Jorge Israel Flores Villaseñor
Expediente 975/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Israel Flores Villaseñor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otro lado, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de noviembre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5901/2019, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 2-12) en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad de Morelia, Jorge Israel Flores Villaseñor, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo, por lo que la registró bajo el número de expediente 975/2019 y la admitió en proveído de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 13-16); solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y ahora se resuelve conforme a las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclama el primer acto de aplicación de una norma de carácter general del Estado de Michoacán cuya observancia tiene lugar dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, registro 192097 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados: ( Del Congreso, del Gobernador, del Secretario de Gobierno y del Director de Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto por el que se expide y publica la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio 2019, específicamente el artículo 23, fracción II, inciso E), que establece el cobro del holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación, en sus respectivos ámbitos de competencia; y, ( Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, la aplicación de las disposiciones legales de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año dos mil 2019, respecto del cobro por holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a todas autoridades responsables en el ámbito de su competencia, pues así se advierte de los informes justificados que obran como a continuación se anota: INFORME FOJA Congreso del Estado de Michoacán. 22 Gobernador del Estado de Michoacán. 57 Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. 59 Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. 31 Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. 61 Lo anterior, pese que al rendir su informe justificado el Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán (foja 61 reverso) haya manifestado que no es cierto el acto que se le atribuye, toda vez que su representada no realizó ninguna acción de cobro por concepto de derechos por servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en específico por lo que respecta al pago de refrendo anual de calcomanía 2019 y que aun cuando el peticionario de amparo presentó el comprobante de pago, ello no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que le son atribuidos en su carácter de ejecutora, conforme al criterio jurisprudencial siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Sin embargo, a juicio de quien resuelve, la jurisprudencia invocada por la citada responsable carece de aplicabilidad en el asunto que nos ocupa, en atención a la particular forma de pago de la contribución que se estima inconstitucional y respecto de la cual el quejoso acreditó el acto de aplicación, consistente en el comprobante que acredita el pago por holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación (foja 12). Lo anterior, porque en el caso particular, la expedición del holograma por el cual se está cobrando el derecho que el quejoso tilda de inconstitucional, se condiciona al pago previo de esa contribución; de suerte que, no puede asumirse como una autoliquidación, sencillamente, porque el otorgamiento de la calcomanía de circulación se condiciona al pago del tributo reclamado. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis aislada Tesis: XXVII.3o.40 A (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Administrativa, Décima Época, Registro 2016619, Página 1991, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS DE PAGO PREVIO. AL SER SU LIQUIDACIÓN UNA INTERVENCIÓN POSITIVA DE LA AUTORIDAD, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 153/2007). El artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación prevé diversos tipos de contribuciones, entre ellas, los impuestos y los derechos. Los primeros son una prestación que establece la ley a cargo de las personas que se encuentran en una hipótesis normativa, cuya modalidad de pago es la autodeterminación, en tanto que los segundos constituyen contraprestaciones en dinero que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio y que pueden originarse por: (i) el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación; o, (ii) la recepción de servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. A su vez, los derechos pueden ser de: (i) pago previo, cuando el otorgamiento del servicio se condicione a éste; o, (ii) pago posterior, tratándose de servicios que se prestan antes del pago correspondiente y cuya declaración es voluntaria. Ahora bien, respecto al pago de impuestos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sostuvo que la autodeterminación no es un acto de autoridad reclamable a la autoridad señalada como ejecutora en el amparo contra leyes, al constituir el producto de la voluntad del gobernado mediante el cumplimiento espontáneo y oportuno de sus obligaciones fiscales y en el que la autoridad asume una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria del contribuyente; sin embargo, ese criterio es inaplicable a los derechos por servicios de pago previo, toda vez que su régimen de determinación es distinto, pues en tal caso, la autoridad exactora despliega un actuar positivo al liquidar la contribución generada, que se refleja en la emisión del recibo correspondiente y también condiciona al sujeto pasivo a su pago, pues de rehusarse, no se le prestará el servicio público solicitado. Por tanto, al tener la autoridad una intervención positiva, no se está ante una autoliquidación sino ante su manifestación unilateral de la voluntad y, por ende, ante un acto de autoridad impugnable en el juicio de amparo indirecto." Cuarta. Causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, debe examinarse la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por cuestión de técnica jurídica las causas de improcedencia se estudiarán en el orden siguiente: 1. No se reclama por vicios propios. