Jorge Lugo Sarrazín
Expediente 939/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Lugo Sarrazín
- Iyali Villaescusa Gámez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de disco compacto. Por otra parte, se advierte, que obra en el Juzgado un disco compacto exhibido por la autoridad responsable juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en su carácter de juez de Control, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, remítase mediante oficio la documental de referencia, por resultar innecesaria en el presente juicio; en la inteligencia que no es necesario que la citada autoridad acuse recibo de la videograbación de mérito. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Jorge Lugo Sarrazín, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales J.D.L.V y A.L.V, contra el acto atribuido al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en su carácter de juez de control, residentes en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, el trece siguiente siguiente, Jorge Lugo Sarrazín, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales J.D.L.V y A.L.V, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido a la autoridad señalada en el proemio de esta resolución. Se admite demanda. Mediante acuerdo de quince de julio siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de veintinueve de julio del presente año, con fundamento en el precepto 5, fracción III, incisos d) y e), de la ley de la materia, se reconoció el carácter de terceros interesados a Iyali Villaescusa Gámez y a la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Hermosillo del Equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento, lo que ocurrió el cinco y tres de agosto del presente año, respectivamente. Finalmente, el doce de septiembre del presente año, se celebró la audiencia constitucional en este juicio, y se procede al dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La audiencia de veinte de junio de dos mil veintidós, celebrada en la carpeta impugnación 57/2022, en la que se confirmó el no ejercicio de la acción penal a favor de Iyali Villaescusa Gámez, decretado por la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Hermosillo del Equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Sonora, dentro de la carpeta de investigación FED/SON/HSO/0000489/2022. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en su carácter de juez de control, residente en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe el juez de control responsable, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el cuaderno de impugnación 57/2022 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: En resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitida en la carpeta de investigación FED/SON/HSO/0000489/2022, la agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Hermosillo del Equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Sonora, decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Iyali Villaescusa Gámez, por el hecho que la ley señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el numeral 366 Ter, segundo párrafo, del Código Penal Federal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jorge Lugo Sarrazín y los menores de iniciales J.D.L.V y A.L.V; determinación que fue autorizada por el delegado estatal de la Fiscalía General de la República. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, el autorizado legal de las víctimas, interpuso el recurso de impugnación contenido en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por acuerdo de quince de junio siguiente, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, señaló fecha para la audiencia respectiva y ordenó notificar a las partes ese proveído. Finalmente, el veinte de junio del presente año, se llevó a cabo la audiencia de impugnación, en la que se declaró infundada la petición realizada por el asesor jurídico de Jorge Lugo Sarrazín y se confirmó el no ejercicio de la acción penal. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan ineficaces por una parte, e inoperantes por otra, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En éstos la parte quejosa esencialmente sostiene: Que la determinación combatida es violatoria de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1 y 4 Constitucionales, en relación con los preceptos 3.1, 9, 18, párrafo primero, 20, 34 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros contenidos en tratados y convenios de los que el Estado Mexicano es parte, pues el juez responsable no suplió la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad, por indebida apreciación y valoración de los argumentos esgrimidos en la audiencia reclamada, pasando por alto que entre padre e hijos no hay convivencia alguna. Sostiene que se viola ese principio, pues el juez responsable estimó que el peticionario de amparo no reencausó su denuncia por el delito contemplado en el numeral 366 Quater del Código Penal Federal, soslayando que requirió en reiteradas ocasiones a la fiscalía de la federación, fin de que judicializara la carpeta de investigación, al encontrarse acreditados los elementos del delito de tráfico de menores contemplado en ese numeral. Refiere que la autoridad responsable desatendió el interés superior de los menores, al no tomar en cuenta que éstos tienen derecho a una residencia habitual y, por ende, a un régimen de convivencia con sus progenitores; de ahí que al desacatar