Jorge Ivan Rubio Flores
Expediente 862/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ivan Rubio Flores
- Dora Lilian de la Trinidad Acevedo Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de julio e dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese, sin mayor pronunciamiento, el escrito signado por la licenciada Addy Patricia Sabido Baquedano, Asesora Jurídica Federal, mediante el cual rinde protesta y acepta el cargo de Representante Especial de los menores de edad en este asunto. Lo anterior, toda vez que el siete de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional; incluso, se determinó que dicha resolución no le causaba perjuicio alguno a los citados menores de edad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio DMY/568/2022 remitido vía correo institucional por la Titular de la Delegación Regional en Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a la licenciada Addy Patricia Sabido Baquedano, Asesora Jurídica Federal adscrita a dicha dependencia, como persona que puede representar legalmente a los menores con identidad reservada V.R. y H.I., con apellidos R.A. Al respecto, hágasele saber que el siete de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó en el presente juicio, fuera de audiencia constitucional y se determinó que dicha resolución no le causaba perjuicio alguno a los citados menores de edad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Sergio Manuel López Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad responsable en este asunto, y constancias que anexa, mismo que se ordena agregar a este expediente. Ahora bien, atento al estado procesal que guarda este expediente se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La porción normativa anterior prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Ahora bien, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia de la autoridad responsable, el auto de veinticinco de febrero del presente año, publicado en el Diario Oficial del Estado el cuatro de marzo del mismo año, dictado en autos del expediente 1120/2013, en el cual se incrementó la pensión alimenticia a la que había condenado en sentencia dictada en dicho procedimiento de $10,000.00 (son diez mil pesos mensuales) a $19,915.45 (son diecinueve mil novecientos quince pesos con cuarenta y cinco centavos M.N.) mensuales, así como a pagar la cantidad de $235,672.63 (son doscientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y dos pesos con sesenta y tres centavos M.N.) en concepto de diferencias de pensión alimenticia. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable en este asunto, remitió en su oficio de cuenta a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable aprobó el convenio de veinte de junio de dos mil veintidós, celebrado entre Dora Lilian de la Trinidad Acevedo Sánchez y el aquí quejoso, Jorge Iván Rubio Flores, condenándose a ambas partas a estar y pasar al tenor de dichos acuerdos como si se tratara de una sentencia definitiva. Convenio en el que se reconoció un adeudo por $360,000.00 (son trescientos sesenta mil pesos, M.N.) sin embargo, se pactó el pago de $260,000.00 (son doscientos sesenta mil pesos, M.N.), condonando el resto de la deuda; pactando diversas fechas para cubrir dicha suma, asimismo, ambas partes acordaron modificar la pensión alimenticia que sería por la cantidad de diez mil pesos quincenales durante dos años a partir de julio de dos mil veintidós y a partir del mes de julio de dos mil veinticuatro se incrementaría conforme al artículo 36 del Código de Familia del Estado de Yucatán. Todo lo anterior, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; por haber sido sustituido procesalmente el acuerdo reclamado por el diverso acuerdo de auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en donde la autoridad responsable aprobó el convenio de veinte de junio de dos mil veintidós, celebrado entre Dora Lilian de la Trinidad Acevedo Sánchez y el aquí quejoso, Jorge Iván Rubio Flores, condenándose a ambas partes a estar y pasar al tenor de dichos acuerdos como si se tratara de una sentencia definitiva, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Orienta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2546, Décima Época, con registro digital: 2013461, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Asimismo, se invoca como apoyo de esta determinación la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1492, Novena Época, con registro digital: 165869, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil veintidós. Sin que sea obstáculo a lo anterior que no haya constancia de notificación al representante especial del menor, toda vez que, dado el sentido de la presente resolución, no le causa perjuicio alguno. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable, de conformidad con el oficio de autorización número CCJ/ST/C/1268/2022, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.
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