Jorge López Reyes
Expediente 1125/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge López Reyes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio *****, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-4 Oaxaca, Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General de la República, residente en este municipio; mediante el cual, solicita acceso físico al expediente original formado con motivo de este juicio de amparo, por parte del licenciado *****, perito oficial especializado en materia de grafoscopía, a las once horas del día veintisiete de abril de dos mil veintidós, en atención a ello, se provee: En consecuencia, por los motivos que expone, se le autoriza el acceso físico al licenciado *****, perito oficial especializado en materia de grafoscopía, para que se haga presente en las instalaciones de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca a las once horas del día veintisiete de abril de dos mil veintidós y lleve a cabo su análisis y fotografiado correspondiente del original de este juicio de amparo. Para ello, se instruye al actuario de la adscripción para que, anexo al oficio que al efecto se emita, entregue el código QR que se generó a nombre del citado perito, a efecto de que pueda presentarse en las instalaciones de este Juzgado Federal en la hora y fecha señaladas anteriormente. Haciéndole de su conocimiento, que la cita se llevará a cabo en los siguientes términos: a) Deberá acudir puntualmente, en la fecha y hora señalada, pues de no hacerlo no se le permitirá el acceso a las instalaciones de este órgano jurisdiccional; b) Si fuese requerido por personal de seguridad de este edificio, deberá registrar a su ingreso los instrumentos que señala en el ocurso de cuenta, como lo son, equipo fotográfico, lupas, cuenta hilos, lámparas y microscopios; c) Deberá presentar identificación oficial (pasaporte, credencial de elector o cédula profesional) en el acceso general del edificio, donde se verificará su identidad con la del código QR previamente generado por el personal de este juzgado. d) En todo momento, deberá seguir las indicaciones sanitarias del personal administrativo y de vigilancia (uso de cubrebocas, toma de temperatura, sana distancia, rutas de acceso, etcétera). e) La diligencia tendrá una duración máxima de treinta minutos, y será para el único efecto de tomar las muestras requeridas. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, en contra del proveído de catorce de octubre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. En otro aspecto, las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cotejo de expediente físico y electrónico. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye tanto a la secretaria y actuario llevadores de este expediente, para que, en el lapso máximo de diez días hábiles, realicen el cotejo de la concordancia en la integración del expediente electrónico y físico, y realicen la certificación respectiva, en la cual hagan constar que el expediente físico y electrónico coinciden en su totalidad; esto, en el ámbito de sus áreas respectivas; es decir, el secretario atenderá que coincidan todas las determinaciones dictadas y las promociones acordadas; en tanto que, el actuario judicial adscrito, se cerciorará de que concuerden todas las notificaciones realizadas a las partes. Hecho lo cual, se realizará el acuerdo de remisión material al personal encargado del archivo. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos, el oficio número PJEO/CJ/VG/1265/2021, suscrito por *****; en su atención, se le tiene por hechas sus manifestaciones que refiere. Se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, quien tiene registrada su cédula profesional en el "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO". Por lo que hace al uso de la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; téngase por autorizado, para acceder al expediente electrónico 1125/2021, con el nombre de usuario OlgaMaríaMelo a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Se instruye al Oficial judicial "A" (SISE) de este Juzgado, para que realice la vinculación del usuario de referencia con este juicio de amparo (1125/2021). Y, respecto a que menciona se le de vista al agente del Ministerio Público Federal adscrita, para que conforme a sus atribuciones inicie la carpeta de investigación respectiva, dígasele que tiene expeditos sus derechos, para hacerlos valer ante la autoridad ministerial referida. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia VI.2o.C. J/9 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1484, con registro digital 2001816, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR AL JUZGADOR DE AMPARO SE DÉ INTERVENCIÓN A AQUÉL CON MOTIVO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL QUEJOSO. La petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero perjudicado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas". Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y 17 de la Constitución Federal, expídasele, por duplicado, copia certificada de todo lo actuado en este asunto, teniendo como autorizada para recibirla a la persona que indica, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. En el entendido que, para entregarle las copias que refiere, deberá agendar cita a través del Sistema de Citas OJ, mediante código "QR"; debiendo presentarse en las instalaciones de este Juzgado con identificación oficial, para el único efecto de entregarle las citadas copias. Precisando, que a la diligencia, sólo podrá asistir la parte quejosa o el autorizado legal, sin que se permita que acudan más personas a la misma. Dicha diligencia tendrá una duración máxima de treinta minutos, para lo cual, deberá presentarse puntualmente en la hora y fecha estipuladas. En el acceso del edificio, el compareciente deberá presentar identificación oficial a fin de validar el código QR y permitirle la entrada al mismo. En todo momento, el compareciente deberá portar cubre bocas y cumplir con los requisitos, filtros y protocolos sanitarios implementados en el edificio. Finalmente, hágase del conocimiento del peticionario de amparo que la demanda de amparo que dio origen a este asunto, fue desechada y, por tanto, una vez que quede firme dicha determinación, se ordenará su archivo respectivo y se acordará lo relativo al destino del expediente, por lo que sólo durante el plazo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se conservará en este Juzgado. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Radicación y formación de la demanda. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio el once de octubre en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente, promovida por ******************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1125/2021. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible en la página 198, con registro digital 221353, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente hace consistir los actos reclamados en los siguientes: ".DEL GOBERNADOR DEL ESTADO: 1.