Jorge Isaac Neri García

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Isaac Neri García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, uno de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morella, acusando recibo del oficio 14546/2021, por el cual le fueron devueltas las constancias que remitió como justificante de su informe. Finalmente, como está ordenado en autos, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al archivo definitivo, para su depósito y custodia. Notifíquese; y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÒN. 3.1. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por ende, con apoyo en el referido artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberán DEPURARSE el cuaderno principal y original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3.2 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase 4. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancias. Ahora bien, dado que resulta innecesaria la permanencia de los dos cuadernos de pruebas que remitió la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en Morelia, como justificante de su informe, se ordena su devolución vía estafeta; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 381/2021, promovido por Jorge Isaac Neri García, por propio derecho, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, del Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. El quejoso reclama de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: La resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, emitida en el cuaderno de varios 5/2021, que resuelve el recurso de revocación interpuesto a su vez contra el auto de uno de junio de dos mil veinte, en el que se hace efectivo el apercibimiento y se le impone una multa. De la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1". La ejecución de la multa impuesta. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto reclamado fue emitido por autoridades con jurisdicción, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, del Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió, las cuales poseen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o. párrafo segundo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte, la Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación en Michoacán "1", al rendir el informe justificado niega la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, ya que ésta fue señalada como autoridad ejecutora y si la ordenadora reconoció haber decretado en contra del quejoso la multa que reclama, resulta evidente su ejecución. De ahí que no se actualice, la causa de sobreseimiento que hace valer la Administradora Desconcentrada Jurídico de Michoacán "1". CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis del acto reclamado, se precisan los siguientes antecedentes: En proveído de veintinueve de junio de dos mil veinte, dentro del cuaderno de varios número 5/2020, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, requirió a los Directores de los Centros Penitenciarios Estatal y Federal, para que dentro de los primeros cinco días de cada mes, remitieran a ese órgano jurisdiccional la lista de los internos que compurgarán su pena de prisión, en ese periodo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En auto de uno de junio de dos mil veintiuno, la Juez de Distrito de referencia, ante el incumplimiento del quejoso de remitir la información solicitada, respecto de los meses de abril y mayo de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo mencionado en el párrafo que antecede y le impuso la multa indicada. En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que fue admitido en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno y el siete de junio siguiente, se dictó sentencia, en la que se declaró infundado el medio de impugnación de referencia. Determinación que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El quejoso refiere que la juez de Distrito, al emitir la determinación reclamada, viola en su perjuicio los derechos humanos contendidos en el artículo 14 de la Carta Magna, así como el debido proceso, ya que no agota las formalidades esenciales del procedimiento, para garantizar una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo, como son la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, de alegar y el dictado de la resolución. Cita en apoyo a su argumento las jurisprudencias de los rubros: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO" y "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En su segundo motivo de inconformidad, alega que la responsable viola en su perjuicio el contenido del numeral 16 de la Constitución Federal, al carecer de la debida fundamentación y motivación, al no citar con claridad los artículos de las leyes aplicables o razonamiento alguno para llegar a esa conclusión, a fin de darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad. Agrega que la autoridad no señaló si dicha medida de apremio era el medio adecuado para hacer cumplir la determinación judicial, por lo que considera excesiva la imposición de la medida de apremio. Cita al respecto las tesis de los epígrafes: "SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA DE COMUNICAR LA DECISIÓN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE", "MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA", "MEDIDAS DE APREMIO" Y "MEDIDAS DE APREMIO. JUSTIFICACIÓN DE SU APLICACIÓN POR LA AUTORIDAD JUDICIAL". Motivos de disensos que resultan infundados. Del artículo 15 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que dentro de las funciones de la autoridad penitenciaria, se encuentra la de dar aviso al Juez de Ejecución, cuando menos cinco días hábiles previos al cumplimiento de la pena, acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad, una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutoriada. En tanto, del 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se evidencian las medidas de apremio con las que cuenta el Órgano Jurisdiccional, entre las que se encuentra la multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Ahora, como quedó reseñado en los antecedentes antes relacionados, el veintinueve de junio de dos mil veinte, dentro del cuaderno de varios número 5/2020, la Juez de Distrito requirió al aquí quejoso, para que dentro de los primeros cinco días de cada mes, remitiera a ese órgano jurisdiccional la lista de los internos que compurgarán su pena de prisión en ese periodo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que ante el incumplimiento a tal requerimiento, el uno de junio de dos mil veintiuno, hizo efectivo el apercibimiento decretado y le impuso la multa indicada. Inconforme con tal determinación el quejoso, interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado infundado. Es decir, no obstante el requerimiento que le realizó la Juez de Distrito, el quejoso se abstuvo de cumplir con lo ordenado, respecto de los meses de abril y mayo de dos mil veintiuno. En esa tesitura, se desprenden los elementos suficientes para considerar legal la imposición de la multa, puesto que existió un mandamiento de autoridad, que se había hecho y la falta de cumplimiento al mismo; requerimiento que fue legalmente notificado al impetrante, pues no impugna tal circunstancia, y aun así, desacató lo requerido por la responsable. Sin que en forma alguna, la imposición de dicha multa, viole en perjuicio del quejoso las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la misma, se dio ante el incumplimiento