Jorge Israel Ochoa Antunez
Expediente 697/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Israel Ochoa Antunez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
I. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes quejosa y tercero interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.
- Principal
I. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveídos de veintinueve de agosto y tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades responsables Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando las respectivas constancias. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Resulta ilustrativa la tesis de Jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 2 de 2 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, por este Órgano Jurisdiccional, se negó el amparo y protección de la justicia federal, a Jorge Israel Ochoa Antúnez (fojas 229 a 273). En acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al citado quejoso, interponiendo recurso de revisión en contra de esa determinación (foja 298). A través de la ejecutoria pronunciada el trece de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 311 a 321), el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 697/2015, del índice de registro del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, promovido por Jorge Israel Ochoa Antúnez, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria. Posteriormente, subsanada la irregularidad por la cual se repuso el procedimiento, mediante resolución dictada el treinta de abril del año en curso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Jorge Israel Ochoa Antúnez (fojas 333 a 347). Luego, en proveído de tres de julio de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 358 a 360), en los términos siguientes: a) Deje sin efectos la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción dicte otra en la que resuelva nuevamente el recurso de apelación; sin más limitaciones, que tener por no acreditado el dolo; lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión extensiva al acto de ejecución atribuido a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal y Director del Centro Preventivo, ambos de Apatzingán, Michoacán, en razón de que resulta una consecuencia directa de la resolución reclamada. De esta forma, el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, respectivamente remitieron los oficios 0776 y 1180 con anexos, registrados en el libro de correspondencia con los números 13902 y 14295, mediante los cuales, informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora con las constancias certificadas tendentes a acreditar dicha circunstancia (fojas 380 a 405 y 409 a 436). Documentales que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que el citado Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, efectuó lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción dictó otra en la que resolvió nuevamente el recurso de apelación, determinando modificar el auto de formal prisión impugnado, para ahora considerar que se encuentra acreditada la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del delito de homicidio culposo en agravió de Mayra Cornejo Cruz; excluyendo el elemento de dolo. Asimismo, se obtiene que las autoridades responsables ejecutoras tomaron conocimiento de la nueva determinación, esto en acatamiento a la extensión de la concesión de amparo. En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO sin excesos ni defectos. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, del propio estado de autos, se obtiene que el quejoso Jorge Israel Ochoa Antúnez, manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector por parte del aludido Magistrado responsable, al considerar, esencialmente, por los motivos que expone en el escrito glosado a fojas 440 a 466, que en el caso debe operar la prescripción de la acción penal, de ahí que fue incorrecto que la nueva determinación estribe sobre la reclasificación del delito que se le imputa. Nos obstante, esas manifestaciones resultan inatendibles, en razón de que en las directrices del fallo protector se otorgó a la autoridad responsable en cuestión, aptitud de resolver con plenitud de atribuciones, con independencia de que los resultados no hayan sido favorables a sus intereses; pues tal circunstancia no significa que no haya acatado en sus términos lo determinado en la sentencia. Entonces, es evidente que la nueva determinación de diecisiete de agosto de la presente anualidad, dictada por el Magistrado responsable, al no haber sido materia de la protección constitucional, es producto del arbitrio propio de la libertad de jurisdicción reservado en la sentencia de amparo. Por ende, se dejan a salvo los intereses de la parte quejosa para que los haga valer en la forma que estime conveniente. Resulta ilustrativa, en lo que interesa, la tesis de jurisprudencia siguiente: Tesis: 2a./J. 9/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 188634 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIV, Octubre de 2001 Pag. 366 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, glósese el escrito de cuenta signado por el quejoso Jorge Israel Ochoa Antúnez, en atención a su contenido, dígase que se éste a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
I. Agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Israel Ochoa Antúnez; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista del proveído de tres de septiembre del año en curso; esto es, expresa su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable; manifestaciones que serán tomadas en consideración al momento de calificar los actos relacionados con la ejecución del fallo protector.
- Principal
I. Agréguese el oficio y anexo que suscribe el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Apatzingán, Michoacán; por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto, remite las constancias que acreditan lo anterior. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con las constancias de referencia, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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