Jorge Humberto Vila Cueto

Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1601/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
09/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Vila Cueto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, en virtud que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación a la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Con fundamento en el artículo 20, fracción III), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva en la presente incidencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con once minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el sumario y da cuenta con la demanda de amparo, con las constancias de emplazamiento de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse de las constancias que obran en autos; y se hace constar que al tener por rendido dicho informe justificado, se determinó la existencia de terceros interesados, que fueron debidamente emplazados a juicio. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el secretario hace constar las documentales aportadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las documentales referidas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario certifica y hace constar que la tercero interesada Procondet sociedad anónima de capital variable formuló alegatos por escrito. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos en mención, y por perdido el derecho de las demás partes a realizarlos; y, se cierra esta fase. Al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución en los siguientes términos: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Mediante demanda de amparo presentada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, recibida en este juzgado el veintinueve de noviembre siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto reclamado al juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, de esta ciudad. 2. El treinta de noviembre pasado se admitió la demanda, se ordenó formar el expediente ********************; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la representación social la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Seguido el trámite del juicio, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Competencia 4. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto cuya ejecución material tuvo verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión del acto reclamado 5. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: ". La resolución de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, publicado en listas de acuerdos al día siguiente y notificada al suscrito el día siete de noviembre de dos mil veintidós (por correo electrónico) dictado dentro del proceso penal número 537/2012 quater-qiunquies-septies mediante el cual resuelve el recurso de revocación hecho valer por JOSÉ LUIS ENRIQUEZ BOJÓRQUEZ en su carácter de Apoderado General para pleitos y cobranzas de PROCONDET S.A. DE C.V. en contra del auto de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós, ya que al resolver la autoridad responsable el recurso de revocación procede a dictar otro, contrario a los intereses del suscrito y de las garantías individuales." 6. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causales de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 7. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causal de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causal de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. 8. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que enseguida se invoca: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Certeza del acto reclamado 9. Es cierto el acto reclamado al juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, de esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe con justificación, lo que se corrobora con las documentales anexas a este. 10. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2. 11. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, página 231, del epígrafe y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse este como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 12. Además, es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, pues de resultar fundada alguna de las hipótesis que se establecen en el numeral 61 de la citada ley, sería imposible el estudio de la litis planteada. 14. En efecto, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público que debe abordarse de oficio y de manera preferente al asunto de fondo. 15. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia II.1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 16. En el caso, quien aquí resuelve advierte que el presente asunto es improcedente conforme a lo dispuesto por 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." 17. De conformidad con la interpretación de los preceptos anteriores, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber: 18. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. 19. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado en el presente juicio, no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 20. Se afirma que se actualiza la hipótesis prevista en los numerales citados, ya que la parte quejosa reclama la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós, a través de la cual, se dejaron a salvo los derechos de las partes, para decidir en relación con el derecho sobre la propiedad de los bienes en conflicto. 21. Dado que como se anticipó, el juicio de amparo indirecto sólo será procedente cuando, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, es decir, se trate de los considerados como de "imposible reparación"; por lo cual el juez de amparo habrá de atender si la naturaleza de la violación afecta materialmente dichos derechos, a efecto de determinar la procedencia del indicado juicio de control constitucional, puesto que, por el contrario, si las consecuencias de los actos de autoridad reclamados sólo tienen efectos dentro del procedimiento, son de naturaleza intraprocesal o intermedia, no generará contra la esfera jurídica de derechos del quejoso una ejecución de imposible reparación y por consecuencia será improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que pueden ser reparados durante la secuela procesal, con independencia que se obtenga o no resolución favorable en definitiva. 22. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues como lo dispone el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede, contra actos e juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. 23. En el caso particular, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el juez señalado como responsable ordenó requerir a la moral ofendida Procondet sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal para que en el plazo de tres días, hiciera entrega al juzgado, de la maquinaria descrita en la resolución incidental de restitución de garantía de veintiséis de septiembre de dos mil doce; con el apercibimiento de imponer la multa correspondiente en caso de incumplimiento. 24. En contra de dicha determinación, la señalada moral ofendida Procondet sociedad anónima de capital variable, a través del representante legal, interpuso recurso de revocación, y por auto de cinco de octubre siguiente, se tuvo por interpuesto dicho medio de impugnación. 25. Posteriormente, al resolver tal recurso, el juzgador señalado como responsable, en la resolución de tres de noviembre de dos mil veintidós (acto reclamado), determinó que para efecto de decidir quién tiene mejor derecho sobre la propiedad de la maquinaria en conflicto, resulta procedente que lo hagan valer a través del incidente respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 445 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 26. Además, quedó sin efecto lo acordado por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se ordenó requerir a la moral ofendida por la entrega de los bienes (maquinaria); y concluyó en los siguientes términos: ".Ya que en autos obran documentos que exhibió la parte ofendida con los cuales pretende acreditar la propiedad, mismas máquinas que no son parte de los convenios de dación de pago materia de la presente causa penal y para efectos de que estén en aptitud las partes de ofrecer sus respectivas pruebas, alegar, ratificar documentos exhibidos, impugnar los documentos ofrecidos por la contraria, se dejan a salvo los derechos de la Moral ofendida PROCONDET S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal, y del procesado JORGE HUMBERTO VILA CUETO a fin de que con posterioridad los hagan valer mediante el incidente respectivo conforme al artículo 445 del Código de Procedimientos Peales para el Estado de Sonora, para no violentar los derechos fundamentales de las partes, consagrados tanto en nuestra Carta Magna y tratados internacionales de los que nuestra nación forma parte, de conformidad en el artículo 1, párrafo tercero, y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 27. Esto es, si el juez responsable dejó a salvo los derechos de la moral ofendida ********************, y del procesado ahora quejoso ******************** a fin de que con posterioridad hagan valer el incidente respectivo conforme al artículo 445 del Código de Procedimientos Peales para el Estado de Sonora, a efecto de acreditar la propiedad de la maquinaria afecta a la causa; es indudable que ese acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el juzgador aún no se ha pronunciado sobre quién tiene mejor derecho de propiedad sobre los bienes en conflicto (maquinaria), pues dejó a salvo los derechos de la ofendida y del procesado (quejoso), para hacerlo valer en la vía incidental. 28. Por ello se concluye que la sola determinación de dejar a salvo los derechos de las partes para promover el incidente respectivo, no vulnera los derechos fundamentales del gobernado. 29. Como se apuntó, la determinación del juez responsable, en todo caso, sólo genera consecuencias de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte. 30. De acuerdo a lo expuesto, el acto reclamado no puede estimarse como de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto y, por ende, debe concluirse que no es impugnable a través de esta vía. 31. A mayor abundamiento, cabe destacar que a partir de la ley de la materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por estos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Decisión 32. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia señalada, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. 33. Asimismo, ante la actualización de la causal de sobreseimiento, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, se: VII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones precisadas en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la autoridad tercero interesada agente del Ministerio adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, con residencia en esta ciudad, se imponga del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con once minutos del ocho de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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