Jorge Isaac Castañeda Garcia
Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Isaac Castañeda Garcia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el treinta de marzo de dos mil veintitrés el cual señala: " Vista la demanda de amparo promovida por - - por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Educación del Estado, con sede en esta ciudad. Registrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el numero III-377/2023-L previo admitirla con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente Articulo 114. El organo jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precision en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el articulo 108 de esta Ley No se hubiere acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente No se hubiere expresado con precision el acto reclamado y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [ ] Atendiendo a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atencion al principio de seguridad juridica que rige el juicio de amparo procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y ademas con fundamento en los numerales 108 fracciones IV y V 114 fracciones I II y IV requierase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco dias contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificacion de este proveido bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos precise lo siguiente Como de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la convocatoria base del proceso de admision en educacion basica ciclo escolar 2023-2024, la cual refiere publicada el treinta de enero de dos mil veintitres precise la fecha en que tuvo conocimiento de la misma pues fue omiso en precisar la fecha del conocimiento del acto reclamado. En la inteligencia que dicha manifestacion debera hacerla bajo protesta de decir verdad el propia quejoso y no por conducto de sus autorizados en terminos amplios toda vez que las mismas constituyen un hecho personalisimo por corresponder a los hechos y abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado lo que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la accion de garantias e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional segun lo dispuesto en el articulo 261 de la Ley de Amparo que señala que cuando algun quejoso o su abogado autorizado o ambos con el proposito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relacion con el acto reclamado podran ser acreedores a una pena de dos a seis años de prision y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualizacion en terminos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexacion del salario minimo por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestacion dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse Se reitera que la prevencion formulada en el presente proveido no podra ser desahogada por el autorizado en terminos amplios que refiere el articulo 12 de la Ley de Amparo por tratarse de un acto personalisimo acorde a la tesis numero 1 / J 50 / 2014 ( 10 ) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion Decima Epoca Libro 9 Agosto de 2014 Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210 de contenido siguiente AUTORIZADO EN TERMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El articulo 108 fraccion V de la Ley de Amparo establece que la demanda debera formularse por escrito en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuales son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violacion lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda Lo anterior es asi en virtud de que la accion de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un organo jurisdiccional el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la accion en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados ademas estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto Consecuentemente el autorizado en los terminos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley no esta facultado para desahogar la prevencion relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitio en la presentación de la demanda pues al constituir un acto de caracter personalisimo que solo puede realizar quien la promovio no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentacion ademas de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorizacion no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentacion y no antes En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas se procedera en terminos del articulo 114 penultimo parrafo de la Ley de Amparo y se tendra por no presentada la demanda de garantías. También deberan exhibir tantas copias sean necesarias dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente y por las razones que contiene la tesis numero P / J 35 / 2001 sustentada por el Tribunal Pleno Novena Epoca Tomo XIII Abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta visible en la pagina 79 que dice DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACION NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial ya sea porque este no cumplio con todos los requisitos previstos en el articulo 116 de la Ley de Amparo o bien porque con el no se exhibio el número de copias a que se refiere el articulo 120 de tal ordenamiento legal y que su proposito es el de subsanar tales vicios puede concluirse que no pueden desvincularse analizarse o considerarse por separado pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento Haganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archivese el expediente como asunto totalmente concluido De acuerdo con el articulo 21 parrafo tercero de la propia Ley se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en dias y horas inhabiles En otro aspecto hagase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente asi como los datos que en las mismas se asienten de conformidad con el considerando decimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicacion de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro son publicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas sin embargo en caso de existir oposicion expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicacion se suprimiran los datos personales en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este organo jurisdiccional por lo que una vez que cause estado el presente auto de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicacion de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental asi como en el precepto 8 de la Ley Federal en cita la misma estara a disposicion del publico para su consulta cuando asi lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la informacion sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales con la salvedad a que se refiere el parrafo segundo del articulo 8 del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto reservandose la reproduccion de documentos o textos cuya difusion este reservada por disposicion legal expresa o si previamente debe mediar una notificacion personal a la parte interesada en obtener la reproduccion Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta XXIX Marzo de 2009 visible a pagina 2847 del rubro siguiente: REPRODUCCION ELECTRONICA DE ACTUACIONES JUDICIALES LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACION AUNQUE NO EXISTA REGULACION EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA En otro aspecto con fundamento en el articulo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID - 19 y reforma adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las areas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electronicos como eje rector del quehacer jurisdiccional se exhorta a las partes para que cuando les sea posible y de estimarlo pertinente transiten hacia la actuacion desde el Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial de la Federacion para lo cual las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo deberan solicitar - a traves de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Linea - la consulta del expediente electronico relativo al presente juicio y la practica de notificaciones electronicas para lo cual se requiere tambien de la utilizacion de una firma electronica vigente ( FIREL e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal ) de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como correos electrónicos y servicios de mensajeria instantanea tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso a traves de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales de cuyo contenido se ordena su registro y de ser necesario su incorporacion al expediente previa la certificacion correspondiente con fundamento el articulo 257 del citado Acuerdo General Finalmente se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oir y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizados para tal efecto a - - en terminos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Unico de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito Notifiquese personalmente." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fraccion I inciso B de la Ley de Amparo.
