compañía de Infantería No Encuadrada (Huajuapan de león, Oax.), y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en la reserva correspondiente. [.]" Lo expuesto, destaca la inoperancia señalada y como soporte jurídico se cita, la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), con registro 2008226, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes." En diversa parte de sus motivos de disenso, el peticionario alega que: Con la determinación impugnada se vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, puesto que la responsable no respetó sus derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación y las formalidades esenciales del procedimiento. Que la responsable, sin fundamento ni motivo, ni respetar las formalidades esenciales del procedimiento, ni los términos procesales, inició un procedimiento para darlo de baja, sin resolver el primero que había iniciado, da trámite a un segundo, por lo que considera que ha sido juzgado dos veces por la misma causa. Que la indebida fundamentación del acuerdo reclamado es porque los artículos que se citan no son aplicables en la forma en que se hace, pues debió aplicar el principio pro persona, ya que en su contestación al procedimiento de baja ofreció las pruebas y alegaciones tendentes a justificar porque no se le debe dar de baja en relación a su estado de salud, las que a su consideración no fueron valoradas correctamente. Tales motivos de disenso, son inoperantes porque respecto del tema de baja de militares por exceder el plazo de nueve años, relativos a los contratos de enganche (tres años) y reenganche (seis años), existe jurisprudencia temática de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó la constitucionalidad del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que regula tales tópicos, como se explicará a continuación. En lo conducente a la justificación de la inoperancia, se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, registro 189920, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Ahora, en relación con el tema de fondo relativo al acuerdo de baja del quejoso, con fundamento en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, precepto en que la responsable sustentó su determinación, es pertinente citar la jurisprudencia 2a./J. 26/2021 (10a.), registro 2023102 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto, siguientes: "CONTRATOS DE ENGANCHE Y REENGANCHE VOLUNTARIO DE SOLDADOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, AL PREVER EL LÍMITE DE NUEVE AÑOS PARA PRESTAR SUS SERVICIOS NO VULNERA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO NI A LA NO DISCRIMINACIÓN. Hechos: Soldados reclamaron en amparo indirecto su baja del servicio activo como consecuencia de la aplicación del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; adujeron que la norma transgredía sus derechos a la libertad de trabajo y a la no discriminación, previstos en los artículos 1o. y 123 constitucionales, en tanto daba lugar a su baja por el mero transcurso del tiempo y por ostentar el grado de soldados. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo de mérito, al dar lugar a la baja del servicio activo y el alta en la reserva correspondiente de los soldados que presten sus servicios por un máximo de nueve años, no viola sus derechos a la libertad del trabajo y a la no discriminación. Justificación: El artículo en comento persigue una finalidad constitucionalmente válida, esto es, incentivar la profesionalización de los soldados y su avance en la carrera militar con el propósito de que una de las instituciones garantes de la seguridad nacional conserve a los elementos mejor preparados para cumplir su tarea, máxime que los soldados tienen a su alcance diversos mecanismos para avanzar en los grados del Ejército y Fuerza Aérea establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que se estima razonable el plazo de mérito para que asciendan." Del criterio transcrito se observa en lo sustancial que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que es constitucional el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al dar lugar a la baja del servicio activo y el alta en la reserva correspondiente de los soldados que presten sus servicios por un máximo de nueve años y que tal aspecto, no viola sus derechos a la libertad del trabajo y a la no discriminación, pues, se estimó que tal disposición persigue una finalidad constitucionalmente válida, esto es, incentivar la profesionalización de los soldados y su avance en la carrera militar con el propósito de que una de las instituciones garantes de la seguridad nacional conserve a los elementos mejor preparados para cumplir su tarea, máxime que los soldados tienen a su alcance diversos mecanismos para avanzar en los grados del Ejército y Fuerza Aérea establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que se estima razonable el plazo de mérito para que asciendan. En el caso, es importante traer a colación los aspectos más relevantes que consideró la citada Sala Constitucional en la ejecutoria de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del amparo en revisión 1056/2018, de la que derivó la jurisprudencia transcrita, de modo que a continuación se transcribe la parte conducente: "[.] El artículo 123 de la Constitución establece las reglas que regulan las relaciones de trabajo, identificando dos apartados, el A y el B. El apartado B, norma los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones entre los poderes y sus trabajadores, regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; destacando que, en este apartado, el legislador trató de equiparar dichas relaciones a los de naturaleza laboral en beneficio y protección de los trabajadores, considerando al Estado como un patrón sui generis. No obstante, la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, de la Carta Magna, excluye del referido régimen a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, los cuales se gobernarán por sus propias leyes y ordenamientos; de ahí que, la relación que guardan éstos con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa. Para entender el porqué de la exclusión y consecuente régimen especial en que se ubican los militares, se trae al caso, las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, que originó la jurisprudencia 24/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el régimen de excepción en que se ubican los militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior, encuentra sustento en las atribuciones encomendadas por diversas leyes a dichos grupos, siendo sustanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la nación; por lo que, su control, requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo; de ahí que, éstos no gocen de determinados derechos connaturales a las relaciones laborales que regulan los apartados A y B del artículo 123 constitucional y se rijan por sus propias leyes. El criterio que antecede, fue reiterado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que originó la jurisprudencia 106/2010, de rubro: "POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA." En ese orden de ideas, el hecho de que los militares no gocen de estabilidad laboral, no implica la ruptura abrupta de las relaciones que guardan con las instituciones castrenses; de ahí que, el legislador haya señalado los supuestos por los cuales cesa o termina de manera justificada el rompimiento de esa relación, incluso, a pesar de que la misma sea injustificada o no se ubique en los supuestos previstos por la norma, el gobernado tiene a su alcance medios de defensa para cuestionar tales actos. Por tanto, el legislador, al señalar que el tiempo total máximo que pueden prestar sus servicios los soldados y cabos (sic) es de nueve años (contrato determinado), de manera alguna transgrede el principio de estabilidad en el empleo, pues la fijación de un plazo concreto, obedece a los requerimientos del propio Estado, en el entendido de que, el término de un contrato de conformidad con las condiciones estipuladas, no constituye una transgresión al principio de referencia, puesto que atiende a las necesidades del Estado. Por otra parte, en relación con el principio de igualdad en su aspecto formal o jurídico y no sustantivo o de hecho, que se alega. El artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su primer párrafo, dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de reenganchar al personal de cabos y soldados de las clases de arma y servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios; caso contrario, dichos elementos causarán baja en el servicio activo y alta en la reserva correspondiente. El segundo párrafo señala que, en el caso de los soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de reenganche, será máximo de nueve años. Así, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen como misiones generales: I. Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. II. Garantizar la seguridad interior. III. Auxiliar a la población civil en los casos de necesidades públicas. IV. Realizar acciones cívicas en casos de necesidades públicas. V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Para cumplir con las misiones que anteceden, que justifican la propia existencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de conformidad con los artículos 148 bis y 149 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 1 y 3 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se advierte que la figura del reclutamiento es el medio o instrumento que se instituyó para la captación, identificación y selección de los aspirantes a causar alta en dichas instituciones armadas, con la finalidad de encontrar a los elementos con las características físicas, de personalidad e intelectuales para cumplir eficientemente con sus funciones; de ahí que, un adecuado reclutamiento adquiera especial relevancia en todos los niveles de mando. El artículo 4 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señala que el reclutamiento en tiempo de paz se realizará por medio de contrato, bajo las modalidades siguientes: a) Alta en el Sistema Educativo Militar como discente para su formación. b) Alta en las unidades como soldados en las diferentes armas y servicios y c) Alta en las dependencias e instalaciones como oficiales, clases y soldados de la clase auxiliar. Dadas las características de las misiones generales que tiene a su cargo el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, requieren de una rígida disciplina jerárquica, motivo por el cual, el legislador estableció la figura de los "grados militares", la cual, tiene por objeto el ejercicio de la autoridad, que se subclasifica a su vez en: I) de mando militar; y, II) de actividad técnica o administrativo. En ese orden, el artículo 128 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone la clasificación de los grados en la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que consiste en: I. Generales; II. Jefes; III. Oficiales; y, IV. Tropa. En tanto, el artículo 129 de la ley orgánica antes citada, señala los grados en orden decreciente: I. Generales en el Ejército y Fuerza Aérea: A. General de División; B. General de Brigada o general de Ala; y C. General Brigadier o general de Grupo. II. Jefes en el Ejército y Fuerza Aérea: A. Coronel; B. Teniente coronel; y C. Mayor. III. Oficiales en el Ejército y Fuerza Aérea: A. Capitán primero; B. Capitán segundo; C. Teniente; y D. Subteniente. IV. Tropa en el Ejército y Fuerza Aérea. A. Clases. a. Sargento primero; b. Sargento segundo; y c. Cabo; y b. Soldado. Los cuadros de jefes, oficiales y sargentos (primero y segundo), de conformidad con el artículo 141 de la ley orgánica de que se trata, se integrarán con personal graduado en los establecimientos de educación militar, requisito que según se advierte, no es exigible al cabo y al soldado. Importa destacar, que el Ejército Mexicano se constituye por armas y servicios; los primeros, son los componentes cuya misión principal es el combate; los segundos, tienen por objeto medular, satisfacer necesidades de vida y operación, por medio del apoyo administrativo y logístico formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para el desarrollo de estas actividades. De esta manera, los militares, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican a su vez en: I. De Arma; II. De servicios; III. Auxiliares. Los militares de arma y de servicios, se educan técnicamente para el mando, adiestramiento y conducción de unidades, radicando la diferencia en que los primeros, son para unidades de combate; en tanto, los segundos, para las unidades de servicio y el desempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales que corresponde llevar a cabo al servicio al que pertenezcan. La carrera de ambos se considera profesional y permanente, excepción hecha de los cabos y soldados, pues de conformidad con el artículo 145 de la ley orgánica que rige al Ejército, los servicios en el activo de estos dos últimos, estarán sujetos a las condiciones del contrato correspondiente. Por su parte, los militares auxiliares, desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, en el entendido de que, hasta en tanto pertenezcan a dicha clase, su permanencia será fijada por el contrato respectivo; sin que se soslaye el hecho de que, aun cuando cuenten con conocimientos técnicos o profesionales, éstos no derivan de los establecimientos de educación militar. Como se ve, los cuadros de jefes, oficiales y tropa, pueden pertenecer a la clase de servicios de arma, servicio y auxiliares; sin embargo, los dos primeros cuadros (jefes y oficiales); así como sargentos primero y segundo que pertenecen al cuadro de tropa, necesariamente se integran con personal graduado por el sistema educativo militar, motivo por el cual, se consideran de carrera profesional y permanente, puesto que se educan técnicamente para ello, acorde a las necesidades y objetivos de las Fuerzas Armadas, situación que no ocurre en el caso de soldados, cabos y el cuadro de auxiliares; de ahí que, el servicio de estos tres últimos únicamente se sujete a las condiciones del contrato correspondiente. Al respecto, el artículo 35 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, define al contrato de enganche como el documento que establece la relación jurídico-administrativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el aspirante, en el cual, se estipulan las obligaciones y los derechos de este último que, al causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cualquiera de las modalidades, contrae al momento de aprobarse dicha alta. No obstante, lo anterior, el tipo de alta que se elija, define el fin u objetivo que se persigue. En efecto, en el caso del alta en el Sistema Educativo Militar, la persona interesada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su reglamento, ingresa para estudiar y prepararse acorde a las necesidades y fines de las instituciones castrenses. En el alta en las dependencias e instalaciones como oficiales, clases y soldados de la clase auxiliar, los elementos integrantes se afilian para prestar sus servicios técnicos y profesionales al Ejército y Fuerza Aérea; y, deben cubrir determinados requisitos. En caso de alta en las unidades como soldados en las diferentes armas y servicios, obedece a la voluntad de las personas de querer prestar sus servicios en las fuerzas armadas; de ahí que el artículo 149 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señale que el reclutamiento de personal de tropa (en el que se encuentra el grado de soldado), se llevará a cabo por conscripción y por enganche voluntario, pues para acceder a dicho grado, no se requieren características específicas (ser egresado de una instalación educativa militar o bien, tener conocimientos técnicos y profesionales que requiera el