Jorge José Olivera Victoria
Expediente 22/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2018
Partes del expediente
- Jorge José Olivera Victoria
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República informando que el perito oficial en materia de contabilidad fue notificado del proveído de diecisiete de enero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informa que el Director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría solicitó a la Dirección General de Recursos Financieros la suficiencia presupuestal a favor del quejoso, sin que hasta el momento la otorgue; asimismo, informa que la partida presupuestal correspondiente no tiene saldo, por lo que solicita una prórroga para tal efecto. Al respecto, hágase notar a las autoridades responsables y a su superior jerárquico, que el cumplimiento de la sentencia en este asunto no se encuentra condicionado a la autorización de la ampliación presupuestal que en su caso pudiera solicitar la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a la Asamblea Legislativa de esa entidad, en virtud de que la obligación de cumplir con el fallo protector implica que la insuficiencia presupuestal de la partida autorizada para ese efecto, no puede constituir un impedimento para ejecutar la sentencia de que se trata, pues la conducta que deben realizar implica que las autoridades constreñidas a su cumplimiento realicen las adecuaciones presupuestales internas necesarias para realizar el pago respectivo, por lo que queda al arbitrio de éstas determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia de amparo, lo que incluye el establecimiento de mecanismos de transferencia y adecuaciones de las partidas que integran la totalidad del presupuesto que les fue otorgado. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P/J. 8/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 8, tomo XXXIII, Marzo de 2011, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal. Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 5/2011, publicado en la página 10, del tomo XXXIII, Marzo de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." En razón de lo anterior, dado que el cumplimiento de una sentencia constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, debido a que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo vigente y a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la resolución concesoria, se requiere al Director General de Recursos Financieros de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que en el plazo de DÍEZ DÍAS remita a este órgano jurisdiccional copia certificada y legible de las constancias con las que acredite que otorgó la suficiencia presupuestal a favor de la parte quejosa por la cantidad $168,511.84 (ciento sesenta y ocho mil quinientos once pesos 84/100 moneda nacional), por concepto de indemnización y $774, 552.35 (setecientos setenta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 35/100 moneda nacional), por concepto de demás prestaciones por el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil once al quince de abril de dos mil diecisiete. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa ... Con independencia de lo anterior, requiérase al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada, ordene a su subalterno acatar el fallo constitucional, apercibido que de no demostrar que dieron tal mandato, se hará acreedor a las mismas medidas de apremio e incurrirá en igual responsabilidades que las autoridades directamente obligadas. Cabe señalar que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,205 expedientes
- Jorge Isaac Solís Poblete627/2021
- Jorge Ivan Anzaldo Montiel501/2019
- Jorge Ivan Arroyo Gallardo1500/2015
- Jorge Javier Velázquez Solís2157/2014
- Jorge Jesús Reséndiz Rosales430/2017
- Jorge Jesús Rodríguez García1899/2022
- Jorge Juan Bosco Guajardo de Anda1035/2023
- Jorge Jurado Vásquez992/2016
- Jorge Laurencio Muñoz Ortiz1786/2018
- Jorge Leal Gamón407/2016
- Jorge Legorreta Ortega1630/2019
- Jorge López Padilla1625/2019