las órdenes expresas emitidas por la juez Segundo de lo Familiar, consistente en no sacar a los menores del país, se violaron los bienes jurídicos relativos a los derechos de familia, correcto desempeño de la patria potestad y la guardia y custodia. Con lo anterior, sostiene, se comprueba el elemento subjetivo del tipo penal descrito en el artículo 366 Quater del Código Penal Federal, consistente en que la activo, al trasladar a los menores fuera del territorio nacional, tuviera como fin impedir la convivencia con el quejoso; lo que hizo del conocimiento al citado órgano judicial, en el expediente 586/2021, de su índice. Hace una reseña doctrinal sobre el interés superior de la niñez dentro de procesos penales. Aduce la parte quejosa que indebidamente el juez responsable aprobó el no ejercicio de la acción penal no obstante que en éste se abordó un tipo penal distinto al objeto de la denuncia, sosteniendo que la parte ofendida debió percatarse que la carpeta de investigación de origen se enderezaba conforme la hipótesis que establece el numeral 366 Ter del Código Penal Federal, y no el diverso 366 Quater de ese ordenamiento; además, que no consideró que, al declinar competencia a su homóloga federal, la fiscal del fuero común fijó la normativa correspondiente, a saber, la contemplada en el precepto señalado en último término; empero, determinó que si bien acorde al numeral 21 Constitucional, los fiscales tendrán que esclarecer los hechos y realizar las investigaciones correspondientes, lo cierto es que la fiscalía se ciñó a lo que establece el artículo 366 Ter del Código Penal Federal; por ende, confirmó el citado inejercicio de la acción penal. Destacado lo anterior, es necesario indicar que el recurso de impugnación contra la determinación de no ejercicio de la acción penal tiene como finalidad que el juez de control vigile, controle, avale y, en su caso, descalifique las acciones llevadas a cabo en esa etapa por parte de la fiscalía investigadora, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones. De igual forma, que el juez de control no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, por lo que la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios, sin que sea factible que lo hagan por escrito, toda vez que en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Así se ilustra en la jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.), de título: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." Precisado lo anterior, se tiene que de la reproducción del disco relativo a la videograbación de la audiencia de impugnación celebrada el veinte de junio de la presente anualidad, en la carpeta de impugnación 57/2022, del índice del juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, se obtiene, en lo que interesa, que se llevó a cabo una audiencia en la que se identificaron las agentes del Ministerio Público Federal; la parte ofendida Jorge Lugo Sarrazín y sus asesores particulares; la defensa de Iyali Villaescusa Gámez y ésta como la investigada. En esa audiencia, en uso de la voz el asesor jurídico de la parte ofendida, después de hacer una reseña de los antecedentes del caso, esto es, la relación que unía al ofendido con la investigada, así como la calidad de padres de los menores hijos de iniciales J.D.L.V y A.L.V; que presentó denuncia ante la representación social del fuero común y después de recabar una serie de datos de prueba, declinó competencia a su similar del fuero federal, para que siguiera integrando la carpeta de investigación; esta última aceptó la competencia declinada y se avocó a su conocimiento; el veintisiete de abril de dos mil veintidós, decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Iyali Villaescusa Gámez, al no acreditarse el hecho que la ley señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal. Al respecto, durante la audiencia, el asesor jurídico de la parte quejosa expuso los hechos que, a su parecer, son constitutivos del delito tipificado cometido en el caso por Iyali Villaescusa Gámez, al haber sustraído internacionalmente hacia Estados Unidos de América a los menores de iniciales J.D.L.V y A.L.V, sin autorización de su padre, con la finalidad de entorpecer la convivencia entre los citados menores y su progenitor. Sostuvo que la determinación de no ejercicio de la acción penal es violatoria de los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad, por falta de aplicación del numeral 366 Quater del Código Penal Federal, entre otros; lo anterior, pues la representación social realizó un estudio con base en los numerales 255 y 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que de los autos que integran la indagatoria, se desprende que el hecho no constituye delito, ni la probable responsabilidad de la imputada, basándose para ello en la denuncia interpuesta por la parte ofendida, así como el informe rendido por la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, al que acompañó la totalidad de los expedientes 207/2011 y 1195/2021, soslayando señalar los elementos que comprende el tipo penal al que hizo referencia. Adujo que en el citado acuerdo de no ejercicio de la acción penal, la representación social señaló que si bien la citada imputada trasladó a los menores a diverso país, sin consentimiento de su padre; refirió que éstos mantenían comunicación con su padre, cuando no existe ningún dato de prueba que arroje dicha conclusión y, por ende, incorrecta la