Jorge Lemus Calixto
Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Lemus Calixto
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 8245/2023, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de dieciocho de septiembre pasado y lo radicó bajo con el número 403/2023. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el escrito de expresión de agravios firmado por ********************, autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo recurso de queja contra el auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual, se desechó la demanda de amparo origen del juicio en que se actúa.********************En consecuencia, ríndase informe en relación con la materia de la queja al Tribunal Colegiado respectivo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta Ciudad, en el sentido de es cierto al acto impugnado.********************En efecto, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que es el impugnado a través del recurso de queja, este órgano de control constitucional desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por las consideraciones ahí contenidas.********************En tales condiciones, con fundamento en los artículos 3 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados por el diverso Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que establecen que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; asimismo, que cuando el órgano jurisdiccional que conozca de un asunto estime necesario consultar las constancias que obren ante uno diverso, deberá privilegiar el expediente electrónico; y, que excepcionalmente, previa justificación, se podrán enviar las constancias de manera física, póngase a disposición del Tribunal Colegiado al que por turno corresponda el conocimiento del recurso de queja de mérito, la consulta del presente expediente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para su tramitación.********************Ahora, en cumplimiento al punto "1" de la circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, se proporciona la información necesaria para el turno del recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que corresponda; misma que consiste en:********************Parte quejosa: ********************.********************Autoridades responsables: ********************Director de la Comisión Federal de Electricidad.********************Titular de la Comisión Federal de Electricidad División Oriente Sicoss Distribuidora.********************Acto reclamado: ********************El corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la Colonia ********************, ********************, código postal ********************, en ********************, Municipio de ********************, Veracruz, así como la sustracción de cableado y medidores correspondientes a los servicios ******************** y ********************, los cuales se llevaron a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, derivado de que dichos medidores adeudan las cantidades, respectivamente, de $828,028.00 (Ochocientos veintiocho mil veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) y $262,093.00 (Doscientos sesenta y dos mil noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional)****************************************Recurso de queja contra desechamiento.********************Juicio de amparo: 924/2023-VI. Notifíquese por oficio a la Superioridad, así como por lista a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE POR HABER SEÑALADO LOS ESTRADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por... se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 924/2023-VI, que es el que le correspondió. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. Para ello, conviene precisar que la parte quejosa señaló, esencialmente, como acto reclamado, el siguiente: El corte del servicio de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la Veracruz, así como la sustracción de cableado y medidores correspondientes a los servicios... los cuales se llevaron a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, derivado de que dichos medidores adeudan las cantidades, respectivamente, de Así, del análisis efectuado al libelo constitucional que se provee, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente en los casos en que dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.********************En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte.********************En el caso concreto, el quejoso reclama, esencialmente, el corte del servicio de energía eléctrica, llevado a cabo el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés por las autoridades responsables pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, así como la sustracción del cableado y medidores correspondientes, derivado de que los servicios ******************** y ******************** presentaban un adeudo, respectivamente, de ******************** y ********************.********************De ahí que, en la especie, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que las autoridades responsables no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo.********************Se sostiene lo anterior, puesto que las responsables al proceder al corte del suministro de energía eléctrica, derivado de un adeudo comercial, actúan en un plano de coordinación con el impetrante, en su calidad de suministradora del servicio de energía eléctrica, al tenor del contrato de adhesión que tiene celebrado con el usuario, el cual no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, de ahí que tal acto forma parte de esa relación comercial, por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil.********************Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares.********************Para una mejor comprensión de lo anterior, debe partirse, además, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: ********************"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades".********************En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente.********************Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad.********************Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral.********************Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos.********************Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución Federal de Electricidad establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad.********************En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en el corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble ubicado en la ********************, Veracruz, así como la consecuente sustracción de cableado y medidores correspondientes a los servicios ******************** y ******************** derivado de los adeudos presentados; se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. ********************Lo anterior, pues el servicio de energía eléctrica que les fue suspendido, deriva de un contrato que tiene la parte quejosa con las autoridades responsables, relativo a los servicios ******************** y ********************.********************En esas condiciones, toda vez que esas cuestiones tendientes al suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial ya que están directamente relacionadas con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre la propia parte quejosa y Comisión Federal de Electricidad, por ello, las controversias suscitadas entre las partes deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, ya que son de naturaleza materialmente mercantil, y no en la instancia extraordinaria del amparo. ********************En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y las que señala como responsables; en consecuencia, la controversia que plantea el promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vía mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de autoridades con carácter de responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda.
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