Jorge Jiménez Vargas

Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1006/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Jiménez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada del Distrito Federal "4", mediante el cual informa que la multa impuesta al quejoso Jorge Jiménez Vargas en proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, quedo controlada bajo el número de resolución 3655/2020. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal. Finalmente, tomando en consideración que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado anexó copias certificadas del juicio especial de alimentos 947-3/2015, constantes de tres tomos y ante lo innecesario que resulta continúen a disposición de este juzgado, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1", adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", con residencia en esta ciudad, del que se advierte que remitió por incompetencia el oficio 3655/2020 y sus anexos a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Ciudad de México "4", a fin de que esta última haga efectiva la multa impuesta en auto de cuatro de marzo del presente año al quejoso Jorge Jiménez Vargas. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1006/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad de Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jorge Jiménez Vargas, por derecho propio, demando el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Con residencia en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "Se reclama la omisión de brindar una administración de justicia pronta, al no disponer de lo necesario para la continuación del juicio dentro del término legal, en el Juicio Especial de Alimentos, registrado bajo el Expediente número 947-3/2015, promovido por la C. LUCILA HERNANDEZ HIDALGO en representación de los menores LUIS FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ quien en realidad se llama LUIS FERNANDO MARINO JIMENEZ, y DIANA LAURA JIMENEZ HERNANDEZ, quien en realidad se llama DIANA LAURA CABALLERO JIMENEZ, en contra del suscrito JORGE JIMENEZ VARGAS, que se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, consistente en: 1. La omisión y/o demora en resolver el recurso de reconsideración interpuesto por LUCILA HERNANDEZ HIDALGO, parte actora, en contra del auto de fecha 29 de mayo del 2018, admitido a trámite por auto de 28 de junio del 2018, el cual se citó para resolución por auto de 12 de julio del 2019, y por auto de 17 de mayo del 2019, se ordena resolver a la brevedad posible. 2. La omisión y/o demora en resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el suscrito JORGE JIMENEZ VARGAS parte demandada en contra del auto de fecha 11 de diciembre del 2018, admitido a trámite por auto de 9 de enero del 2019, el cual, se citó para resolución por auto de 19 de febrero del 2019, y por auto de 17 de mayo del 2019, se ordena resolver a la brevedad posible. 3. La omisión y/o demora en resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el suscrito JORGE JIMENEZ VARGAS parte demandada en contra del auto de fecha 28 de enero del 2019, admitido a trámite por auto de 19 de febrero del 2019, el cual, se citó para resolución por auto de 12 de marzo del 2019, y por auto de 17 de mayo del 2019, se ordena resolver a la brevedad posible. 4. La omisión y/o demora en resolver el recurso de reconsideración interpuesto por el suscrito JORGE JIMENEZ VARGAS parte demandada en contra del auto de fecha 17 de junio del 2019, admitido a trámite por auto de 27 de junio del 2019, y por auto de 12 de julio del 2019, se tuvo por desahogando la vista con el citado recurso a la parte actora. 5. La omisión y/o demora de dar cumplimiento al auto de fecha 17 de mayo del 2019, por medio del cual, realiza la certificación de las pruebas pendientes por desahogar, y que en el caso, le corresponde realizar siendo en el caso, el dictado de las sentencia interlocutorias de los recursos pendientes por resolver, así como, recabar los informes con cargo al Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Institución Bancaria Banorte, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. La omisión y/o demora en de que, se dé cumplimiento al auto de fecha 17 de junio del 2019. 7. La omisión de pronunciarse con respecto a los escritos presentados con fecha 9 de agosto del 2019, firmados por mi abogado patrono." SEGUNDO. Preceptos constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1006/2019; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se ordenó notificar a los terceros interesados, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el nueve de diciembre del año pasado, misma que se suspendió con motivo del trámite que se dio a la objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo planteado por la tercera interesada y, se continuó el ocho de enero de dos mil veinte, en la que se admitieron pruebas y finalmente la celebrada con antelación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una omisión dentro de un juicio familiar que se considera de imposible reparación, proveniente de una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa, como demandada en el juicio especial de alimentos 947-3/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, reclama la omisión del juez responsable de: Resolver los recursos de reconsideración interpuestos por el aquí quejoso y la tercera interesada (actora y demandada en el juicio de origen), en contra de los proveídos de veintinueve de mayo y once de diciembre de dos mil dieciocho, veintiocho de enero y diecisiete de junio de dos mil diecinueve. De dar cumplimiento a los acuerdos de diecisiete de mayo y diecisiete de junio de dos mil diecinueve, respectivamente. De acordar los escritos presentados el nueve de agosto de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. SON CIERTOS los actos atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en razón de que al rendir su informe justificado así lo manifestó; certeza que se robustece con las copias certificadas del juicio especial de alimentos 947-3/2015 (tomos I, II y III de pruebas), que allego como complemento al mismo; documentales públicas que hacen prueba plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2º. CUARTO. INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DEL QUEJOSO PLASMADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. Enseguida, se procede a resolver lo relativo al incidente de falsedad de firma del quejoso Jorge Jiménez Vargas planteado por la tercera interesada Lucila Hernández Hidalgo, mediante escrito recibido en auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, admitido en audiencia constitucional el nueve de diciembre siguiente. En ese sentido, se tiene presente que por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en auto de cuatro de marzo del presente año, ante su incomparecencia injustificada en la fecha señalada para la toma de muestras de escritura en su modalidad de firma, y se tuvo por cierta la afirmación de la tercera interesada en torno a la falsedad de la firma que calza la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Consecuentemente, debe declararse fundado el incidente de falsedad de firma, cuyas consecuencias se procede a dilucidar en el apartado siguiente. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza del acto reclamado, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien ahora resuelve está obligado a analizar las causales de improcedencia que puedan actualizarse en el presente juicio, con independencia de que las partes viertan o no manifestación al respecto. El precepto en cita, a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, se advierte de oficio, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 ambos de la Ley de Amparo, y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expone a continuación. Dichos numerales, respectivamente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII de mérito, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las 22 primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 6 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. Por tanto, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo es improcedente cuando no exista instancia de parte agraviada. Bajo las consideraciones expuestas, la causa de improcedencia se actualiza por las siguientes razones. En efecto, el incidente de falsedad de firma planteado por la parte tercera interesada, resultó fundado, por ende, se concluye que el quejoso Jorge Jiménez Vargas no externó la voluntad a través del signo gráfico consistente en la firma que debe calzar la demanda de amparo, y que determina que es el actor del documento de que se trata, pues así lo establece el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que implica que tal instrumento carece de suscriptor y que no es voluntad de la persona que en él se cita accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice la solicitud de amparo. Luego, con base en la premisa de que la firma es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad, en el ejercicio de un derecho y que cuando alguna promoción jurídica requiere que se haga por escrito es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, pues sin ella debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó la expresión de voluntad, y por ende la autoridad que la reciba debe desestimarla, resulta incuestionable que si como se encuentra demostrado en autos que el líbelo de demanda carece de firma autógrafa de quien promueve, es determinante para estimar que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la falta de esos signos manuscritos a través de los que las personas expresan la voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y acreditan la autoría de los documentos necesaria para dar validez a cualquier actuación escrita impiden, como se dijo, el ejercicio de la acción constitucional. Esto es así, pues en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden hacerlo, lo hará otra persona a su ruego, pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho; de ahí que, si la demanda de amparo, no fue firmada por el quejoso Jorge Jiménez Vargas, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del interesado en la promoción del juicio constitucional, por lo que se surte, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo que iría en perjuicio de las demás partes. Sirve de sustento, por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 93/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, apéndice 1917-2000, materia común, tomo XXIX, abril de 2009, página 466, Novena Época, de rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA QUE CALZA UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. CUANDO SE DECLARA SU FALSEDAD A TRAVÉS DEL INCIDENTE RESUELTO CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, TANTO AQUELLA DILIGENCIA COMO LA DEMANDA CARECEN DE EFICACIA, POR LO QUE AL NO TENERSE POR EXTERNADA LA VOLUNTAD DEL PROMOVENTE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Cuando al resolver el incidente respectivo un tribunal colegiado de circuito declara conjuntamente con la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo directo la falsedad de la firma que calza la demanda de garantías, tanto la diligencia en que el promovente reconozca dicha firma como la aludida demanda carecen de eficacia, ya que no existe certeza sobre su autenticidad, esto es, que realmente proviene de quien aparece como su autor jurídico, pues una firma sólo puede reconocerla quien la imprimió. Así, ante la mencionada declaración de falsedad, a la diligencia de reconocimiento de firmas no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda en la fecha en que el aparente promovente compareció ante el tribunal colegiado a reconocer la firma cuya autenticidad se cuestiona, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Por tanto, se concluye que quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado afecte su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley indicada." Asimismo, se cita en apoyo a lo resuelto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, contenido en la Jurisprudencia VI.2o.C. J/5 (10a.), emitida por reiteración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, página mil quinientos noventa y cuatro, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO RELATIVO UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ÉSTA, LA ACCIÓN DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo." En tal virtud, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, ante la declaración de falsedad de la firma de la demanda, no puede tenerse como válida la expresión de voluntad de quien acude a este medio de control constitucional, lo que procede es SOBRESEER en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E PRIMERO. Se declara fundada la objeción de falsedad planteada por la tercera interesada Lucila Hernández Hidalgo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1006/2019, promovido por Jorge Jiménez Vargas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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