citada determinación. Refirió que otro dato que la agente del Ministerio Público estimó para decretar el no ejercicio de la acción penal, lo fue la circunstancia de que el padre de los menores sabía dónde se encontraban, pues dicho consentimiento no fue tácito, pues evidentemente existía una denuncia al respecto, así como una medida cautelar que prohibía a la imputada trasladar a los menores fuera de la ciudad sin el consentimiento de su padre, en la que se le apercibió con multa ante el incumplimiento de dicha medida. Concluyó que la omisión de la fiscalía de realizar más actos de investigación para localizar y verificar el estado de salud de los menores hijos de su representado, constituye una regresión al derecho humano de acceso a la justicia, acorde al precepto 17 Constitucional. Por su parte, la representación social de la Federación, refirió que, contrario a lo manifestado por el ofendido, el delito por el que se integró la carpeta de investigación fue el de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, que requiere diversos elementos para su actualización, entre ellos, que los menores se entreguen a un tercero de manera ilícita con el propósito de obtener un beneficio económico. Contrario a lo que alega el asesor de la parte ofendida, en la determinación de no ejercicio de la acción penal, en la que se tuvo por actualizada la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que el hecho no constituye delito, pues si bien la investigada traslado a Estados Unidos de América, a los menores de edad, cuya custodia ostenta, lo cierto es que el apercibimiento decretado en interlocutoria de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 1195/2021, relativo a la providencia cautelar urgente de custodia provisional, consistente en aplicación de multa de cincuenta unidades de medida y actualización, si incumplía con la medida consistente en que no podía viajar fuera de la ciudad con los menores sin autorización de su padre; empero, estima que dicha medida no tiene el alcance de despojarla de la custodia de sus hijos, sino únicamente la imposición de una multa, aunado a que tal incumplimiento es insuficiente para determinar que se ponga en peligro físico, mental y moral a los menores; de tal manera que no se encuentra establecida una línea respecto la comisión de un hecho con apariencia de delito, como lo refiere la parte ofendida, pues el traslado de los menores no fue con la intención de hacerlo de manera ilícita, ni de entregarlos a un tercero y generar un beneficio económico. En abono a lo anterior, la diversa agente del Ministerio Público Federal, señaló que la carpeta de investigación se inició por la denuncia presentada por el ofendido ante la fiscalía del fuero común, y la fiscalía federal recibió la carpeta en términos del numeral 366 Ter del Código Penal Federal, en la que realizó los actos de investigación para determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal; precisó que al emitir dicha resolución hizo un análisis de los datos de prueba y, contrario a lo argumentado por el asesor de la víctima, señaló que se instruyó la carpeta de investigación contra Iyali Villaescusa Gámez, por el delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter, segundo párrafo, del Código Penal Federal, y que de las diversas pruebas obrantes en la carpeta, esto es, de la denuncia, demanda de divorcio, acta de divorcio, sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintidós -en la que se determina que ambos padres continuarían con la patria potestad de los menores, cuya custodia quedó bajo la madre-, entre otros, no se advertía ninguna tendencia de obtener un beneficio económico. Destacó que en la interlocutoria de cuatro de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente 1195/2021, relativa a la providencia cautelar urgente de custodia provisional, solicitada por el ofendido, declaró improcedente la medida cautelar de depósito de menores, pues los menores no se encontraban en estado de abandono, señalando que éstos se encuentran bajo la custodia de su madre, por ende, ordenó la entrega de los menores a esta última. Refiere que no le asiste razón al asesor jurídico del ofendido, pues los datos de investigación obrantes en la carpeta de investigación, no acreditaban que la conducta realizada por la imputada no constituyera delito, por lo que se dio vista a la superioridad para decretar el no ejercicio de la acción penal. En uso de la voz, la defensa de la investigada Iyali Villaescusa Gámez, manifestó, esencialmente, que la resolución emitida por la agente del Ministerio Público de la Federación se basa en todo el cúmulo de datos de pruebas que obran en la carpeta de investigación, de la que resaltan la multicitada interlocutoria e informe de autoridad al que acompañó dos expedientes; en tal determinación se exponen fundamentos y motivos para decretar el no ejercicio de la acción penal, pues el padre y los menores han tenido convivencia, pues así lo manifestó el propio ofendido, al señalar que realiza videollamadas con sus menores hijos; asimismo, manifestó que del veinticinco de diciembre de dos mil veintiuno al cuatro de enero de dos mil veintidós, data en la que la juez familiar le solicitó la entrega de los menores de edad a su madre, tuvo convivencia presencial con éstos; la medida cautelar no se le concedió porque la juez familiar no advirtió la existencia de un riesgo de peligro inminente e irreparable que