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, los tres del Estado de Michoacán de Ocampo, consistentes en el promulgación, refrendo, y la publicación del artículo 23, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, Michoacán, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil diecinueve. Para dar sustento a la premisa anterior, a continuación se transcriben los preceptos normativos de la Ley de Amparo, antes referidos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De la interpretación sistemática de los preceptos legales que anteceden, se advierte que el juicio de amparo será improcedente respecto de autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de una norma general o en su publicación, cuya actuación no sea reclamada por vicios propios. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, los tres del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que de la demanda no se advierte que se atribuya a su actuación vicios propios por los cuales deba analizarse de forma destacada, sino que el estudio de constitucionalidad de la norma reclamada deriva de su propio texto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/50 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2249 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, registro 2010098, del tenor: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación." Por tanto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, así como 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto de las autoridades responsables Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo. 2. Interés jurídico. La autoridad Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, refiere que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no demuestra la afectación directa de sus intereses jurídicos o legítimos, dado que no acreditó con prueba alguna que es propietario del vehículo que refiere en su escrito de demanda, lo cual podría realizarlo con copia certificada del título de propiedad. De la misma forma, la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado (foja 72 reverso), manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque la parte quejosa no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por lo tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Argumentos que devienen infundados, pues contrario a lo que afirma la autoridad responsable, a juicio de quien resuelve es suficiente el formato múltiple de pago que exhibió el quejoso, en la medida que ese documento revela que el mismo está inscrito en el padrón estatal vehicular, al haberse emitido por la oficina recaudadora, en el caso, por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y además porque en el mismo aparece como contribuyente el quejoso Jorge Israel Flores Villaseñor y se describen las características de su motocicleta, como son número de serie, número de placa, marca y modelo del mismo y su valor factura. Se considera de ese modo, porque conforme al artículo 44 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, la Tesorería y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, llevarán el control actualizado de los vehículos sometidos a la jurisdicción estatal, debiendo integrar y operar un padrón que contenga sus datos de identificación. Aunado a lo anterior, de acuerdo al artículo 45 de la citada ley, para que el propietario de un vehículo pueda efectuar su registro, deberá entre otras cosas, exhibir original de la factura, carta factura o documento que acredite la propiedad o legítima posesión del vehículo. Bajo esas consideraciones, es suficiente el referido formato de pago múltiple exhibido por el quejoso para acreditar su interés jurídico, con independencia que no haya exhibido la factura de su motocicleta, sencillamente, porque en ese formato aparece como contribuyente el propio peticionario del amparo, lo que revela que su vehículo está registrado ante la autoridad recaudadora, para lo cual -atendiendo a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo- tuvo que acreditar ante la propia tesorería, la propiedad de su vehículo, porque de no haberlo hecho así, no aparecería en ese padrón. Inexistencia de conceptos de violación El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado señala en su informe justificado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI en relación con el artículo 63, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, pues aduce que no se advierte algún concepto de violación dirigido a combatir los artículos tildados de inconstitucionales, requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa, sustentando sus aseveraciones en las tesis de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES, PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE ATENDERSE A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN"; y, "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO". Al respecto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, se corrige la cita del precepto referido por la autoridad responsable y se procede al estudio de la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, del ordenamiento legal invocado. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que es infundado lo aducido por la autoridad responsable, en virtud de que la improcedencia la hace descansar en que la parte quejosa no expresó conceptos de violación tendentes a impugnar la inconstitucionalidad de los preceptos legales combatidos relativos al pago de holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía del año dos mil diecinueve, lo que resulta incorrecto. Ello, porque de la lectura a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa precisó porqué la norma general y su aplicación son ilegales, aduciendo las razones por las cuales tales actos violan los principios de equidad y proporcionalidad que son de carácter general, por lo que argumenta se debe tener en cuenta que cuando los particulares o gobernados están en idéntica situación deben ser tratados en forma igual, y en ese sentido, las cuotas que establece el Estado deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Luego, al no observarse que se actualice una diversa causa de improcedencia procede emprender el estudio del fondo del asunto, únicamente de las porciones normativas respecto de las cuales resultó procedente el juicio de amparo. Quinta. Estudio de fondo por lo que ve al artículo 23, fracción II, inciso A), (holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación). Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En el único concepto de violación esgrimido por el quejoso aduce que el cobro del derecho establecido en el artículo 23, fracción II, inciso A) (holograma de circulación o refrendo anual de calcomanía de circulación), vulnera en su perjuicio las garantías de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al establecer el pago de una cuota excesiva y desproporcional, la cual no corresponde al costo que genera el Estado para otorgar tal servicio, si se toma como base el costo real de la calcomanía que se publicó en el periódico oficial del Estado de Michoacán, relativo a la licitación pública estatal N° CADPE-EM-LPE-084/2018 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se estableció que el Estado pagará $5.70 (cinco pesos con setenta centavos), de ahí que, resulte excesivo a todas luces un cobro excesivo y desproporcional que rebasa el 670% el costo que eroga el Estado para la ejecución del servicio. Concepto de violación que es inoperante. Para dar sustento a esa calificación, en primer término conviene señalar que la fracción IV del artículo 31 Constitucional, dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Como se observa, el dispositivo legal transcrito prevé la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme dispongan las leyes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la Constitución Federal consagra el principio de igualdad bajo el cual todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En relación con la materia tributaria consigna expresamente los principios de equidad y proporcionalidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que cuando los particulares están en idéntica situación deben ser tratados igual, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, los principios de equidad y proporcionalidad se configuran como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo cual significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y posterior interpretación y aplicación. Tales principios en modo alguno suponen que todos los ciudadanos sean iguales, es decir, con un patrimonio y necesidades semejantes, pues la propia Constitución acepta y protege la propiedad privada, libertad económica, derecho a la herencia y otras prerrogativas; es decir, implícitamente reconoce la existencia de desigualdades tanto materiales, como económicas. Por tanto, las características que pueden llevarnos a construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental, son: a) Toda contribución tiene su fuente en el poder de imperio del Estado. b) Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie o en servicios. c) Sólo se pueden crear mediante ley. d) Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios; es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica. e) Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad o capacidad contributiva y el de equidad. De tales características se puede esbozar un concepto jurídico de las contribuciones o tributos que resulte aplicable a todos los niveles de gobierno, al cual se le puede definir como un ingreso de derecho público normalmente pecuniario -destinado al financiamiento de los gastos generales, obtenido por un ente de igual naturaleza Federación, Distrito Federal, Estado o Municipios-, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, cuya obligación surge de la ley, la cual debe gravar un hecho indicativo de capacidad económica, dando un trato equitativo a todos los contribuyentes. Una vez fijado un concepto constitucional de contribuciones o tributo, tenemos que éste se conforma de distintas especies, que comparten una configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales, los que, por un lado permiten, mediante su análisis integral y armónico, determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula. Dichos elementos esenciales de la contribución, reconocidos tanto doctrinalmente como en el derecho positivo, consisten en: a) Sujeto: La persona física o moral que actualiza el hecho imponible, quedando vinculada de manera pasiva por virtud del nacimiento de la obligación jurídico-tributaria. b) Hecho Imponible: Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. El hecho imponible constituye el hecho definidor o configurador que identifica a cada tributo, más aún, que legitima la imposición, en cuanto que sólo por su realización puede producirse la sujeción al tributo y será licita su exigencia. En efecto, el hecho imponible debe ser, en todos los casos, un elemento fijado por la ley, se trata siempre de un hecho de naturaleza jurídica, creado y definido por la norma, y que no existe hasta que ésta lo ha descrito o tipificado. c) Base Imponible: El valor o magnitud representativo de la riqueza constitutiva del elemento objetivo del hecho imponible, que sirve para la determinación liquida del crédito fiscal, una vez que se aplica a dicho concepto la tasa o tarifa. d) Tasa o Tarifa: Es la cantidad porcentual o determinada que se aplica sobre la base imponible para efectos de obtener como resultado la determinación del crédito fiscal, y; e) Época de Pago: Momento o plazo dentro del cual la obligación es exigible y por tanto debe ser cubierta por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Ahora bien, aun cuando los mencionados componentes de los tributos son una constante estructural, su contenido es variable, presentándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de contribución se analice, dotando a su vez de una naturaleza propia a cada tributo. Asimismo, cabe apuntar que de acuerdo con la autonomía de las entidades federativas y con el sistema de distribución de competencias que prevé la Constitución Federal, tanto la Federación como la Ciudad de México y cada Estado para sí y para sus Municipios, tiene libertad para realizar su propia configuración de las categorías de las contribuciones o tributos, imprimiendo los matices correspondientes a su realidad; sin embargo, esta libertad no autoriza al legislador para desnaturalizar estas instituciones, por lo que debe respetar sus notas esenciales tanto en lo referente a su naturaleza como contribución, como a las notas de sus especies. Fijadas las bases anteriores, cabe señalar que en el derecho positivo mexicano se establece la clasificación de las contribuciones comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico, distinguiendo cuatro especies del género contribución, a saber los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos, los cuales conceptualiza de la siguiente forma: 1. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y de los derechos. 2. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 3. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 4. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ahora bien, en el caso particular de los derechos, de la definición que brinda el código tributario se desprende que existen dos tipos de derechos, en primer lugar, aquellos consistentes en el pago por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y, en segundo lugar, aquellos cuyo presupuesto consiste en recibir servicios que presta el Estado, en sus funciones de derecho público. Los derechos por servicios tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial de rubro: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA." Es así que, tratándose de derechos por servicios, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio, que es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso y siempre que puedan ser asignados a los sujetos pasivos, en virtud de ciertos parámetros de asignación, esto es, que puede ser cuantificado el costo, al menos en un individuo. Es necesario que se tome en consideración que para poder prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, para lo que requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva a incurrir en diversos costos, que son los que se deben individualizar atendiendo al uso o consumo de cada sujeto, porque ello es lo que hace que sea un servicio divisible. Ello si se toma en cuenta que, para poder prestar el servicio de que se trata, el aparato estatal genera ciertos costos de tipo directo (son los destinados de forma inmediata al aparato administrativo que va a llevar a cabo el servicio público) e indirecto (no están destinados de forma inmediata al centro final de la prestación del servicio de supervisión, pero son costos que deben medirse como indirectos, porque influyen de tal forma a éste). Así, tenemos que, tratándose de servicios públicos, éstos tienen un costo para el Estado, el cual tiene que ser individualizado al usuario del servicio de que se trate, atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196395, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, la cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Establecido lo anterior, como se precisó en párrafos precedentes, el quejoso aduce que el derecho que reclama es inconstitucional, al establecer el pago de una cuota excesiva y desproporcional que no corresponde al costo que genera el Estado para otorgar tal servicio, ya que el costo real de la calcomanía es de $5.70 (cinco pesos con setenta centavos) y que partiendo de ello, resulta a todas luces un cobro excesivo y desproporcional que rebasa el 670% el costo que eroga el Estado para la ejecución del servicio. Bajo ese contexto, la inoperancia de ese argumento descansa en la circunstancia relativa a que este juzgador no está en condiciones de calificar la afirmación relativa a que el costo real y total del servicio es de $5.70 (cinco pesos con setenta centavos), en la medida que no allegó medio de convicción alguno a efecto de acreditar su afirmación. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo de 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la legalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la legalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. Lo cierto es que es el quejoso quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora del principio de proporcionalidad tributaria, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Pues a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículos de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. Por tanto, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 23, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2019, al considerar que es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, porque el cobro del servicio recibido no corresponde al costo que genera el Estado para otorgar tal servicio, indudablemente, como requisito mínimo, le correspondía aportar los elementos, hechos o datos, a partir de los cuales hacía valer esa transgresión, entre ellos, los parámetros en relación a los cuales intenta que se lleve a cabo el estudio respectivo, porque la sola afirmación, de que el derecho es desproporcionado no basta para que este juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta el gobernado su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional; y menos la simple aseveración de inconstitucionalidad implica por sí, violación a la garantía reclamada. Es aplicable la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005254, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Sin que pase por alto para el suscrito, que el quejoso haya pretendido descansar el argumento relativo a que el costo del holograma se publicó en el periódico oficial del Estado de Michoacán, relativo a la licitación pública estatal N° CADPE-EM-LPE-084/2018 de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se estableció que el Estado pagaría $5.70 (cinco pesos con setenta centavos). Sin embargo, a ese respecto debe decirse que es necesario tomar en consideración que para prestar el servicio de que se trata, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, lo cual requiere una estructura administrativa, que conlleva a erogar diversos costos, conforme a los cuales debe determinarse si resulta o no razonablemente equilibrado el costo con la prestación del servicio. En efecto, además del costo real de los engomados convergen diversas variantes que influyen en el establecimiento del monto de la contribución, pues existen diversos gastos y costos indirectos en la prestación de los derechos por servicios como recibos múltiples de pago de contribuciones, pago de salarios al personal, renta de bienes inmuebles, mantenimiento de equipos de sistema de consulta al padrón vehicular de infracciones, de adeudos y pago de derechos, validación de códigos, entre otros. Circunstancia que tampoco consideró el quejoso, ya que no ofertó prueba alguna que pudiera demostrar que los costos para el Estado son menores a la cantidad pagada por el gobernado, que tratándose de motocicletas es de $290.00 (doscientos noventa pesos), sino que se limita a tomar en consideración sólo el valor del engomado y no otros elementos que influyen en el costo final. Por tanto, ante lo inoperante del único concepto de violación planteado y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Determinación que se hace extensiva contra el acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, toda vez que no se reclamó por vicios propios. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Israel Flores Villaseñor, en términos de la consideración cuarta de esta resolución y respecto de los actos que atribuyó al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Israel Flores Villaseñor, contra los actos reclamados que atribuyó al Congreso del Estado de Michoacán y al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en la consideración quinta de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su consideración última. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la Jefa de Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, con residencia en esta ciudad. Hágase relación del anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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