Ejército), sino que basta con firmar el contrato respectivo, manifestando precisamente su conformidad para permanecer en las Fuerzas Armadas en un tiempo determinado, sin que pase desapercibido, que el interesado tiene a su alcance las diversas modalidades para causar alta, siempre que cumpla con los requisitos que cada una señale. Si bien el grado de soldado constituye el primer escalafón dentro de la jerarquía militar, la asignación de uno u otro grado de una persona al ingresar y darse de alta en el Ejército, depende de la modalidad que adoptó, pues, por ejemplo, en el caso de quienes accedan a las instituciones educativas militares, se les concede cierto grado atendiendo al conocimiento que tienen y adquirieron en su formación, situación que acontece también para el cuadro auxiliar, caso en el que se toma en consideración el conocimiento técnico o profesional no militar. De ahí que, contrario a lo expuesto por el quejoso, un soldado en relación con los diversos grados de la escala jerárquica militar no se encuentra en igualdad de condiciones o circunstancias; por ello, el párrafo segundo del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera alguna transgrede el principio de igualdad ante la ley, pues la limitante obedece a que dicho personal no es de carrera, por lo que, no adquiere el derecho de permanencia, estando sujeta la prestación de servicios de los soldados a las necesidades del propio Ejército y del contrato que al respecto se generó. A mayor abundamiento, el hecho de que los militares de arma y servicio, que ostenten el grado de sargentos (y a partir de ahí, los subsecuentes grados), se considera profesional y permanente su carrera, obedece a que su preparación deriva de las propias instalaciones educativas castrenses, esto es, acorde a las necesidades, objetivos y especificidades que la propia institución demande, lo que no ocurre, en el caso de soldados y cabos. Sin que obste a lo anterior, que aun y cuando el soldado constituye el primer grado (o el grado más bajo, según se vea de forma ascendente o descendente), éste puede acceder a los distintos grados establecidos en la jerarquía militar, siempre que cumpla con los requisitos que para cada uno de ellos exija la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; por tanto, los soldados en igualdad de oportunidades, tienen el derecho de obtener un ascenso al grado inmediato; de ahí que no asista la razón a la parte quejosa, en el sentido de que el precepto impugnado vulnera el derecho fundamental de igualdad. Consecuentemente, al no encontrarnos en una igualdad de circunstancias o de hecho, resulta innecesario realizar el estudio relativo a si dicha distinción supera el test de proporcionalidad, como aduce el quejoso. Resulta relevante destacar, que el instituto armado realiza sus operaciones, a través de una estructura que comprende diferentes niveles de mando, para ello, requiere de una escala jerárquica, donde ciertos elementos lleven a cabo actividades de dirección y otros de ejecución, lo que en modo alguno, resulta violatorio del derecho fundamental de igualdad, dado que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos se encuentren siempre y en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que impide que normas llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o propicien efectos semejantes sobre quienes se encuentran en situaciones dispares. En ese sentido, si encontrarse en un grado o en otro implica ubicarse en una situación dispar, no es imperativo que para los elementos de los diferentes grados se establezca el mismo tratamiento, sino que, al contrario, se exigirá un trato desigual, en virtud de las diferencias que implican las actividades de los grados; considerar lo contrario, llevaría a restar eficiencia a una organización, que para su correcto funcionamiento requiere de un sano respeto a la cadena de mando. [.]" De la transcripción precedente, se destacan como puntos medulares del análisis del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los siguientes: 1. De inicio la sala constitucional, destacó que el artículo 123 de la Constitución establece las reglas que regulan las relaciones de trabajo, identificando dos apartados, el A y el B. 2. El apartado B, norma los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones entre los poderes y sus trabajadores, regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; destacando que, en este apartado, el legislador trató de equiparar dichas relaciones a los de naturaleza laboral en beneficio y protección de los trabajadores, considerando al Estado como un patrón sui generis. 3. No obstante, la fracción XIII, apartado B, del artículo 123, de la Carta Magna, excluye del referido régimen a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, los cuales se gobernarán por sus propias leyes y ordenamientos; de ahí que, la relación que guardan éstos con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa. 4. El régimen de excepción en que se ubican los militares, marinos, cuerpos de seguridad y personal del servicio exterior, encuentra sustento en las atribuciones encomendadas por diversas leyes a dichos grupos, siendo sustanciales para el orden, la estabilidad y defensa de la nación; por lo que, su control, requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo; de ahí que, éstos no gocen de determinados derechos connaturales a las relaciones laborales que regulan los apartados A y B del artículo 123 constitucional y se rijan por sus propias leyes. 5. Así, el hecho de que los militares no gocen de estabilidad laboral, no implica la ruptura abrupta de las relaciones que guardan con las instituciones castrenses; de ahí que, el legislador haya señalado los supuestos por los cuales cesa o termina de manera justificada el rompimiento de esa relación, incluso, a pesar de que la misma sea injustificada o no se ubique en los supuestos previstos por la norma, el gobernado tiene a su alcance medios de defensa para cuestionar tales actos. 6. Por tanto, el legislador, al señalar que el tiempo total máximo que pueden prestar sus servicios los soldados y cabos (sic) es de nueve años (contrato determinado), de manera alguna transgrede el principio de estabilidad en el empleo, pues la fijación de un plazo concreto, obedece a los requerimientos del propio Estado, en el entendido de que, el término de un contrato de conformidad con las condiciones estipuladas, no constituye una transgresión al principio de referencia, puesto que atiende a las necesidades del Estado. 7. El artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su primer párrafo, dispone que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la facultad de reenganchar al personal de cabos y soldados de las clases de arma y servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios; caso contrario, dichos elementos causarán baja en el servicio activo y alta en la reserva correspondiente. El segundo párrafo señala que, en el caso de los soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los de reenganche, será máximo de nueve años. 8. Así, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen como misiones generales: I. Defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. II. Garantizar la seguridad interior. III. Auxiliar a la población civil en los casos de necesidades públicas. IV. Realizar acciones cívicas en casos de necesidades públicas. V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 9. Para cumplir con las misiones que anteceden, que justifican la propia existencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de conformidad con los artículos 148 bis y 149 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como 1 y 3 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se advierte que la figura del reclutamiento es el medio o instrumento que se instituyó para la captación, identificación y selección de los aspirantes a causar alta en dichas instituciones armadas, con la finalidad de encontrar a los elementos con las características físicas, de personalidad e intelectuales para cumplir eficientemente con sus funciones; de ahí que, un adecuado reclutamiento adquiera especial relevancia en todos los niveles de mando. 