- La orden VERBAL que le ha dado a los miembros del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca de aprobar al ciudadano ****** quien actualmente se desempeña como *****, para que fuera aprobado en todos y cada uno de los exámenes de aspirante a magistrado para el Tribunal Superior de Justicia del estado de la LXIV Legislatura del estado de Oaxaca para que fuera incluido en la terna para ser elegido como nuevo Magistrado, a pesar de que no cumple con los requisitos de Ley que establece el artículo 101 fracciones IV y principalmente VI, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 2.- La remisión de la segunda terna para la elección de la segunda vacante de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativa a la Convocatoria Pública Mixta de 27 de septiembre de 2021, en la que excluye al quejoso y que además de todo antepone a A***** quien fue **** en funciones en el presente año, es decir un año antes de la convocatoria a la que no presentamos, sobre mis derechos humanos a ocupar un cargo en la Magistratura del estado ya que cumplo con los requisitos de Ley y sobre los derechos de los terceros perjudicados que señalo 3.- De la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Oaxaca y de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia DEL CONGRESO DEL ESTADO; La omisión de rechazar la segunda terna para la elección de la segunda vacante de Magistrada o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativa a la Convocatoria Pública Mixta de 27 de septiembre de 2021, por inclusión indebida de un candidato ajeno a la lista de ocho candidatos remitida por el Consejo de la Judicatura del Estado; así provocar que se designe a alguno de los aspirantes de la lista, entre los cuales no está Alejandro Magno. 4.- De la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del estado de Oaxaca y del Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, reclamo la designación que harán de **** como Magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, A PESAR DE HABER SIDO Fiscal General del Estado de Oaxaca en funciones y a pesar de que el mismo no cuenta con buena reputación y todo lo contrario. 5.- La exclusión del suscrito y de los probables terceros perjudicados *****, de la segunda terna para la obtención de Magistrado del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado del Estado (sic) de Oaxaca y la anteposición de esa terna de **** a pesar de que dicha persona fue **** en funciones y que el mismo goza de poco prestigio profesional. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA: Reclamo la exclusión del suscrito en la segunda terna para la obtención de la plaza de Magistrado del Honorable Trbunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, así como la inclusión en la misma de **** quien tiene impedimento de ley por haber sido en el presente año ***** en funciones y lo que contraviene a la Constitución Local del Estado de Oaxaca, así como el oficio GEO/030/2021 de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, en donde remiten la segunda terna al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, incluyendo al inelegible ******. DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIFICA DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo la simulación en la aplicación del examen para ser MAGISTRADO a ***** y el simple hecho de haber admitido y no haber interpelado la prohibición de ley que tiene dicha persona por haber sido ***** en el presente año. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo no cuidar el orden constitucional al permitir la inclusión de **** en la segunda terna y permitir su comparecencia para ser nombrado MAGISTRADO del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, soslayando el artículo 101 de la Constitución del Estado en su fracción VI donde dicha claramente que no puede ser Magistrado el Fiscal del estado que haya estado en funciones un año anterior a su designación. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, así como del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA reclamo el nombramiento de Magistrado del Honorable tribunal Superior de Justicia de Oaxaca al señor ALEJANDRO MAGNO GONZÁLEZ ANTONIO, porque no cumple con los requisitos de ley como los cumple el suscrito y todos los terceros interesados." (sic) Bajo ese contexto, se estima que en el caso la parte quejosa reclama esencialmente el proceso de elección por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, en cuanto a la segunda vacante de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativa a la Convocatoria Pública Mixta de veintisiete de septiembre de veintiuno, en la resultó vencedor la persona de nombre *****. En ese sentido, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]" El precepto citado establece una causa de improcedencia específica para los casos en que se reclamen resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones, con motivo de la elección de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Tal causa de inadmisibilidad del juicio se actualiza cuando se reclaman procedimientos de elección de funcionarios por parte de los Congresos Locales, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección, sin que tal decisión deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en tanto la parte quejosa reclama diversos actos y omisiones inmersos en el procedimiento de elección de Magistrada y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior, porque ni la Constitución Política del Estado, ni alguna otra disposición local, exigen que la decisión del órgano legislativo respectivo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. En efecto, por lo que hace a la Constitución Local, los artículos 101 y 102, disponen: "ARTÍCULO 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se necesita: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su nombramiento; III. Poseer el día del nombramiento, con antigüedad mínima de diez años, título y cédula profesionales de licenciado en derecho, expedidas por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; V. Haber residido en la República Mexicana durante los dos años anteriores al día del nombramiento; VI. No haber sido Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado de Oaxaca o Diputado Local, en el año anterior a su nombramiento. Los nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. No podrán reunirse en el tribunal dos o más magistrados que sean parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo. Durante el ejercicio de su cargo no podrán ocupar cargo en los partidos políticos ni desempeñar otro, cargo o comisión en el servicio público; excepto la docencia o la investigación académica. Solo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes en la materia. Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, Juez de Primera Instancia o Consejero de la Judicatura, no podrán, dentro del año siguiente a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado. Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. La infracción a lo previsto en el presente párrafo será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial del Estado, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean." "ARTÍCULO 102.- Para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, el Gobernador del Estado emitirá una convocatoria pública para la selección de aspirantes, de conformidad con los requisitos señalados en el artículo anterior. El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición. Una vez concluidos éstos, remitirá al Gobernador del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales el Gobernador enviará una terna al Congreso del Estado para que elija a quien debe ser Magistrado. La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el Gobernador del Estado. En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, para el cargo la persona que habiendo apareciendo en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado. Todos los Magistrados, con excepción del Magistrado Presidente y del Magistrado Consejero de la Judicatura, deberán integrar sala durará en el ejercicio de su cargo ocho años, podrán ser reelectos por un periodo igual, y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del artículo 117 de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; podrá jubilarse en los términos que señale la Ley respectiva". A su vez, el artículo 7º., de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, prevé: "Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere; ser nombrado en los términos señalados por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y satisfacer los requisitos que la misma exige." Del numeral 102, Constitucional se advierte que, si bien en el procedimiento de elección de Magistrados interviene también el Gobernador del Estado, en tanto que es quien propone a los candidatos al cargo, lo cierto es que finalmente, quien elige de manera independiente al nuevo Magistrado, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Congreso del Estado. Por ende, si la elección del Magistrado no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Entendiendo como acto soberano, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos. De ahí que, cuando en un amparo se combaten la elección de un funcionario y el procedimiento respectivo, el juicio, resulta notoria y manifiestamente improcedente y, por ende, debe desecharse la demanda sin necesidad de esperar al informe justificado, pruebas y alegatos, pues éstos no tendrán el alcance de cambiar la interpretación de la ley ni desvirtuar el hecho de la elección soberana que se reclama. Y aun cuando el quejoso pretenda justificar la procedencia del juicio de amparo aduciendo que se trata de actos previos a la designación de magistrado, de la lectura integral de la demanda, puede apreciarse que, con independencia de la forma en que reseña los actos reclamados, lo que en esencia impugna es el proceso de elección por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, en cuanto a la segunda vacante de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativa a la Convocatoria Pública Mixta de veintisiete de septiembre de veintiuno, en la resultó vencedor la persona de nombre Alejandro Magno González Antonio. De ahí que, contrariamente a lo manifestado por el quejoso, son aplicables al caso los criterios jurisprudenciales siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022075 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 25/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Página 493 Tipo: Jurisprudencia "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2021903 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 24/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4349 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34, fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada." Asimismo, es ilustrativo el criterio con los siguientes datos de identificación: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022857 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XI. J/11 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2452 Tipo: Jurisprudencia "FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO E INDEPENDIENTE, RESPECTO DEL CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la doctrina relativa a que cuando un órgano legislativo elige a un funcionario público de manera soberana, sin la intervención de algún ente ajeno y sin que pueda ser revisada o convalidada posteriormente por alguna otra autoridad del Estado, pese a seguir un procedimiento determinado por la norma, esa elección es inimpugnable a través del juicio de amparo, pues se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, por lo que de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que regula el procedimiento para la elección del fiscal general de la entidad, dicha designación es un acto soberano del Congreso del Estado de Michoacán porque en ésta sólo interviene dicho órgano legislativo, cuya decisión no requiere ser revisada ni convalidada por alguna otra autoridad. De ahí que cuando en un amparo se combaten la elección de dicho funcionario y el procedimiento respectivo, el juicio, de acuerdo con la citada doctrina del Máximo Tribunal del País, resulta notoria y manifiestamente improcedente y, por ende, debe desecharse la demanda sin necesidad de esperar al informe justificado, pruebas y alegatos, pues éstos no tendrán el alcance de cambiar la interpretación de la ley formulada por el citado órgano de control constitucional, ni desvirtuar el hecho de la elección soberana que se reclama". De tal manera que, ante la actualización manifiesta, notoria e indudable de la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo de que se trata. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Autorizados y expediente electrónico. Téngase por autorizados a las personas que indica para oír y recibir notificaciones, acuerdos, todo tipo de documentos e imponerse de las actuaciones, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, los estrados de este Juzgado, por lo que, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo, como lo solicita, las notificaciones aun personales que le corresponda en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis número XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, del tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1998, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Se toma en consideración el correo electrónico que proporciona, como medio de contacto con este Juzgado, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por esa vía, toda vez que no se encuentra autorizada para su realización en la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa que puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), se le realicen las notificaciones vía electrónica y pueda presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.
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