Jorge Jonathan Ornelas González

Expediente 1142/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1142/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Jorge Jonathan Ornelas González

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido por incompetencia por conocimiento previo el juicio de garantías 1142/2018, promovido por ******* así como tres tomos de pruebas, e informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos de los que se advierte que en auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovido por ****** por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de una revisión suscinta de la información obtenida en la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes , se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, tuvo conocimiento previo del diverso juicio de amparo 26/2018, en el que se reclamaron actos derivados de la causa 233/2017, del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis I.1o.A.14 K (10a.), con registro: 2006082, de título: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO". Para precisar lo expuesto, conviene señalar que aunque ordinariamente se había estimado que las cuestiones de competencia se actualizan en la medida en que un órgano fija su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por razón de materia, grado o territorio, lo cierto es que existen supuestos en que se requiere un criterio adicional afinador de la competencia, como lo es la cuestión relativa al turno. Lo anterior se hace patente por cuanto que en el Poder Judicial de la Federación se ha presentado un crecimiento ordenado de los órganos jurisdiccionales, que ha permitido la existencia de varios Juzgados de Distrito investidos de la misma competencia por grado, materia y territorio, por lo que en estos casos, el turno de los asuntos ha tenido que ser regulado mediante disposiciones administrativas, en este caso, a través de Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal, como forma de distribución de la labor jurisdiccional, por los que se ha procurado distribuir los expedientes entre los distintos tribunales que tienen igual circunscripción territorial y material de competencia. En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dotó al Consejo de la Judicatura Federal de la facultad de dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito o de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 81, fracción XXIV, lo que pone en evidencia que el turno, como cuestión legal, atañe necesariamente a la competencia y encuadra en el presupuesto del artículo 48 de la Ley de Amparo y lleva a concluir que un elemento adicional de competencia al grado, territorio, vía y materia, lo es el turno. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J.129/2010, de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, página 189, que dice: ***** Por su parte, el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de mayo de dos mil quince, por el que se reformó, adicionó y derogó el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; establece los lineamientos que se deben observar para la distribución de los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito. Los artículos 45 y 46 del citado Acuerdo General, disponen: ******* En esta virtud, a partir de la entrada en vigor del referido Acuerdo General, se instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, en el que si al capturar los datos el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registro, se deberá turnar al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél, dentro de los criterios generales de relación, la fracción II del artículo 46 del ya citado Acuerdo General, establece que el juicio de amparo directo o indirecto, promovido con actos provenientes de un expediente jurisdiccional, se turnará al órgano que haya conocido contra actos derivados de ese mismo expediente. Conforme a la cuestión de turno, que es la relevante para este caso, se establecieron las bases que determinan que la competencia, a virtud de dicho supuesto, se actualiza a favor de aquél órgano jurisdiccional que tenga asignado previamente otro asunto que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que el que se le está presentando; esto es, aquél que ya tenga en su índice un asunto previo con el que se encuentre relacionado el nuevo que se le presenta y que esa relación derive precisamente de la identidad del expediente del que ambos asuntos provienen. Bajo esa directriz, en observancia al presupuesto descrito y a que la finalidad del referido supuesto competencial consiste en aprovechar el conocimiento previo de las constancias, se considera como se anticipó, que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal, por cuestión de turno, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y la entrada en vigor del diverso Acuerdo General que reformó el primero en mención, vigente a partir del veintiuno de junio de dos mil quince; al advertir que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, tuvo conocimiento previo de una orden de aprehensión y la resolución combatida en el presente sumario, derivan de la causa penal ***** sin que sea impedimento para ello que sea diversa la autoridad responsable, toda vez que los hechos que se juzgan derivan de la mencionada causa penal. En consecuencia, al tratarse de actos que derivan del mismo expediente, la asignación de competencia respectiva, encuadra dentro del supuesto previsto en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General ya señalado, para regir su turno bajo la "Forma Relacionada". No impide el planteamiento de incompetencia, el hecho de que el aspecto atinente a la relación haya sido observado por este órgano de control constitucional y no por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, porque la redacción del enunciado en que se contiene el referido aspecto denota que si bien, el sistema computarizado debe arrojar un antecedente que lo vincule con otro juzgado, no es "condición" que sólo de esa forma se aplique la "Forma Relacionada" al momento del turno de los asuntos; circunstancia que patentiza que este juzgado está en posibilidad legal de proponer el conocimiento del asunto a otro juzgado de amparo en quien se surte el aspecto de "relación" ya referido, sin necesidad de consulta previa a la Comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, porque la cuestión que se plantea se encuentra expresamente prevista en el acuerdo descrito. En tales condiciones, determinada la incompetencia legal de este juzgado, por cuestión de turno, para resolver y seguir conociendo del presente juicio, remítase el mismo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que provea lo conducente, solicitándole comunique a este órgano de control constitucional lo que tenga a bien determinar, previo cuaderno de antecedentes que se forme al respecto para que obre en este juzgado y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del citado juzgado, el acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Finalmente, dada la determinación que antecede agréguese únicamente el oficio signado el Magistrado de Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a fin de que una vez que el Juzgado competente se avoque al conocimiento del asunto, provea lo que en derecho corresponda, remitiéndose las copias certificadas, consistentes en tres tomos de pruebas, relativas a la causa penal ***** Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Jonathan Ornelas González, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1142/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Sin que de momento haya lugar a notificar del inicio de este juicio a la tercera interesada Claudia Izel Romero Gómez, hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Ernesto Romero Pastor, toda vez que cuenta con registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y a Víctor Fierro Salgado, únicamente para oír recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con el requisito antes mencionados y a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia; asimismo en términos del inciso e), de la fracción III del numeral primeramente citado, notifíquese por medio de oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, la presentación de la demanda, a fin de que esté en aptitud de alegar por escrito en la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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