requiriera la salvaguarda de los menores. Refiere que la convivencia referida se corrobora con las entrevistas obrantes en la carpeta de investigación a cargo de Jorge Lugo Granillo y Roxana Araceli Lugo Sarrazín, padre y hermana del ofendido, quienes coincidentemente refirieron que éste sí tiene convivencia con sus menores hijos y confirman que en las fechas señaladas, los menores estuvieron con su padre. Concluye diciendo que la madre y sus menores hijos tienen residencia en la ciudad de Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, así como que los menores de edad cursan su educación en aquella localidad, pues éstos tienen la nacionalidad americana y mexicana. En contrarréplica, el asesor jurídico del ofendido hizo manifestaciones. Después de escuchar a las partes, el juez responsable solicitó a las partes algunas precisiones en cuanto al delito por el que se presentó la denuncia y por el que se siguió la carpeta de investigación; ante ello, manifestaron que en el escrito de denuncia no se plasmó como clasificación legal de la conducta delictiva el precepto Quater del Código Penal Federal, en tanto que la integración de la carpeta de investigación se siguió por el hecho que la ley que señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal; precisa el asesor jurídico que la representación social del fuero común, declinó competencia a su homóloga federal, y señaló que los hechos con apariencia de delito pudieran actualizar la hipótesis delictiva prevista en el numeral 366 Quater del Código Penal Federal; por su parte, el ofendido hizo diversas manifestaciones. Destacado lo anterior, el juez concluyó: En primer término que en las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, por lo que desconoce su contenido, y resuelve con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que si bien en la denuncia presentada ante la agente del Ministerio Público del Fuero Común, se relataron hechos con apariencia delictiva de sustracción de menores, sin precisar la hipótesis en la que se seguiría la misma, sino que la citada fiscal, al declinar competencia a su homóloga federal, precisó que tal conducta podría actualizar la hipótesis delictiva contenida en el numeral 366 Quater del Código Penal Federal. Asimismo, que si bien en términos del numeral 21 Constitucional, los fiscales deberán esclarecer los hechos y realizar las investigaciones correspondientes, en el caso concreto, siguió la investigación por la hipótesis delictiva contenida en el arábigo 366 Ter del Código Penal Federal y, a la postre, estimó que no se actualizaba y decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Iyali Villaescusa Gámez por el injusto previsto en ese numeral, argumentando que no se acreditaban algunos de los elementos del tipo penal, a saber, que se traslade a un menor de dieciséis años o lo entregue a un tercero de manera ilícita fuera del territorio nacional, con el propósito de un beneficio económico indebido; lo que estimó correcto. Concluyó que dicha determinación era correcta, pues la litis fue fijada con motivo de la determinación e investigación que realizó la fiscalía local, en la que tenían participación tanto el solicitante de la audiencia, su asesor jurídico, la investigada y su defensor, por ende, si la investigación se siguió acorde a la denuncia donde no se fijó la hipótesis a que alude el artículo 366 Quater del Código Penal Federal -traslado o entrega de menor se realice sin el propósito de obtener un beneficio económico indebido-, la contenida en el precepto 366 Ter de ese ordenamiento punitivo. Señaló que con la conducta desplegada por la investigada no se acreditaba el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, pues si bien traslado a sus menores hijos a diverso país, lo cierto es que no se hizo con ánimo de obtener un beneficio económico indebido, es decir, no se mencionó en tal audiencia dicha circunstancia. Abundando, precisó que en tratándose del delito de sustracción de menores, como se mencionó en audiencia, existe un criterio que establece que en lo relativo a la ilegal sustracción del menor, alguno de sus progenitores, sin consentimiento de quien ejerza la patria potestad sobre aquél, lo traslada fuera del territorio nacional, con el fin específico de impedir al otro progenitor convivir con él o visitarlo; empero, como se dijo en audiencia, ha habido convivencia entre el padre y sus menores hijos. Finalmente, refirió que únicamente se analizó el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, y no se encuentran acreditados los elementos del tipo penal, sin hacer pronunciamiento respecto los contenido en el 366 Quater de ese ordenamiento, pues no fue materia de impugnación ni de la denuncia que presentó el solicitante de la audiencia, ni la fiscal entró a su estudio; el hecho de que la fiscal del fuero común hubiere señalado ese tipo penal, no circunscribe a la fiscal federal a que analice los elementos de esa conducta delictiva; además, si en esa carpeta de investigación no se manifestó o se realizó alguna solicitud o acto de investigación o solicitud de obtención de datos de prueba por parte del asesor jurídico o del solicitante de la audiencia, para entablar o enderezar dicha investigación por lo que hace a la hipótesis contenida en el artículo 366 Quater del Código Penal Federal. Como se adelantó, los conceptos de violación relatados son ineficaces en parte, e inoperantes en otro aspecto. Son ineficaces