Jorge Leonel Matute Munguia
Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración
- Jorge Leonel Matute Munguia
Actuaciones
- Principal
SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se agrega a los autos el escrito del promovente del juicio de amparo, mediante el cual solicita el desistimiento del directo quejoso; agréguese a los autos del expediente en que se actúa y se reserva proveer hasta en tanto el juzgado administrativo que por razón de turno haya recibido la incompetencia planteada por este juzgado, resuelva aceptar o rechazar la competencia del presente juicio. MESA I
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. VISTA el acta levantada por el Actuario de la adscripción, del doce de los corrientes, de la que se desprende que no existen las autoridades que la parte quejosa denominó como Delegación del Instituto Nacional de Migración con sede en Guadalupe Nuevo León y Director de Control y Verificación de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración de Guadalupe, Nuevo León; glósese a los presentes autos y suspéndanse desde este momento las notificaciones a las referidas autoridades. SE AGREGA INFORME Agréguese a los autos el informe sobre la suspensión de plano que remite la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Nuevo León, y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. SE AGREGA RAZÓN ACTUARIAL Por otra parte, agréguese a los autos la razón actuarial practicada al quejoso Jorge Leonel Matute Munguía, de la que se desprende que sí RATIFICA la demanda de garantías presentada en su nombre por Adrián Sánchez Segundo, agregando que no se encuentra incomunicado, ni ha sido objeto de golpes, tortura o malos tratos en ningún momento, ni ha sido objeto de los demás actos que refiere el artículo 22 Constitucional. ESTADO PROCESAL En el caso, del estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, se desprende que la parte quejosa acudió a reclamar los siguientes actos: La orden de deportación, retorno asistido y/o voluntario a su país de origen; Privación de la libertad en la estación migratoria, detención fuera de procedimiento, alojamiento temporal; La discriminación al momento de realizar revisiones migratorias; La retención de documentos oficiales; El inicio de un procedimiento administrativo invocado en su contra y la omisión de las autoridades de hacerlo del conocimiento del quejoso; Las omisiones de no imponer una medida cautelar en beneficio del quejoso, de detectarlo como un potencial solicitante de asilo, de proporcionar información, completa y clara sobre su derecho a solicitar el asilo, así como de no permitirle nombrar representante legal; El hacinamiento y la exposición al virus COVID-19, dentro de la estación migratoria. Actos que atribuyó a la Estación migratoria en Guadalupe Nuevo León; cabe destacar que el directamente quejoso tiene nacionalidad hondureña. La anterior demanda, se recibió en este juzgado, se le dio trámite, se le concedió al quejoso, la suspensión de plano en torno a los actos que así lo ameritaban; dando origen al juicio en que se actúa; y se destaca que al quejoso se le localizó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Guadalupe, Nuevo León. Además, del informe que remitió la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, se destaca que manifestó que el quejoso no está detenido, pues al respecto precisó que se encuentra alojado temporalmente en la Estación Migratoria de esa Oficina de Representación sujeto al procedimiento administrativo migratorio, que se inició en su contra. Aclarando que no ha sido deportado. COMPETENCIA Al efecto, resulta necesario resolver una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, como lo es el requisito procesal de la competencia para resolver el presente juicio. Pues, conforme a la teoría del proceso, la competencia es la definición de la facultad de un órgano para realizar actos jurisdiccionales en las relaciones que cumplan con un interés colectivo especial, entre ellos la administración de justicia. Por tanto, procede estudiar la competencia de este órgano de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo; ya que es obligación de los juzgadores de distrito, al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que se estime competente. Apoya lo aquí resuelto, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro, contenido y datos de localización siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206167 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Mayo de 1992 Materia(s): Común Tesis: 1a. II/92 Página: 94 COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Ahora bien, las reglas de competencia del juicio de amparo se sitúan en tres ámbitos; a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107, fracciones II, III y V, Constitucional, el órgano competente es un juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio. Regulado en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 37 de la Ley de Amparo. DETERMINACIÓN QUE SE ADOPTA En el caso, se determina que este juzgado carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, por razón de la materia (especialidad). Se explica. Es explorado derecho que, la competencia por materia de órganos jurisdiccionales especializados debe determinarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y no a los conceptos de violación o agravios