Jorge Jiménez Luna

Expediente 458/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
458/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Jiménez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado que le corresponde. En atención a su contenido, intégrense a estos autos el oficio y anexo de referencia, únicamente para que obren como en derecho corresponda, toda vez mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de dicha Junta. Aunado a que por auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios con anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y de la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades responsables rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se les tiene designando como delegados a la persona que citan en los oficios que se acuerda; y como domicilio el que precisan para tal efecto. Ahora, se precisa que por escrito presentado en línea el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Civiles Federales en el Estado de Puebla, Jorge Jiménez Luna, por conducto de su apoderado legal Oscar Iván Echegaray Iglesias solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades responsables y actos que a continuación se reproducen: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. - Tienen ese carácter: LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LAS QUE INTEGRAN LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA.". "IV.-ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. - Reclamo de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de las que integran la local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Puebla la omisión y/o abstención, de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución de laudo firme de fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral D-3/758/2010, toda vez que a la fecha de presentación de esta demanda de amparo indirecto la autoridad responsable no ha tomado las medidas necesarias para ejecutar el laudo antes mencionado. Del Instituto Registral y Catastral Del Estado De Puebla la omisión de emitir el dictamen respecto del avaluó comercial realizado sobre el bien inmueble embargado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, propiedad del tercero interesado dentro del presente juicio". Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, este juzgado radicó la demanda con el número 458/2022; requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, ordenó dar la intervención que corresponde a la Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrita; ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y señaló fecha y hora para que el desahogo de la audiencia constitucional. Así, del análisis integral de la demanda, informe justificado y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) La omisión de dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en concreto, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en torno requerir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que éste ordenara a quien correspondiera para que emitiera el avalúo del bien inmueble embargado dentro del citado juicio, que se atribuye a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. b) La omisión de emitir el dictamen respecto al avalúo comercial realizado sobre el bien inmueble embargado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, reprochado al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla. Luego, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y de la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados indicados en los incisos que anteceden; por ende, deben tenerse como inexistentes las omisiones controvertidas. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ". VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". [Énfasis añadido]. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, resulta dable traer a colación el contenido del artículo 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen, los cuales establecen: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación". "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo". De los preceptos transcritos se advierte que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación; de igual modo, que transcurrido dicho plazo, el Presidente, a petición de parte de la parte que obtuvo, dictará el auto de requerimiento y embargo. De lo que se sigue que dicho numeral, haciendo una interpretación extensiva, arroja que la petición por parte de la persona que obtuvo laudo favorable, no debe limitarse únicamente tratándose de una condena en donde exista el pago de determinada cantidad ilíquida, sino también resulta aplicable en los casos en los que se condene a que la parte demandada deba aportar documentos o realizar actos con la finalidad de cumplir con el laudo; de modo que, a fin de que se cumpla de manera completa con la condena, el actor se encuentra obligado a solicitar ante el tribunal laboral la ejecución de todos y cada uno de los conceptos condenados. Acotado lo anterior, se tiene que, en el caso, de las constancias que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones practicadas dentro del juicio laboral D-3/758/2010, de su índice -documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º-, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: a) En auto dictado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, acordó que en la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada en contra de la parte demandada de uno de febrero de esa anualidad, se había trabado embargo sobre el bien inmueble identificado como solar urbano ubicado junto a la carreta Tecamachalco-Quecholac, en la población de las Lomas de Romero, del municipio de Tecamachalco, Puebla, inscrito bajo la partida 2568 a foja 76 vuelta, tomo LXXIV, libro I, a fojas de la 30696 a la 30727, volumen 135 del libro 5º del apéndice de dos mil diecinueve; en consecuencia, ordenó girar oficio al Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tecamachalco, Puebla, a efecto de que inscribiera el referido embargo, por la cantidad de $3'018,385.00 (tres millones dieciocho mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100, moneda nacional). b) En resolución de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada contra actos del Actuario adscrito a la junta responsable; de igual modo, en el considerando tercero de dicha determinación se ordenó girar oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla para que designara perito valuador de bienes inmuebles respecto del predio descrito en el párrafo anterior. c) En auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Junta tuvo a la Directora de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, designando como perito en materia de avalúo a Juan Manuel Vega y Domínguez. d) Seguida la etapa de ejecución, en determinación de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta responsable acordó el escrito presentado por la parte actora el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; por tal motivo, giró oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que en auxilio de sus labores instruyera al perito Juan Manuel Vega y Domínguez, a efecto de que compareciera ante ella cualquier día y hora hábil a efecto de que aceptara y protestara el carago y, en su caso, emitiera el avalúo relativo del inmueble embargado en autos del procedimiento laboral. e) En atención al requerimiento señalado en el inciso anterior, mediante oficio SPF-SI-IRCEP-DC-SGC-DV-1483/2021, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, comunicó a la Junta responsable, en primer término, que comunicara a la parte actora que debía presentarse ante dicha dependencia para que exhibiera el comprobante de pago por concepto de cuota para superficie excedente de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el cual ascendía a la cantidad de $32,622.00 (treinta