Jorge Landa Villanueva
Expediente 1093/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1093/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Landa Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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... El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, envía copia con las evidencias criptográficas respectivas de la ejecutoria dictada en la queja ***, de la que se advierte que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo.... háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como concluido....
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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informa que turnó el recurso de queja interpuesto...
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La parte quejosa INTERPONE RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo... tramítese dicho recurso... ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO... envíese vía electrónica el escrito de expresión de agravios, así como las constancias que integran este juicio de amparo indirecto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de impugnación...
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós; al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis integral del escrito de demanda de amparo, así como del diverso aclaratorio y documental que se proveen, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de dicha ley. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, por lo que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir a quien de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se denomina como quejosa y es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º Constitucional y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que ello es lo que provoca la procedencia de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, para lo cual, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Octava Época Registro: 211702 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 704 "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo con la tesis invocada, a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por lo tanto, no basta la existencia del acto para concluir que necesariamente el mismo perjudica a la promovente del juicio de amparo, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. Asimismo, el artículo 5 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto se puede tramitar por propio derecho o a través de representante legal o por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo; es decir, establece quiénes se encuentran procesalmente legitimados para promover juicio de amparo. De igual forma, el artículo 15 de la Ley de Amparo prevé excepcionalmente que la demanda de amparo indirecto podrá ser promovida por cualquier otra persona a nombre del quejoso, aunque sea menor de edad; cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Por otra parte, existe criterio del Pleno de este Séptimo Circuito, en el sentido de que el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal; asimismo, que del análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no se evidencia que la designación de un abogado patrono o una abogada patrona tenga los alcances para sustituir la voluntad de quien es titular del derecho subjetivo de la acción procesal. Tienen aplicación las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006435 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.VII. J/1 C (10a.) Página: 1177 "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." Época: Décima Época Registro: 2004365 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común, Civil Tesis: VII.2o.C.56 C (10a.) Página: 2429 "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN MATERIA MERCANTIL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 4o. de la ley primeramente citada, acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) visible en la página mil ciento setenta y seis, del Libro XII, Tomo 2, septiembre de dos mil doce, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).", pues, atendiendo a su ejecutoria, si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé que cuando alguno de los autorizados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida para todos los efectos legales; no menos verdad resulta que de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada, conforme a los referidos artículos 4o. de la citada Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, es decir, porque el juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo. De ahí que resulte aplicable para la materia mercantil el criterio jurisprudencial citado, pues si bien la Segunda Sala analizó el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que en sus consideraciones plasmó los argumentos inherentes a la interpretación de los señalados artículos 4o. y 13 de la Ley de Amparo, así como del 107 de la Carta Magna, a efecto de establecer que con base en ellos sólo los directamente agraviados están legitimados para promover el amparo contra resoluciones judiciales, ya que el artículo 13 de la ley de la materia, no contempla que el abogado patrono tenga facultades para promover el amparo, sino sólo para que en el trámite de éste se le reconozca la personalidad que tiene reconocida ante la responsable, es decir, no puede estimarse que satisfaga el principio de instancia de parte agraviada. Así, aun cuando el autorizado en términos amplios para oír notificaciones, conforme el artículo 1069 del Código de Comercio, puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses de su autorizante en la vía ordinaria, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar en armonía con las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido de que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o su representante legal. Esto es así, pues el contenido del artículo 1069 debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de amparo, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada, y bajo esa premisa, el autorizado para oír notificaciones queda subordinado a los artículos 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violentado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones al ser similares a las del autorizado, no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deben provenir de la voluntad del interesado. Bajo las consideraciones expuestas, se concluye que el juicio de amparo sólo puede promoverse por el quejoso o su representante legal; en consecuencia, tal medio de defensa, en materia mercantil, no se encuentra disponible para que los abogados patronos acudan en representación del quejoso, pues éstos sólo están legitimados en la jurisdicción ordinaria." HECHOS En el caso, del análisis integral del escrito de demanda, así como del diverso aclaratorio y documental que lo acompaña, se advierte que el acto reclamado consiste en el siguiente: La resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el juicio ordinario civil ***. Cabe precisar que mediante dicha resolución el Juzgado responsable aprobó la planilla de liquidación de pensiones alimenticias vencidas en el citado juicio ordinario civil ***, por lo que requirió su cobro al deudor alimentario ***. Asimismo, la promovente *** se ostenta con el carácter de abogada patrona de Jorge Landa Villanueva, carácter que le fue conferido en términos del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, lo cual se corrobora con el anexo presentado en esta fecha por la parte promovente. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye de manera respetuosa que el acto reclamado no ocasiona una afectación actual, real y directa a la promovente, pues tales afectaciones podrían afectar a ***; asimismo, que la promovente no está facultada para promover el juicio de amparo indirecto en representación del nombrado ***, pues el carácter de abogada patrona no tiene los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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