Jorge Luis Alejo Aburto

Expediente 441/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
441/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
13/10/2016

Partes del expediente

  • Jorge Luis Alejo Aburto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 32 a 44), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jorge Luis Alejo Aburto, en los siguientes términos: ". lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que el juez Sexto de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con sede en esta ciudad, en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice, deje insubsistente la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en el presente fallo, emita otra en la que al resolver el recurso de reclamación, de estimarlo procedente, regradúe el monto fijado como pensión alimenticia provisional atendiendo al principio de proporcionalidad." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, causó ejecutoria, y se requerió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 51 y 52). Por oficio número 3916 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiocho de septiembre pasado, el Juez responsable informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 55 a 60); por lo anterior, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre último, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación (fojas 62 y 63); sin que lo hubieren hecho. Ahora, el amparo concedido a Jorge Luis Alejo Aburto, fue para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice; y Una vez hecho lo anterior, dictara una nueva resolución en la que: Siguiera los lineamientos trazados en la sentencia, esto es, tomar en cuenta el material probatorio, las posibilidades económicas del deudor Jorge Luis Alejo Aburto, el sueldo que percibe, los gastos personales y la existencia de otra acreedora (su progenitora); así como las necesidades del acreedor alimentario; y, De estimarlo procedente, regraduara el monto fijado como pensión alimenticia provisional atendiendo al principio de proporcionalidad. Por su parte, la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante oficio número 3916, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, en la que dejó insubsistente la diversa de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice; y, tomando en consideración las pruebas aportadas en la reclamación, determinó procedente la reclamación que hizo valer el deudor alimentista Jorge Luis Alejo Aburto, reduciendo la pensión alimenticia provisional decretada de medio salario mínimo a un cuarto de salario mínimo diario general vigente para esta localidad, equivalente a $18.26 (dieciocho pesos veintiséis centavos) diarios o $547.80 (quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos) mensuales. Determinación que emitió la autoridad responsable atendiendo al principio de proporcionalidad, pues determinó que el acreedor alimentario tiene ingresos propios, es copropietario de un inmueble con su cónyuge, por lo que no paga renta, y que el aquí quejoso con su ingreso diario de ochenta pesos debe cubrir sus necesidades más elementales y los de la diversa acreedora alimentaria (progenitora); por lo que, estableció un cuarto de salario mínimo diario general vigente de esta localidad, a favor del tercero interesado Isaías Alejo Hernández, para satisfacer sus necesidades alimentarias. De lo anterior se desprende, que el citado Juez dio cumplimiento al fallo protector emitido; por lo que, el suscrito considera que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violentados en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que se declara que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado, agrégueseles copia autógrafa del presente auto y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este expediente, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (fojas 32 a 44), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jorge Luis Alejo Aburto, en los siguientes términos: ". lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados para el efecto de que el juez Sexto de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con sede en esta ciudad, en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice, deje insubsistente la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis y, en su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en el presente fallo, emita otra en la que al resolver el recurso de reclamación, de estimarlo procedente, regradúe el monto fijado como pensión alimenticia provisional atendiendo al principio de proporcionalidad." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de veintiuno de septiembre del año en curso, causó ejecutoria, y se requerió el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 51 y 52). Por oficio número 3916 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiocho de septiembre pasado, el Juez responsable informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector (fojas 55 a 60); por lo anterior, mediante acuerdo de veintinueve de septiembre último, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación (fojas 62 y 63); sin que lo hubieren hecho. Ahora, el amparo concedido a Jorge Luis Alejo Aburto, fue para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice; y Una vez hecho lo anterior, dictara una nueva resolución en la que: Siguiera los lineamientos trazados en la sentencia, esto es, tomar en cuenta el material probatorio, las posibilidades económicas del deudor Jorge Luis Alejo Aburto, el sueldo que percibe, los gastos personales y la existencia de otra acreedora (su progenitora); así como las necesidades del acreedor alimentario; y, De estimarlo procedente, regraduara el monto fijado como pensión alimenticia provisional atendiendo al principio de proporcionalidad. Por su parte, la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante oficio número 3916, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, en la que dejó insubsistente la diversa de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en autos del juicio ordinario civil 377/2015/I de su índice; y, tomando en consideración las pruebas aportadas en la reclamación, determinó procedente la reclamación que hizo valer el deudor alimentista Jorge Luis Alejo Aburto, reduciendo la pensión alimenticia provisional decretada de medio salario mínimo a un cuarto de salario mínimo diario general vigente para esta localidad, equivalente a $18.26 (dieciocho pesos veintiséis centavos) diarios o $547.80 (quinientos cuarenta y siete pesos ochenta centavos) mensuales. Determinación que emitió la autoridad responsable atendiendo al principio de proporcionalidad, pues determinó que el acreedor alimentario tiene ingresos propios, es copropietario de un inmueble con su cónyuge, por lo que no paga renta, y que el aquí quejoso con su ingreso diario de ochenta pesos debe cubrir sus necesidades más elementales y los de la diversa acreedora alimentaria (progenitora); por lo que, estableció un cuarto de salario mínimo diario general vigente de esta localidad, a favor del tercero interesado Isaías Alejo Hernández, para satisfacer sus necesidades alimentarias. De lo anterior se desprende, que el citado Juez dio cumplimiento al fallo protector emitido; por lo que, el suscrito considera que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violentados en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que se declara que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado, agrégueseles copia autógrafa del presente auto y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este expediente, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Odín Edgardo Bonastre Díaz, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto: téngase por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora emitida en el presente juicio. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, quejosa y tercero interesada, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el acto de la diligencia, o bien, en el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, en el entendido que aun cuando las partes no desahoguen dicho requerimiento, esta autoridad federal se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio con base en las constancias que obran en autos. Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada

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