los señalados en los incisos a. y c. del apartado respectivo, en los que la parte quejosa afirma que el juez responsable no suplió la deficiencia de la queja en favor de los menores de edad, por indebida apreciación y valoración de los argumentos esgrimidos en la audiencia reclamada, pasando por alto que entre padre e hijos no hay convivencia alguna, y no tomar en cuenta que los menores tienen derecho a una residencia habitual y, por ende, a un régimen de convivencia con sus progenitores, por lo que con base a los hechos denunciados, debía privilegiarse el principio del interés superior del menor, pues sostiene, con ello se comprueba el elemento subjetivo del tipo penal descrito en el artículo 366 Quater del Código Penal Federal, consistente en que la activo, al trasladar a los menores fuera del territorio nacional, tuviera como fin impedir la convivencia con el quejoso. Sin embargo, si bien el principio del interés superior de la niñez como norma de procedimiento tiene la potencialidad de sustentar la inaplicación de alguna regla legal que se advierta innecesaria, injustificada o desproporcionada para efectos del proceso respectivo, en la medida en que pueda trastocar u obstaculizar el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, lo cierto es que las normas que regulan la investigación de los delitos no pueden verse como innecesarias, injustificadas o desproporcionadas que obstaculicen el ejercicio de los derechos de los justiciables incluidos los infantes o que ameriten inaplicarse o excluirse, como medida de protección reforzada de los derechos de éstos. En efecto, el carácter prevalente y el trato especial y prioritario que exigen los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la importancia de su protección intensa y reforzada conforme al principio del interés superior del menor es un mandato expreso del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá el principio del interés superior de la niñez, al garantizar de manera plena sus derechos. Asimismo, el interés superior de la infancia se ha reconocido en su amplitud y para instrumentarlo y hacerlo realidad en los casos concretos puede considerarse que se proyecta en diferentes aspectos y dimensiones, tanto vinculados a la toma de decisiones sustanciales respecto de los derechos de los menores de edad como en relación con decisiones procedimentales, con el objeto de hacer posible y eficaz la defensa de esos derechos en un determinado procedimiento. De manera que el interés superior de la infancia también trasciende a la aplicación de reglas de naturaleza sustantiva y adjetiva previstas por el legislador para la substanciación de los procedimientos en relación con garantías procesales y que puedan repercutir en una afectación a los derechos de los menores de edad porque esa reglas están dispuestas para garantizar las formalidades esenciales del procedimiento y en cualquier proceso, por lo que cuando se trata de asuntos que involucran la decisión de derechos sustanciales de menores de edad las prerrogativas procesales para la plena observancia de las formalidades esenciales del procedimiento tendrán que estar previstas y responder a la lógica de hacer posible alcanzar una protección efectiva de los derechos debatidos. Sin embargo, en el caso lo que se busca desaplicar o excluir no se trata propiamente de una regla de procedimiento en sentido amplio que obstaculice o agrave injustificadamente el ejercicio de los derechos procesales de menores de edad, sino que son las facultades de la representación social previstas por el legislador ordinario para la investigación de una conducta antisocial y consecuente consignación de la persona que probablemente la cometió, esto es, el tipo penal en el que dicha autoridad, en sede ministerial, clasifica a los hechos con apariencia de delito motivo de investigación, lo cual constituye un presupuesto indispensable para la validez de cualquier procedimiento penal. De ahí que contrario a lo alegado por la parte quejosa, en la especie no pueden dispensarse las facultades de la representación social en la investigación de los delitos bajo criterios que atiendan a la naturaleza de los derechos debatidos o al carácter de los promoventes, aun cuando se trate de asuntos que involucren derechos de menores de edad. Luego, si en el caso particular, se confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal en favor de Iyali Villaescusa Gámez, por el hecho que la ley señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, y no se abordó lo relativo al diverso injusto pretendido por la parte ofendida -contemplado en el precepto 366 Quater del Código Penal Federal-, resulta inconcuso que dicha resolución es ajustada a derecho, pues no estaría justificado postular el interés superior de los menores en forma abstracta para excluir para ellos las facultades de investigación en materia penal, y reclasificar, en sede judicial, esa clasificación penal, ya que no se puede hacer una excepción de una regla que no se considera innecesaria, injustificada u obstaculizadora por sí misma del ejercicio de los derechos de los menores de edad. Además, si bien conforme al parámetro jurídico de derechos fundamentales todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar aquellos que son reconocidos por la ley fundamental y por los tratados internacionales en los que Estado mexicano es parte, lo cierto es que el principio de interpretación más favorable a la