Jorge Luis Aguilar Díaz

Expediente 424/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
424/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Jorge Luis Aguilar Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACION DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos que deban devolverse a la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto; el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Titular de la Ponencia "E" del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias que obran en el juicio laboral número 226/D/2013. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese únicamente para que obre como corresponda toda vez que en proveído de veinticinco de abril del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el estado de autos, de los que se advierte el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el que informó con relación a la determinación realizada en auto de uno de abril de la presente anualidad, dictado en el expediente número 226/D/2013, de su índice, del cual anexó copia certificada, al igual que de los diversos oficios relativos al mismo. Al efecto, se acuerda: Del análisis que en este acto se realiza a las documentales remitidas por la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso particular, el impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de girar los oficios, a las instituciones bancarias, con la finalidad de que pongan a su disposición la cantidad señalada en la diligencia de embargo practicada en el expediente laboral número 226/D/2013. Por su parte, con las constancias que remitió el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, anexas a su informe justificado, se advierte que mediante auto de uno de abril del presente año, ordenó enviar a las diversas instituciones bancarias, sendos oficios con la finalidad de que congelen la cantidad de un millón ciento dieciséis mil quinientos pesos, para que sea entregado al actor -aquí quejoso-, documentos que fueron recibidos por sus destinarios, según se advierte de los mismos -que en copias certificadas obran en el presente expediente-. Constancias las anteriores, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, párrafo segundo, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsables, pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, toda vez que la autoridad responsable ordenó enviar a las diversas instituciones bancarias, sendos oficios con la finalidad de que congelen la cantidad embargada en el juicio de origen, con el propósito de que sea entregado al aquí quejoso. Ordenamiento el anterior que se hizo del conocimiento del peticionario de amparo, toda vez que se tuvo por recibido en el este juzgado mediante auto de quince de abril del presente año, el cual fue notificado a aquél de manera personal el dieciséis del mismo mes y año. Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Visto; el estado de autos, de los que se advierte el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en el que informó con relación a la determinación realizada en auto de uno de abril de la presente anualidad, dictado en el expediente número 226/D/2013, de su índice, del cual anexó copia certificada, al igual que de los diversos oficios relativos al mismo. Al efecto, se acuerda: Del análisis que en este acto se realiza a las documentales remitidas por la autoridad responsable, aunado al estudio de los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa, así como examinar la constitucionalidad de los actos que aparezcan probados, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima que se actualiza de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso particular, el impetrante de amparo reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de girar los oficios, a las instituciones bancarias, con la finalidad de que pongan a su disposición la cantidad señalada en la diligencia de embargo practicada en el expediente laboral número 226/D/2013. Por su parte, con las constancias que remitió el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, anexas a su informe justificado, se advierte que mediante auto de uno de abril del presente año, ordenó enviar a las diversas instituciones bancarias, sendos oficios con la finalidad de que congelen la cantidad de un millón ciento dieciséis mil quinientos pesos, para que sea entregado al actor -aquí quejoso-, documentos que fueron recibidos por sus destinarios, según se advierte de los mismos -que en copias certificadas obran en el presente expediente-. Constancias las anteriores, que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, párrafo segundo, tienen pleno valor probatorio, resultando aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsables, pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, toda vez que la autoridad responsable ordenó enviar a las diversas instituciones bancarias, sendos oficios con la finalidad de que congelen la cantidad embargada en el juicio de origen, con el propósito de que sea entregado al aquí quejoso. Ordenamiento el anterior que se hizo del conocimiento del peticionario de amparo, toda vez que se tuvo por recibido en el este juzgado mediante auto de quince de abril del presente año, el cual fue notificado a aquél de manera personal el dieciséis del mismo mes y año. Por ende, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que estipula el artículo 17, de la Constitución Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve.

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