10. El artículo 4 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señala que el reclutamiento en tiempo de paz se realizará por medio de contrato, bajo las modalidades siguientes: a) Alta en el Sistema Educativo Militar como discente para su formación. b) Alta en las unidades como soldados en las diferentes armas y servicios y c) Alta en las dependencias e instalaciones como oficiales, clases y soldados de la clase auxiliar. 11. Dadas las características de las misiones generales que tiene a su cargo el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, requieren de una rígida disciplina jerárquica, motivo por el cual, el legislador estableció la figura de los "grados militares", la cual, tiene por objeto el ejercicio de la autoridad, que se subclasifica a su vez en: I) de mando militar; y, II) de actividad técnica o administrativo. 12. En ese orden, el artículo 128 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone la clasificación de los grados en la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que consiste en: I. Generales; II. Jefes; III. Oficiales; y, IV. Tropa. 13. En tanto, el artículo 129 de la ley orgánica antes citada, señala los grados en orden decreciente: I. Generales en el Ejército y Fuerza Aérea: A. General de División; B. General de Brigada o general de Ala; y C. General Brigadier o general de Grupo. II. Jefes en el Ejército y Fuerza Aérea: A. Coronel; B. Teniente coronel; y C. Mayor. III. Oficiales en el Ejército y Fuerza Aérea: A. Capitán primero; B. Capitán segundo; C. Teniente; y D. Subteniente. IV. Tropa en el Ejército y Fuerza Aérea. A. Clases. a. Sargento primero; b. Sargento segundo; y c. Cabo; y b. Soldado. 14. Los cuadros de jefes, oficiales y sargentos (primero y segundo), de conformidad con el artículo 141 de la ley orgánica de que se trata, se integrarán con personal graduado en los establecimientos de educación militar, requisito que según se advierte, no es exigible al cabo y al soldado. 15. El Ejército Mexicano se constituye por armas y servicios; los primeros, son los componentes cuya misión principal es el combate; los segundos, tienen por objeto medular, satisfacer necesidades de vida y operación, por medio del apoyo administrativo y logístico formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para el desarrollo de estas actividades. 16. De manera que, los militares, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican a su vez en: I. De Arma; II. De servicios; III. Auxiliares. 17. Los militares de arma y de servicios, se educan técnicamente para el mando, adiestramiento y conducción de unidades, radicando la diferencia en que los primeros, son para unidades de combate; en tanto, los segundos, para las unidades de servicio y el desempeño exclusivo de las actividades técnicas y profesionales que corresponde llevar a cabo al servicio al que pertenezcan. 18. La carrera de ambos se considera profesional y permanente, excepción hecha de los cabos y soldados, pues de conformidad con el artículo 145 de la ley orgánica que rige al Ejército, los servicios en el activo de estos dos últimos, estarán sujetos a las condiciones del contrato correspondiente. 19. Por su parte, los militares auxiliares, desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, en el entendido de que, hasta en tanto pertenezcan a dicha clase, su permanencia será fijada por el contrato respectivo; sin que se soslaye el hecho de que, aun cuando cuenten con conocimientos técnicos o profesionales, éstos no derivan de los establecimientos de educación militar. 20. Los cuadros de jefes, oficiales y tropa, pueden pertenecer a la clase de servicios de arma, servicio y auxiliares; sin embargo, los dos primeros cuadros (jefes y oficiales); así como sargentos primero y segundo que pertenecen al cuadro de tropa, necesariamente se integran con personal graduado por el sistema educativo militar, motivo por el cual, se consideran de carrera profesional y permanente, puesto que se educan técnicamente para ello, acorde a las necesidades y objetivos de las Fuerzas Armadas, situación que no ocurre en el caso de soldados, cabos y el cuadro de auxiliares; de ahí que, el servicio de estos tres últimos únicamente se sujete a las condiciones del contrato correspondiente. 21. El artículo 35 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, define al contrato de enganche como el documento que establece la relación jurídico-administrativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el aspirante, en el cual, se estipulan las obligaciones y los derechos de este último que, al causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cualquiera de las modalidades, contrae al momento de aprobarse dicha alta. No obstante, lo anterior, el tipo de alta que se elija, define el fin u objetivo que se persigue. 22. En el caso del alta en el Sistema Educativo Militar, la persona interesada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su reglamento, ingresa para estudiar y prepararse acorde a las necesidades y fines de las instituciones castrenses. 23. En el alta en las dependencias e instalaciones como oficiales, clases y soldados de la clase auxiliar, los elementos integrantes se afilian para prestar sus servicios técnicos y profesionales al Ejército y Fuerza Aérea; y, deben cubrir determinados requisitos. 24. En caso de alta en las unidades como soldados en las diferentes armas y servicios, obedece a la voluntad de las personas de querer prestar sus servicios en las fuerzas armadas; de ahí que el artículo 149 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, señale que el reclutamiento de personal de tropa (en el que se encuentra el grado de soldado), se llevará a cabo por conscripción y por enganche voluntario, pues para acceder a dicho grado, no se requieren características específicas (ser egresado de una instalación educativa militar o bien, tener conocimientos técnicos y profesionales que requiera el Ejército), sino que basta con firmar el contrato respectivo, manifestando precisamente su conformidad para permanecer en las Fuerzas Armadas en un tiempo determinado, sin que pase desapercibido, que el interesado tiene a su alcance las diversas modalidades para causar alta, siempre que cumpla con los requisitos que cada una señale. 25. Si bien el grado de soldado constituye el primer escalafón dentro de la jerarquía militar, la asignación de uno u otro grado de una persona al ingresar y darse de alta en el Ejército, depende de la modalidad que adoptó, pues, por ejemplo, en el caso de quienes accedan a las instituciones educativas militares, se les concede cierto grado atendiendo al conocimiento que tienen y adquirieron en su formación, situación que acontece también para el cuadro auxiliar, caso en el que se toma en consideración el conocimiento técnico o profesional no militar. 26. De ahí que, un soldado en relación con los diversos grados de la escala jerárquica militar no se encuentra en igualdad de condiciones o circunstancias; por ello, el párrafo segundo del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera alguna transgrede el principio de igualdad ante la ley, pues la limitante obedece a que dicho personal no es de carrera, por lo que, no adquiere el derecho de permanencia, estando sujeta la prestación de servicios de los soldados a las necesidades del propio Ejército y del contrato que al respecto se generó. 27. A mayor abundamiento, el hecho de que los militares de arma y servicio, que ostenten el grado de sargentos (y a partir de ahí, los subsecuentes grados), se considera profesional y permanente su carrera, obedece a que su preparación deriva de las propias instalaciones educativas castrenses, esto es, acorde a las necesidades, objetivos y especificidades que la propia institución demande, lo que no ocurre, en el caso de soldados y cabos. 