formulados; de conformidad con las tesis de jurisprudencias 2a./J. 24/2009 y 2a./J. 145/2015 (10a.). Entonces, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables y la relación que se ha tensado entre éstas y el quejoso, se estima que, con independencia del vocablo empleado por el promovente del juicio para enunciar los actos, lo cierto es, que éstos corresponden preponderantemente a la materia administrativa. En principio, se toma en consideración que los actos expresamente reclamados en la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, el justiciable los atribuye directamente a autoridades de carácter netamente administrativo. Pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Migración, las autoridades migratorias tienen la facultad de regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo; y con base en lo dispuesto en el diverso numeral 19 de la ley en cita, pertenecen a un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría, siendo que entre sus atribuciones se encuentra, además de la imposición de sanciones, el traslado de las personas extranjeras a las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin. Ahora bien, se destaca que, con los datos que hasta ahora se cuentan en autos, se arriba a la conclusión de que la detención de la que es objeto el directamente quejoso no deriva del ejercicio de la acción penal por parte del Estado; sino de una detención de carácter preventivo, por una autoridad administrativa, dada dentro de un procedimiento administrativo en materia de migración. Lo cual, no actualiza el supuesto de procedencia para que un juzgado especializado en materia penal conozca de la demanda, pues los actos privativos de la libertad, no se originan por una causa penal, o la investigación de un hecho estimado como delito. Lo anterior se justifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues de dicha disposición se desprende que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán, en lo que interesa destacar, de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los jueces de Distrito en materia administrativa conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 (de los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales) y III del artículo anterior (de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal) en lo conducente; de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los actos versan o derivan de la admisión o no de los extranjeros en territorio nacional e, incluso, la detención in sito del quejoso -según se desprende de la propia narración expuesta en la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable- se da en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Guadalupe, Nuevo León, donde fue localizado el once de septiembre del presente año; por lo que el resto de los actos reclamados evidentemente se encuentran involucrados en el ámbito estrictamente migratorio, particular y jurídicamente dentro de un contexto de alojamiento provisional y no en investigación del delito o la responsabilidad penal del delincuente ni se emite juicio respecto del carácter delictivo de determinados hechos ni se constata su comisión, no se analizan elementos del tipo ni se califica la gravedad del delito, como tampoco se resuelve sobre la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de alguna sentencia dictada en juicio penal. Máxime que hasta este momento no existe razón para considerar que se pueda judicializar en la rama penal el expediente; porque lo dicho en el sentido de que, en el despliegue de sus atribuciones, el Instituto Nacional de Migración puede realizar detenciones de personas extranjeras para resolver sobre su estancia en el país, sin que ello implique, el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, ya que solo forma parte de la regulación de un sistema preventivo y protector del sistema de control migratorio. Cabe precisar que ni siguiera la posibilidad de que del procedimiento administrativo en materia de migración derivara una posible "deportación", justificaría que la competencia sea en materia penal; pues a dicho término se le ha otorgado una connotación diversa a la pretendida por el legislador federal, al establecer como uno de los actos exclusivamente competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, desde la publicación del texto original del entonces artículo 51 fracción I de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, de similar redacción al referido dispositivo 56 fracción I de la actual legislación. En efecto, la expresión "deportación" acorde al Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, página 506, es la acción y efecto de Deportar, del latín deportarse cuya significación es tr. Desterrar a alguien a un lugar; por lo regular extranjero y confinarle ahí por razones políticas o como castigo; y, es precisamente bajo esa acepción que se concibió por el legislador constitucional y el secundario, para en nuestra Carta Magna, en la Ley de Amparo y en la ahora Ley de Migración, utilizar la palabra o referencia de similar acepción (expulsión) en la redacción de los artículos 33, 15 y 114, respectivamente; como sinónimo de expulsión o destierro que recae en un extranjero que por inmiscuirse en asuntos políticos del país se considera indeseable o cuya permanencia se juzgue inconveniente. Del análisis de los antecedentes históricos de la figura