Jorge Jiménez Mondragón
Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Jiménez Mondragón
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual informa que asume la competencia planteada por este juzgado federal; circunstancia de la cual queda enterado este recinto judicial, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo; asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace constar que el presente asunto no guarda relevancia documental. Notifíquese
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 748/2022-II y fórmese expediente. En atención a su contenido, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que debe declinar su competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por cuestión de territorio, debido a que el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México, es decir, fuera del lugar en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, por lo que considera que corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en turno, de conformidad con las consideraciones siguientes: En principio, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el impetrante señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE: SEXTA DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido ubicado en Diagonal 20 de Noviembre número 275, piso 8, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06800, en la Ciudad de México. III. ACTOS RECLAMADOS: De la SEXTA DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, se le reclama el ilegal, arbitrario e inconstitucional acuerdo y resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, pronunciado en autos del juicio laboral número de expediente 3690/22, promovido por el C. JORGE JIMENEZ MONDRAGÓN, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)". Desde este punto de vista, así como del análisis íntegro de la demanda de amparo y su anexo, se colige que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en: El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 3690/22, en el cual dicho órgano laboral acepta la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y previene al aquí quejoso Jorge Jiménez Mondragón, a efecto de que ajuste su demanda. Ahora bien, la regla general que determina la competencia se encuentra establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del citado precepto puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, de los cuales surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse o bien, 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio; Ahora, de esas mismas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, b) en donde trate de ejecutarse, c) en donde se ejecute o d) en donde se haya ejecutado; Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. 4. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos: A) Actos de Tracto Sucesivo, que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; Consecuentemente, si se tiene en consideración el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 3690/22, en el cual dicho órgano laboral acepta la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se deduce que el acto reclamado tiene ejecución en la ciudad de México; por ende, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por cuestión de territorio, ya que el acto de autoridad proviene de una autoridad con sede en la Ciudad de México, y se ejecuta en dicha ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.X.J/6 l (11ª), del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Laboral, que al rubro y texto dic "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia" De igual manera es citable la tesis 13 de la entonces Sala Auxiliar, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Parte, Tomo 217-228, Séptima Época, página 88). El criterio jurisprudencial que antecede, se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente; ello, porque las normas legales que se prevén en el artículo 36 que se aplica e interpreta de la Ley de Amparo abrogada, también se contemplan en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal precepto de ambas legislaciones, se prevé respecto de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 52 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por cuestión de territorio y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, remitiéndole los autos para tal efecto y solicitándole el acuse de recibo correspondiente en que se sirva precisar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de la demanda, la papeleta de turno y del presente auto. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda, y dada la naturaleza de los actos reclamados, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hiram Espinosa Casarrubias, Fernando Mejía Hernández, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Eliut Valdez Pino, Edgar Radia Pérez, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Dasaev Lara Mares, Arturo González Meléndez y José Quinto Rodríguez. Asimismo, y como lo solicita expresamente dicho promovente se autoriza para consultar el expediente electrónico; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona "hiresca", el cual pertenece a Hiram Espinosa Casarrubias, para los efectos legales procedentes. De igual forma, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 748/2022-II y fórmese expediente. En atención a su contenido, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que debe declinar su competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por cuestión de territorio, debido a que el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México, es decir, fuera del lugar en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, por lo que considera que corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, en turno, de conformidad con las consideraciones siguientes: En principio, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el impetrante señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: "II. AUTORIDAD RESPONSABLE: SEXTA DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido ubicado en Diagonal 20 de Noviembre número 275, piso 8, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06800, en la Ciudad de México. III. ACTOS RECLAMADOS: De la SEXTA DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, se le reclama el ilegal, arbitrario e inconstitucional acuerdo y resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, pronunciado en autos del juicio laboral número de expediente 3690/22, promovido por el C. JORGE JIMENEZ MONDRAGÓN, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)". Desde este punto de vista, así como del análisis íntegro de la demanda de amparo y su anexo, se colige que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en: El acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 