28. Sin que obste a lo anterior, que aun y cuando el soldado constituye el primer grado (o el grado más bajo, según se vea de forma ascendente o descendente), éste puede acceder a los distintos grados establecidos en la jerarquía militar, siempre que cumpla con los requisitos que para cada uno de ellos exija la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; por tanto, los soldados en igualdad de oportunidades, tienen el derecho de obtener un ascenso al grado inmediato; de ahí que el precepto impugnado no vulnera el derecho fundamental de igualdad. 29. El instituto armado realiza sus operaciones, a través de una estructura que comprende diferentes niveles de mando, para ello, requiere de una escala jerárquica, donde ciertos elementos lleven a cabo actividades de dirección y otros de ejecución, lo que en modo alguno, resulta violatorio del derecho fundamental de igualdad, dado que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos se encuentren siempre y en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que impide que normas llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o propicien efectos semejantes sobre quienes se encuentran en situaciones dispares. 30. En ese sentido, si encontrarse en un grado o en otro implica ubicarse en una situación dispar, no es imperativo que para los elementos de los diferentes grados se establezca el mismo tratamiento, sino que, al contrario, se exigirá un trato desigual, en virtud de las diferencias que implican las actividades de los grados; considerar lo contrario, llevaría a restar eficiencia a una organización, que para su correcto funcionamiento requiere de un sano respeto a la cadena de mando. De lo expuesto, se advierte que la sala constitucional, determinó que la temporalidad máxima de nueve años de duración de los contratos de enganche y reenganche, persigue una finalidad constitucionalmente valida porque busca incentivar la profesionalización de los soldados y su avance en la carrera militar con el propósito de que una de las instituciones garantes de la seguridad nacional conserve a los elementos mejor preparados para cumplir su tarea. Aunado a que los soldados tienen a su alcance diversos mecanismos para avanzar en los grados del Ejército y Fuerza Aérea establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que se estima razonable el plazo máximo de nueve años para que asciendan. De igual forma la superioridad determinó que el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera alguna transgrede el derecho a la libertad del trabajo, ni el principio de igualdad ante la ley, tampoco vulnera el derecho a la no discriminación y que los militares están sujetos a un régimen de excepción por la naturaleza administrativa que lo une al Estado, de modo que, no le son aplicables las disposiciones relativas a las relaciones laborales, pues, quedan sujetos a las disposiciones de las leyes que los rigen. Asimismo, la sala destacó que por la estructura jerárquica y de mandos dentro de las instituciones militares si se encuentra justificado el trato diferenciado entre los distintos grados militares. De modo que, lo anterior revela que la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aborda el tema de fondo planteado por el quejoso, lo cual se observa de las consideraciones plasmadas por la sala constitucional al resolver el amparo en revisión 1056/2018, del que derivó la jurisprudencia 2a./J. 26/2021 (10a.) citada con antelación. De ahí la inoperancia de los motivos de disenso del quejoso. El quejoso aduce en sus conceptos de violación, que: Con la determinación impugnada se vulneró en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, puesto que la responsable no respetó sus derechos humanos de seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación y las formalidades esenciales del procedimiento, pues inició un procedimiento para darlo de baja, sin resolverlo, dio trámite a un segundo, por lo que considera que ha sido juzgado dos veces por la misma causa. Tal motivo de disenso es infundado, por las consideraciones que a continuación se externarán. De inicio los artículos 14 y 16 constitucionales consagran las garantías de audiencia y legalidad de los actos de autoridad, al respecto se transcriben en la parte conducente dichos preceptos. Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)" "Artículo 16: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.)" El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que sólo mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, podrá privarse de la libertad, propiedades, posesiones o derechos a los gobernados, lo cual, constituye la garantía de audiencia previa al acto privativo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las formalidades esenciales del procedimiento, se traducen en: I) notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias; II) conceder la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III) oportunidad de alegar; y IV) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; ello, con la finalidad de que los gobernados cuenten con las herramientas necesarias para garantizarles una defensa adecuada y no dejarlos en estado de indefensión contra todo acto privativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, registro 200234, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traduce en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima satisfecha en favor del quejoso, la garantía de audiencia, ya que las autoridades responsables lo llamaron al procedimiento administrativo de baja instruido en su contra; tuvo oportunidad de ofrecer pruebas y alegaciones en dicho procedimiento, en virtud del apersonamiento realizado mediante escrito de trece de enero de dos mil veinte, asimismo, se emitió una resolución definitiva con la que se concluyó el procedimiento respectivo, que culminó con la determinación de la baja del quejoso a partir del primero de marzo de dos mil veintiuno, de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, ubicada en Huajuapan de León, Oaxaca, del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en la reserva correspondiente. Por otra parte, el párrafo primero del artículo 16 de la Carta Magna, establece el derecho fundamental de legalidad; de esta manera, se autoriza a las autoridades a emitir actos de molestia respecto de la persona, domicilio, papeles o posesiones de los gobernados, siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad competente, donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, la debida fundamentación y motivación, se cumple:  Con la existencia e invocación de la norma legal que atribuya a la autoridad la potestad para actuar en determinado sentido, y con la actuación de ésta en la forma precisa y exacta que lo disponga la ley.  