que nos ocupa, se viene a conocimiento que, inicialmente, se entendió dicho concepto como la facultad del Estado Mexicano contemplada en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma del diez de junio de dos mil once, consistente en la posibilidad de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgara inconveniente. Dicho acto de soberanía estatal, llámese expulsión o deportación, se refiere a la actuación del Estado de obligar a salir a una persona extranjera del territorio nacional. De un análisis del derecho comparado, podemos afirmar que hay una generalidad en las legislaciones tanto de nivel constitucional como de leyes secundarias en varios Estados sobre el reconocimiento de la facultad de expulsión de extranjeros. Es una facultad inherente a la soberanía; para algunos Estados, es una medida de policía administrativa de carácter preventivo. Incluso, el Estado Mexicano, de conformidad con los derechos diplomático y consular tiene la facultad de declarar persona non grata a un funcionario, extranjero, que no cumpla con los estándares de respeto del Estado de recepción. Luego, considerando que el magno dispositivo a que se ha hecho referencia preveía una facultad tan amplia al Ejecutivo Federal, permitiéndole que, sin juicio previo, se hiciera abandonar inmediatamente al extranjero que se considerara inconveniente, se incluyó ese acto como uno respecto de los cuales procedía la suspensión de oficio acorde a lo preceptuado en el ordinal 123 de la original Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al no ser consecuencia de procedimiento alguno, dado que si bien, la deportación es un acto soberano que puede ser legítimo, los Estados tienen el deber de que su determinación, perpetración o ejecución no viole los derechos humanos del individuo al que se le impone u obliga a salir del país. Misma figura que, por afectar la libertad personal del extranjero, se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, desde su texto original, como uno de los actos de exclusiva competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Penal. Entonces, es importante diferenciar dicho acto de índole político sobre el que deben conocer los juzgados en materia penal, de la "deportación" prevista para aquellos extranjeros que se hubieren internado ilegalmente en el país; figura jurídica que se estableció a partir de la publicación de la Ley de Migración, el veinticinco de mayo de dos mil once. En ese sentido, de lo preceptuado por los artículos 68, 99, 101, 111, 115, 143 y 144 de la Ley Migratoria, se aprecia que cuando las personas inmigrantes no acreditan una situación migratoria regular, son presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), quien las mantiene en estaciones migratorias en tanto se determina su situación jurídica en territorio nacional. Con ese acto de presentación se inicia el procedimiento administrativo migratorio y dentro del plazo de treinta y seis horas se emite el acuerdo de presentación. En caso que se decida que debe continuarse ese procedimiento se puede emitir una medida en su contra, que puede ser la de alojamiento o una diversa. En el evento probable que la autoridad opte por el alojamiento, dispone de quince días hábiles para resolver su situación migratoria, periodo que podrá alargarse en los supuestos de excepción que establece la ley, pero no podrá exceder de sesenta días hábiles. Dicho procedimiento administrativo termina con la resolución por medio de la cual se establece la regularización, el retorno asistido o la deportación; y en el caso, que transcurrido el plazo no se haya emitido esa resolución, el Instituto Nacional de Migración les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país. En lo que interesa, de los dispositivos 115 y 143 de la Ley de Migración, se aprecia que la "deportación" es un mecanismo con el que cuenta el Instituto Nacional de Migración para hacer abandonar el territorio nacional a aquél extranjero que no observó las disposiciones contenidas en la ley y su reglamento y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esa ley, esto es, que se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; que habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; que se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública; que proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; y, cuando haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. De las anteriores consideraciones se puede advertir claramente que la deportación como tal, establecida en la citada legislación deriva de la tramitación de un procedimiento administrativo migratorio, seguido ante el Instituto Nacional de Migración, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría. En ese entorno, es dable señalar que en el derecho patrio, la expresión "deportación" tiene una significación equívoca, es decir, es una palabra que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras, esto es, tanto como el acto del Estado, en ejercicio de su soberanía, mediante el cual se envía a un extranjero, cuya permanencia se juzga inconveniente, fuera del territorio nacional, por considerarse indeseable o por inmiscuirse en asuntos políticos del país; y, la sanción que se impone a un extranjero, consistente en abandonar el territorio nacional, después de seguir el procedimiento administrativo correspondiente, al no haber acreditado