Jorge Humberto Mijangos Loeza
Expediente 845/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Humberto Mijangos Loeza
- JORGE HUMBERTO MIJANGOS LOEZA y Otros.
- Carlos Miguel Acevedo Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el veintiséis de marzo del año en curso, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en el primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 845/2016-III-A, promovido por JORGE HUMBERTO MIJANGOS LOEZA, CARLOS MIGUEL ACEVEDO VÁZQUEZ, JOSÉ JESÚS NOVELO NOVELO, RICHARD GILBERTO CÁRDENAS PACHECO, JAVIER ARMANDO FERRIOL PREN y FERNANDO JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, en contra de los actos que reclaman del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron JORGE HUMBERTO MIJANGOS LOEZA, CARLOS MIGUEL ACEVEDO VÁZQUEZ, JOSÉ JESÚS NOVELO NOVELO, RICHARD GILBERTO CÁRDENAS PACHECO, JAVIER ARMANDO FERRIOL PREN y FERNANDO JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclaman del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Presidente de la Comisión de Peritos Municipales del Municipio de Mérida y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mérida; mismo que hicieron consistir en lo siguiente: "IV. Actos reclamados: La negación por parte de la autoridad a dar contestación a mi escrito de fecha 13 de junio del dos mil dieciséis." SEGUNDO. Por auto de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró con el número de expediente 845/2016-III-A; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por resolución de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; misma que fue recurrida por la parte quejosa mediante el recurso de revisión, y respecto del cual, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a quien correspondió conocer de dicho recurso, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, por los motivos que se expusieron. CUARTO. Por auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se recepcionó la ejecutoria de mérito y se acordó en los términos ordenados; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: La omisión de darle contestación a su escrito de fecha trece de junio de dos mil dieciséis. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Presidente de la Comisión de Peritos Municipales del Municipio de Mérida, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido pruebas en contrario, para desvirtuar su negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, respecto a las autoridades señaladas en el párrafo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." A mayor abundamiento, cabe señalar que toda vez que el acto atribuido a la autoridad responsable es un acto negativo que requiere de solicitud previa, correspondía a la parte quejosa únicamente acreditar que había elevado su solicitud ante la responsable, situación que como ya se dijo, no ocurrió en la especie, ya que no exhibió documento alguno para acreditar tal petición. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por analogía la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, correspondiente a diciembre de 1997, página 366, con número de registro 197269, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado a la citada autoridad, lo procedente es, como ya se dijo, sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, pues no obstante que al rendir su informe justificado lo niegan, a continuación hacen manifestaciones que evidencian su certeza. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común, con número de registro 211004, en la página 391, cuyo rubro y texto señalan: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Resulta de explorado derecho que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo son de orden público y su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia 814 sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 553 y 554, del tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". A consideración del suscrito, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en mérito de las razones que se exponen a continuación: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el presente asunto, como ya se señaló, la parte quejosa reclama del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, la omisión de darle contestación a su escrito de fecha trece de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, cabe hacer mención que del estudio de las constancias que enviaron las responsables, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende que mediante oficios 2194/07/2016, 2195/07/2016 y DDU/SJ/DAC/251/2016, de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, notificados el dos y cuatro de agosto siguiente, las referidas responsables se pronunciaron respecto a las solicitudes realizadas por los quejosos (fojas 25, 28 y 34). De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues éste se hizo consistir, precisamente, en la omisión de las responsables de dar contestación al escrito de trece de junio de dos mil dieciséis; lo que ya se hizo, y ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que las autoridades señaladas como responsables se pronunciaran respecto del aludido memorial, lo cual ya aconteció, pues como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, las responsables dieron contestación a la solicitud que hizo la parte quejosa, y le notificaron la misma. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a los peticionarios en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que pase desapercibido para el suscrito Resolutor Federal, la circunstancia de que por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se hizo una prevención a los quejosos con la finalidad de que manifestaran si deseaban señalar como nuevos actos reclamados, los oficios 2194/07/2016, 2195/07/2016 y DDU/SJ/DAC/251/2016, de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, emitido por el Presidente y el Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mérida, y el Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida. Ello en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Circuito, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que emitió este juzgado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Sin embargo, a pesar de encontrarse debidamente notificados de dicho proveído, no hicieron manifestación alguna al respecto; motivo por el que en acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso, llevando adelante el apercibimiento que se les hizo, se declaró que no había lugar a tener como actos reclamados, los referidos oficios de veinticinco de julio de dos mil dieciséis; lo que impide al suscrito analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia(s): Administrativa, Tesis I.4o.A.709 A, con número de registro 212216, en la página 556, cuyo rubro y texto señalan: "DERECHO DE PETICION, VIOLACION DEL. CUANDO SE ESTIME INCOMPETENTE LA AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTO. No obsta que la autoridad ante la cual el particular presentó una promoción se considere incompetente para que deje de cumplir con lo mandado por el artículo octavo constitucional, sin que ello se satisfaga remitiendo el escrito presentado ante ella a la autoridad que consideró competente, ya que esto importa violación al derecho de petición tutelado por el citado numeral, pues en dado caso, lo procedente sería resolver declarándose incompetente, y darle a conocer dicha resolución al promovente." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE HUMBERTO MIJANGOS LOEZA, CARLOS MIGUEL ACEVEDO VÁZQUEZ, JOSÉ JESÚS NOVELO NOVELO, RICHARD GILBERTO CÁRDENAS PACHECO, JAVIER ARMANDO FERRIOL PREN y FERNANDO JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mérida, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Presidente de la Comisión de Peritos Municipales del Municipio de Mérida y Secretario Municipal del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, en términos de los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario que suscribe encargado del despacho por licencia del titular de este Juzgado de Distrito, no está facultado para resolver en definitiva este juicio, ya que la sentencia que debería dictarse en esta fecha no se trata de una providencia de mero trámite ni de una resolución de carácter urgente. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación efectuada por la Secretaria de este Juzgado en la cuenta que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de quince días que por auto de veinticinco de enero del año en curso, se le otorgó a la parte quejosa para que ampliara la demanda respecto a los oficios 2194/07/2016, 2195/07/2016 y DDU/SJ/DAC/251/2016, de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, mediante los cuales el Presidente Municipal, Secretaria Municipal y Director de Desarrollo Urbano, todos del Ayuntamiento de Mérida, dieron contestación a su escrito de trece de junio de dos mil dieciséis. Al efecto, se acuerda: Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el indicado proveído de veinticinco de enero del presente año, procédase a resolver el presente juicio, únicamente por los actos reclamados en el escrito de demanda. Notifíquese y cúmplase.
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