3690/22, en el cual dicho órgano laboral acepta la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y previene al aquí quejoso Jorge Jiménez Mondragón, a efecto de que ajuste su demanda. Ahora bien, la regla general que determina la competencia se encuentra establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del citado precepto puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se fija de acuerdo a la ejecución del acto reclamado, de los cuales surgen dos hipótesis distintas: 1) Aquella en la que el acto está pendiente de ejecutarse o bien, 2) Aquella en que la ejecución fue consumada o se está consumando, por lo que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio; Ahora, de esas mismas hipótesis pueden desprenderse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, b) en donde trate de ejecutarse, c) en donde se ejecute o d) en donde se haya ejecutado; Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1. El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) El acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión de que el acto reclamado habrá de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2. El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3. En donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. 4. El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos: A) Actos de Tracto Sucesivo, que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo, que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; Consecuentemente, si se tiene en consideración el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veinte de junio de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente 3690/22, en el cual dicho órgano laboral acepta la competencia planteada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, se deduce que el acto reclamado tiene ejecución en la ciudad de México; por ende, este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por cuestión de territorio, ya que el acto de autoridad proviene de una autoridad con sede en la Ciudad de México, y se ejecuta en dicha ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PC.X.J/6 l (11ª), del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Laboral, que al rubro y texto dic "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si el acto reclamado consistente en el acuerdo que declina la competencia y el diverso que la admite, tiene o no ejecución material, lo anterior para efectos de fijar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del amparo en la vía indirecta. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito determina que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional declina la competencia, atendiendo a la naturaleza de los actos, es de los considerados actos negativos, por lo que no tiene ejecución material, en tanto que el acuerdo por el que una autoridad laboral jurisdiccional acepta la competencia declinada, tiene naturaleza positiva y, por lo tanto, tiene ejecución material; por ello, es esta última determinación la que fija la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en términos de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 343/2019, estableció que los actos se dividen de manera genérica de acuerdo con su naturaleza y consecuencias. Al respecto, importa destacar los positivos y los negativos; los primeros son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que la persona estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traduce en un hacer o en un no hacer que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. En tal contexto, el proveído mediante el cual una autoridad declina su competencia en favor de otra, es de los considerados negativos simples, en razón de que mediante esta resolución la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de la persona, esto es, a admitir la competencia por considerar que a otra autoridad le corresponde la misma; esta actuación no produce ningún efecto positivo dado que hasta ese momento no se impone alguna carga u obligación a la persona; en tanto que el acto de autoridad consistente en el auto que acepta la competencia declinada se constituye como un acto positivo, dado que tiene efectos materiales, al incidir en la esfera jurídica de la persona, porque la somete bajo su jurisdicción y la obliga a litigar el asunto ante ella, actualizando de tal forma la posibilidad que el procedimiento o juicio se tramite por una autoridad legalmente incompetente; por ende, para definir la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra tales actos resulta aplicable la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubique la autoridad laboral jurisdiccional que acepta dicha competencia" De igual manera es citable la tesis 13 de la entonces Sala Auxiliar, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna (párrafo tercero) y el que sí la requiere hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Parte, Tomo 217-228, Séptima Época, página 88). El criterio jurisprudencial que antecede, se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente; ello, porque las normas legales que se prevén en el artículo 36 que se aplica e interpreta de la Ley de Amparo abrogada, también se contemplan en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, pues en tal precepto de ambas legislaciones, se prevé respecto de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de un juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 52 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por cuestión de territorio y la declina a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Trabajo en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, remitiéndole los autos para tal efecto y solicitándole el acuse de recibo correspondiente en que se sirva precisar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de la demanda, la papeleta de turno y del presente auto. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda, y dada la naturaleza de los actos reclamados, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hiram Espinosa Casarrubias, Fernando Mejía Hernández, Carlos Michel Espinoza Casarrubias, Juan Francisco Pérez Rodríguez, Eliut Valdez Pino, Edgar Radia Pérez, David Ernesto Rodríguez Rodríguez, Dasaev Lara Mares, Arturo González Meléndez y José Quinto Rodríguez. Asimismo, y como lo solicita expresamente dicho promovente se autoriza para consultar el expediente electrónico; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona "hiresca", el cual pertenece a Hiram Espinosa Casarrubias, para los efectos legales procedentes. De igual forma, téngasele proporcionando cuenta de correo electrónico y número de teléfono móvil para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe."
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