su legal estancia en el país. Como puede verse, en esta significación quedan incluidas las dos formas de entendimiento que puede tenerse en relación al vocablo "deportación", que de manera indistinta, se utiliza en la Ley Fundamental del país, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la expresada Ley Suprema y la Ley de Migración; empero, la cual debe ser interpretada de diversa manera, teniendo como base para ello el ámbito de donde surja como acto a combatir en el juicio de amparo. Así las cosas, en virtud de lo expuesto, se concluye que el presente asunto corresponde a la materia administrativa; y, por ende, debe conocerlo y resolverlo un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno; toda vez que se trata de actos de naturaleza netamente administrativa, emitidos por autoridades en la misma materia, dentro de su ámbito de competencia y ejercicio de las facultades de control y regulación del orden migratorio del país. Ello, pues como se indicó, la figura de la deportación no es exclusiva de las autoridades de carácter penal, dado que como lo establece el numeral 115 de la Ley de Migración, el Instituto contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación para hacer abandonar el territorio nacional a aquel extranjero que no observó las disposiciones contenidas en esa ley y su reglamento. Consecuentemente, se reitera que debe ser un juez especializado en materia administrativa quien conozca de la demanda de amparo indirecto, pues a la luz de lo expuesto, de la demanda y de los informes que obran en autos, se aprecia prioritariamente que el acto reclamado es netamente administrativo, con independencia del señalamiento la privación de la libertad fuera de procedimiento, detención o aseguramiento del quejoso; la incomunicación; la orden de deportación y/o expulsión y la omisión de las responsables de no hacer del conocimiento al quejoso del procedimiento administrativo iniciado en su contra; todo es con motivo del procedimiento administrativo migratorio iniciado en su contra) -que el promovente del juicio pretende darle ese matiz, sin ser de esa naturaleza-; dado que la raíz del conflicto entre el particular y la autoridad, se da en un contexto de derecho internacional en atención a su estatus migratorio, y la solución de su estancia en territorio mexicano. Apoya a lo anterior, las consideraciones esenciales de la tesis 1a. CXCIII/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, contenido y datos de localización siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 176366 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 1a. CXCIII/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 714 Tipo: Aislada COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS EMITIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS, REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE UN EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. Si en un juicio de amparo se reclaman diversos actos emitidos por autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, los cuales contienen medidas inherentes a la situación de residencia en el país de un extranjero, como lo es la negativa a prorrogar su autorización para permanecer en el territorio nacional, así como para modificar las restricciones que se le impusieron cuando entró a éste, con el apercibimiento, indicación o invitación de abandonar el país dentro de un cierto plazo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa conocer del recurso de revisión derivado de dicho juicio de garantías, en virtud de que tal determinación sólo constituye un apercibimiento administrativo que está a cargo del quejoso, que no tiene naturaleza penal sino administrativa, en tanto que no implica la privación de la libertad del quejoso (orden de detención), para ser regresado en contra de su voluntad a su país de origen (deportación); máxime si de las constancias que obran en autos se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación." En virtud de las consideraciones expuestas, la aclaración que se postula en cuanto a la figura de la deportación y la naturaleza tanto de los actos que se reclaman, como de las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo remítase el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León para que sea turnada al juez de distrito que corresponda, a fin de que se avoque al conocimiento del acto reclamado. Entre tanto, fórmese expedientillo de antecedentes conformado por copias certificadas de la demanda y del presente proveído. Se solicita atentamente el acuse de estilo a la autoridad que corresponda conocer del presente juicio de amparo; así como informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se le declina. Aunado a lo anterior, conviene destacar que el criterio sostenido, es similar al adoptado por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 15/2022; así como los del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en los conflictos competenciales 6/2022, 8/2022, 11/2022, 12/2022,18/2022, 19/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022 y 26/2022. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades; y por lista a las demás partes.
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SE TIENE POR RECIBIDA LA DEMANDA; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO.
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