de la obligación establecida y que fue de su conocimiento previo, es decir, fue con la finalidad de compeler a que cumpliera con una determinación judicial. Además, de que tuvo a su alcance el recurso de revocación, donde pudo expresar las razones que justificaran su incumplimiento y ofertar los medios de convicción que considerara pertinentes. En otro sentido, la determinación reclamada, se encuentra debidamente fundada y motivada, virtud a que la responsable, enteró debidamente al peticionario de que al no rendir el informe requerido, se le haría efectivo el apercibimiento de multa por desacato a un mandato judicial, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamento legal que resulta aplicable al caso al prever la aplicación de multa como medida de apremio, además de que la Juez de Distrito, dio las razones de carácter legal, que justificaban su imposición. Asimismo, cuando una medida de apremio obedece a la necesidad de que los juzgadores puedan hacer cumplir sus determinaciones, para que se cumplan con la debida fundamentación y motivación, es innecesario analizar las circunstancias particulares del infractor con el fin de individualizar la sanción, ya que al respecto basta que exista un mandamiento legítimo de autoridad; que se aperciba al obligado de que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio, que se determine con precisión el medio de apremio y que éste se encuentre previsto en la ley, además de que se notifique tal determinación al sujeto, y si el mandato judicial no se acató en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz. Es aplicable a lo anterior, por identidad la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "MULTAS POR DESACATO A UNA ORDEN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. PARA QUE CUMPLAN CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL IMPONERLAS ES INNECESARIO ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL INFRACTOR CON EL FIN DE INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN". Consideraciones por las cuales, no se estiman soslayados los criterios aislados y jurisprudenciales citados por el impetrante, como se evidenció, no se infringieron las formalidades esenciales del procedimiento, la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada. Así las cosas, los conceptos de violación expresados devienen infundados, en virtud de que, el acto reclamado no es contrario al derecho humano de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; pues de lo antes narrado se concluye que la determinación que declara infundado el recurso de revocación, interpuesto por el quejoso y que confirma la multa impuesta, se encuentra ajustada a derecho. Ahora en su tercer motivo de disenso, arguye que se violan en su perjuicio el principio de proporcionalidad y equidad en la imposición de penas o multas, establecidos en los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que no existe un parámetro sobre el cual la Juez de Distrito tomó la determinación de señalar cien unidades de medida de actualización, como apercibimiento de incumplimiento a su mandato judicial, al no analizar de manera objetiva la capacidad económica y la determinó a su libre albedrio. Refiere que la imposición de una multa superior a la mínima, es necesario tomar en cuenta el elemento objetivo, que corresponde a la gravedad de la infracción determinada, así como, el subjetivo que se refiere a las circunstancias personales del infractor, por lo que se encontraba obligada a expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hubiera tenido en cuenta para decretar la imposición de la multa antes señalada. Cita al respecto los criterios, siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE", "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE", "MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA", PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL" y "MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN". Concepto de violación que resulta inoperante. Es así, porque tal motivo de inconformidad no fue argüido en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de uno de junio de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de varios número 5/2020, emitido por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, ya que del recurso de revocación de referencia se evidencia que el allá recurrente, formuló como agravios: Que el requerimiento que le formuló la Juez de Distrito, no la exime de cumplir con el deber de llevar a cabo el cómputo de la pena privativa de la libertad y determinar con precisión la fecha en la que se dará por compurgada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 de la ley especial, ni tampoco de llevar una relación o listado de las personas sentenciadas y sus respectivas fechas de compurgación; Que ese centro de reclusión ha recibido una gran cantidad de personas privadas de la libertad trasladadas de diversos centros penitenciarios federales y locales del país, los cuales no cuentan con un expediente jurídico debidamente completo y organizado. Que la plantilla laboral se encuentra disminuida al treinta y cinco por ciento de su capacidad al igual que diversas dependencias públicas, lo que era desestimado por la Juez de Distrito. Que en forma alguna ha tratado de entorpecer la pronta administración de la justicia tutelada por el artículo 17 de la Carta Magna, que por ello, la determinación de uno de junio, se estima excesiva, al ordenar hacer efectivo el apercibimiento de multa. De lo que se evidencia, que en forma alguna controvirtió lo que es materia del concepto de violación en estudio; en tal virtud debe declararse inoperante ya que se refiere a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de revocación; de manera que es improcedente examinar esos argumentos por versar sobre cuestiones que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios; de ahí lo inoperante de dicho concepto de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 12/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE". Asimismo, la jurisprudencia VI. 3o. J/45, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE INTRODUCEN UNA CUESTIÓN AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En consecuencia, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado a Jorge Isaac Neri García. Dada la negativa del amparo respecto a los actos de la autoridad ordenadora, dicha negativa se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1". Lo anterior, acorde a lo señalado en la jurisprudencia número 102, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, visible en la página 66, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación por las razones que informa el criterio, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Jorge Isaac Neri García, contra la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, del Centro de Justicia Penal en el Estado de Michoacán y De la Administración Desconcentrada de Recaudación de Michoacán "1", ambos con residencia en Morelia, Michoacán, en términos del considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese, y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, en atención al contenido del Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Incorpórese al sumario el oficio de la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado; en su atención, téngasele formulando alegatos que a esa representación social corresponden, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.

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