Jorge Javier Pérez Fernández

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Javier Pérez Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    .... Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 47311/2023, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1137/2023 de su índice, promovido por ****, toda vez que en determinación de treinta de octubre del año en curso, dicho órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del aludido sumario, en razón a que los actos reclamados de carácter de omisivos derivan de una carpeta de investigación (392/2019-UIMTY-DCG04), donde Pérez Fernández, tiene el carácter de parte ofendida. Bajo tal contexto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada; por tanto, regístrese el expediente relativo bajo el número 915/2023-III, que le corresponde, y acúsese de recibo. De conformidad, con el segundo párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de esta última, es válido todo lo actuado por el juez declinante. Ahora, cabe precisar que del estudio integral de la demanda, así como de sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama lo siguiente: La falta de contestación de dos escrito presentados por el suscrito, ante dicha autoridad responsable, en fecha 28-veintiocho de Junio del año 2023-dos mil veintitrés, dentro de la Carpeta de Investigación número 0392/2019-UMTY-DCG04, relativa a la querella formal interpuesta por el suscrito J*****, mismas que a la fecha no han sido resueltas, no obstantes de haberse formulado por escrito y de manera respetuosa, ante la responsable, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 Constitucional." Acto que atribuye al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Determinación de Causas Región Centro, con residencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. En ese sentido, en uno de los ocursos que acompañó a su demanda de amparo como anexo, se observa que el veintiocho de junio del presente año, el ahora quejoso solicitó al Agente del Ministerio Público Investigador responsable, dentro de la carpeta de investigación 0392/2019-UMTY-DCG04, seguida contra Nora Sofía Cárdenas Cantú, por hechos con apariencia del delito de falsedad en declaraciones, en la que tiene el carácter de parte ofendida, girara oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto informara si dentro del periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al veintiocho de junio de dos mil veintitrés -data en que presentó dicho ocurso-, Cárdenas Cantú, estuvo dada de alta como trabajadora, lo anterior, con el objetivo de robustecer el dolo que alude en dicho escrito. De lo anterior se advierte, que lo realmente reclamado por la parte quejosa, se trata de una abstención de investigar por parte del Agente del Ministerio Público Investigador responsable, dado que la solicitud efectuada por la parte quejosa a través de su ocurso presentado el veintiocho de junio del año en curso, se encuentra encaminada a que la autoridad practique actuaciones de investigación, lo que se traduce a una omisión de realizarla por parte de la responsable. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito, advierte que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 611, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. .... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el primer párrafo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.) (Énfasis del transcriptor) Dicho ordinal estipula que las determinaciones que impliquen la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son susceptibles de combatirse ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, la autoridad judicial citará a las partes a una audiencia donde escuchará y resolverá en definitiva. Lo antes precisado indica que existe un medio de defensa idóneo para atacar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regulan la omisión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con el objeto que el Juez de Control sea quien de manera ágil, una vez que otorgue intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución de la autoridad judicial rectora, en su oportunidad podrá promoverse juicio biinstancial, ya que tal decisión no admite recurso ordinario. Así, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Circunstancia que lleva a establecer que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público con efectos tendientes a paralizar, suspender o terminar una investigación; por tanto, las actuaciones atribuibles al Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, dado que suponen la inmovilización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u abstenciones del Representante Social que definen el curso de una indagatoria, es que en caso de considerarlas ilegales, debe conminarlo a reanudar la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la actuación ministerial reprochada en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar su cesación y, en consecuencia, el Fiscal provea sobre las solicitudes planteadas. ... Máxime que, los actos impugnados en esta vía no atentan contra la libertad personal de la parte quejosa y tampoco se ubica en alguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), y c) de la citada porción normativa. Sin que el hecho que el accionante esté obligado a agotar los recursos establecidos en ley, antes de acudir al juicio de amparo, sea incompatible con la prerrogativa de acceso a la tutela judicial efectiva, prevista tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el dispositivo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno) no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención. .... Abordarlo de otra manera desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, con el establecimiento de la figura de Jueces de Control, lo cual implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emita cierta determinación, la víctima, ofendido o, en su caso, el investigado, acudirían al juicio de amparo para hacer valer cuestiones de mera legalidad, descargando en el Juez de Distrito funciones reservadas, por disposición Constitucional, al Juez de Control. .... Tampoco puede pensarse que la presente resolución deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al tratarse de actos omisivos, mientras estos no cesen, en cualquier momento pueden acudir ante el Juez de Control para hacer valer sus inconformidades -quien en el ámbito de sus atribuciones deberá resolver como en derecho proceda-; postura ajustada al espíritu de la aludida reforma, que indudablemente busca que el conflicto penal agote todas sus cuestiones ante la autoridad de primera instancia, evitando la parálisis de los procedimientos a causa de la promoción de numerosos juicios de amparo. Entonces, dado que el procedimiento de la indagatoria donde la parte quejosa es víctima, se sigue con el sistema penal de corte acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos, el cual, según quedó establecido líneas atrás, éste sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Juez de Control, a través del que puede combatirse las abstenciones del órgano ministerial, y al no haberlo agotado previo a la instauración del presente juicio, es que se actualiza causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Por otra parte, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob. mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. ....

