Jorge Humberto Serrano Agredano

Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
549/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Jorge Humberto Serrano Agredano

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 142), dio vista a la parte quejosa a fin de recogiera los documentos mercantiles emitidos en su favor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a efecto de que este juzgado federal pudiera emitir pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia protectora, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el seis de noviembre del año en curso (foja 143), sin que desahogara la vista contenida en él. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en específico, el artículo 34, fracción II, inciso b), en lo referente a la tasa bimestral al millar de 0.70 (cero punto setenta), siendo lo correcto el que se le aplique el bimestral al millar del 0.23 (cero punto veintitrés); asimismo, deberá dejar insubsistente los recibos oficiales con número de folio de pago y expedidos el trece de febrero de dos mil diecinueve, por la Dirección General de Ingresos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Dirección General de Ingresos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, emita otros recibos de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en las copias de los recibos oficiales expedidos el trece de febrero de dos mil diecinueve, por la Dirección General de Ingresos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. Ello, sin perjuicio de que si al aplicar la tasa bimestral al millar del 0.23 (cero punto veintitrés), la autoridad observa en ejercicio de sus atribuciones legales, la generación de diversos gastos, tales como multas y/o recargos y /o gastos de ejecución por pago tardío, en términos de la legislación aplicable que no se declaró inconstitucional, así podrá o no determinarlo, de manera fundada y motivada, en ejercicios de sus atribuciones legales. Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio DGI/402/2019 (foja 81), la Directora General de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, remitió diversas constancias entre las que destaca la resolución fiscal de veintidós de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 34, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. Ahora bien, en relación con el segundo lineamiento impuesto a la responsable, mediante oficio registrado con el número de orden 23868 remitió copia certificada de los documentos mercantiles expedidos a favor de la parte quejosa, por el cual le sería devuelta la cantidad conforme se ordenó en el presente juicio de amparo; cabe precisar que en auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 142), se dio vista a la parte quejosa a fin de que recogiera dichos documentos mercantiles que fueron emitido en su favor, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano se pronunciaría sobre el cumplimiento de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, únicamente con las constancias que obren en autos. No obstante lo anterior, la parte quejosa no realizÓ manifestación alguna, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se procede a calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias que obran en autos. En ese contexto, de las documentales remitidas por la responsable, se advierte que se desincorporo de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 34, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, asimismo, ordenó la devolución en favor del peticionario del amparo y que éste fue notificado de tal circunstancia seis de noviembre del año en curso, por conducto de este juzgado, sin que hubiera acreditado haberse presentado a recoger los mencionados documentos mercantiles; por lo tanto, resulta evidente que la responsable cumplió con los deberes impuestos en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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