persona -pro persona o pro homine- no implica necesariamente que las circunstancias planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera bajo el pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivar de éstas porque al final es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Así puntualmente lo dispone la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por otra parte, también resultan ineficaces los argumentos de la parte quejosa estipulados en la primera parte del inciso b. e inciso d. del apartado relativo, en los que esencialmente sostiene que indebidamente el juez responsable estimó que el solicitante del amparo no reencausó su denuncia por el hecho tipificado por la ley en el numeral 366 Quater del Código Penal Federal; asimismo, que la determinación reclamada carece de congruencia y exhaustividad, pues el juez responsable aprobó el no ejercicio de la acción penal no obstante que en éste se abordó un tipo penal distinto al objeto de la denuncia, sosteniendo que la parte ofendida debió percatarse que la carpeta de investigación de origen se enderezaba conforme la hipótesis que establece el numeral 366 Ter del Código Penal Federal, y no el diverso 366 Quater de ese ordenamiento; además, que no consideró que, al declinar competencia a su homóloga federal, la fiscal del fuero común fijó la normativa correspondiente, a saber, la contemplada en el precepto señalado en último término; empero, determinó que acorde al numeral 21 Constitucional, los fiscales tienen que esclarecer los hechos y realizar las investigaciones correspondientes, en tanto que la fiscalía ciñó su investigación por hechos posiblemente constitutivos del delito establecido en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal. Sentado lo anterior, es claro que no asiste razón a la parte quejosa, pues tales reclamos se basan prácticamente en la omisión de la fiscalía de recabar diversos actos de investigación, a fin de integrar la carpeta de investigación por el hecho que la ley señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Quater del Código Penal Federal. Ahora bien, el juez responsable no convalidó alguna omisión del Ministerio Público de la Federación, pues contrario a ello confirmó el no ejercicio de la acción penal al considerar que los actos de investigación realizados por la fiscal federal no acreditan los elementos del hecho que la ley señala como delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal; máxime que la parte quejosa no ofertó diversos actos de investigación a los realizados por la agente en comento, respecto de los cuales se haya omitido o negado su realización, de ahí que no le asiste la razón. Lo anterior, sin que pase inadvertido lo señalado en los numerales 131 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que es obligación del Ministerio Público realizar la investigación de hechos delictivos, y llevar actos como: la recolección de indicios y medios de prueba, ordenar la práctica de actos de investigación, explorar líneas de investigación, entre otras, pues de conformidad con los numerales 14, 20 y 21 Constitucionales la parte ofendida tiene derecho a que se le reciban los elementos o datos de prueba y desahogo de las diligencias correspondientes, a fin de coadyuvar con el Ministerio Público, lo que en el caso no aconteció, pues el promovente no aportó diversos actos de investigación, para acreditar el delito que fue materia de la carpeta de investigación. En este punto, es importante traer a cita, los siguientes preceptos relacionados con el derecho de la víctima de solicitar se verifiquen actos de investigación: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (.)" Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido (.) XIV. A que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece este Código; (.) XVII. A solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, debiendo fundar y motivar su negativa; ." "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." De tales preceptos se advierte el derecho de la parte ofendida, de solicitar al fiscal encargado de la tramitación de la carpeta de investigación, la realización de actos de investigación que considere necesarios para el esclarecimiento de los hechos; sin embargo, también precisa que deberá realizar su petición estableciendo porqué en su opinión tal acto de investigación es necesario para la continuación de la investigación, para que en su caso, la fiscalía esté en posibilidad de determinar la procedencia o no de dicha actuación. Lo que implica entonces que la petición de llevar a cabo actos de investigación no se rige por la simple petición de la parte solicitante, sino que aquél debe establecer la pertinencia y utilidad de tal acto de investigación para estar en posibilidad de verificarlo por parte del órgano investigador, pues incluso, en las diversas fases del procedimiento únicamente serán admitidas aquellas pruebas que reúnan entre otras, dichas características. Es ilustrativa la tesis I.7o.P.127 P (10a.), de rubro: "DERECHO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO A SER INFORMADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CUANDO LO SOLICITE RESPECTO DE LA RECOLECCIÓN DE INDICIOS O DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INICIAL, A FIN DE SATISFACER LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA RESPUESTA NO SE AGOTA SI NO SE PRECISAN, POR LO MENOS, LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE ORDENAR DILIGENCIAS PERTINENTES Y ÚTILES." De ahí que, no existe omisión alguna que haya sido convalidada, pues el fiscal agotó las líneas de investigación, sin que la parte denunciante coadyuvara con el ofrecimiento de diversos actos de investigación que se encuentren pendientes de desahogar. En otro orden, es inoperante el concepto de violación contenido en la segunda parte del inciso b., en el sostiene que el juez responsable soslayó en reiteradas ocasiones a fin de que judicializara la carpeta de investigación, al encontrarse acreditados los elementos del delito de tráfico de menores, previsto y sancionado en el artículo 366 Quater del Código Penal Federal. Lo anterior, dado que la dichas consideraciones no formaron parte de la contienda constitucional; de ahí tal calificativa. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia IV.3o.C. J/1, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE ATACAN CONSIDERACIONES AJENAS A LA LITIS CONSTITUCIONAL. De la correcta interpretación sistemática de los artículos 76 bis, 77, 78, 158, 163 y 190 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo directo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio uniinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el tribunal y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales; en esa virtud, si el juicio de garantías se admite respecto de una sentencia definitiva pronunciada en segunda instancia y el quejoso en la demanda de amparo formula conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo de primer grado, procede calificarlos de inoperantes por no cuestionar las consideraciones que invoque el tribunal ad quem para emitir aquélla, pues de no interpretarse así, se llegaría al absurdo de que el órgano jurisdiccional federal se pronunciara sobre cuestiones que no formen parte de la contienda constitucional, lo que indefectiblemente traería como consecuencia que se pronuncie una sentencia violatoria del citado principio." V. Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar ineficaces e inoperantes, los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera interesada, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Lugo Sarrazín, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales J.D.L.V y A.L.V, contra el acto reclamado al juez de control responsable, por las razones plasmadas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintidós, que las labores del juzgado permitieron hacerlo, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Incorporación de oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, al cual adjunta escrito firmado por la parte tercera interesada Iyali Villaescusa Gámez, en el cual se apersona al presente juicio de derechos; en atención a su contenido, se le tiene por apersonada al presente juicio con el carácter que se ostenta. Alegatos. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 55, 56, 57 y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "BLAKE", para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario "BLAKE", pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaría de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a que la tercera interesada de mérito se imponga del contenido de las constancias que integran el presente juicio, se difiere la aludida audiencia y se señalan las doce horas con nueve minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese; y electrónicamente a la citada tercera interesada. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado suscrito por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, en su carácter de juez de control, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales y las copias certificadas del audio y video que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Con el contenido de las videograbaciones de las audiencias contenidas en los discos digitales que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los mismos y manifestar lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en catamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdense los discos compactos en la secretaría de este Juzgado. Terceros interesados. De las constancias que se atienden, se advierte que les resulta el carácter de terceros interesados a Iyali Villaescusa Gámez y a Rosa Amelia Soria Cazares, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-1 Hermosillo del Equipo de Investigación y Litigación en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso d) y e) de la Ley de Amparo, respectivamente. En tal virtud, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Galeana número 30, entre Monterrey y doctor Pesqueira, colonia Centenario, de esta ciudad, y proceda a emplazar a Iyali Villaescusa Gámez; asimismo, mediante oficio, emplácese a la citada autoridad ministerial; en la inteligencia que en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracciones I y II, incisos b), 28 y 116, segundo párrafo, de la ley de la materia, deberá notificarles el auto de radicación, así como el presente proveído, haciéndoles entrega de una copia de la demanda, en los términos señalados en los citados preceptos; asimismo, les haga saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; mediante oficio a la agente del Ministerio Público tercera interesada, personalmente al tercero interesado Iyali Villaescusa Gámez y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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