Jorge Isaac Navarrete Guzman

Expediente 896/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
896/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Isaac Navarrete Guzman
  • Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California (Magistrado Alexandro Isaac Fragozo Lopez)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, uno de agosto de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es conservable, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción III inciso a) del referido Acuerdo General.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por lo que se procede a emitir el pronunciamiento a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo. Antecedentes El ocho de febrero de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio. Sin embargo, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, resolvió el amparo en revisión 174/2022 y determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando quinto de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia que se revisa. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente ejecutoria. CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, por conducto de su delegado, por las razones expuestas en el considerando décimo primero de la presente ejecutoria." Efectos de la sentencia Los efectos del fallo protector son los siguientes: "Así las cosas, habiendo resultado fundados los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable, deje insubsistente el acto reclamado y, con apoyo en la interpretación realizada en esta ejecutoria respecto del artículo 4 del Acuerdo General número 02-2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, emita otro en el que prescinda de solicitarle al quejoso el requisito de contar con cédula profesional cuando en su calidad de accionante por su propio derecho, gestione la firma electrónica respectiva." Acciones en cumplimiento Mediante oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la delegada de la autoridad responsable remitió copias certificadas de las determinaciones de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós y constancias de notificación de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Documentos que cuentan con valor demostrativo pleno, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Calificación de los actos relativos al cumplimiento De esa forma, de conformidad con lo constatado en las referidas documentales, es posible establecer que se acataron los extremos de la concesión de amparo, habida cuenta que se dejó sin efecto la determinación de veintiséis de octubre de dos mil veintidós y, en su lugar, emitió el punto de acuerdo 6.04 y oficio SG/153/2022 de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, con los que se ordenó que se prescindiera en cualquier juicio, de requerir al quejoso el requisito de contar con cédula profesional, cuando por su propio derecho gestione la firma electrónica respectiva. Lo anterior, permite colegir que en relación con los efectos de la sentencia, se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos, tal como lo exige el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal, se considera que el fallo protector dictado en el presente juicio quedó totalmente cumplido y no existe defecto o exceso en su cumplimiento.

  3. Principal

    con fundamento en el numeral 196 dela Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el oficio que se agrega y anexos que adjunta de la citada autoridad, así como de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, este juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito del quejoso *** mediante el cual realiza manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector, por lo que a continuación se determina si se encuentra cumplida la sentencia. Antecedentes En el caso, José Isaac Navarrete Guzmán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, en el que reclamó la omisión de dar respuesta a escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, así como el acuerdo General 02-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, en el artículo 4 donde establece como requisitos del contar con cédula profesional en derecho para la obtención de la Firma Electrónica Certificada (Firec) del Tribunal Electrónico del Poder Judicial de Baja California. En sentencia de ocho de febrero del presente año, se sobreseyó en el juicio, toda vez que por una parte cesaron los actos relativos a la respuesta solicitada por la autoridad responsable y por otro, se tuvo por consentida tácitamente el acuerdo impugnado. Determinación que al ser impugnada por el quejoso, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en esta ciudad, dentro de la revisión administrativa 174/2022, revocó la sentencia dictada por esta autoridad y concedió el amparo de la justicia federal al quejoso, para los efectos siguientes: "La responsable deje insubsistente el acto reclamado y, con apoyo en la interpretación realizada en esta ejecutoria respecto del artículo 4 del Acuerdo General número 02-2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, emita otro en el que prescinda de solicitarle al quejoso el requisito de contar con cédula profesional cuando en su calidad de accionante por su propio derecho, gestione la firma electrónica respectiva. Lo anterior a efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa." En ese sentido, señaló el tribunal de alzada que con base en la interpretación realizada en dicha ejecutoria respecto del artículo 4 del Acuerdo General número 2-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, emita otro en el que prescinda de solicitarle al quejoso el requisito de contar con cédula profesional cuando en su calidad de accionante por su propio derecho, gestione la firma electrónica respectiva. Actos relativos al cumplimiento del fallo Luego, en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a Director de la Unidad Jurídica y Asesoría del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informando que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo, entre otros, el oficio SG/145/2022 del que se advierte notificó al quejoso que dejó sin efectos el acto reclamado dentro del presente juicio y otorgó el acceso al juicio en línea en el tribunal electrónico del Poder Judicial del Estado de Baja California, omitiendo el requisito establecido en el inciso d) del Acuerdo en mención, únicamente respecto al documento para el ejercicio profesional (cédula profesional) cuando sea en calidad de accionante o por su propio derecho, precisando que dicha prerrogativa que se otorgó en la concesión de amparo será única y exclusivamente para el acceso al juicio sucesorio intestamentario 99/2020 radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en San Felipe, inscripción que podrá llevar en ventanilla del Poder Judicial del Estado. Documental que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tiene valor probatorio pleno. Manifestaciones de la parte quejosa Luego, el quejoso realizó manifestaciones mediante escrito de cuenta, en que señala en esencia que la emisión de la ejecutoria no circunscribe a una acción civil en específico; asimismo, estima que la responsable impone la carga de tener actualizado su Certificado Único de Registro de Población en el expediente físico radicado en el juzgado de referencia, para el acceso al certificado digital de la firma electrónica. Calificación de los actos relativos al cumplimiento Bajo ese contexto, el suscrito estima que la sentencia de amparo no se encuentra colmada, ya que como lo señala el quejoso de la interpretación de la ejecutoria de amparo respecto del artículo 4 del Acuerdo General número 2-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, obliga a la autoridad a que emita otra determinación en la que prescinda de solicitarle al quejoso el requisito de contar con cédula profesional cuando en su calidad de accionante por su propio derecho, gestione la firma electrónica respectiva, es decir, en cualquier juicio en el que tenga calidad de parte y promueva por propio derecho, toda vez que se desincorporó dicha porción normativa de la esfera jurídica del quejoso. En consecuencia, resulta procedente requerir de nueva cuenta a las autoridades responsables Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de que reciban el oficio relativo, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados, presidiendo de interpretar que la concesión del amparo es únicamente por lo que respecta al juicio sucesorio intestamentario 99/2020 radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en San Felipe; asimismo, se abstenga de imponer mayores requisitos que los que establezca la norma analizada. Con el apercibimiento que, de no hacerlo así dentro del término señalado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de que serán remitidos los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley citada. Asimismo, se les apercibe que de no cumplir en los términos indicados, se podrá considerar que incurren en evasivas injustificadas o tramite ilegal lo cual también constituye causa para la inejecución de la sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, registro 2007914, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Finalmente, respecto a la solicitud del incidente de defecto y excesos en el cumplimiento de ejecutoria, esta autoridad se reserva de proveer al respecto hasta en tanto se califique el cumplimiento de la ejecutoria dentro del presente juicio de amparo.

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