Jorge Lemus Martinez
Expediente 879/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Lemus Martinez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico, el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO QUE SE LE CONFIRIÓ EN EL AVISO DE FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, LE NOTIFICO EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL LOCAL DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- DOY FE. Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito de demanda signado por Jorge Lemus Martínez por propio derecho, contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 879/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, vista la demanda de amparo de cuenta, sin proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este juzgador de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia, como a continuación se expondrá: En efecto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en los autos del toca Civil 70/2020-9-8, por los integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad, que se enteró de la existencia del acto reclamado el dos de septiembre del presente año (sic). Ahora bien, como se adelantó, este juzgado federal estima que en el presente juicio, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que conducen a desechar la demanda, en términos del numeral 113, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior, toda vez que ante este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo 263/2021, promovido por Jorge Lemus Martínez, recibido en este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que también señaló como acto reclamado la resolución de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca civil 70/2020-9-8, por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de igual forma, manifestó bajo protesta de decir verdad que se enteró de la existencia de dicho acto el dos de septiembre del presente año (sic). Lo anterior, se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997, Novena Época; Materia(s): Común; del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Ahora bien, partiendo de la base que el quejoso manifiesta haber tenido conocimiento del acto reclamado el "dos de septiembre del presente año" (sic), lo cual cronológicamente no es posible, dado que nos encontramos en el mes de julio de dos mil veintiuno, no se tiene la certeza que el quejoso se haya ostentado sabedor en la data que refiere. Sin embargo, la fecha que debe tenerse como conocimiento del acto reclamado debe ser a partir del treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se recibió en este juzgado federal la diversa demanda que dio origen al juicio de amparo 263/2021, promovida por el mismo quejoso y por el mismo acto reclamado. En ese sentido, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En efecto, dicha porción normativa debe complementarse con lo señalado por la fracción III de artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, que fijan los plazos y términos para la promoción de la demanda de amparo. Atendiendo a lo dispuesto por los preceptos legales mencionados, debe decirse que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se interponga una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por tanto, cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. En esa tesitura, debemos atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la interposición de la demanda que da origen al juicio de amparo, para así estar en condiciones de concluir si en el caso éstos se respetaron. El artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días (fracción I); cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el plazo será de hasta ocho años (fracción II); cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años (fracción III) y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (fracción IV). Por su parte, el artículo 18 del mismo ordenamiento legal dispone que los plazos a que se refiere el numeral anterior, se computarán de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado; c) A partir de día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Al resolver la contradicción de tesis que originó la jurisprudencia citada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Como se indicó, el impetrante de amparo reclama la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en los autos del toca Civil 70/2020-9-8, por los integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos de la cual manifestó haber tenido conocimiento el dos de septiembre del presente año, lo cual cronológicamente no es posible; sin embargo, como se precisó existe un diverso juicio de amparo 263/2021, promovido por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado, el cual fue recibido en este juzgado federal el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por lo que se tiene esa fecha en la que tuvo conocimiento pleno de la resolución que reclama. Luego, si conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo que nos ocupa inicia a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento de los actos que reclama, es inconcuso que el presente juicio resulta extemporáneo. Lo anterior, tomando en consideración la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado que en el caso lo fue el treinta de marzo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de quince días inició al día siguiente hábil, esto es, el cinco de abril de dos mil veintiuno y feneció el veintitrés del mismo mes y año, sin contar los días treinta y uno de marzo, uno y dos de abril, por haber sido declarados inhábiles a través de la circular 3/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de abril de dos mil veintiuno, por haber sido sábados y domingos. Luego, si en el caso el quejoso presentó la demanda que se provee hasta el veintidós de julio de dos mil veintiuno, debe estimarse consentida la resolución que reclama, porque no acudió a tiempo a combatirla. Así las cosas, se pone de manifiesto que el plazo con el cual contaba el promovente para interponer su demanda de amparo es el genérico de quince días (pues su solicitud no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a la IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo). Por tanto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Al respecto, resulta oportuno invocar la tesis I.13o.A.36 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época con el registro 178756, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL. El artículo 21 de la Ley de Amparo, no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de él; esto es, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de garantías, sino únicamente el acto que los produce, tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días." Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, así como a las personas que menciona. Asimismo, se autoriza el correo electrónico mauga1_4@yahoo.com.mx, y el numero telefónico 7351406676, para establecer comunicaciones no procesales. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten de la tramitación del expediente en físico, hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo puede continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se puede acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o cuente con firma electrónica vigente (FIEL o FIREL), se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado de Distrito por medio de escrito electrónico, y además, se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente, se informa a las partes que, a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, ha puesto a disposición del público en general una aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "firma electrónica" y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien, iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, para lo cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). También se informa que para obtener directamente el nombre de usuario bajo el cual deberá solicitarse la consulta del expediente electrónico y la autorización para la práctica de notificaciones vía electrónica, puede realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. Por lo expuesto, se exhorta a las partes para que en el siguiente escrito, promociones u oficios que vayan a presentar lo realicen preferentemente en forma electrónica, aportando los datos del usuario y mencionando las autorizaciones correspondientes conforme a sus necesidades e intereses, así como números telefónicos, correos electrónicos, a fin de realizar comunicaciones procesales, y se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles. No obstante lo anterior, se precisa a las partes que si es su deseo acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, tendrán que agendar previamente una cita con generación de un código "QR" para consulta de expedientes o comparecencias y/o requerimientos, ciñéndose a los siguientes lineamientos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, para la atención al público y litigantes en general: 1.- Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. El sistema permitirá generar citas cada media hora: una en la secretaría de acuerdos de cada tribunal colegiado de Circuito; dos en cada juzgado de Distrito, tribunal unitario de Circuito y ponencia de tribunal colegiado de Circuito; y tres en cada Centro de Justicia Penal Federal. 2.- Habilitación de equipos de cómputo para el uso de personas justiciables. Como lo establece el Acuerdo General condigno, las personas que acudan a este órgano jurisdiccional previa cita, podrán hacer uso de un equipo de cómputo que se dispondrá para tal efecto en el área común de este Juzgado de Distrito, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, descarga de archivos digitales en sus dispositivos electrónicos, actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal de este órgano. Asimismo, se colocará en dicho lugar un teléfono con la señalización de las extensiones a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal y titular del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Dichos teléfonos y los equipos de cómputo se sanitizarán antes y después de cada cita, con independencia de que hubiesen sido utilizados o no. 3.- Citas para personas vulnerables frente al Covid-19. Cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración de cada edificio sede. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita. 4.- Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia. II. Las partes o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes adjetivas aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes o para desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. En este último supuesto, es importante destacar que, cuando sea necesaria su comparecencia ante el órgano jurisdiccional, será la o el titular quien genere la cita el día en que concluya el término, de modo que la opción prevista en esta fracción resulta aplicable cuando las partes pretendan acudir en una fecha anterior a la de la cita generada por el propio órgano jurisdiccional, hipótesis en la que estarán sujetas a la disponibilidad que arroje el sistema. III. Para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor, que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. Las citas obtenidas conforme a lo dispuesto en las fracciones II y III durarán un máximo de veinticinco minutos. Las generadas conforme a lo previsto en la fracción I tendrán la duración que la o el titular estime necesario para el desahogo de la diligencia o audiencia respectiva; si éste advierte que la actuación puede durar más de lo previsto, su prolongación estará sujeta a la disponibilidad de la agenda, atendiendo en todo momento las reglas previstas en el presente Acuerdo. En dicho supuesto, se instruye al Coordinador Técnico Administrativo adscrito a este Juzgado de Distrito, para que con la anticipación necesaria lleve a cabo los trámites relativos a la generación de la cita, expedición del Código QR y su entrega correspondiente a la Actuaria para su entrega a la persona cuya presencia se estime necesaria en estas instalaciones. Las personas justiciables podrán acceder al micrositio de "Servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los siguientes enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. 5.- Medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento. En la puerta de acceso a la sede que alberga el edificio donde está instalado este Juzgado de Distrito, se establecerán controles sanitarios para regular y, de ser necesario, restringir el acceso de quienes no cumplan con los lineamientos que se establezcan para tal efecto. En adición al control sanitario de ingreso, las personas que acudan a este inmueble deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada, las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Con fundamento en los artículos 1 al 9, 12 al 16, 18 al 23 y 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Finalmente, se hace saber a la parte quejosa que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Finalmente, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "PRINCIPAL. DESECHA POR EXTEMPORÁNEA CIVIL". Notifíquese personalmente. Así lo acordó Isela Jayme Salas, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, con fundamento en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, como lo refiere el oficio CCJ/ST/2585/2021 del Secretario Técnico de la Citada Comisión; que actúa asistida del Secretario Alejandro del Castillo Trejo, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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