Con la cita de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que se procedió a aplicar la norma correspondiente y que justifique con plenitud la actuación de la autoridad en determinado sentido. Así, debe señalarse que la fundamentación y motivación, reviste dos aspectos, a saber: el formal, el cual exige que en el documento en donde se contenga el acto de autoridad conste una exposición de las circunstancias de hecho y las normas o principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir dicho acto; y el material, el cual exige que las circunstancias de hecho se encuentren en las hipótesis de los preceptos invocados conforme a su recta interpretación. Para que se pueda considerar que un acto de autoridad cumple con el requisito de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad señale con precisión el precepto o preceptos legales exactamente aplicables al caso, a fin de que el gobernado conozca las disposiciones legales en que la autoridad apoya su actuación; así como, las causas que la llevaron a emitir el acto, expresando a manera de silogismo los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal que invoque al efecto, la situación concreta en la que se encuentra el gobernado y la conclusión, permitiendo de esa manera que los gobernados conozcan las razones y valoren si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y de considerar que le afecta su esfera jurídica, impugnarla por los medios legales de los que lo provea la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.P.56 P, registro 209986, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto, siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa." En el caso, se estima que la autoridad cumplió con su obligación de emitir un acto debidamente fundado y motivado, pues, el acto reclamado consistente en el acuerdo 17498 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el General Secretario de la Defensa Nacional, dentro del procedimiento administrativo instruido contra el quejoso y por virtud del cual se determinó su baja a partir del primero de marzo de dos mil veintiuno, de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, ubicada en Huajuapan de León, Oaxaca, y del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y alta en la reserva, así como su ejecución, derivó de un procedimiento debidamente sustentado en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y que el precepto 154 de dicha legislación, es la que establece que una vez transcurrido los nueve años que como máximo se establece para el contrato de enganche y reenganche, se procederá a determinar la baja del soldado de que se trate. Para justificar tal aspecto conviene también traer a colación, las cuestiones generales relativas al reclutamiento y alta en el Servicio Activo del Ejército y Fuerza Aérea, mismas que se encuentran contempladas por los artículos 6/o, 7/o 149, 153 y 154, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, los cuales establecen lo siguiente: "ARTICULO 6/o. Los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las Instituciones Armadas de tierra y aire, en forma voluntaria, firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas Fuerzas Armadas por un tiempo determinado." "ARTICULO 7/o. Los mexicanos que integran el Servicio Militar Nacional, durante su permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas, quedarán sujetos a las Leyes, Reglamentos y disposiciones militares." "ARTICULO 149. El Reclutamiento del personal de tropa del Ejército y Fuerza Aérea, se llevará a cabo: I. Por conscripción, de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Militar; y II. Por enganche voluntario, seleccionando a los individuos que lo soliciten, bajo las condiciones estipuladas en los contratos de enganche correspondientes." "ARTICULO 153. La Secretaría de la Defensa Nacional determinará el tiempo de duración de los contratos de enganche; para el personal que sea aceptado para prestar servicios en el Ejército y Fuerza Aérea en la clase de Arma o Servicio, no podrá exceder de tres años y para el que lo sea en la clase de Auxiliares no excederá de cinco años." "ARTICULO 154. La Secretaría de la Defensa Nacional podrá reenganchar al personal de Cabos y Soldados de las Clases de Arma y Servicio, que hayan cumplido su contrato de enganche, si estima utilizables sus servicios. En caso contrario, este personal causará baja en el Servicio Activo y alta en la Reserva correspondiente. En el caso de los Soldados, el total de tiempo de servicios de sus contratos de enganche y los reenganches admitidos, será como máximo de nueve años." De lo transcrito se advierte que el contrato de enganche (reclutamiento) es el documento a través del cual un ciudadano que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos militares, de forma voluntaria se obliga a prestar sus servicios a la Secretaría de Defensa Nacional, por un tiempo determinado. Lo anterior tiene su fundamento en la referida ley orgánica, la cual determina las temporalidades máximas para que el personal adscrito pueda mantenerse como elemento activo de dicha institución, mismo que para el personal de armas y servicio, no puede exceder de tres años mientras que, para la clase auxiliar, no podrá ser mayor a cinco. Asimismo, al término del contrato de enganche, éste podrá reengancharse por seis años más como máximo. En el entendido que, para los soldados, el tiempo total de servicios de enganche y reenganche admitidos como máximo es de nueve años. Por su parte, los artículos 17, 42 y 43 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 17. El aspirante a causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, deberá reunir los requisitos siguientes: I. Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; II. Ser soltero o soltera, y no vivir en concubinato; III. Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de treinta. El personal técnico o especialista no podrá ser mayor de treinta y dos años, salvo que las necesidades del servicio lo justifiquen y previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, se podrá dar de alta a mayores de esta edad. IV. Contar con Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, tratándose de personal masculino mayor de dieciocho años; V. Contar con los documentos originales siguientes: a). Copia certificada del Acta de Nacimiento o copia certificada de dicho documento, tomada del libro donde se asentó su nacimiento, cuya expedición no sea mayor de tres meses; b). Clave Única de Registro de Población (CURP); c). Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, y d). Certificado de Educación Secundaria. VI. Acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales o con constancia expedida por la autoridad municipal o delegacional; VII. Tener los conocimientos inherentes a su especialidad, tratándose de personal auxiliar especialista, y acreditarlos mediante Diploma, Certificado, Título y Cédula Profesional o Acta de Examen elaborada por el Organismo donde desea causar alta; VIII. Estar sano y apto clínica y psicológicamente para el servicio de las armas, lo que se acreditará mediante el certificado médico expedido por el Escalón Sanitario correspondiente; IX. Tener una braza que sea proporcional a la estatura mínima siguiente: a). Personal masculino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.63 metros; b). Personal en la Escuela Militar de Aviación 1.65 metros, y c). Personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.60 metros; d). (DEROGADO, D.O.F. 4 DE JULIO DE 2012) X. Suscribir el Contrato de Enganche. XI. Los aspirantes a causar alta en los Cuerpos Especiales a que se refiere el artículo 102 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además de los requisitos anteriores, deberán acreditar las pruebas físicas de la especialidad, que determine la Secretaría de la Defensa Nacional." "ARTÍCULO 42. En los Contratos de Enganche que celebre la Secretaría de la Defensa Nacional deberán constar como causales de rescisión sin responsabilidad alguna para la Secretaría, las siguientes: I. Haber ocultado en el examen médico para efectos del reclutamiento un padecimiento anterior, certificado por el Escalón del Servicio de Sanidad correspondiente y firmado por dos médicos militares; II. Presentar algún padecimiento de los establecidos en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que lo imposibilite para permanecer en el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se determine con base en el certificado médico correspondiente, que en su momento se haya emitido por dos médicos militares especialistas, donde se demuestre que dicho padecimiento fue adquirido antes de su ingreso al Instituto Armado; III. Adquirir otra nacionalidad; IV. Haber sido condenado a la destitución del empleo o inhabilitación para ejercer cargos públicos, siempre que se trate de una resolución firme; V. Tener mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la