Jorge Lozano Patiño

Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
449/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Lozano Patiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el actuario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el escrito que suscribe ****************, autorizada de la parte quejosa, en atención a su contenido, se acuerda: Por lo que hace al domicilio que la autorizada aludida señala para oír y recibir notificaciones en su ocurso, dígasele que no ha lugar a acordad de conformidad, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción que ejerce este Juzgado, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale uno en esta ciudad.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por la Magistrada Presidente de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del comunicado 22239/2022 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de veintiocho de diciembre pasado y se le envió un tomo de pruebas que remitió al rendir su informe justificado.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a la responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió la Magistrada Presidente de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, con las que se formó un tomo de pruebas, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que remitió la magistrada presidenta de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución -como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta- que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: El oficio DPSH/AC/314/2022, emitido el veintidós de febrero del presente año por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a: i) la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, ii) la interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veinte y iii) el proveído de uno de febrero de dos mil veintidós; emitidos en el juicio de nulidad ***************, de la estadística de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. Acto que tiene como antecedentes los siguientes: 1. ****************, por su propio derecho, demandó la nulidad del oficio DPSH/4222/2018, emitido por el Subdelegado de Prestaciones Económicas en el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato (en atención a su petición en la cual solicitó el ajuste e incremento de su pensión), a través del cual se le resolvió de manera desfavorable. 2. Del asunto conoció la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, bajo el número 996/19/-17-13-3. El treinta de mayo de dos mil diecinueve se dictó sentencia, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada para los efectos precisados en dicho fallo. 3. En acatamiento a la sentencia del juicio de nulidad, la autoridad demandada emitió el oficio DPSH/AC/1318/2019, de quince de noviembre de dos mil diecinueve; asimismo, ante el requerimiento de la Sala, aquella autoridad remitió diversas constancias con las que dijo demostrar que puso a disposición del actor, un cheque por la suma de $95,063.82 (noventa y cinco mil sesenta y tres pesos con ochenta y dos centavos 00/100 m.n.). Con las citadas documentales, en auto de veinte de enero de dos mil veinte se dio vista a la parte actora para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, bajo apercibimiento que de no hacerlo se resolvería lo que en derecho correspondiera. 4. Con motivo de la vista otorgada, por escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte la autorizada de la parte actora realizó diversas manifestaciones, a las que recayó la determinación de diecisiete de agosto del mismo año, en la que la Sala decidió dejar sin efectos el oficio DPSH/AC/1318/2019, y se concedió a la autoridad demandada el plazo de tres días hábiles para que demostrara haber dado debido cumplimiento a la sentencia que puso fin al juicio de nulidad. 5. En cumplimiento, la autoridad demandada emitió el oficio DPSH/AC/0788/2020, respecto del cual, mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, la Sala determinó declarar debidamente cumplimentada la sentencia definitiva emitida en el juicio de nulidad. 6. En contra del oficio DPSH/AC/0788/2020, del acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se declaró cumplida la sentencia emitida en el juicio de nulidad y de la determinación de diecisiete de agosto de dos mil veinte, la parte actora interpuso juicio de amparo indirecto, del que conoció la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México con el número de expediente 1042/2020, en el que por sentencia de diecisiete de enero de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *************, para el efecto de que: a) La Sala responsable deje insubsistente el acto reclamado. b) Dicte otro en el cual analice el cumplimiento dado a la ejecutoria del juicio contencioso administrativo federal, considerando lo expuesto por el quejoso en el escrito de seis de febrero de dos mil veinte, esto es: Verifique que no se desconozcan los incrementos de la pensión de la quejosa, considerando el principio non reformatio in peius. Analice si al pago de las diferencias respectivas se le aplicó el factor de actualización en términos del artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción, lo que considere procedente en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio contencioso administrativo." 7. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala emitió acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, en el cual en lo que aquí interesa sostuvo: este órgano jurisdiccional colige que el oficio DPHS/AC/788/2020, de 6 de octubre de 2020, es insuficiente para acreditar que la autoridad demandada calculó correctamente las diferencias que corresponden a la referida cuota pensionaria en los términos antes expuestos, por lo que, le deberá pagar las diferencias debidamente actualizadas.sin que corresponda a esta Sala Juzgadora determinar el monto de lo adeudado. Por lo antes expuesto, la autoridad demandada deberá emitir un nuevo acto debidamente fundado y motivado, en el que acredite que efectivamente calculó las diferencias que le corresponden a dicha pensión en los términos antes expuesto y pormenorice debidamente todas y cada una de las operaciones aritméticas que realice a efecto de verificar la debida aplicación de los referidos aumentos que corresponde a la pensión de la demandante, sin que desconozca los incrementos ya aplicados y reconocidos en mayor beneficio a la referida cuota pensionaria. En atención a lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se requiere a la autoridad demandada para que en el plazo de TRES DÍAS, acredite ante esta Sala, haber dado debido cumplimiento a la sentencia que puso fin al presente juicio, así como a la resolución de queja de 17 de agosto de 2020 en los términos antes precisados, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento, este Órgano Jurisdiccional se pronunciará respecto a lo justificado o lo injustificado de ello y procederá a imponerle una multa de apremio que se fijará entre trescientos y mil veces el salario mínimo general diario vigente. 8. En acatamiento al acuerdo indicado en el punto precedente, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de nulidad ****************, el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, emitió el oficio DPSH/AC/314/2022, de veintidós de febrero del año que transcurre. Acto reclamado en la presente instancia constitucional. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama lo constituye el comunicado emitido por la autoridad responsable, por medio del cual adujo dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de referencia; es inconcuso, que no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime, que no debe perderse de vista que el acto reclamado no es autónomo a la ejecución de sentencia, pues guarda directa relación con ésta al constituir el cumplimiento dado a la misma. Además que no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63 del mismo ordenamiento legal, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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