Jorge Iván García Hernández
Expediente 1562/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1562/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/12/2016
Partes del expediente
- Jorge Iván García Hernández
Actuaciones
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- Principal
IV. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia de quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 27 a 29), en la cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
iii. Visto el escrito de cuenta mediante el cual el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Sultepec, en atención al acuerdo de tres de noviembre del año en curso, solicita se le otorgue una prorroga a fin de realizar el proyecto de presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Sultepec para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete y solicitar a la Legislatura del Estado de México su aprobación y cumplir a su vez con la sentencia de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración los términos en que se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo, dada la naturaleza y complejidad del asunto, este órgano de control constitucional, en uso de la facultad que otorga el artículo 192 de la Ley de Amparo, el cual establece que el plazo de cumplimiento del fallo protector se podrá ampliar tomando en consideración la complejidad o dificultad del mismo y atendiendo a la diversidad de actos procesales que debe emitir la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector, se le concede al Tesorero Municipal de Sultepec una prórroga de diez días computados legalmente, para que realice el trámite y agote todas las instancias necesarias para estar en condiciones de justificar que llevo a cabo las funciones encomendadas para solicitar el proyecto de presupuesto de egresos y cumplir a su vez, con la sentencia de amparo; es decir devuelva a la Comisión Federal de Electricidad, las cantidades que fueron transferidas a las cuentas bancarias del citado ayuntamiento por concepto de cobro por el tendido permanente anual de cables de energía eléctrica, de los años dos mil seis al dos mil diez; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2011, de la Época: Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, visible en la página 10, Registro: 162469, del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento.
- Incidental
V. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remite el original del oficio SP/VMHO/1613/2016, así como finiquito y copia del cheque entregado a la quejosa; agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que las documentales que acompaña son las mismas que adjuntó al pretender dar cumplimiento al fallo protector, mismas que se tomaron en consideración al emitir el pronunciamiento de veintiséis de septiembre de presente año, en el que se le dijo no había dado cumplimiento a la ejecutoria de ampara pronunciada en el presente juicio de amparo. Por tanto, la autoridad responsable debería acreditar que la cantidad que pagó a la quejosa corresponde a las prestaciones a la quejosa desde el día siguiente del fallecimiento de su cónyuge y hasta la fecha en que acredite haber reanudara el pago de la pensión por viudez que se le había suspendido a la quejosa, sin aplicar la norma declarada inconstitucional o hasta que se cumpla a cabalidad la ejecutoria de amparo, pues siendo ese uno de los objetos de la concesión del amparo, es evidente que resulta necesario para poder calificar el cumplimiento a la ejecutoria amparante.
- Principal
II.- Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta por el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite copias certificadas del testimonio de la resolución pronunciada en sesión de catorce de octubre del año en curso, con motivo del recurso de queja 180/2016, promovido por la quejosa María Helena García Martínez, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el presente recurso de queja. agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales conducentes; acúsese el recibo de estilo correspondiente; y, háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno.Por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento y, en consecuencia se procede a su reanudación, por lo que se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva.
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