Unidad, Dependencia o Instalación, conforme lo previsto en las leyes y reglamentos militares; VI. Haber proporcionado documentación o datos falsos o alterados durante el trámite de su alta; VII. Haberse encontrado sujeto a un proceso penal por delito que merezca pena corporal, extinguiendo una pena corporal o prófugo de la justicia, durante el trámite de su alta; VIII. Colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional; IX. Faltar injustificadamente por setenta y dos horas consecutivas a la Unidad, Dependencia o Instalación en donde preste sus servicios; X. Consumir substancias consideradas como estupefacientes por la Ley General de Salud, previa certificación realizada por dos médicos militares; XI. Los demás supuestos previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; XII. Las causales de rescisión que se establezcan en otras disposiciones jurídicas, y XIII. Presentar, durante su permanencia en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tatuajes que no se ajusten a lo previsto en el artículo 21, fracción II de este Reglamento, así como perforaciones en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las horadaciones lobulares permitidas al personal femenino." "ARTÍCULO 43. El Contrato de Enganche de los Soldados y Cabos o su renovación, se rescindirá conforme al procedimiento siguiente: I. Cuando el titular de la Unidad, Dependencia o Instalación militar tenga conocimiento de que algún soldado o cabo bajo su mando, se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 de este Reglamento, remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la Dirección del Arma o Servicio a la que dependa administrativamente el interesado, la documentación que acredite la causal de rescisión, así como la demás que estime necesaria; II. Recibida la documentación a que se refiere la fracción anterior, la Dirección del Arma o Servicio notificará al interesado el inicio del procedimiento para determinar la procedencia o no de la rescisión del Contrato de Enganche o la recisión de su renovación, haciéndole saber que si es procedente dicha rescisión será dado de baja de la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo se le concederá un plazo de quince días hábiles contado a partir del día siguiente a dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes y señale un domicilio para oír y recibir notificaciones apercibiéndolo de que si no hace tal señalamiento se le notificará en el último domicilio registrado ante la Unidad, Dependencia o Instalación militar a la que se encuentre adscrito. La notificación a que se refiere el párrafo anterior se hará personalmente por conducto del titular de la Unidad, Dependencia o Instalación militar a la que pertenezca, quien recabará el acuse respectivo del interesado y lo remitirá a la Dirección del Arma o Servicio correspondiente; III. Si el interesado se ubica en la causal prevista en la fracción IX del artículo 42 de este Reglamento, será notificado mediante publicación en la Orden General de la plaza de México, para los mismos efectos previstos en la fracción II de este artículo; IV. Una vez recibido el escrito y, en su caso, desahogadas las pruebas a que se refiere la fracción II de este artículo, la Dirección del Arma o Servicio someterá el asunto a consideración del Secretario de la Defensa Nacional para que resuelva sobre la rescisión del Contrato de Enganche o la rescisión de su renovación, así como la baja del interesado, en términos del artículo 170, fracción II, inciso G de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, o V. Concluido el plazo a que se refiere la fracción II de este artículo sin que el interesado comparezca por escrito o personalmente, se le tendrá tácitamente por conforme y, se someterá el asunto a consideración del Secretario de la Defensa Nacional para que resuelva sobre la rescisión del Contrato de Enganche o la rescisión de su renovación, así como la baja del interesado, en términos del artículo 170, fracción II, inciso G de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos." De conformidad con los preceptos transcritos, el referido reglamento establece una serie de requisitos que deberán cumplir aquellas personas que deseen celebrar el contrato de enganche con la Secretaría de la Defensa Nacional; asimismo, establece las causales de recisión sin responsabilidad alguna para dicha institución del contrato de enganche y de reenganche, de cuyo contenido se advierte son imputables a la persona que se ubique en cualquiera de los supuestos establecidos, para lo cual se establece un procedimiento a seguir. Establecido lo anterior, de autos se advierte que el quejoso Jorge Luis Antonio Castillo, celebró contrato de enganche voluntario con la Secretaría de la Defensa Nacional el cinco de noviembre de dos mil cuatro, para causar alta en dicha institución como soldado de infantería, por un plazo obligado de tres años, estableciéndose la posibilidad de renovar dicho contrato por un plazo de tres años más de conformidad con el punto cuatro, del apartado segundo de las cláusulas del citado contrato. En virtud de lo anterior, una vez que transcurrió la temporalidad mencionada en el párrafo que antecede, es decir, tres años, el cinco de noviembre de dos mil siete, el peticionario de amparo firmó la renovación del contrato de reclutamiento con la referida dependencia por un tiempo máximo de seis años, en términos del artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. De las constancias de autos se advierte que el quejoso, perteneció como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, del cinco de noviembre de dos mil cuatro, en que se celebró el contrato de enganche hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, ya que causó baja el uno de marzo siguiente, con una temporalidad de dieciséis años tres meses y veintitrés días, excediendo con ello los nueve años establecidos como máximo en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Dicha información se corrobora con lo argumentado por el General Secretario de la Defensa Nacional en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado, en el sentido de que transcurrió en exceso, el tiempo máximo de nueve años para permanecer en dicha institución, computados desde la data de la celebración del contrato de enganche hasta el día previo a la baja del justiciable como miembro activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. De igual forma, el procedimiento de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a pesar de seguirse en forma de juicio, es una consecuencia jurídica del contrato firmado entre el peticionado de amparo y la Secretaría de la Defensa Nacional, al suscribir el contrato de reclutamiento (enganche) de cinco de noviembre de dos mil cuatro y el de renovación de cinco de noviembre de dos mil siete, en los que se sometieron a las declaraciones y cláusulas establecidas en los mismos. En virtud de lo anterior es infundada la afirmación del quejoso en el sentido de que se aplicaron indebidamente las normas en que se fundó el acuerdo reclamado, pues a su consideración, la baja no es procedente, pues los padecimientos con que cuenta fueron adquiridos durante el servicio, por lo que dice se le debió aplicar el artículo 170, fracción II, inciso D), a contrario sensu, pues no se le debió dar de baja en las condiciones de salud en las que se encuentra, ya que se le debe apoyar para su recuperación; no obstante, si bien, el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, no establece un procedimiento para determinar la baja de soldados cuando excedan los nueve años permitidos por dicha normativa, lo cierto es, que dicho numeral en su fracción II, inciso G), establece la facultad del Secretario de la Defensa Nacional, para emitir el acuerdo de baja y la obligación que se tiene de respetar la garantía de audiencia del soldado de que se trate, por tanto, ordena seguir las directrices del