Jorge Ignacio Diaz Centeno
Expediente 606/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ignacio Diaz Centeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la suspensión definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario de la Secretaria de la Salud (en lo sucesivo Comisión Federal o COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regularización de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Comisionado de Autorización Sanitaria y Comisionado Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, mismo que ya obra glosado a los presentes autos, con el cual informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, dado que mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veinticuatro de enero de dos mil veinte, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso JOSÉ IGNACIO DÍAZ CENTENO. Inconforme con esa determinación la autoridad responsable Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la protección contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo Comisión Federal o COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Comisionado de Autorización Sanitaria y Comisionado Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de referencia, del cual tocó conocer por razón de turno al Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, formándose el toca 41/2021. Mediante sesión ordinaria virtual de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, resolvieron el aludido recurso, lo cual se comunicó a este Juzgado por oficio 632/2021-P.1., adjuntando la resolución en la que en su primer punto resolutivo, dicho Tribunal confirmó la sentencia de amparo dictada, en su segundo punto resolutivo, declaró que la Justicia de la Unión AMPARÓ y PROTEGIÓ a JOSÉ IGNACIO DÍAZ CENTENO, contra los actos que reclamó del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: Efectos de la concesión: "En el caso la autoridad responsable, en cuya competencia se encuentre el cumplimiento de la sentencia, deberá realizar lo siguiente: "Para el efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales constituyen un sistema normativo, únicamente respecto a las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para el uso lúdico o autoconsumo de cannabis, porque son inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación expresa o tácita, presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.". Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible en la página 491, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a las nuevas amenazas a la libertad individual que se presentan en la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona". Así como, la jurisprudencia número 1a./J. 3/2019 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la página 489, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera". También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 496, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto: "PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida". Y, la jurisprudencia número 1a./J. 8/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Asimismo, con fundamento en el artículo 78, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, tal protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, por lo que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y el Comisionado Federal, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberán dejar insubsistente el oficio 183301EL352270, de seis de diciembre de dos mil dieciocho y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud del quejoso, deberán emitir uno nuevo en el que se otorgue la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas como adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, para su uso y autoconsumo personal del citado estupefaciente. Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario de la Secretaria de la Salud (en lo sucesivo Comisión Federal o COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regularización de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Comisionado de Autorización Sanitaria y Comisionado Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, y para ello, adjuntó el oficio de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, con el que la responsable emitió al quejoso el documento consistente en el oficio CAS/DEREPSQ/5119/2020, de fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, que dejó sin efectos el diverso 183301EL352270, de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, y en su lugar le concedió una autorización en los términos y para los efectos señalados en la sentencia en mención, firmado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes y Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, el cual le adjuntó el original y la copia con el objeto de que por su conducto se la entreguen a la parte quejosa esto con el objeto de no dilatar más el procedimiento administrativo y de esa forma lleve a cabo la notificación del mismo En virtud de lo anterior, tal como lo desprende la información antes mencionada, se aprecia que la responsable acató la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente el oficio 183301EL352270, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y, en su lugar, otorgó una autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (Tetrahidrocannabinol), en conjunto conocido como marihuana, en los términos y con las limitaciones delimitadas en dicho documento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo. De igual forma, en atención a lo manifestado por la autoridad responsable, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado a fin de que le sea entregada la referida autorización, previa copia certificada que de la misma se obtenga. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio de veintitrés de noviembre del año en curso, signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la protección contra Riesgo Sanitario de la Secretaría de Salud (en lo sucesivo Comisión Federal o COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, Comisionado de Autorización Sanitaria y Comisionado Federal de la COFEPRIS, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del cumplimiento de la sentencia. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; con el que informa que dicha autoridad se encuentra imposibilitado para cumplir con la sentencia dictada en estos autos por los motivos que expone; tómese en consideración lo anterior para los efectos legales que correspondan. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
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