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Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por ********************, por medio del cual cumple con lo solicitado en autos. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "II. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tiene tal carácter: La Secretaria de Educación en el estado de Michoacán. III. ACTO RECLAMADO.- El acto de autoridad que se reclama consiste en DISCRIMINACION PROFESIONAL DEL QUEJOSO por parte de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, relativo a la emisión de la Convocatoria Base del Proceso de Admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2023-2024, al bloquearme la participación a la convocatoria. En ese contexto, este Juzgado estima que se actualiza la diversa causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Respecto al tema, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la evolución que ha sufrido el concepto de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, así como respecto de las características que, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, deben reunir tales actos para ser impugnables en amparo; es así, pues la Segunda Sala del citado máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio, si bien fue establecido con los supuestos de la Ley de Amparo abrogada, continúa en vigor de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que los requisitos establecidos en dicha jurisprudencia fueron retomados en el texto actual del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, como se aprecia de la transcripción que del mismo se realizó en párrafos precedentes. Como se ve, en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, se previeron los requisitos que deben reunir las autoridades para ser consideradas como responsables en el juicio de amparo, y en este contexto se establecieron las características que deben reunir sus actos, para ser considerados, a su vez, como actos de autoridad. Precisado lo anterior, se estima que los actos derivados de la convocatoria base del proceso de admisión de educación básica, ciclo escolar 2023-2024, a través de la cual se convoca a los egresados de Escuelas Normales Públicas y de los Centros de Actualización del Magisterio del Estado de Michoacán de Ocampo, que cuenten con el perfil profesional, los conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar la función docente y contribuir al desarrollo integral y máximo logro de los aprendizajes de los educandos para el proceso de admisión de educación básica; no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así, ya que en la especie no se satisface el requisito anteriormente precisado bajo el inciso a), pues la relación existente entre la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, y los docentes que aspiran a la asignación de determinadas plazas, es de coordinación, no de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues dicha relación, constituiría, en su caso, una relación entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el docente que pretende incorporarse; es decir, derivan de una relación de coordinación en la que el Estado actuaría como patrón de las y los docentes inconformes, pues de la exégesis del acto reclamado, se tiene como origen el procedimiento de asignación de plazas a través de una convocatoria, que si bien es emitida y ejecutada por un ente del Estado en ejercicio de sus facultades legales, su naturaleza intrínseca es la de una oferta de carácter laboral mediante la cual se ofrece a los interesados la asignación de plazas docentes, lo que confiere a la relación que de ahí deriva con los afectados de un matiz de coordinación y no de supra a subordinación; por lo que, se insiste, la convocatoria base del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2023-2024, no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia Común, página 4389, Décima Época, registro 2021827, que textualmente establece: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Con base en lo anterior, se puede concluir que, en el caso, se está en la hipótesis antes apuntada, ya que los actos reclamados, no se suscitaron entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, ni se impuso directamente y de manera unilateral la voluntad del gobernante, por lo que las autoridades no actuaron en un plano de supra a subordinación respecto del gobernado, sino en uno de coordinación, en razón de que, en esencia, el acto reclamado consiste en la emisión de la convocatoria base del proceso de admisión en educación básica, ciclo 2023-2024, cuestión que concierne estrictamente a las relaciones entre el centro de estudios oficial y el quejoso, por lo cual, los actos reclamados no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, es claro que se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en estudio, resulta procedente desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Educación del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número III-377/2023-L, previo admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atendiendo a lo establecido en dicho precepto, y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional y, además, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V, 114, fracciones I, II y IV, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, precise lo siguiente: Como de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la convocatoria base del proceso de admisión en educación básica, ciclo escolar 2023-2024, la cual refiere publicada el treinta de enero de dos mil veintitrés, precise la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, pues fue omiso en precisar la fecha del conocimiento del acto reclamado. En la inteligencia que dicha manifestación deberá hacerla bajo protesta de decir verdad el propia quejoso y no por conducto de sus autorizados en términos amplios, toda vez que las mismas constituyen un hecho personalísimo por corresponder a los hechos y abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, en relación con el acto reclamado, podrán ser acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse. Se reitera que la prevención formulada en el presente proveído no podrá ser desahogada por el autorizado en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto personalísimo acorde a la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, de contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. También deberán exhibir tantas copias sean necesarias, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y por autorizados para tal efecto a ********************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que según constancia secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
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