Jorge Iván Labastida Molina
Expediente 741/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Iván Labastida Molina
Actuaciones
- Principal
Intégrese la constancia actuarial de cuenta, en la que se hace constar la imposibilidad de notificar a al quejoso el acuerdo de tres de septiembre del año en curso, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por lista el auto de referencia, así como las subsecuentes determinaciones hasta en tanto señale domicilio para ello. ***Auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve. En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. El expediente principal transcurrido cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. ***
- Principal
En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. El expediente principal transcurrido cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.
- Principal
Vista la demanda de amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El traslado involuntario debe autorizarse previamente a su ejecución en audiencia pública por el juez de control o ejecución y esa resolución judicial puede impugnarse mediante el recurso de apelación. Por otra parte, los traslados excepcionales surgen cuando no existe autorización previa del juez; en ese caso, la autoridad penitenciara emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado en los casos expresamente previstos por la ley, con el requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes para que califique la legalidad de esa determinación. Pues del análisis no se desprende que para emitirlos se haya tomado como base el marco legal establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, se desecha de plano la demanda.
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