Jorge Iván Hernández Cantú

Expediente 1312/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1312/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Jorge Iván Hernández Cantú

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad capital, a través del cual informa que ha causado estado el auto por el que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por Jorge Iván Hernández Cantú, en contra de la resolución interlocutoria de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y remite el original del incidente de suspensión 1312/2017. NOTIFÍQUESE; HÁGASE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional. Se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible.

  3. Incidental

    Del estado de autos se advierte que no obra en el sumario el acuse de recibo de los oficios números 6414 y 6415, por los cuales se notificó a las autoridades responsables Comisionado y Coordinador General de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra de la suspensión definitiva. Se ordena requerir a las referidas responsables para que DE INMEDIATO, por la misma vía, telegrama o por fax al número telefónico 01-477-713-3037, acusen el recibo correspondiente de los oficios antes indicados. Lo anterior, toda vez que es necesario para enviar las constancias respectivas a la Superioridad para la substanciación del medio de impugnación interpuesto en el incidente en que se actúa. Se les apercibe que de no cumplir con lo requerido, se les impondrá una multa. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES REQUERIDAS.

  4. Principal

    RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue promovido por Jorge Iván Hernández Cantú, por su propio derecho, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. Trámite del juicio. Se turnó a este juzgado el mismo día; se formó el expediente al que se asignó el número 1312/2017-I; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; toda vez que los actos que se reclaman provienen de autoridades que se ubican dentro del ámbito territorial que comprende la jurisdicción de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a señalar el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales, atendiendo a la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este contexto, teniendo en consideración los aspectos aludidos, se precisa que el acto reclamado es: La omisión de reubicarlo a una estancia diversa a la de tratamientos especiales en que actualmente se encuentra. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los que se reclaman de las autoridades señaladas como Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, los tres del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residentes en la Ciudad de México, pues en sus informes de ley negaron su existencia y el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, se impone sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Director General, del Comité Técnico y del Área Técnica, los tres del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, pues así lo confesaron en sus informes justificados. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Este resolutor considera que en relación al acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" [.]" En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama del Director General del Centro Federales de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, y otras autoridades, la omisión de reubicarlo en un dormitorio diverso al en que actualmente se encuentra. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos numerales, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el quejoso ya sea como procesado o sentenciado, en términos del artículo 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que se le reubique a una estancia diversa a la que actualmente se encuentra; ello, por ser éste la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el impetrante se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tiene de estancia digna dentro de éste, pues, debe tomarse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la petición administrativa como el medio para, en su caso, subsanar la afectación. Tampoco es óbice para concluir lo anterior, que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma , sino a través de un procedimiento, en este caso, la petición administrativa prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, conforme a lo establecido por la norma secundaria. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. Sirve como base para lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008884, sostenida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 480 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, en materia Administrativa, con número de tesis 1a./J. 7/2015 (10a.), cuyo rubro y texto rezan: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En tales condiciones, si en contra del acto aquí reclamado procedía la petición administrativa (la cual no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que de conformidad con el numeral 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo único que se requiere es que ésta se formule por escrito), mediante la cual puede ser revocado o modificado, y, la misma no fue interpuesta por el quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que en su contra se intenta es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. En mérito de lo anterior, es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo de actual vigencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo Normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Iván Hernández Cantú, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia. Así lo resolvió y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Blanca del Rocío Fonseca Hernández, que autoriza, hasta el día de hoy veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado federal. BRFH.VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo 1312/2017-I; y RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue promovido por Jorge Iván Hernández Cantú, por su propio derecho, el nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. Trámite del juicio. Se turnó a este juzgado el mismo día; se formó el expediente al que se asignó el número 1312/2017-I; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; toda vez que los actos que se reclaman provienen de autoridades que se ubican dentro del ámbito territorial que comprende la jurisdicción de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a señalar el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales, atendiendo a la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En este contexto, teniendo en consideración los aspectos aludidos, se precisa que el acto reclamado es: La omisión de reubicarlo a una estancia diversa a la de tratamientos especiales en que actualmente se encuentra. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los que se reclaman de las autoridades señaladas como Comisionado, Coordinador General de Centros Federales y Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, los tres del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residentes en la Ciudad de México, pues en sus informes de ley negaron su existencia y el quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, se impone sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Director General, del Comité Técnico y del Área Técnica, los tres del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, pues así lo confesaron en sus informes justificados. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Este resolutor considera que en relación al acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" [.]" En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama del Director General del Centro Federales de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, y otras autoridades, la omisión de reubicarlo en un dormitorio diverso al en que actualmente se encuentra. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115 los cuales disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En adición a dichos preceptos, en el Capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, del mismo cuerpo de leyes invocado, se encuentran los artículos 116 y 117, del tenor siguiente: "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De dichos numerales, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que el quejoso ya sea como procesado o sentenciado, en términos del artículo 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que se le reubique a una estancia diversa a la que actualmente se encuentra; ello, por ser éste la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el impetrante se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tiene de estancia digna dentro de éste, pues, debe tomarse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la petición administrativa como el medio para, en su caso, subsanar la afectación. Tampoco es óbice para concluir lo anterior, que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en éste se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma , sino a través de un procedimiento, en este caso, la petición administrativa prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, conforme a lo establecido por la norma secundaria. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. Sirve como base para lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008884, sostenida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 480 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, en materia Administrativa, con número de tesis 1a./J. 7/2015 (10a.), cuyo rubro y texto rezan: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." En tales condiciones, si en contra del acto aquí reclamado procedía la petición administrativa (la cual no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que de conformidad con el numeral 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo único que se requiere es que ésta se formule por escrito), mediante la cual puede ser revocado o modificado, y, la misma no fue interpuesta por el quejoso, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que en su contra se intenta es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. En mérito de lo anterior, es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, de la Ley de Amparo de actual vigencia; por ello, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64, fracción V, del propio Cuerpo Normativo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Iván Hernández Cantú, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia.

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