Jorge Javier Zea Ávila
Expediente 291/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Javier Zea Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 291/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada, el auto de veintidós de marzo del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 291/2018-IV-B, promovido por Jorge Javier Zea Ávila, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. La demanda fue presentada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibida en ese mismo día en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, cuyo Titular se declaró impedido para conocer de la misma; una vez resuelto el impedimento planteado y al resultar fundado, la demanda fue turnada y recibida en este juzgado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, por la que Jorge Javier Zea Ávila por propio derecho, solicitó el amparo de la justicia federal contra actos de los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. (fojas 17 a 21) Seguida la secuela procesal, por auto de once de abril de dos mil dieciocho se fijaron las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de mayo de dos mil dieciocho para celebrar la audiencia constitucional. (foja 59) CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. Así, el acto reclamado es: La fecha señalada en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto laboral 01/844/17-l, a las doce horas del trece de febrero de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Encargada de Presidencia de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado; además exhibió como prueba, copia certificada de las actuaciones dictadas en el expediente 01/844/17-l (fojas 38 a 56); las cuales ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, por lo que hace al acto reclamado, de oficio se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo será improcedente, cuando como en el caso, se combate un acto con efectos negativos u omisiones la sentencia que se llegase a dictar carecería de efectos para materializar su concesión, pues no se podría obligar a la responsable a respetar el derecho que se dijo violado o a cumplir lo que ésta exija; sobre la base que la tramitación de un juicio de amparo por disposición de ley, debe tener una finalidad práctica y no meramente especulativa. En ese sentido se tiene que el argumento del quejoso para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio el derecho que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al emitir el proveído de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Junta responsable señaló una fecha distante para el verificativo de la audiencia bifásica en el juicio laboral 01/844/17-I; esto es, fuera del lapso de quince días señalado por la Ley Federal del Trabajo, en el caso para el trece de febrero de dos mil dieciocho. En efecto, la quejosa se duele de la actuación de la responsable, con base en la cual, llegada la fecha inicialmente señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, al no encontrarse emplazadas las demandadas, fijó las doce horas del trece de febrero de dos mil dieciocho para el verificativo de la audiencia de ley; fecha que el impetrante combate en el presente juicio, pues aduce que no se ajustó a los términos establecidos en la ley aplicable. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo establece: "(REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Del precepto transcrito se advierte, que las Juntas deberán dictar acuerdo veinticuatro horas siguientes a partir del momento en que reciban la demanda, en el que fijarán día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito inicial, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. El artículo 874 del ordenamiento aludido, al respecto dice: "Artículo 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su celebración, a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las que no fueren notificadas se les hará personalmente." Cabe precisar que el artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo no señala en qué plazo debe fijarse la nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica; por tanto, en atención al principio de celeridad que rige el juicio laboral y a falta de disposición expresa, el plazo será de quince días que establece el numeral 873, que al respecto indica. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia Sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número 2ª. CV/2013 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así las cosas, de las constancias allegadas por la Junta responsable, cuyo valor probatorio pleno quedó acreditado en el considerando que antecede, se desprende que el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se señalaron las doce horas del día trece de febrero de dos mil dieciocho para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Luego, al confrontar lo que dicta el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con la actuación de la autoridad responsable, es inconcuso que la fecha señalada mediante acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de ley en el conflicto de origen, esto es, trece de febrero de dos mil dieciocho, no se ajustó al plazo de quince días que dispone el citado artículo, ya que entre esas fechas median más de tres meses, por lo que a juicio de quien resuelve, se está ante una dilación del procedimiento en el juicio 01/844/17-l. Ello puede dar lugar a pensar que, para restituir a la parte quejosa, la autoridad responsable tendría que dejar insubsistente la fecha reclamada y fijar en su lugar, una nueva ajustada a derecho para el desahogo de la audiencia bifásica, con la subsecuente obligación de notificarla a las partes; sin embargo, de las documentales que la responsable exhibió