Jorge Isaac Solís Poblete

Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
200/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Jorge Isaac Solís Poblete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos, sin mayor proveído el oficio firmado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 200/2021 del índice de este órgano de control constitucional, en virtud de que el diez de noviembre de este año, se acordó lo conducente con el oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

  2. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite la copia certificada del testimonio de la resolución dictada por los Magistrados de su adscripción en el conflicto competencial 16/2021, que en sesión remota de veintiocho de octubre del presente año, que en sus puntos resolutivos, se advierte: "ÚNICO. Es competente el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por razón de territorio, para seguir conociendo de la demanda de amparo indirecto promovida por ***." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En tales condiciones, se determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se trata de un asunto en el cual se declinó competencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, de autos se advierte que en auto de siete de mayo del presente año, se acordó que una vez que se conozca a qué Juez de Distrito correspondió conocer sobre la incompetencia planteada, se remitiera él original de la promoción registrada con número de folio 5077; en virtud de lo anterior, y toda vez que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, declaró competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por razón de territorio, remítasele a la citada promoción dejando copia simple del mismo como constancia.

  3. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos el oficio enviado vía interconexión por el Secretario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual informa que admitió el conflicto competencial suscitado con este Juzgado de Distrito y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, quedando registrado con el número ***.

  4. Principal

    MESA III. Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, al que anexa el juicio de amparo 200/2021-III-B, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ***, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada por este Juzgado por las razones que expone en el mismo; acúsese recibo. Lo anterior, dado a que refiere que atendiendo a que el acto reclamado lo constituye la omisión de dar respuesta a un escrito en el cual se solicitó el indulto, y no sus consecuencias, y al ser así, se está en presencia de un acto negativo carente de ejecución material y por ende, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito que de primer momento recibió la demanda, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y al principio de acceso a la justicia pronta y expedita No obstante, este juzgado federal no comparte el criterio adoptado por el juez oficiante e insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones que enseguida se exponen: En la especie, de un análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto motivo de reclamo en el presente controvertido esencialmente se hizo consistir en: FALTA DE RESPUESTA AL ESCRITO DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITÓ INDULTO A FAVOR DEL QUEJOSO. Atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En ese orden de ideas, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, atento a las consideraciones siguientes. Por la importancia, es menester traer a contexto el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación funcional de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. Al caso es aplicable el criterio emitido por la entonces Sala Auxiliar del Máximo Tribunal, Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Séptima Parte, Materia Común, página 88, cuyo rubro y texto dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". 2. Para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades será competente el Juez ante el que se presente la demanda de amparo. 3. En el supuesto de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos por el acto desde la perspectiva de la ejecución material. Lo anterior, sin que la fijación de dichos actos implique una variación en cuanto a su alcance y contenido Cobra vigencia la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Materia Común, Abril de 2000, foja 32, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso está interno en el CERESO de Aquiles Serdán, con en el Estado de Chihuahua, al estar involucrada la libertad personal del impetrante en la omisión reclamada, es competente el juez de distrito de esa jurisdicción. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época, número de registro 178232, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. De igual manera, sustenta la incompetencia de este juzgado la jurisprudencia 1ª./J. 14/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, página 633, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para conocer del presente asunto, habida cuenta que carece de competencia, toda vez que aún cuando se reclama una omisión, incide en la privación de la libertad del quejoso, por ende, conforme a los criterios citados es competente el juez del lugar de reclusión. Al caso por las razones que contiene, es pertinente atender al contenido de la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Materia Penal, página 36, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Por lo que, atendiendo a dichas manifestaciones, esta juzgadora estima que la competencia del presente asunto corresponde al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en virtud, que es en dicha localidad en donde se encuentra el quejoso. Por las consideraciones anteriores este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, insiste en que la competencia legal por razón de territorio, se surte a favor del citado juez federal; por tanto, dése aviso a dicho juzgador a fin de que exponga ante el tribunal de alzada lo que estime pertinente. Por lo que con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, infórmese a la autoridad oficiante y solicítese al tribunal correspondiente, acuse recibo. Finalmente, glósese al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la incompetencia planteada copia certificada del oficio de cuenta y el presente proveído para constancia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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