Jorge López Luis
Expediente 490/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge López Luis
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso 22721, del índice de este Juzgado, con el que le fue devuelto el toca 369/2016 y testimonio del expediente 335/2014. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dieciocho de mayo de este año (fojas 18-21), en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. En consecuencia, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el toca 369/2016, de su índice y testimonio del expediente 335/2014, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta que suscribe la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca; en atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, con el que remite la demanda de amparo promovida por Jorge López Luis contra el acto reclamado a los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y otra autoridad, y dos cuadernos de pruebas. Por ser procedente, con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se declara legalmente competente para conocer de dicho asunto; acúsese recibo; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 490/2017. Una vez examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de la Materia, debe desecharse la misma. En efecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: [.] V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley". En forma previa, cabe mencionar que por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por esta causa, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poderlos combatir mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se expresó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Con base en lo anterior, se advierte que el acto reclamado constituye un acto procesal, pues medularmente se impugna la resolución de veintisiete de febrero del año en curso, dictada en el toca civil número 369/2016, mediante el cual la sala responsable confirmó el acuerdo dictado por el juzgado de instancia en la audiencia de pruebas y alegatos de doce de septiembre de dos mil dieciséis, en el juicio sumario civil hipotecario, específicamente, en la parte en que no se tuvo al aquí quejoso, quien tiene el carácter de demandado, justificado la inasistencia del testigo Ángel Toledo Santiago. La parte medular de dicha decisión, es la siguiente: "(.) DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL. Enseguida se le concede el uso de la palabra al demandado quien dijo: Que en este acto presenta como a su testigo a la Ciudadana YASMIN DEL CARMEN LÓPEZ LUIZ (.) y toda vez que al no encontrarse Ángel Toledo Santiago, en este acto, por causa de salud, solicito señale nuevamente fecha y hora para su presentación, comprobando en este acto con una constancia médica expedida por los Servicios de Salud (.). Enseguida la Ciudadana Encargada acuerda: (.) Respecto a su segunda solicitud, se le tiene exhibiendo una constancia médica a favor de Ángel Toledo Santiago, el que únicamente se manda glosar a autos para los efectos de ley, sin que haya lugar a tenerle justificando la inasistencia del señor Ángel Toledo Santiago, con la constancia médica que exhibe por los motivos que ahí mismo se precisa, tomando en cuenta la naturaleza del juicio, pues se trata de un asunto especial que se tramita en la vía sumaria (.) De esta manera se da por concluida la fase de alegatos (.) y se cita a las partes para oír sentencia". Por tanto, tal determinación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del impetrante una ejecución que sea de imposible reparación. Se afirma lo anterior, porque lo reclamado no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino sólo, y a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, como requisito primordial se requiere que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado; en caso contrario, el mismo se torna improcedente, como acontece en la especie. Lo antes expuesto encuentra sustento, por identidad jurídica sustancial, en la tesis VIII.4o.(X Región) 5 L (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, localizable en la página: 1947, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. LA DETERMINACIÓN DE LA JUNTA POR LA QUE DECRETA SU DESERCIÓN SI EL OFERENTE NO PRESENTA A SUS TESTIGOS Y NO ASISTE A SU DESAHOGO, AUN CUANDO ÉSTE MANIFESTÓ SU IMPOSIBILIDAD DE PRESENTARLOS DIRECTAMENTE Y SOLICITÓ SU CITACIÓN A TRAVÉS DE AQUÉLLA, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el oferente de la prueba testimonial en un juicio laboral solicita la citación de los testigos por conducto de la Junta con fundamento en el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, ante la imposibilidad de presentarlos directamente, señalando al efecto la causa o motivo, así como sus nombres y domicilios, y no obstante lo anterior, la autoridad admite la prueba, previniéndolo para que los presente directamente bajo el apercibimiento de su deserción, lo cual hace efectivo una vez llegada la fecha señalada para su desahogo, y en donde también invoca como motivo de su actuar el hecho de que el oferente no compareció a tal diligencia, debe estimarse ilegal que la autoridad tome en cuenta dicha actitud omisiva para motivar su deserción, pues ello no puede entenderse como un desinterés para su desahogo, sino más bien como una consecuencia de la carga procesal impuesta de presentar a los testigos, la que no puede cumplir y, en tal caso, se configura una violación procesal que trasciende al resultado del fallo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, la cual se comete desde la admisión de la prueba de mérito, pues es a partir de ese estadio procesal que se afectaron en un primer momento las defensas del quejoso, al vedarle la posibilidad de lograr la comparecencia de las personas cuyo testimonio consideró necesario para acreditar los elementos de su acción". De igual forma, resulta aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página: 53, Núm. 65, Mayo de 1993, Materia(s): Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Cabe señalar que los criterios que preceden a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables al caso concreto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley de la materia, en atención a que no se oponen a ésta. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el arábigo 113 del propio ordenamiento en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Se ordena girar oficio a la jefa de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para los efectos de la compensación correspondiente. En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizado, sin las facultades del artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que designa. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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