con posterioridad a su informe justificado, se aprecia que remitió copia certificada de la actuación de nueve de abril de dos mil dieciocho (foja 65 a 66), de la que se desprende que se señalaron las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril del año en curso para la continuación de la audiencia bifásica, en ese sentido, se observa que el reclamo que originó el trámite del presente juicio de amparo, carece de efectos para en su caso dictar una sentencia concesoria del amparo, puesto que la propia autoridad responsable enmendó la dilación indicada y señaló una nueva fecha para la práctica de la audiencia en el juicio de origen, que como se verá, impide catalogarla como violatoria del derecho humano a que se refiere el artículo 17 constitucional, pues de estimarlo así, los efectos de la sentencia acarrearían mayores perjuicios al impetrante de amparo. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría actualizarse lo dispuesto por el artículo 77 de la ley de la materia; en la medida que los alcances de una eventual sentencia amparadora, deben materializarse en función de las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable señalara una fecha dentro del término de ley, que es en lo que se hace consistir el acto reclamado, pues el momento en el que jurídica y materialmente sería posible para la responsable dar cumplimiento a dicho fallo amparador una vez que causa ejecutoria la presente resolución, sería inclusive posterior a la fecha señalada en los autos del juicio de origen, situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que, se insiste, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Lo anterior es así, por los siguientes razonamientos: El acto reclamado en el presente juicio, se hizo consistir en la fecha señalada en el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, para celebrar la fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el día trece de febrero de dos mil dieciocho. La demanda fue presentada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; es decir, el acto reclamado consistente en fijar la fecha para el desahogo de la audiencia bifásica el día trece de febrero de dos mil dieciocho, existía a la fecha de presentación de la demanda. Sin embargo, el nueve de abril de dos mil dieciocho, la Junta responsable señaló nueva fecha para la continuación de la audiencia bifásica, esto eso, para el día veintiséis de abril de dos mil dieciocho; por ende a esta fecha no sería factible dotar de efectos al fallo constitucional pues la dilación combatida atento a la temporalidad fijada para la audiencia de ley, ya habría transcurrido y agotado los efectos de la violación constitucional combatida. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Además que, la actuación de la responsable consistente en fijar una fecha para la continuación audiencia de ley, en los términos que quedaron precisados con anterioridad, no constituye un reclamo combatible en amparo, es decir, para el veintiséis de abril pasado, porque tal señalamiento de fecha, no tenía vida jurídica a la fecha de presentación, ni de admisión de la demanda materia de este juicio, por lo que no procedería efectuar su análisis, porque estimar lo contrario infringiría el principio de relatividad que rige el juicio de amparo, al emprender el estudio de un acto reclamado que no existía al incoar el juicio, y aun al caso de que esta audiencia laboral no se hubiese verificado, traería como consecuencia la introducción de omisiones posteriores a las reclamadas, no obstante que sean futuros e inciertos al impetrar el juicio. Resulta aplicable la tesis aislada número IX.1º.17L (10ª.a) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 835 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Diciembre de dos mil catorce, que dice: OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 77, fracción II, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En esta medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Javier Zea Ávila, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta el día de hoy dieciocho de mayo de dos mil dieciocho que lo permitieron las labores de este juzgado. Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo, del que se advierte que no obra en autos la notificación a la parte quejosa, respecto de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se instruye al actuario de la adscripción a fin de que notifique la referida resolución a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de once de abril de dos mil dieciocho, informa que se desahogó la audiencia en su etapa de demanda y excepciones el nueve del presente mes y año, señalando para su continuación las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciocho y al efecto remite copia certificada de la audiencia aludida así como del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de referencia, dejándose sin efectos el apercibimiento allí decretado; y dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el plazo de tres días hábiles, computado legalmente, el cual se fija de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, que impone al suscrito la obligación de recabar las constancias necesarias para resolver el presente asunto, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe si en el expediente de origen se desahogó la audiencia señalada para el nueve de abril de dos mil dieciocho y, en su caso, remita copia certificada de las constancias donde se acredite; con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, se comunica a las partes que a partir del primero de abril de dos mil dieciocho el Titular del Juzgado es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.
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