y dos mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional); en segundo lugar, refirió que debido a que el perito Juan Manuel Vega y Domínguez no podía llevar a cabo el avalúo solicitado por estar designado a otras actividades, pidió que se sustituyera a éste por Miguel Ángel López Bautista. f) Finalmente, al oficio anterior recayó el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que la Junta responsable tuvo como perito valuador a Miguel Ángel López Bautista y precisó que deberían pagarse los derechos para la elaboración del dictamen correspondiente; por tanto, dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera; determinación que se notificó a las partes por medio de estrados en esa misma fecha. Acotado lo anterior, contrario a lo que refiere la parte quejosa, las autoridades responsables no han sido omisas en dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en concreto, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en torno requerir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que éste ordenara a quien correspondiera para que emitiera el avalúo del bien inmueble embargado dentro del citado juicio. Lo anterior, porque de las constancias que remitió la autoridad laboral, se aprecia, en primer lugar, que en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta responsable acordó el escrito presentado por la parte actora el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno; y por tal motivo, giró oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que en auxilio de sus labores instruyera al perito Juan Manuel Vega y Domínguez, a efecto de que compareciera ante ella cualquier día y hora hábil a efecto de que aceptara y protestara el carago y, en su caso, emitiera el avalúo relativo del inmueble embargado en autos del procedimiento laboral. En segundo, a través del oficio SPF-SI-IRCEP-DC-SGC-DV-1483/2021, de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, comunicó a la Junta responsable, en primer término, que comunicara a la parte actora que debía presentarse ante dicha dependencia para que exhibiera el comprobante de pago por concepto de cuota para superficie excedente de conformidad en lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el cual ascendía a la cantidad de $32,622.00 (treinta y dos mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional); en segundo, refirió que debido a que el perito Juan Manuel Vega y Domínguez no podía llevar a cabo el avalúo solicitado por estar designado a otras actividades, pidió que se sustituyera a éste por Miguel Ángel López Bautista. Por último, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable tuvo como perito valuador a Miguel Ángel López Bautista y precisó que deberían pagarse los derechos para la elaboración del dictamen correspondiente; para lo cual, dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera; notificando tal circunstancia a las partes por medio de estrados en esa misma fecha. Sobre ese tenor, es dable concluir que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y de la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, no han sido omisas en dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en concreto, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en torno requerir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que éste ordenara a quien correspondiera para que emitiera el avalúo del bien inmueble embargado dentro del citado juicio y emitir el dictamen relativo al avalúo del inmueble materia del procedimiento laboral. Lo expuesto es de esa manera, porque a pesar de lo expuesto en los párrafos anteriores, no se aprecia que la parte actora -aquí quejosa- hubiera continuado con los actos necesarios para que, en su caso, el perito designado por la autoridad registral emitiera su dictamen, pues no quedó evidenciado que la accionante hubiera pagado los derechos para que el experto formulara su dictamen, a pesar de que se le dio vista desde el veinticinco de noviembre de la anualidad pasada; de tal manera que, la eventual dilación que se genere por tal circunstancia para continuar con la ejecución del laudo, no es atribuible a las responsables, sino a la solicitante del amparo al no cumplir con las cargas que se le imponen; por tanto, las omisiones reclamadas son inexistentes. Se afirma lo anterior, porque el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo prevé que para que ejecución del laudo, se requiere la intervención del ejecutante y, en la especie, aun cuando la parte quejosa, ha instado a la junta para tal efecto, no ha cumplido con las obligaciones que se le comunicaron en el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, el reclamo consistente en las omisiones en dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en concreto, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en torno requerir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que éste ordenara a quien correspondiera para que emitiera el avalúo del bien inmueble embargado dentro del citado juicio y emitir el dictamen relativo al avalúo del inmueble materia del procedimiento laboral, son inexistentes, porque para ello era necesario que la parte quejosa cumpliera con las obligaciones que se le notificaron el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Tienen apoyo a lo anterior, en lo conducente, las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2000011 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771 Tipo: Jurisprudencia EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". "Registro digital: 2000025 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". (Lo negrito y subrayado es propio). En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional respecto de los actos reclamados de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y de la Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, consistentes en las omisiones en dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado dentro del juicio laboral D-3/758/2010, promovido por Jorge Jiménez Luna, en contra de Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc, Sociedad Anónima de Capital Variable, en concreto, respecto a lo solicitado en el escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en torno requerir al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para que éste ordenara a quien correspondiera para que emitiera el avalúo del bien inmueble embargado dentro del citado juicio y emitir el dictamen relativo al avalúo del inmueble materia del procedimiento laboral, respectivamente, ya que de las constancias de autos no se advierte la existencia de las omisiones reclamadas de dichas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de sobreseimiento por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, que establece lo siguiente: "Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Edgar Jesús Ramos Bautista, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la empresa de paquetería "ESTAFETA", generó guía de retorno respecto de la diversa número ******************** indicando como incidencia: "Su envío presenta datos incompletos para realizar su entrega, el dato faltante es: "DIRECCIÓN INCOMPLETA, favor de generar reporte", con motivo de la remisión del oficio 35535/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de Recursos Humanos de Pemex Exploración y Producción Ciudad del Carmen Campeche. Atento a ello, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, notifíquese el oficio 35535/2021 de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de Recursos Humanos de Pemex Exploración y Producción Ciudad del Carmen Campeche, a través de Petróleos Mexicanos con residencia en la ciudad de Puebla; lo anterior, con la finalidad de estar en aptitud de que cause ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. ...

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