  2. Principal

    notifico al quejoso ****, el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy Fe. .... Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio 47311/2023, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1137/2023 de su índice, promovido por ****, toda vez que en determinación de treinta de octubre del año en curso, dicho órgano de control constitucional se declaró legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del aludido sumario, en razón a que los actos reclamados de carácter de omisivos derivan de una carpeta de investigación (392/2019-UIMTY-DCG04), donde Pérez Fernández, tiene el carácter de parte ofendida. Bajo tal contexto, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada; por tanto, regístrese el expediente relativo bajo el número 915/2023-III, que le corresponde, y acúsese de recibo. De conformidad, con el segundo párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de esta última, es válido todo lo actuado por el juez declinante. Ahora, cabe precisar que del estudio integral de la demanda, así como de sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable se reclama lo siguiente: La falta de contestación de dos escrito presentados por el suscrito, ante dicha autoridad responsable, en fecha 28-veintiocho de Junio del año 2023-dos mil veintitrés, dentro de la Carpeta de Investigación número 0392/2019-UMTY-DCG04, relativa a la querella formal interpuesta por el suscrito J*****, mismas que a la fecha no han sido resueltas, no obstantes de haberse formulado por escrito y de manera respetuosa, ante la responsable, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 Constitucional." Acto que atribuye al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Determinación de Causas Región Centro, con residencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. En ese sentido, en uno de los ocursos que acompañó a su demanda de amparo como anexo, se observa que el veintiocho de junio del presente año, el ahora quejoso solicitó al Agente del Ministerio Público Investigador responsable, dentro de la carpeta de investigación 0392/2019-UMTY-DCG04, seguida contra Nora Sofía Cárdenas Cantú, por hechos con apariencia del delito de falsedad en declaraciones, en la que tiene el carácter de parte ofendida, girara oficio correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto informara si dentro del periodo comprendido del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al veintiocho de junio de dos mil veintitrés -data en que presentó dicho ocurso-, Cárdenas Cantú, estuvo dada de alta como trabajadora, lo anterior, con el objetivo de robustecer el dolo que alude en dicho escrito. De lo anterior se advierte, que lo realmente reclamado por la parte quejosa, se trata de una abstención de investigar por parte del Agente del Ministerio Público Investigador responsable, dado que la solicitud efectuada por la parte quejosa a través de su ocurso presentado el veintiocho de junio del año en curso, se encuentra encaminada a que la autoridad practique actuaciones de investigación, lo que se traduce a una omisión de realizarla por parte de la responsable. En esa tesitura, este Juzgado de Distrito, advierte que en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en razón que la parte quejosa, previo a accionar el presente medio de defensa, soslayó acatar una de las directrices rectoras del juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad. Dicha máxima destaca la naturaleza del juicio de amparo, como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que antes de promover la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios a través los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado, pudiendo así, resarcir las prerrogativas transgredidas sin la necesidad de acudir a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Su base constitucional se encuentra inserta en el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal y desarrollada en el precepto 611, fracción XVIII, de la normativa de la materia. Conforme a los dispositivos en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte impetrante no hace valer, previo a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la legislación que rige el acto reclamado, pues entre los presupuestos fundamentales donde se sustenta la acción constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa sólo procedente en los casos de excepción previsto en la Constitución Federal y la legislación reglamentaria de sus preceptos 103 y 107. Si el propósito del legislador a través de lo dispuesto por el aludido arábigo 61, fracción XVIII, de este último ordenamiento, fue sin duda establecer la exigencia que los gobernados, antes de promover la vía constitucional contra un acto de autoridad, hagan valer el medio de impugnación a su alcance, a través del que pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, entonces, para operar la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad basta que se omita promover tal recurso. .... Expresado de otra manera, se surte la referida hipótesis cuando la parte quejosa tiene a su alcance un recurso en la vía ordinaria por medio del cual la determinación impugnada podía ser revocada, modificada o nulificada, pero pasó por alto hacerlo valer. Sentada esa base, toca el turno citar el primer párrafo del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. (.) (Énfasis del transcriptor) Dicho ordinal estipula que las determinaciones que impliquen la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, son susceptibles de combatirse ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, la autoridad judicial citará a las partes a una audiencia donde escuchará y resolverá en definitiva. Lo antes precisado indica que existe un medio de defensa idóneo para atacar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regulan la omisión de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello, con el objeto que el Juez de Control sea quien de manera ágil, una vez que otorgue intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución de la autoridad judicial rectora, en su oportunidad podrá promoverse juicio biinstancial, ya que tal decisión no admite recurso ordinario. Así, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Circunstancia que lleva a establecer que esas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público con efectos tendientes a paralizar, suspender o terminar una investigación; por tanto, las actuaciones atribuibles al Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, dado que suponen la inmovilización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u abstenciones del Representante Social que definen el curso de una indagatoria, es que en caso de considerarlas ilegales, debe conminarlo a reanudar la investigación y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la actuación ministerial reprochada en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar su cesación y, en consecuencia, el Fiscal provea sobre las solicitudes planteadas. ... Máxime que, los actos impugnados en esta vía no atentan contra la libertad personal de la parte quejosa y tampoco se ubica en alguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), y c) de la citada porción normativa. Sin que el hecho que el accionante esté obligado a agotar los recursos establecidos en ley, antes de acudir al juicio de amparo, sea incompatible con la prerrogativa de acceso a la tutela judicial efectiva, prevista tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal, como en el dispositivo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno) no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención. .... Abordarlo de otra manera desconocería el espíritu de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, respecto del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, con el establecimiento de la figura de Jueces de Control, lo cual implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación o emita cierta determinación, la víctima, ofendido o, en su caso, el investigado, acudirían al juicio de amparo para hacer valer cuestiones de mera legalidad, descargando en el Juez de Distrito funciones reservadas, por disposición Constitucional, al Juez de Control. .... Tampoco puede pensarse que la presente resolución deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al tratarse de actos omisivos, mientras estos no cesen, en cualquier momento pueden acudir ante el Juez de Control para hacer valer sus inconformidades -quien en el ámbito de sus atribuciones deberá resolver como en derecho proceda-; postura ajustada al espíritu de la aludida reforma, que indudablemente busca que el conflicto penal agote todas sus cuestiones ante la autoridad de primera instancia, evitando la parálisis de los procedimientos a causa de la promoción de numerosos juicios de amparo. Entonces, dado que el procedimiento de la indagatoria donde la parte quejosa es víctima, se sigue con el sistema penal de corte acusatorio, regulado por el Código Nacional de Procedimientos, el cual, según quedó establecido líneas atrás, éste sí prevé un medio de defensa ordinario, ante el Juez de Control, a través del que puede combatirse las abstenciones del órgano ministerial, y al no haberlo agotado previo a la instauración del presente juicio, es que se actualiza causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con base en lo establecido en precepto 62, de la referida Ley. Por otra parte, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinario de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob. mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. ....

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