procedimiento de rescisión del contrato de enganche y de su renovación que prevé el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de modo tal que si resultan aplicables las disposiciones del citado reglamento, en cuanto al procedimiento. Lo anterior, dado que, como lo afirma la autoridad responsable en el acuerdo reclamado, el motivo de la baja en ningún momento se funda en el estado de salud del quejoso, ni tampoco se toma en consideración si los padecimientos los adquirió antes, durante o después del servicio; máxime que al dar respuesta a las inconformidades del quejoso con dicho procedimiento de baja, le expresó que una vez que cause baja del Instituto Armado, tiene el derecho de solicitar que se le continúe brindando la atención médica que requiere en instituciones públicas civiles. Conviene puntualizar que la existencia de los principios de progresividad de los derechos humanos, pro homine o pro persona no derivan necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), registro 2014332, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien, la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma. De igual forma, por su aplicabilidad se cita, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), registro 2004748, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Tampoco beneficia al quejoso la tesis aislada que invoca, con registro digital 2022767, de rubro y texto siguientes: "BAJA DEL SERVICIO ACTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS Y ALTA EN LA RESERVA CORRESPONDIENTE POR CONTAR CON MÁS DE NUEVE AÑOS DE SERVICIOS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS QUE LA PREVÉ, A PARTIR DE UNA LECTURA NEUTRA, SIN CONSIDERAR COMO CONDICIÓN RELEVANTE EL ESTADO DE SALUD DEL MILITAR Y EL HECHO DE QUE LOS PADECIMIENTOS QUE PRESENTA LOS ADQUIRIÓ EN ACTOS DEL SERVICIO, VIOLA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Hechos: Un soldado promovió juicio de amparo indirecto contra el acuerdo del general secretario de la Defensa Nacional, mediante el cual ordenó su baja del servicio activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y alta en la reserva correspondiente por contar con más de nueve años de servicios, de conformidad con el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El Juez de Distrito negó la protección de la Justicia Federal, por lo que el quejoso promovió recurso de revisión, de cuyos agravios este Tribunal Colegiado de Circuito advierte, en suplencia de la queja deficiente, la existencia de elementos que demuestran un trato discriminatorio en perjuicio de aquél por sus condiciones de salud, al presentar trastornos funcionales que adquirió en actos del servicio. Criterio jurídico: La aplicación del precepto citado, a partir de una lectura neutra, sin considerar como condición relevante el estado de salud del militar y el hecho de que los padecimientos que presenta los adquirió en actos del servicio, viola sus derechos fundamentales de igualdad y no discriminación. Justificación: Si bien es cierto que el artículo mencionado prevé el plazo de nueve años como la duración máxima de los contratos de reclutamiento y su renovación, también lo es que una de las razones que explican dicha disposición es que ese lapso se considera suficiente para que los soldados logren un ascenso en la jerarquía militar. Así, cuando se ordena la baja del servicio activo por haber excedido ese tiempo de servicios, pero la persona afectada presenta alguna incapacidad o trastorno en su estado de salud que adquirió en actos del servicio, se coloca en una categoría sospechosa de sufrir discriminación por sus condiciones de salud, atento a lo establecido en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; circunstancia que impone al órgano jurisdiccional de amparo el deber de realizar un escrutinio estricto de dicha orden, para verificar si implicó un efecto discriminatorio en su perjuicio. De tal suerte, cuando existe evidencia de que su estado de salud fue determinante para que no pudiera ascender de grado y al determinar su baja no se consideró su especial condición de vulnerabilidad, se violan sus derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, que obligan a dar un trato diferente a sujetos que se encuentran en supuestos distintos". Lo anterior, porque en el caso, de las documentales que allegó la responsable y el propio quejoso, consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente del soldado de infantería aquí quejoso, donde, si bien, se puede advertir los diversos padecimientos que ha presentado desde el año dos mil nueve, debido a diversos accidentes que sufrió durante actividades de adiestramiento como parte de su servicio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (dos mil once, dos mil doce y dos mil trece), lo cierto es que no son suficientes para acreditar la sospecha de que se le esté dando un trato discriminatorio y que su estado de salud sea precisamente la causa de la baja. Lo anterior es tan evidente que, el quejoso viene presentando padecimientos desde el año de dos mil nueve, por lo que, si esa fuera la causa, se habría iniciado su baja al menos desde el año dos mil trece, que fue cuando cumplió los nueve años como tiempo máximo de prestación de servicios; no obstante, la autoridad, si bien inició el procedimiento de baja por haber transcurrido los nueve años relativos a los contratos de enganche y reenganche, mismo que notificó al aquí quejoso el seis de enero de dos mil dieciocho -más de cuatro años después de que feneció la temporalidad máxima de su contrato-, ese procedimiento fue suspendido, lo que se hizo de conocimiento del disidente el dieciséis de febrero de dos mil diecinueve. De lo que se aprecia que el quejoso si se enteró de que dicho procedimiento se suspendió, por lo que el tres de enero de dos mil veinte, nuevamente se le otorgó la garantía de audiencia al procedimiento de baja en términos de lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de ahí que correctamente la responsable respondió su cuestionamiento en el sentido de que no se le está juzgado dos veces por los mismos hechos, pues en el caso, se está ante un procedimiento netamente administrativo en el que no se impone una sanción por alguna conducta ilícita del soldado, sino únicamente se aplica una causa de extinción del contrato de enganche y reenganche por el que prestaba sus servicios en el organismo castrense. Sin que beneficie al quejoso las pruebas documentales que ofreció, relativas a su expediente administrativo personal, que fue remitido con el informe justificado que rindió el Secretario de la Defensa Nacional, y la de informes que deberían rendir los directores de los hospitales dependientes de dicha Secretaría, en los que fue intervenidos, pues dichos documentos se consideran intrascendentes habida cuenta que, se insiste, los padecimientos de salud del quejoso no son materia del procedimiento administrativo de baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ni las responsables adujeron que no existieran tales enfermedades; máxime que tales medios probatorios se ofrecieron en el procedimiento de origen y fueron desechados por la razón de que la causa generadora del procedimiento referido no era un tema de salud, sino por contar con más de nueve años de servicios, tiempo máximo de enganche y reenganche que se permite permanecer en activo a los soldados. En las relatadas consideraciones al resultar inoperantes en una parte; e, infundados en otra, los conceptos de violación formuladas por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a ***, respecto al acto que reclamó al General Secretario de la Defensa Nacional; General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Director General de Infantería Administrativa; y Teniente Coronel, Diplomado del Estado Mayor, Comandante de la 23/a Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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